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YPF está cerca de volver a ser conducida por argentinos
21.12.2007 04:39:04:
[color=green][size=14][b]Banquero chupasangre y testaferro K[/b][/size][/color]
[color=green][b]¿Quién pagará el 25% de YPF?[/b][/color]
El principal accionista de Repsol era La Caixa, de Cataluña. Cuando comenzó el período que algunos economistas llaman “de aterrizaje” de la economía española, y Repsol quedó mal parada por la nacionalización de sus reservas en Bolivia y Venezuela, el grupo español Sacyr Vallehermoso (al igual que La Caixa cercano al gobierno socialista) compró el 20% de las acciones de Repsol y pasó a ser el principal accionista. Se mantuvo la cúpula de la empresa que preside Antonio Brufau, pero con el compromiso de desprenderse de los activos sudamericanos que se han vuelto “riesgosos” por el achicamiento de sus reservas por las nacionalizaciones de Chávez y Evo Morales, para concentrarse en lugares más rentables.
Repsol necesita fondos para ampliar sus operaciones en México, Irán y Libia. Para eso venderá el 45% de las acciones de YPF, y le venderá a YPF sus empresas en Venezuela, Bolivia y Cuba, con lo que espera recaudar 12.000 millones de dólares, manteniendo el control de YPF.
Repsol negocia la venta del 25% de las acciones de YPF, a Enrique Eskenazi, testaferro y socio de K por 3.000 millones de dólares. Eskenazi pagaría en efectivo (discuten si 300 o 500 millones de dólares); lo haría a través de un crédito avalado por los fondos de la provincia de Santa Cruz en el extranjero, que maneja el Banco de Santa Cruz, privatizado por Kirchner cuando fue gobernador a manos de... Eskenazi. El resto (entre 2.400 y 2.700 millones de dólares) los pagaría con créditos de dos bancos imperialistas: el Citi y el Credit Suisse (¡qué notable, son bancos con los que trabajó Cavallo!). Para esa millonada de dólares se anotan otros testaferros, socios y amigos de K, como López y Báez. Pero semejante cifra solo pueden lograrla usando a fondo el capital del Estado: compromisos de aumentos de tarifas y rebajas de impuestos, entrega de reservas energéticas, avales del Estado, usando Enarsa para inyectar fondos públicos, etc.
Repsol luego mandará a las Bolsas de Valores de Buenos Aires y Nueva York otro 20% de las acciones. Y completará el negocio con la venta a YPF de las inversiones de Repsol en Venezuela, Bolivia y Cuba. Este último es un negocio de más de 6.000 millones de dólares que endeudará a esa “YPF con un 25% K”, para lo que deberá hipotecar sus activos (es decir, reservas, zonas en explotación, refinerías y redes de distribución). En resúmen: un nuevo vaciamiento del patrimonio energético nacional.
[color=green][size=14][b]De recursos del PC a “banquero K”[/b][/size][/color]
Pocos recuerdan que el “banquero K”, Enrique Eskenazi, cuando militaba en el trabajo financiero del Partido Comunista, ayudó a uno de sus compañeros con su joyería rosarina quebrada. Después, Eskenazi se fue a trabajar a Petersen, Tiele y Cruz, empresa en la que pasó de empleado a dueño. En esos tiempos tanto Eskenazi como Kirchner hicieron plata con las obras públicas, con la “ayuda” de Menem y sus ministros Cavallo, Dromi y Corach.
De la mano de Kirchner, Eskenazi fue comprando bancos provinciales: el de Santa Cruz (gracias a Kirchner que le garantizó la operatoria de todos los fondos del gobierno provincial), y con nuevas ayudas K, Eskenazi compró los bancos de San Juan, Santa Fe y Entre Ríos.
Eskenazi tiene, además de Kirchner, otros buenos amigos en el gobierno, como el mandamás de la SIDE, Francisco Larcher.
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Soja: latifundio y dependencia
16.12.2007 17:23:16:
[align=center][size=11][b] El aumento de las retenciones[/b][/size][/align]
[b]Un afan impositivo antiindustrial y antichacarero[/b]
El gobierno kirchnerista aumentó entre 5 y 10 puntos porcentuales los derechos de exportación para los granos y sus derivados. Las retenciones al poroto de soja pasarán del 27,5 al 35%; al aceite y la harina de soja, del 24 al 32%; al trigo, del 20 al 28%; al maíz, del 20 al 25%; a la semilla de girasol, del 23,5 al 32%, y al aceite y la harina de girasol, del 20 al 30%.
El anuncio venía cantado tras las elecciones, aprovechando a su favor la suba de los precios internacionales. Los aumentos a las retenciones le permitirían a la próxima gestión incrementar sus ingresos en al menos 1.500 millones de dólares. Ingresos que, además, no son coparticipables a las provincias. “Cristina Kirchner quiere aumentar el superávit fiscal para pagar la deuda”, escribió Jorge Oviedo en La Nación, del jueves 8 de noviembre.
Para justificarse, el gobierno dijo que con esta medida pretendía favorecer el agregado de valor a la producción granaria. Sin embargo, esta suba en las retenciones achica la brecha arancelaria que existe entre los granos y sus subproductos. Los aumentos afectaron más a los aceites y no discriminan si éstos se embarcan a granel o si se comercializan en envases de 5 litros. Así se favorece la exportación del grano sin procesar –como pretende comprarlo principalmente China–, en vez de convertirlo en Argentina en harina y aceite, y luego vender esos productos al exterior.
También el gobierno argumentó que el incremento de las retenciones obedece a la necesidad de preservar el mercado interno de los aumentos de las cotizaciones internacionales de los granos. Pero eso sólo es cierto relativamente a los granos y los alimentos que dependen de ellos. Por ejemplo en nada garantiza que vayan a estabilizar los precios de las frutas, legumbres y hortalizas, que no dependen de cómo evolucionan los precios en Chicago sino de que existan condiciones para su producción interna.
Las retenciones no cambian la política de fondo del gobierno al respecto, que es lo que ha llevado que avance el latifundio granero, en desmedro de esas producciones que requieren más inversión de capital y de trabajo por hectárea.
[b]Los más perjudicados[/b]
Además, las retenciones aplicadas por igual a todo el campo, sin diferenciar entre los latifundistas y los pequeños y medianos productores, golpean con más fuerza a éstos que tienen costos muy superiores. Por ejemplo, un latifundista que compra semilla y químicos en grandes cantidades, puede “ahorrarse” hasta un 20% de su precio, en relación a los que compran pequeñas cantidades y tienen que pagar el precio del monopolio.
En esto coincidimos con la Federación Agraria Argentina (FAA), que expresó en un comunicado que “hoy en la Argentina el 4 por ciento de los productores más grandes concentra el 60 por ciento del volumen total de soja. Y el incremento anunciado hoy no hace más que favorecer a esos actores más concentrados del sector, que hace años se vienen apropiando del grueso de la renta agraria. Ya que, concebidas sin ningún tipo de segmentación, las retenciones al agro seguirán impactando con más fuerza sobre los miles de productores de menor escala”. Al respecto, su dirigente Eduardo Buzzi, anticipó que “vamos a proponer un mecanismo de reintegros para los pequeños productores, porque no se puede tratar igual a los que son distintos”.
Pero el problema es que al gobierno del matrimonio Kirchner no le ha preocupado ni le preocupan los pequeños ni los medianos productores. Y ellos piensan que “el desarrollo” pasa por ese 4 por ciento (en eso consiste el desarrollismo), que en verdad no se les puede llamar grandes productores sino que hay que llamarlos como son: grandes terratenientes y pools, grandes latifundistas. A ellos no les preocupa el despoblamiento del campo ni que haya una producción diversificada para garantizar una buena alimentación del pueblo. Sólo quieren que haya más granos para exportar, sin importarles que desaparezcan las otras producciones.
Por eso el gobierno del matrimonio Kirchner no sólo se burla de los planteos de reintegros para los pequeños productores sino que no tiene –ni va a tener– ningún plan para favorecer siquiera el mantenimiento de estos sectores en el campo. Y sin una política que garantice el crédito necesario y precios mínimos en origen a las producciones –que de otra manera no pueden competir con la producción extensiva de la soja y otros granos –continuará avanzando el latifundio y el monocultivo, con todas las consecuencias que eso tiene para el campo y para el consumo popular. Con las retenciones, como las aplica el gobierno, los más perjudicados siempre resultan los más pobres del campo; y ni siquiera esos fondos vuelven a las provincias en forma de mejores escuelas, hospitales, viviendas o caminos.
[b]El problema de fondo[/b]
Es cierto que las retenciones ayudan a atemperar la incidencia inflacionaria (de suba de los precios internos) por la suba de los precios internacionales. Pero eso no cambia el problema de fondo que es el avance del latifundio en el campo y del monocultivo granario, en perjuicio de la producción de otros alimentos, como las frutas, hortalizas y legumbres, huevos, leche y carnes, etc. Por más retenciones que se le pongan a las exportaciones de granos, por las leyes del mercado va a seguir avanzando su producción extensiva en desmedro de las producciones más intensivas, que requieren más inversión de capital y de trabajo por hectárea.
La producción latifundista es enemiga del poblamiento y de un verdadero desarrollo del campo. Lo que se necesita es una política que cambie esta ecuación, que favorezca la producción diversificada en el campo, el mantenimiento y la expansión de las chacras mixtas y condiciones de trabajo y de vida dignas para toda la población agraria. Esto requiere garantizar a todos los verdaderos trabajadores del campo tierra suficiente, créditos accesibles y precios mínimos sostén en origen para sus producciones.
[url=http://notiargentinas.blogspot.com/2007/12/el-aumento-de-las-retenciones.html]fuente[/url]16.12.2007 16:54:55:
algunos datos sobre las políticas de "redistribucion de la riqueza" y "freno al monocultivo" de Kirchner :noo: :
La Argentina se ha convertido en el tercer productor y exportador mundial de soja y aceite y derivados de soja. Este año se han cosechado más de 47 millones de toneladas de soja, cuyo precio supera en estos días, en Chicago, los 315 dólares la tonelada. El país se ha “sojizado” y, además, predomina cada día más la siembra directa y el uso de soja transgénica (RR) y la utilización del glifosato que la hace posible, provista por el monopolio yanqui Monsanto o por China. Se cultiva soja en toda la pampa húmeda, el NOA y el NEA, para lo cual en cuatro años se han talado más de un millón de hectáreas de bosques, y se hace soja en zonas dedicadas tradicionalmente a la ganadería, el tambo, algodón e incluso a quintas (lo que influencia fuertemente el alza de los productos de venta diaria en las verdulerías). Se ha cosechado soja en zonas cercanas al Chocón y en zonas de riego del valle del Río Negro. Es obvia la fuerte ligazón, la dependencia, que va transformando a nuestros terratenientes y grandes productores sojeros en apéndices de los proveedores de insumos (semillas transgénicas, glifosato, etc.) y principalmente de sus compradores ya que la producción sojera se destina fundamentalmente a la exportación. China, como principal mercado de nuestra soja y sus derivados, ya que prácticamente monopoliza su demanda, aprovecha esta condición para obtener concesiones portuarias, ferroviarias y ahora, la instalación de una gigantesca fábrica aceitera.
Como resultado de esta política se ha reforzado el latifundio (según la Federación Agraria el 1,3% de las explotaciones tiene el 50% de la tierra) y el aumento escandaloso de la renta de la tierra con un aumento generalizado de los arriendos que también incide en los costos de producción interna, la concentración de la producción (también según la Federación Agraria, el 3% de los productores produce el 70% de la soja), y el éxodo agrario que hace emigrar a millones de obreros rurales y campesinos pobres para engrandecer las villas miserias de las zonas urbanas.
La política oficial de superávit primario, para garantizar el pago de la deuda externa (como ha hecho y lo sigue haciendo el gobierno) y de fuertes reservas para “blindar” el sistema financiero y bancario y garantizar los negocios de los inversores, se basa en una política exportadora que exige un peso devaluado y un dólar sobrevaluado en beneficio de los exportadores y en desmedro del mercado interno. El gobierno habla de llegar a producir 100 millones de toneladas de granos, pero los hechos demuestran que no piensa producirlos creando y ayudando a un millón de chacras, como han pedido algunos sectores de los productores agrarios, sino con 15 a 20 mil grandes productores y fortaleciendo la propiedad terrateniente.
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