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Unidad Número 2 - Obligaciones Civiles y Comerciales

UNIDAD 2 (PÁGS. 94 – 210 del Dr. Wayar – tomo 1)

ELEMENTOS DE LA OBLIGACION. ENUNCIACION. LOS SUJETOS –> Punto número 1 del programa

Si bien la opinión de los autores no es uniforme, podemos decir que los elementos constitutivos son: los sujetos, el vínculo jurídico, el objeto y la causa fuente. Son esenciales porque la ausencia de cualquiera de ellos impide que la obligación exista como tal. (No son considerados elementos necesarios los siguientes

a) Compulsión: pues, en realidad, es uno de los atributos del poder que ostenta el acreedor (forma parte del vínculo), dado que si la obligación sigue un curso normal y se la cumple voluntariamente, no se requiere de ninguna compulsión.

b) Causa fin: es un ingrediente psicológico que está presente en los actos jurídicos, contractuales o no, más precisamente, en la voluntad de sus creadores, y mediante el cual es posible descubrir la finalidad que éstos persiguen, pero que es ajeno al derecho de crédito.

c) La doctrina distingue entre “objeto” y “contenido”. El primero, es el bien o utilidad que le procura al acreedor la satisfacción de su interés; el segundo, es la conducta que debe desplegar el deudor para que el acreedor obtenga el objeto deseado.

LOS SUJETOS

Sabemos que la relación enlaza un acreedor y un deudor; el primero es el sujeto activo – que recibe del ordenamiento jurídico el derecho de exigir el bien que le es debido –, el segundo es el sujeto pasivo – a quien se le impone un deber de cumplir.

Se requiere que las personas tengan capacidad jurídica; así lo estipula el artículo 30 del Código Civil –“todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones”–. Nos referimos a capacidad de derecho, para poder gozar de la investidura de acreedor o para adoptar la posición de deudor; no de hecho, porque pueden actuar por medio de sus representantes.

Otra característica es la determinación; por lo general ambos sujetos se encuentran individualizados desde el nacimiento de la obligación, otras veces se desconoce quién será el acreedor o quién será el deudor. Para que pueda existir una obligación válida la indeterminación debe ser relativa (pasajera, transitoria), nunca absoluta.

¿Es válida la obligación si la indeterminación subsiste en el momento en que se debe hacer el pago? Para responder es necesario realizar una distinción;

a) Si se desconoce la persona del acreedor –> SI, porque el deudor puede recurrir al procedimiento previsto para el pago por consignación y obtener, así, su liberación coactivamente (siempre que demuestre haber agotado los medios legales para localizarlo).
b) Si se desconoce la persona del deudor –> NO, la obligación carece de eficacia y no surte efecto alguno. La ley no ha previsto un mecanismo que posibilite exigir el cumplimiento a una persona desconocida.

OBLIGACIONES PROPTER REM

Son aquellas que descansan sobre determinada relación de señorío sobre una cosa, y nacen, se desplazan y se extinguen con esa relación de señorío. El deber de prestación se le impone a la persona, exclusivamente, en cuanto ella es titular de una relación real. La cosa es sólo un elemento para determinar el sujeto –activo o pasivo – de la obligación. Sus caracteres son;

i) Dependen de una relación real: lo esencial es que el sujeto esté jurídicamente relacionado con una cosa, sobre la cual ejerce un determinado señorío. No necesariamente debe provenir del ejercicio de un derecho real, pues el vínculo obligatorio puede tener origen en la posesión.

ii) Se la constituye en razón de la cosa y con referencia de ella: las prestaciones que deben cumplir los deudores tiene origen en los gastos o erogaciones que realizan los acreedores para construir, conservar o mejorar la cosa sobre la cual unos y otros ejercen alguna especie de señorío.

iii) Se extinguen cuando cesa la relación con la cosa: por cualquier motivo, quien se desprende de la cosa se desobliga; quien la adquiere queda vinculado, pues viene a ocupar la posición jurídica de su antecesor. El abandono provoca la extinción de la obligación; pero ¿en qué momento debe tener lugar para liberar al deudor?

El abandono tiene eficacia liberatoria por más que se realice después de efectuados los gastos; la tesis clásica proponía el caso del condominio para justificar que debía ser realizado antes, pero no es así dado que el condómino inversor tiene derecho a retener la cosa hasta tanto se verifique el pago de los demás en caso de haber hecho una mejora en la misma. Por otro lado, la ley no condiciona la eficacia liberatoria del abandono al hecho de que se realice antes de efectuados los gastos, sólo reconoce eficacia sin distinguir si ha tenido lugar antes o después de ellos.

iv) Si hay incumplimiento el deudor responde con todo su patrimonio: esto se debe a varias razones;
a –> el principio general que impera en nuestro derecho es que todo deudor responde con la totalidad de su patrimonio, lo que constituye, la prenda común de los acreedores.
B –> para poder limitar su responsabilidad al valor de la cosa, el deudor debe estar expresamente autorizado por la ley.
C –> en casi todas las hipótesis de obligaciones propter rem esa autorización no existe. Lo cual no significa que el legislador no pueda hacerlo, todo lo contrario, un claro ejemplo de esto es; el adquiriente de un departamento en propiedad horizontal, deudor propter rem de las expensas comunes, responde sólo con la cosa adquirida cuando se trata de expensas adeudadas por el anterior propietario, que le fueron transmitidas junto con la cosa.

La responsabilidad limitada se da únicamente cuando el deudor incumple (ATENCION: esto no sucede cuando se produce el abandono de la cosa; porque aquí el debe de prestación se traslada a otro deudor, nuevo poseedor; o bien, si la cosa abandonada queda bajo el dominio exclusivo del acreedor, la obligación se habrá extinguido por confusión). EL ABANDONO HA SIDO ASIMILADO A LA DACIÓN EN PAGO, QUE ES UNA DE LAS FORMAS DE CUMPLIR.

v) Son creadas por la ley: derivan de ella, ya que sólo el legislador puede crearlas. Los particulares no podrán nunca crear una nueva obligación que tenga por deudor o acreedor a todo ulterior poseedor de una cosa determinada; entre otras razones, porque los contratos no pueden vincular a los terceros que no intervinieron en su celebración.

LAS CARGAS REALES

Podemos definirlas en base a dos sentidos;

a) Estricto –> RENTAS establecidas a favor de determinadas personas; prestaciones de carácter periódico que se deben por una persona en cuanto es titular del goce de un terminado bien, y consisten en dar o hacer alguna cosa (Ej.: cánon enfitéutico).
Parece ser que tienen una gran similitud con las obligaciones propter rem, pero es imposible que así sea considerado, porque, son derechos reales que constituyen resabios del régimen feudal de la época medieval pero que en la actualidad son impracticables (dada las nuevas formas de organización y distribución de la propiedad de la tierra).
b) Lato –> GRAVÁMENES, deber jurídico que tiene una persona de soportar que sobre uno de sus bienes ejerza un derecho real otra persona (Ej.: el usufructo, la habitación, todos estos derechos reales que se ejercen sobre una cosa ajena). ES EL CORELLATO (o lado pasivo) DE UN DERECHO REAL.
¿Cómo se puede diferenciar esta institución de las obligaciones propter rem?
a) El tercero poseedor de un inmueble hipotecado (claro ejemplo de una carga real, entendida como gravamen real, no puede ser considerado deudor desde el mismo momento en que la ley descarta la posibilidad de que incumpla la obligación; por lo tanto no responde con todo su patrimonio.
b) El tercer poseedor, en caso de abandono, no abdica ni pierde el derecho de dominio, sino hasta tanto se adjudique ese derecho a otro por sentencia judicial; por lo tanto el abandono tiene distinta naturaleza jurídica.
EXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES PROPTER REM. EL ARTÍCULO 497 DEL CÓDIGO CIVL
Esto fue materia de discusión por parte de la doctrina, de tal manera que hubo dos corrientes o líneas de pensamiento;
a) NO tienen cabida en nuestro derecho; el artículo 497 es claro –“a todo derecho personal le corresponde una obligación personal. No hay obligación que corresponda a derechos reales”–, el derecho personal crea una relación entre personas determinadas (acreedor y deudor), en cambio, el derecho real no se integra de esa manera, frente al titular de la potestad real se sitúa la sociedad toda, pero el deber de respeto no es una verdadera obligación. Es absurdo pensar que una persona pueda estar obligada por el hecho de ser titular de un derecho real, o por el hecho de tener que soportarlo, puesto que no hay obligación que les corresponda.
b) SI; el artículo antes mencionado no se refiere a las obligaciones propter rem. Esto queda demostrado con solo observar la nota en la cual Vélez Sarsfield se refiere al ejemplo del tercer poseedor de un inmueble hipotecado para demostrar que el deber jurídico que pesa sobre él no constituye una obligación que corresponda al derecho real de hipoteca. Simplemente debe asumir la carga o gravamen real que pesa sobre el inmueble y respetar el derecho de hipoteca.
CONCLUSIÓN: tiene plena vigencia el artículo 497, porque aquel deber “no es una obligación que corresponda a derechos reales), es decir, en él no se refiere a las obligaciones propter rem, sino a las cargas reales (entendiéndose por tales GRAVAMENES RELAES que debe asumir una persona). Por lo tanto a toda obligación le corresponde una carga real.
ALGUNOS SUPUESTOS DE OBLIGACIONES PROPTER REM
a) Obligaciones de dar: los créditos o deudas derivados de la medianería. La obligación del dueño de una cosa perdida de recompensar a quien la encuentra (art. 2533).
b) Obligaciones de hacer: construir un contramuro para proteger una pared medianera, cuando se quiera edificar un fogón u hogar (art. 2622).
c) Obligaciones de no hacer: no plantar árboles a una distancia menor de tres metros del inmueble vecino (art. 2628).
La obligación de reparar los daños causados por cosas inanimadas: es un supuesto de responsabilidad civil originada en la violación del deber de no dañar, cuyas consecuencias deben ser asumidas por el autor del daño, sin que haya razón alguna para permitirle que se desobligue desprendiéndose de la cosa. El fundamento se encuentra en el comportamiento antijurídico (ILICITUD) del agente, al que la ley le impone el deber de reparar, en razón de que ha obrado con culpa, con dolo (factores subjetivos de responsabilidad) o porque ha utilizado una cosa riesgosa o viciada (factores obejtivos).
EL VÍNCULO JURÍDICO –> Punto número 2 del programa
Es el que se establece entre acreedor y deudor. Se ha dicho que no es esencial, sino que se trata de un elemento común a todo derecho subjetivo (obligación), afirmando que carece de rasgos particulares y no justifica su consideración como elemento tipificante de la relación obligacional. Pero esto no es así;
a) El hecho de que esté presente en toda relación jurídica no basta para negarle carácter de elemento típico; porque si se siguiese esta línea de pensamiento, entonces, los sujetos y el objeto podrían correr igual suerte.
b) No es verdad que vínculo sea tipificante; todo lo contrario, es precisamente este elemento el que revela el carácter de personal de la relación crédito-deuda y que explica porqué el acreedor tiene derecho a exigir y el deudor deber de cumplir.
Es un elemento inmaterial, o puramente jurídico, aprehensible por medio de las normas que enlazan al acreedor con el deudor, situándolos como polos opuestos de una misma relación jurídica.
LAS POSICIONES JURÍDICAS
La teoría clásica afirma que el vínculo es un elemento jurídico que explica y justifica la situación de sujeción o sometimiento en que se halla el deudor. Cuando en realidad esto no es así, sino que todo lo contrario; (el vínculo es un enlace entre dos posiciones jurídicas que deben ser equivalentes)
Se encuentran ambos en un mismo plano de igualdad jurídica, debiendo estar ambos dispuestos a prestarse recíproca asistencia. Por eso mismo la regla favor debitoris ha perdido rigor y se propone su reemplazo por otra: “favorecer al más débil”. Porque en el tráfico jurídico podemos encontrar muchos casos de obligaciones en la cuales el acreedor es “débil” porque el vínculo ha sido jurídicamente preconcebido por el propio deudor, mediante cláusulas que limitan, restringen o condicionan el derecho de crédito. Ej.: EL CONTRATO DE SEGURO.
LAS VIRTUALIDADES DEL VÍNCULO
(es siempre transitorio o temporario)
El acreedor tiene derecho a exigir la observancia de cierto comportamiento y puede ejercer medidas legítimas de compulsión para satisfacer su interés. A su vez, el deudor, está obligado a observar dicha conducta, lo cual puede ser computado como una restricción de su libertad. Existe una íntima conexión del vínculo jurídico con un fenómeno económico: el intercambio de bienes y servicios.
LIGAMEN ENTRE PERSONAS
Es necesario dejar en claro que al decir esto no significa reducir al deudor a la condición de objeto del derecho del acreedor (éste último no tiene un derecho sobre el segundo, ni el deudor, como persona, está sometido a la potestad de aquél). Porque el acreedor tiene derecho a obtener “algo” que se halla dentro de la esfera de acción del deudor; ese algo no es el deudor mismo, sino uno de sus bienes o el resultado de una conducta.
El vínculo es un nexo jurídico que justifica al acreedor y le reconoce el derecho de exigir de una persona determinada un bien o una conducta; el objeto es ese bien o utilidad que le reportará esa conducta a que tiene derecho el acreedor.
Todo lo anterior explica por qué los derechos y deberes que atribuye e impone deben ser ejercidos, no sólo de buena fe y sin abusos, sino, sobre todo, respetando los derechos esenciales de las personas obligadas.
LA COACCIÓN
Fue considerada un elemento típico de la obligación, pero cuando cobró auge la teoría alemana del débito y la responsabilidad se advierte que no es así, al comprobarse que sólo actuaba en caso de responsabilidad; por lo tanto si la obligación se cumplía normalmente no era necesario recurrir a ella. Ahora se dice que es un elemento del vínculo, y si bien sólo actúa en caso de incumplimiento, antes de que éste se produzca, se mantiene en potencia. Pero, de cualquier manera la compulsión integra el vínculo jurídico. Pero en realidad, esto NO ES tan ASÍ (como se verá a continuación
a) Cumplimiento voluntario: si el deudor cumple voluntariamente no hay compulsión (para criticar esta tesis se ha dicho que la coacción existió en potencia). Ahora bien, para que la coacción pase de la potencia al acto es necesario que el deudor no cumpla, entonces, en todo caso, la compulsión integra el vínculo de la obligaciones incumplidas. ¿Para qué sirve la coacción en potencia? Se nos dirá que para presionar psicológicamente al deudor; pero en realidad los motivos por los cuales los deudores cumplen sus obligaciones voluntariamente son variados, y no lo hace sólo por el temor de ser demandados.
Por lo tanto: LA COACCIÓN NO SIEMPRE ES NECESARIA.
b) Las obligaciones naturales: el hecho de que no haya coacción no significa que no haya vínculo. Es más; hasta es dudoso que en verdad no haya coacción, más bien parece que si la hay, de otro modo no se explicaría por qué el deudor, puede recurrir al pago por consignación, que es un típico medio coactivo de cumplimiento.
Por lo tanto: EL VÍNCULO JURÍDICO PUEDE DESARROLLARSE SIN COMPULSIÓN.
EL OBJETO Y LA PRESTACIÓN –> Punto número 3 del programa
EL OBJETO COMO “BIEN DEBIDO” Y “RESULTADO DE UNA CONDUCTA”
El acreedor tiene derecho a obtener el bien debido: es el objeto del derecho del crédito, es toda entidad material o inmaterial que tiene valor económico para el deudor y es apta para satisfacer el interés del acreedor. NO es la conducta misma del deudor, SI –> el PRODUCTO de una conducta.
a) Obligaciones de DAR: en estos casos la distinción es nítida, es la cosa material, el objeto del crédito es siempre ese algo. Satisface el interés del acreedor, no la entrega, sino la cosa entregada.
b) Obligaciones de HACER: es necesario distinguir tres subespecies;
i –> encaminadas a la producción de un resultado (Ej.: locación de obra por la cual el locador se obliga a construir una pared). El objeto del crédito es la cosa, y no el comportamiento que la produce.
Ii –> obligaciones intuito personae (en razón de las cualidades personales del deudor; Ej.: un autor célebre para escribir una novela), el hecho de que no pueda subrogarlo no cambia las cosas, lo que sólo demuestra que la prestación es insustituible pero el objeto sigue siendo el mismo.
Iii –> obligaciones de “puro hacer” (Ej.: el modelo que posa para ser retratado), el objeto del crédito es la utilidad que la conducta complaciente del deudor le reportará al acreedor.
c) Obligaciones de NO HACER: como por ejemplo la que asume un comerciante al no competir con otro vendiendo la misma mercancía; el beneficio o utilidad económica que obtendrá el acreedor, en razón de la abstinencia del otro comerciante, es el objeto.


LA PRESTACIÓN COMO “CONDUCTA” Y “MEDIO” PARA ALCANZAR EL RESULTADO
El deber de prestación es una conducta o comportamiento que el deudor debe desplegar para producir el bien que habrá de satisfacer el interés del acreedor; es el medio por el cual el acreedor obtendrá el objeto a que tiene derecho. Según el artículo 495 del Código Civil la prestación puede consistir en;
a) DAR: cuando se agota con la acción de entregar.
b) HACER: en las encaminadas a la producción de un resultado, la distinción es clara; la acción de construir la pared es la prestación.
En las obligaciones intuito personae, la prestación es esencial (Ej.: el contrato de edición; el editor tiene derecho a los escritos terminados, pero, tampoco puede pretender el escritor librarse de la obligación entregando una serie de cuentos infantiles cuando en realidad se lo contrató para escribir una novela).
c) NO HACER: la prestación consiste en la mera abstención.
CONSECUENCIAS DE LA DISTINCIÓN
I) No se pretende deshumanizar la obligación: se ha criticado la distinción entre objeto y prestación por entender que tenía esta finalidad, por ser un punto de vista puramente patrimonialista. En realidad no es así, todo lo contrario, la obligación crea un vínculo entre acreedor y deudor, porque esta especie de relación es esencialmente personal; el deber de prestación es, ante todo, un deber de conducta, y es esa conducta la que normalmente satisface el interés del acreedor, pero no considerada en sí misma, sino como conducta productora de alguna utilidad o beneficio.
II) La prestación y el contenido: el problema surge cuando la tesis que afirma que el objeto de la obligación es la prestación debe explicar la ejecución forzada o el cumplimiento por tercero, llegando al resultado de que, de todas formas, el acreedor queda satisfecho. ¿Cómo se resuelve esto?
Distinguiendo el objeto: bien o utilidad que espera el acreedor; del contenido: cúmulo de facultades y deberes que el orden jurídico atribuye e impone al acreedor y deudor, poderes y deberes dirigidos a la obtención del objeto.
Por lo tanto, el deber de prestación es parte del contenido, pues se trata de un deber de conducta mediante cuya realización se obtiene el objeto. Pero el contenido es más amplio, ya que se integra también con los poderes del acreedor.
PRETENDIDA DISTINCIÓN ENTRE
Obligaciones de medios: el deudor sólo promete el empleo diligente de medios aptos para que normalmente se produzca el resultado querido por el acreedor, pero no asegura su obtención. Ej.: la obligación del médico de atender a un paciente.
Obligaciones de resultado: el deudor asume el deber de realizar una prestación específica, encaminada al logro de un resultado concreto, de tal que el interés del acreedor queda satisfecho con la obtención de un resultado.
De esta forma, el cuadro probatorio queda configurado de la siguiente manera;
O. de Resultado –> el acreedor debe probar que el resultado no se obtuvo; pero no la culpa, pues al incumplimiento se lo presume culpable. El deudor si quiere exonerarse, debe probar que cumplió, o que el incumplimiento no le es imputable.
O. de Medios –> el acreedor deberá probar que el deudor no empleó los medios técnicos adecuados, o que los empleó con negligencia o imprudencia; es decir que obró con culpa.
FALSEDAD DE LA CLASIFICACIÓN
Es necesario revertir la situación en que se hallan los acreedores de medios que deben probar la culpa del deudor si pretenden ser indemnizados; ahora bien, sucede que esa prueba es muy difícil, porque los medios casi siempre consisten en prestaciones científicas o técnicas del deudor que el acreedor desconoce lo que resulta incoherente y sirve de pretexto para consagrar sentencias injustas. Lo más razonable es que el deudor pruebe que cumplió una prestación acorde con las reglas de la ciencia o de la técnica, y que si no se obtuvo el resultado que el acreedor esperaba, esta frustración se debió a causas extrañas a la prestación misma, o a razones no imputables al deudor.
a) No hay diferencias ontológicas: es sólo aparente, en realidad en toda obligación hay medios y se persiguen resultados.
b) El objeto del derecho del acreedor equivale a un resultado que él espera de la conducta de su deudor; la prestación, o conducta del deudor, es el medio productor de aquel resultado. RESULTADO Y MEDIOS SON DOS ELEMENTOS QUE ESTÁN LIGADOS INTIMAMENTE DENTRO DE TODA RELACIÓN DE OBLIGACIÓN.
c) La prestación persigue siempre un resultado: satisfacer el interés del acreedor. Es innegable que el logro del resultado le interesa también al deudor; sólo así se explica que ponga todo su empeño en obtenerlo. Sería un verdadero dislate suponer que quien adeuda un medio no se preocupa por lograr el resultado. ES IMPOSIBLE ESCINDIR LOS MEDIOS DEL RESULTADO.
d) Carga de la prueba: vigencia de un único régimen jurídico en esta materia, y es la siguiente; al acreedor le toca probar que su interés no ha sido satisfecho (el objeto del crédito se ha frustrado). El deudor, si quiere eximirse de responsabilidad, debe probar que cumplió con la prestación, y que la frustración del acreedor se debe a causas extrañas a la prestación misma; o bien que incumplió, pero por causas no imputables a él.


REQUISITOS
Tanto el objeto como la prestación deben reunir las siguientes condiciones;
i) Posibilidad: deben ser de existencia posible, por una cuestión simple, dado que nadie puede obligarse a realizar aquello que es imposible (art. 953).
A –> La imposibilidad puede ser física o jurídica (Ej.: vender una cosa que está fuera del comercio o hipotecar un automóvil). En realidad se trata de ilicitud pues lo que se quiere es introducir en el tráfico un objeto o una prestación no permitidos por el ordenamiento.
B –> La imposibilidad ha de ser originaria: existir al momento de formarse la obligación; si sobreviene, la obligación existió, pero su cumplimiento se tornó imposible. La imposibilidad de cumplimiento puede provocar la extinción del vínculo (art.888) o en el deber de indemnizar al acreedor (según que el deudor haya obrado con o sin culpa).
C –> La imposibilidad ha de ser absoluta, es decir, insalvable. Esto sucede cuando ninguna persona puede cumplir la prestación.
D –> No es necesario que el objeto exista al momento de formarse la obligación; basta que pueda existir en el futuro (Ej.: se contrata a un pintor para que retrate en tela, es obvio que al nacer la obligación no existe todavía un retrato; ni siquiera el artista ha comenzado a cumplir su prestación). El hecho de que no se requiera la existencia actual del objeto debido explica por qué se puede concretar contratos sobre cosas futuras.
ii) Determinación: deben estar DETERMINADOS al nacer la obligación (lo que sucede cuando desde el comienzo se conoce con certeza en qué consistirá la prestación del deudor y cuál será la utilidad que de ella obtendrá el acreedor) o ser PASIBLES DE DETERMINACIÓN POSTERIOR (lo que sucede cuando sólo se conocen los mecanismos, legales o convencionales, que permitirán la individualización posterior de la conducta y el objeto debidos por el deudor). Esto no está en el art. 953, pero si surge de su nota, un acto es ilusorio cuando no es posible la determinación de su objeto.
A –> La indeterminación puede afectar a la prestación (Ej.: se contrata a una empresa para que efectúe trabajos de remodelación de un edificio con arreglo a los métodos que indique un equipo de técnicos especializados) o al objeto (Ej.: la compraventa cuyo precio debe ser fijado por un tercero).
B –> Los mecanismos que se utilice para la determinación no deben provocar el desequilibrio de la relación de la obligación; el objeto o la prestación a determinar deben guardar justa y equitativa relación con el derecho del acreedor.
iii) Ilicitud: decir que deben ser lícitos significa que su tráfico debe estar permitido por el orden jurídico. Ahora bien, existen causales que nulifican la obligación –según el art. 953–;
NO PUEDEN CONSTITUIRSE EN OBJETO: Las cosas fuera del comercio; las cosas sobre las cuales pesa una prohibición legal que impide –por razones técnicas o políticas– que integren determinada obligación (Ej.: cosas fungibles que no pueden ser dadas en comodato).
NO PUEDEN CONSTITUIRSE EN LEGÍTIMAS PRESTACIONES: las acciones prohibidas o reprimidas como delitos; las acciones contrarias a la moral y a las buenas costumbres; las acciones que implica una limitación o restricción indebida de la libertad del obligado.
PATRIMONIALIDAD E INTERES
La patrimonialidad sólo es requerida para la prestación y para el objeto, no así para el interés; de manera tal que, para que exista una obligación es suficiente que el objeto tenga valor patrimonial. Ahora bien, el problema que se plantea es, la prestación a cargo del deudor ¿debe tener, necesariamente, valor patrimonial? ¿Puede una persona asumir la obligación de cumplir una prestación sin valor económico?
I) SAVIGNY: la obligación debía tener siempre un contenido económico. En las Institutas de Gayo, en el marco del procedimiento formulario, el demandante le imploraba al juez que condenar al demandado debía estimar pecuniariamente en cuánto dinero consistiría la condena, aunque el objeto debido por el deudor fuera una cosa corporal, un fundo, un esclavo, etc.; eso era así porque el juez no condenaba al accionado por la cosa misma, sino que estimaba la cosa, lo condenaba por su valor pecuniario. De ahí surge que SIEMPRE UN PRESTACIÓN DEBE TENER VALOR PATRIMONIAL, sino ¿cómo estimar el valor de la condena?
II) IHERING: los intereses espirituales del hombre también merecen protección. Según Savigny, uno de los típicos ejemplos que propone para justificar su posición es; un inquilino estipula para él y sus hijos el goce del jardín de la casa. ¿Puede esta convención ser perseguida en justicia? No, porque el juego y el paseo tampoco tienen valor pecuniario. Pero Ihering se esmera en demostrar que no es así;
a) la sola invocación de las fuentes romanas era insuficiente; porque en otros pasajes de las mismas fuentes el derecho romano reconoció y protegió intereses no económicos; así, el padre tenía la acción para reclamar indemnización por la seducción de sus hijos.
b) el patrimonio no es el único bien que el derecho civil está llamado a proteger, de lo contrario se llegaría al absurdo de afirmar que el juez sólo conoce los intereses de bolsillo, donde éstos no llegan, para él no llega el derecho.
c) El interés no debe ser confundido con el objeto y la prestación; en ciertos casos la distinción es nítida, ej.: una persona quiere honrar la memoria de los muertos por la patria y contrata a un escultor para que construya un monumento (la prestación: acción de esculpir, el objeto: monumento indicado, el interés: honrar).
Calificar si una prestación tiene o no valor pecuniario, en los casos dudosos, dependerá de la forma de organización social y jurídica dentro de la cual se produzca, porque es esa organización la que determinará la cotización de las acciones humanas.



LA CAUSA FUENTE
Es todo hecho capaz de generar obligaciones. ¿Cuándo tiene virtualidad suficiente? Cuando el ordenamiento jurídico le reconoce esa virtualidad. Entonces, la verdadera fuente es el hecho generador; la norma cumple la función de juridizar el vínculo ya creado por el hecho. Es un elemento esencial de la obligación ya que ésta no se concibe sin ella, así lo establece el artículo 499: “no hay obligación sin causa, es decir, sin que sea derivada de uno de los hechos, o uno de los actos lícitos o ilícitos, de las relaciones de familia, o de las relaciones civiles”. CLASIFICACIÓN:
a) La división clásica o histórica –> el derecho romano primitivo reconocía dos; el contrato y el delito. Con el alcance de la civilización jurídica se comprobó que otros hechos también creaban obligaciones; Gayo agrupó esta categoría bajo una denominación común (varias causas). Más adelante, las Institutas de Justiniano subdividieron las varias causas en cuasicontratos y cuasidelitos. Luego con los glosadores se agregó la ley. De manera que la división clásica es: CONTRATO, CUASICONTRATO, DELITO, CUASIDELITO, LA LEY.
Ahora bien se le critica lo siguiente;
i) Es incompleta –> porque deja fuera de la nómina una serie de hechos que no están comprendidos, por ejemplo, el enriquecimiento sin causa y la declaración unilateral de voluntad. Esta crítica es injusta; si la ley es fuente debe reconocérsele su valor residual, los hechos no comprendidos en las otras categorías, serán fuentes si la ley les reconoce fuerza vinculante.
ii) Subdivide los hechos ilícitos –> los delitos y los cuasidelitos son dos especies de un mismo género: los hechos ilícitos (de ahí el error de nominarlos como fuentes autónomas y distintas).
iii) Incluye el cuasicontrato –> es un nombre vacío de contenido, pues no hay ninguna figura jurídica que corresponda a lo que con esa palabra se quiere designar. En efecto, ha sido definido como: acto lícito al cual la ley le asigna los mismos efectos que al contrato, pese a que no media acuerdo de voluntades.
En realidad no son contratos, sino figuras antitéticas, se caracterizan por dos cosas; ser obligatorios como los contratos, y no ser contratos por falta de acuerdo de voluntades. Ej.: la gestión de negocios y el pago indebido.
b) Criterio sintético –> se ha dicho que las fuentes son sólo dos; el acto jurídico y la ley. El razonamiento es el siguiente: toda obligación traduce una restricción de la libertad del obligado, razón por la cual únicamente su propia voluntad, o bien la voluntad soberana del legislador, puede justificar aquella restricción. CRÍTICA;
i) No son equiparables como fuentes de obligaciones, porque un acto sólo es obligatorio cuando la ley lo permite, de donde se sigue que la única fuente sería la ley. No contribuye a resolver los problemas que plantean las obligaciones, más bien las ocultan.
ii) Exceso de generalización, afirmar que la ley agota la nómina de las fuentes implica renunciar al análisis de los diversos hechos que, sin ser contratos, tienen fuerza vinculante, lo cual es perjudicial para nuestra ciencia.
c) Criterio analítico. FUENTES EN PARTICULAR
I –> Contrato; artículo 1137: cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus derechos. Por su naturaleza jurídica es un acto jurídico bilateral de contenido patrimonial; puede concretárselo para crear, modificar, transmitir o extinguir obligaciones (los de la primera especie son considerados fuentes: los contratos creditorios).
Ii –> El delito: está comprendido dentro del género de los actos ilícitos, se lo ejecuta a sabiendas y con la intención de dañar la persona o los derechos de otro (artículo 1072). Lo que tipifica el delito civil es el dolo; de él nace la obligación de reparar el perjuicio, material y moral, que se causare a otra persona (artículo 1077). ¿Cuál es la prestación que debe cumplir el autor de un hecho ilícito? Según el artículo 1083 es la de reponer las cosas a su estado anterior, salvo que se imposible, en cuyo caso la indemnización será fijada en dinero.
Iii –> El cuasidelito: es otra especie que se caracteriza porque se lo ejecuta sin intención, pero con culpa o negligencia. Obliga a la reparación del daño que con él se causare a otra persona (artículo 1109).
Iv –> Hechos que provocan daños sin culpa del autor: son hechos que engendran responsabilidad objetiva; no hay en el obrar del sujeto ni dolo ni culpa, no obstante lo cual el orden jurídico le atribuye responsabilidad a aquél si con su accionar causó algún daño. Ej.: daños causados por cosas riesgosas o viciosas, cuyos propietarios o guardadores deben indemnizar aunque haya actuado sin culpabilidad (artículo 1113).
V –> Declaración unilateral de voluntad: ¿Es apta para crear una obligación a cargo del declarante? Si se responde que la sola oferta obliga, se está reconociendo que la declaración unilateral de voluntad es fuente de obligaciones. Por otro parte, si es necesaria la aceptación, se está negando validez a la voluntad unilateral del oferente, pues la obligación ya no derivaría de ella, sino del contrato. ESTO DIVIDIA A LOS AUTORES: unos afirman que no es una fuente autónoma; antes de la aceptación el acreedor no existe, y sin el acreedor no puede haber obligación, después de la aceptación queda configurado un contrato.
Podemos encontrar varios casos de obligaciones nacidas de esta fuente;
Ofertas al público: una persona realiza una oferta por medio de un periódico, la venta de su casa, por ejemplo. En el marco del derecho del consumidor es considerada vinculante para el emisor sin necesidad de la previa aceptación de un consumidor concreto. La obligación que supone nace antes que un concreto consumidor la acepte; respeto de los inmuebles (para que la oferta sea vinculante) deberá tratarse se inmuebles “nuevos destinados a vivienda” quedan incluidos los lotes de terreno adquiridos con el mismo fin, según el artículo 1, inciso c de la ley 24240.
La recompensa: el artículo 2535 afirma que la sola declaración de dar recompensa hace nacer la obligación de pagar el premio, sin que esa fuerza obligatoria dependa de la aceptación de otra persona.
EL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA
Se produce el desplazamiento de un bien desde el patrimonio de una persona hacia el de otra, sin causa que lo justifique. No es necesario que se produzca la traslación material de las cosas de un patrimonio a otra, sino que será suficiente que el patrimonio enriquecido se vea favorecido, aún con incrementos inmateriales (ej.: la fuerza material de quienes trabajan horas extras sin ser remunerados) que impliquen empobrecimiento o pérdida para otra persona, sin causa jurídica válida.
La obligación de restituir no nace del dominio, sino del hecho del desplazamiento incausado, basta considerar una de las hipótesis; la construcción de buena fe en terreno ajeno. La persona que lo hace tiene derecho a que el dueño del terreno le pague las indemnizaciones correspondientes (artículo 2588). La verdadera fuente de la obligación es el empobrecimiento de un (acreedor) y el correlativo enriquecimiento de otro (deudor), motivados por el desplazamiento patrimonial incausado.
LA GESTIÓN DE NEGOCIOS
Tiene lugar cuando una persona, voluntaria o espontáneamente, se encarga, sin estar obligada, de un negocio que directa o indirectamente se refiere al patrimonio de otro (artículo 2288). El hecho de intervenir en un negocio ajeno constituye una fuente de importantes obligaciones, que tienen por sujetos pasivos tanto al gestor como al dueño de los negocios.
TEORIA DE LOS ACTOS PROPIOS
Aquí tiene aplicación la regla: “no se puede volver contra el acto propio”, lo que significa que cuando los actos de una persona han suscitado en otra una fundada confianza en la realización de determinada conducta futura, según el sentido objetivamente deducido de los actos anteriores, la primera no debe defraudar la confianza suscitada, y es inadmisible toda actuación incompatible con lo esperado por la segunda.
EL ACTO PROPIO es la fuente de una nueva obligación para el mismo sujeto, cuya prestación consiste en NO CONTRADECIR la propia conducta. El fundamento radica en el principio de buena fe (artículo 1198), que torna inadmisible la contradicción con una conducta propia, cuando con ella se perjudica o defrauda los derechos de otra persona.
EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES – Punto número 5 del programa.
Son todas las consecuencias jurídicas derivadas de ella, pero ¿cuáles? El código civil permite apreciar que se traducen en derechos y deberes que el ordenamiento jurídico le atribuye e impone, respectivamente, al acreedor y al deudor. No es uno el derecho ni uno el deber (al contrario, la obligación trae como consecuencia un cúmulo de derechos y deberes).
El artículo 503 nos dice que “las obligaciones no producen efectos sino entre acreedor y deudor”. Ahora bien para poder entender mejor esto es necesario hacer una distinción;
PARTES: son los sujetos (activo y pasivo) que concurren a constituir o a dar nacimiento a la relación jurídica de la obligación, por eso es lógico que sean ellos los que sientan los efectos del ligamen que los une. LOS EFECTOS RECAEN, EN PRINCIPO, ÚNICAMENTE SOBRE LAS PARTES.
SUCESORES: los derechos y deberes de las partes se pueden transmitir a otras personas, quienes, a su vez operada la transmisión, pasan a ocupar el lugar de la parte a la cual suceden, de manera que en adelante ejercerán u observarán los derechos o deberes en nombre propio (artículo 3262). EJ.: el heredero; la obligación propter rem, quien compra una cosa gravada viene a ser sucesor del anterior poseedor, y a ocupar su lugar como deudor. Recordemos que el principio no es absoluto, sino admite también EXCEPCION: aquellas obligaciones que son intransmisibles (inherentes a la persona obligada).
TERCEROS: todo sujeto, necesariamente indeterminado, extraño o ajeno a una relación de obligación dada. La regla general es que los efectos de la obligación no pueden perjudicar ni beneficiar directamente a los terceros; sin embargo hay cierta influencia indirecta de la obligación sobre la esfera patrimonial de ciertos terceros.
Esto es así porque hay terceros no interesados e interesados (reviste esta condición quien está vinculado con alguno de los sujetos de la obligación, o con su objeto, pero en virtud de una relación distinta y separada de aquella obligación). Hay un enlace entre dos relaciones jurídicas distintas. Se denomina interesado porque puede, eventualmente, verse beneficiado o perjudicado jurídicamente por las consecuencias derivadas de la relación en cuestión.
Ahora bien, el hecho de que la influencia directa de la obligación alcanza al acreedor y al deudor no significa, que pueda algún tercero intervenir en ella como sucede cuando el pago es efectuado por un tercero, o cuando se lo efectúa a un tercero.
EFECTOS DE LA OBLIGACIÓN Y EFECTOS DEL CONTRATO
En la nota del artículo 505, el codificador, siguiendo a V. Marcadé, destaca que el Código francés confunde los efectos de las obligaciones con los efectos del contrato. Lo que diferencia luego, de la siguiente manera;
OBLIGACIÓN: nadie discute que ella puede nacer de distintas fuentes (Ej.: el contrato), con lo cual queda claro que ese acto jurídico es sólo una de las fuentes. Todo lo anterior nos lleva a concluir lo siguiente
i) para hablar de efectos no es necesario que haya o exista un contrato previo
ii) una buena técnica legislativa aconseja dictar reglas generales para todas las obligaciones, cualquiera sea la fuente que las origine.
CONTRATO: según la doctrina tradicional, los efectos del contrato consisten en la producción o creación de las obligaciones: los efectos de éstas consisten en darles a las partes el derecho de emplear los “medios legales” para exigir el cumplimiento de la respectiva prestación. Como vemos, el núcleo de esta doctrina es afirmar que el efecto de los contratos es producir obligaciones.
Ahora bien, para poder resolver esta cuestión es necesario atender a la naturaleza jurídica del contrato: es un acto jurídico cuyo fin inmediato es producir derecho objetivo, por medio del cual las partes adquieren derechos y obligaciones, que generan, como efectos propios, la necesidad de cumplimento voluntario, forzado o subrogado (TAL ES SU EFECTO). En cambio, la obligación despliega o pone un funcionamiento un cúmulo de derechos subjetivos, facultades y deberes, todo lo cual constituye su efecto.
CLASFICACION DE LOS EFECTOS
El criterio más difundido por la doctrina es el siguiente;
a) Respecto del acreedor:
i) Principales –> son los derechos que tiene para exigir y obtener la satisfacción de su interés. Tienden directamente a ese fin.
i.2) Normales –> tienen lugar cuando el acreedor obtiene exactamente aquello que se le debía, cuando se produce el cumplimiento en especie de la prestación. Puede ser obtenido por tres vías;
A) Cumplimiento voluntario. B) Ejecución Forzada. C) Ejecución por otro a costa del deudor.
i.3) Anormales –> el acreedor ve frustrada su pretensión de obtener lo que específicamente se le debe y tiene que conformarse con una prestación subsidiaria consistente en el valor pecuniario equivalente a la prestación frustrada. Es decir: indemnización.
ii) Secundarios –> derechos con que cuenta para poder conservar su crédito; tienden indirectamente a posibilitar la efectiva realización del derecho de crédito. NO SIEMPRE SE PRODUCEN, operan sólo cuando el patrimonio del deudor atraviesa situaciones que ponen en peligro el derecho del acreedor. (Ej.: medidas cautelares –embargo, inhibición, etc.– sobre el patrimonio del deudor; ejercer acciones de simulación, revocatoria o subrogatoria para evitar la insolvencia del obligado.
b) Respecto del deudor: exigir la cooperación del acreedor, el de que se le acepte el pago (o, en su defecto, el de recurrir a la consignación judicial), el de desobligarse luego de efectuado el pago), etc.
ANALISIS CRÍTICO DE ESTA CLASIFICACIÓN
Con respecto a los efectos normales –> el criterio seguido es la circunstancia de que el acreedor obtenga o no la específica prestación debida, prescindiendo por completo de los medios gracias a los cuales se obtiene. PRIMER ERROR: no se distingue adecuadamente entre el cumplimiento voluntario y la ejecución forzada o por tercero, distinción que se impone, pues estas tres figuras no conducen a un mismo resultado.
El desarrollo normal concluye con su cumplimiento voluntario; cuando esto no sucede la obligación desemboca en una situación de incumplimiento, a partir de aquí se observa si el acreedor mantiene su interés en recibirla (de ser así), se podrá pensar en ejecución forzada o por otro. Por todo esto no se puede afirmar que con estas formas de ejecución se busca un resultado igual al que se hubiera obtenido mediante el cumplimiento voluntario. ¿Por qué? El incumplimiento culpable provoca un menoscabo, un daño en el patrimonio del acreedor; por lo que su interés no quedará del todo satisfecho si, además, no se le indemniza el daño sufrido. Aquí se trata de daño moratorio: es el que tiene lugar cuando se cumple tardíamente. Queda claro que; la ejecución forzada o la ejecución por otro presuponen un incumplimiento o, presuponen la mora del deudor.
SÓLO EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO SE PUEDE HABLAR DE EFECTO NORMAL.
Con respecto a los efectos anormales –> en este punto es necesario estudiar los presupuestos de la responsabilidad del deudor para que exista el “deber de indemnizar” (los cuales son; incumplimiento, imputabilidad, daño y relación de causalidad)); que resultan ser los mismos que se exige para la responsabilidad extracontractual o aquilina, cuyo estudio se suele encarar a propósito de los hechos ilícitos o bajo el rótulo de “teoría de la responsabilidad civil”. TODO ESTO LLEVA A TRATAR DOS VECES LA MISMA MATERIA, en realidad la responsabilidad civil es única, ya provenga del incumplimiento o de la comisión de un hecho ilícito distinto.
Si el incumplimiento cierra el ciclo de la obligación, no se justifica seguir considerando la indemnización sustitutiva como un efecto anormal de la obligación, ya que se trata de una consecuencia del incumplimiento culpable, generador de responsabilidad civil.
LA CLASIFICACIÓN ADOPTADA
Efectos con relación al acreedor –> investido de derechos, facultades y deberes; ubicándolo en una especial situación jurídica.
a) Principales: se materializan mediante los derechos con que cuenta el acreedor para obtener la satisfacción de su interés. Difieren de la siguiente forma;
i) Normal –> hay cumplimiento (la obligación se desarrolla con normalidad y se extingue), el derecho de crédito se realiza en plenitud, el acreedor queda satisfecho, y el deudor, desobligado.
ii) Anormales –> hay inejecución (el deudor no realiza la conducta debida incurriendo en incumplimiento), si la prestación específica es todavía posible y útil, cabe hablar de inejecución. El acreedor queda autorizado a “emplear los medios legales” con el fin de lograr la ejecución forzada (art. 505, inc.1), o la ejecución por un tercero a costa del deudor (art. 505, inc. 2).
–> si la inejecución se transforma en incumplimiento absoluto (es decir, si desaparece la posibilidad de cumplir la prestación en especie y el acreedor debe perseguir la indemnización sustitutiva), ya corresponde hablar de responsabilidad por incumplimiento, no corresponde aquí el estudio de esta materia, sino en la “teoría general de la reparación de daños”.
b) Secundarios: son los medios que le permiten al acreedor preservar su derecho de crédito, mediante medidas cautelares (embargo, secuestro, inhibición, etc.), el derecho de ejercer la acción de simulación, revocatoria o pauliana, la de subrogación, etc.
Efectos con relación al deudor –> consisten en un cúmulo de deberes y facultades que ubican al deudor en una situación jurídica especial.
1) El deber de solicitar la cooperación del acreedor cuando la naturaleza de la prestación, o su cumplimiento así lo exija.
2) Efectuar el pago voluntario o coactivo recurriendo al pago por consignación.
3) Desobligarse después de efectuado el pago, exigir el otorgamiento de recibo, etc.

3 comentarios - Unidad Número 2 - Obligaciones Civiles y Comerciales

Jakemate_T88
Muy buen post amigo me sirvio muchisimo espero la gente culta lo sepa valorar
kinderona
muy buen aporte! gracias!