El post que buscas se encuentra eliminado, pero este también te puede interesar

Mala praxis en las Instituciones de educación.

Aprovechando que esta comunidad esta repleta de jovenes que como yo estudian. Quisiera saber si alguno de ustedes pensó en la Mala Praxis de los docentes.

Hablo de docentes que no son docentes y ocupan un cargo. Enseñan poco y mal. Me gustaría conocer sus experiencias. Como se combaten estas injusticias?

Les dejo un recorte de un diario

Tradicionalmente médicos y abogados, actualmente cirujanos plásticos, psicólogos, psiquiatras, ingenieros, arquitectos, contadores, economistas, ejecutivos y consultores, son los nuevos demandados por mala praxis profesional. Figura aplicada a personas, grupos o equipos e instituciones, por imprudencia, negligencia o impericia profesional o en un arte o industria; o sin observar reglamentos, órdenes o instrucciones, en perjuicio del comitente de la obra encargada; o en su salud física, psíquica o espiritual; o por producirle daños irreparables o perjuicios patrimoniales y morales.

La incompetencia aducida podrá deberse a mala formación académica profesional, limitaciones intelectuales, ignorancia, desactualización, impericia, negligencia habitual o transitoria, errores de análisis y percepción, decisiones equivocadas, procedimientos y prácticas erróneos o inapropiados, faltas graves a la ética general y profesional, deliberados comportamientos omisivos y hasta delictuales (también hay mala praxis voluntaria).

Para el constitucionalista Jorge Vanossi, cuando la mala formación universitaria agravó la incompetencia profesional los particulares tomaron conciencia de sus derechos indemnizatorios, los abogados se especializaron en juicios de mala praxis, las aseguradoras incluyeron a los médicos y los psicoterapeutas crearon fondos de resguardo.

Sin embargo, aún no existen demandas por mala formación académica contra los educadores encargados de brindarla, ni contra sus instituciones ni, en última instancia, contra el Estado.

El adjetivo "mala" abarca pésima, insustancial, superficial, ínfima, desactualizada, errónea, falsa, etc. y, por lo mismo, posible causa de perjuicios económicos, profesionales, laborales, de prestigio y reputación, etc. de los demandantes, o sea los alumnos o sus representantes.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje intervienen tres aspectos complementarios: las metodologías de enseñanza (obsoletas o actuales, insustanciales o efectivas, tradicionales o constructivistas, eficaces o inútiles, etc.), las relaciones vinculares (dirigistas, autoritarias, cesaristas o bien democráticas, orientadoras y cooperativas) y los conocimientos disciplinares.

Mientras en la escuela primaria es la calidad de las relaciones vinculares la potencial causa de conflictos, en la secundaria aparece decididamente la incompetencia académica científica y disciplinar. Pero un alumno puede agraviarse y perjudicarse por el desempeño de un maestro o profesor en cualquiera de esos aspectos por separado o conjuntamente.

Argumentos clásicos como: Fulano no sabe enseñar, te hace memorizar y no te queda nada después, no comprendés la materia, es aburrido, es autoritario, es injusto, es implacable, es un idiota, no sabe nada, suelen tener algún sustento real no exento de exageración, lo que ha hecho creer a algunos que estaría en la naturaleza de los alumnos ser injustos con sus maestros y profesores. No obstante, en proporción a la verdad que esos argumentos encierren se evidencian los perjuicios a unos alumnos concretos. Pero cuando la situación denunciada es estructural también se perjudica a la sociedad en general, cuyos miembros recibirán poca o mala cualificación en el mercado laboral.

Por múltiples razones complementarias, habitualmente se elude investigar esta problemática institucionalmente y se calla dentro de la docencia, pero fuera del sistema se menciona constantemente.

Detectados a tiempo, estos problemas se pueden solucionar en escuelas y colegios, aunque no tanto en niveles terciarios y universitarios. La mediación escolar aún incipiente es muy útil para la resolución de conflictos que están cursando, pero cuando el daño ya está hecho y es irreversible tampoco ninguna indemnización podrá compensarlo. Por eso es necesario crear conciencia acerca del derecho humano a recibir educación de calidad, previniendo la consumación de la mala praxis.

Pero una vez formalizada la demanda, ¿cómo establecer la veracidad de las acusaciones? ¿Por un veredicto del alumnado? Además de parcial e incompetente académicamente sería fácilmente manipulable por terceros: padres, autoridades y agentes políticos (oficialistas o no).

¿Por un tribunal de expertos ad hoc?, ¿por un comité de ética? Sería muy engorroso presentar pruebas y contrapruebas a un cuerpo de dudosa constitución.

En el ínterin se intentará presionar al cuestionado administrativamente o mediante los familiares de las víctimas constituidos en asamblea permanente con o sin ocupación del establecimiento, o quizá una oportuna salida laboral alternativa propuesta por el superior o finalmente una acción demoledora: suspensión, exoneración...

Lo central será establecer la verdad o la falsedad de las imputaciones y de los supuestos perjuicios de las víctimas. Algo muy difícil de hecho, más aún cuando paralelamente a la demanda se producen hechos de fuerza.

En cambio, una acción por mala praxis contra una institución educativa, veinte años después, invocando mala formación académica general y específica como causa de un continuado fracaso en lo laboral y en la vida social, aportando las pruebas necesarias, tendría hipotéticamente más visos de seriedad y andamiento, especialmente con muchos perjudicados accionando.

La responsabilidad podría extenderse al Estado provincial si se probara que la institución involucrada no cumplimentó debidamente exigencias reglamentarias para el ejercicio de la docencia, como contar con profesores académicamente bien formados, formalmente titulados y con los títulos requeridos para cada asignatura, o si no tomó intervención a tiempo en el problema.

Estrictamente, esta figura se relaciona primordialmente con la optimización de contenidos académicos poseídos e impartidos por los docentes, lo cual es diversamente condicionado según la clase de ciencias o disciplinas involucradas.

Los errores de información y formación cometidos en ciencias sociales son en algún punto más graves que los de las ciencias exactas, físicas o naturales. De hecho, en las sociales los docentes están expuestos a acusaciones de que hacen política, transmiten ideología, adoctrinan, no son imparciales, mienten, etc. Ante esto sería poco recomendable establecer una casuística de temas y problemas disciplinares canonizando sus correspondientes alcances e interpretaciones con legitimación oficial. En ellas es muy difícil establecer meridianamente un criterio de verdad, o la verdad misma, cuando las proposiciones son más bien propuestas y apuestas provisorias cargadas de subjetividad, o sea lugares de creatividad, no de fatalismo normativo. Por tanto, ¿quién y sobre qué bases podría desautorizar a alguien por no estar, presuntamente, bien formado académicamente?

El reglamentarismo, los comités de ética y los tribunales son propicios para la formación o refuerzo de nichos corporativos de poder, potenciales o reales campos de corrupción. Es típicamente populista y antesala de fascismos y totalitarismos el fijar las patrióticas doctrinas nacionales a enseñarse y aprenderse obligatoriamente. Quien no lo haga, no las acepte o las impugne será declarado subversivo. Sería gravísima la restricción de libertades de opinión, expresión y cátedra, así como el ulterior bloqueo de la creatividad y la personalidad, sin olvidar la uniformización del pensamiento y de sus producciones.

¿Cómo terminar entonces con las malas prácticas de la enseñanza y cómo jerarquizar la profesión? Algunos proponen después de la formación académica una habilitación profesional y sucesivas revalidaciones como en otros países, pero... ¿cómo garantizar la imparcialidad y la competencia de los examinadores?

Tampoco es solución estimular la industria del juicio repartiendo tarjetas de abogados a la salida de los colegios. No vaya a ser que así como aumentaron las falsas denuncias de agravios para mejorar posiciones en un pleito, se aliente una práctica similar contra los docentes para mejorar posiciones de los alumnos en una asignatura arguyendo una falsa condición académica o animadversión o persecución del profesor, ocultando así las propias limitaciones.

Decididamente, la solución es rescatar la misión de la universidad como expresión superior del conocimiento y de la ciencia, volviendo a enseñar y a aprender y dejando de lado el oportunismo de mediocres y demagogos. Hay que estudiar y enseñar más y mejor y capacitar y capacitarse permanentemente y bien. De hecho, también los docentes en ejercicio podrían iniciar demandas por mala praxis contra sus capacitadores y razones no les faltarían.

Conclusión: que todos los coprotagonistas de la educación (Estado, alumnos, docentes, padres, mass media e intelectuales) revisen el cumplimiento de sus propias obligaciones y responsabilidades y no depositen culpas afuera, en los otros, para abonar ciertos derechos que se miden pecuniariamente.

Fuente de la información: http://www.rionegro.com.ar/diario/2007/05/17/20075o17s01.php

Anuncios

0 comentarios - Mala praxis en las Instituciones de educación.