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la Cosa Nostra chantajeó al Estado con atentados en los 90

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la Cosa Nostra chantajeó al Estado con atentados en los 90

El presidente italiano, Giorgio Napolitano, admitió en un testimonio inédito ante jueces que la mafia siciliana chantajeó al Estado con los atentados de la década de 1990 para que se suavizaran las condiciones carcelarias de los mafiosos.

"Se trató de un chantaje, o mejor dicho, de presión con el fin de desestabilizar a todo el sistema", aseguró Napolitano, según la transcripción del testimonio divulgado este viernes por la página oficial de la presidencia de la República.

El presidente prestó testimonio el martes a puerta cerrada, en el marco de un proceso sobre presuntas negociaciones secretas a principio de los años 1990 entre el Estado y la mafia siciliana, la Cosa Nostra.

Se trató de la primera vez en la historia reciente de Italia que un presidente en funciones era convocado como testimonio en un juicio.

Napolitano, de 89 años de edad y muy respetado en Italia, era en la época presidente de la Cámara de Diputados.

Interrogado por más de tres horas en el Palacio del Quirinale, sede de la presidencia, Napolitano reveló que la temida organización criminal quería desestabilizar al Estado.

La ola de atentados en 1993 en Roma, Florencia y Milán, que dejaron muertos y heridos y destruyeron importantes monumentos artísticos, fueron organizados con "una lógica única, la de lanzar un ultimátum al Estado", aseguró Napolitano, según la transcripción.

Para el presidente, los 'capos' de Cosa Nostra, querían sobre todo que se redujeran las duras medidas de custodia cautelar decididas para los mafiosos encarcelados, lo que debilitaba su liderazgo dentro de la organización criminal.

En la transcripción, de 86 páginas, divulgada como un señal de transparencia, Napolitano asegura que los atentados eran una estrategia precisa concebida por "el ala más agresiva de la mafia, en particular por la familia Corleonesi".

El proceso se abrió en mayo de 2013 en Palermo (Sicilia) para esclarecer las negociaciones que emprendieron responsables gubernamentales para acabar con los ataques a cambio de mejores condiciones de detención para centenares de mafiosos.

Según la acusación, esas negociaciones secretas empezaron tras el asesinato del diputado Salvo Lima en la primavera de 1992 y se intensificaron tras los sangrientos atentados contra los jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino en los meses siguientes.

Diez personas, entre ellas el ministro de Interior en la época, Nicola Mancino, así como el jefe mafioso encarcelado Toto Riina, se encuentran en el banquillo de los acusados.

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