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[Historia] Lacalle padre, legado ''por la positiva'' Parte1.

[Historia] Lacalle padre, legado ''por la positiva'' Parte1.

Biografía del ex presidente Lacalle, padre del candidato a la presidencia Lacalle Pou, el de la positiva. No emitiré opinión, solo lean y saquen sus propias conclusiones. Comenten lo que quieran, pues yo no bloqueo a nadie.


Presidencia
Lacalle fue elegido presidente de Uruguay el 26 de noviembre de 1989, cargo que asumió el día 1 de marzo de 1990 para el quinquenio 1990-1995. Su programa de gobierno se tituló "Respuesta Nacional", era bien breve, compuesto por 16 medidas; había sido elaborado por técnicos del Instituto Manuel Oribe

Programa de gobierno y su contexto histórico
Al asumir la presidencia de la República, el doctor Lacalle anunció un conjunto de medidas que implicaban la acentuación de transformaciones de la economía otorgando prioridad a la reducción del déficit fiscal mediante una política de shock. El nuevo gobierno se propuso promulgar leyes como la del ajuste fiscal, la venta de los bancos gestionados por el Estado, la reforma del aparato estatal, la desmonopolización de varios servicios públicos, y la reglamentación del derecho de huelga.

Según lo que remarcaba el Programa de Gobierno, su aplicación debería “revisar y reformar las actividades industriales y comerciales del Estado”. La idea de reforma incluía “las reformas juríudicas más convenientes: sociedades de economía mixta, empresas privadas y propiedad estatal, concesiones totales o parciales de explotación, pasaje a la óribta privada y posibles desmonopolizaciones”. Lacalle se comprometía a “analizar caso por caso cada una de las empresas públicas” y a impulsar su modificación “por ley constitucional”.

Cuestiones como el "necesario achicamiento del Estado" y las privatizaciones, formaron parte de las propuestas de Lacalle en su campaña presidencial. Lacalle estaba centrado en reformas en el sector público, la seguridad social, educación, sistema impositivo, el descenso en los aranceles de importación y la reglamentación del derecho de huelga de los trabajadores. Así, la presidencia de Lacalle pondría sobre el tapete de discusión pública el nivel de intervención del Estado en la economía, su injerencia en materia social, laboral y educativa, el papel de las empresas paraestatales, y si se debía privatizar o no esas empresas, y de qué manera.


Política económica
Su política económica se caracterizó por ser neoliberalista, por el deseo de lograr el desarrollo económico con la mínima intervención del Estado. No se demostró interés en implementar políticas de redistribución de la riqueza, lo que resultó en cifras que reflejaban gran desigualdad al final del período de gestión en cuanto a nivel socioeconómico de la población. Un hecho importante fue la eliminación de los Consejos de Salarios, eliminando la posibilidad de participación de los trabajadores en la negociación para fijarlos junto a los empresarios, por lo que muchos que pertenecían a sectores menos sindicalizados quedaron en posiciones muy vulnerables frente a los empresarios. También hubo voluntad de privatizar gran cantidad de entes públicos, lo que finalmente no pudo ser llevado a cabo con la misma magnitud que en el contexto latinoamericano debido al rechazo con que reaccionó gran parte de la población.

Ajuste fiscal
El martes 6 de marzo de 1990 el presidente Lacalle remitió al Poder Legislativo el proyecto de ley de “ajuste fiscal” que fue aprobado, lo cual puso de manifiesto una celeridad que no se volverá a repetir durante todo el periodo de gobierno, el 31 de marzo. Contó con los votos del Partido Nacional, el Foro Batllista, el pachequismo y la Lista 15; se opusieron el Frente Amplio, el Nuevo Espacio y la Cruzada 94.23

La ley de “ajuste fiscal” N° 16.107 significó:

Un aumento de la tasa del IVA del 21% al 22%,
Un aumento del impuesto a las retribuciones personales y a jubilaciones y pensiones de acuerdo a la siguiente escala:
A) 3,5% (tres y medio por ciento), quienes perciban hasta tres salarios mínimos nacionales mensuales.
B) 5,5% (cinco y medio por ciento), quienes perciban más de tres y hasta seis salarios mínimos nacionales mensuales.
C) 7,5% (siete y medio por ciento), quienes perciban más de seis salarios mínimos
La creación del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales,
Un incremento de un 3,5% en el aporte patronal al Banco de Previsión Social,
Un aumento al 40% de la tasa del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio (IRIC), del Impuesto a las Actividades Agropecuarias (IMAGRO) y del Impuesto a las Rentas Agropecuarias (IRA).
Un elemento adicional a considerar, fue el resultado del plebiscito constitucional, que indexó el aumento de las jubilaciones. En la campaña de cara a las elecciones, el propio Lacalle implícitamente había respaldado esta iniciativa, que en cierta forma era contradictoria con su afán de reducir el tamaño del Estado.

El gobierno fue duramente criticado por la implementación de este ajuste impositivo, calificado de "impuestazo", el cual provocó una caída del salario real de los trabajadores en 10 puntos porcentuales entre marzo y mayo de 1990.

Al mismo tiempo, sentó un antecedente: en la segunda presidencia del colorado Julio María Sanguinetti, tendría lugar un nuevo ajuste fiscal en 1995, y también otro en la administración de Jorge Batlle Ibáñez.


Ley de Empresas Públicas
Apenas cincuenta días después de asumir la Presidencia y a las dos semanas siguientes a la aprobación del ajuste fiscal por el Poder Ejecutivo, el 13 de septiembre de 1990, el gobierno presentó al Parlamento un proyecto de “Ley de modificaciones del régimen de empresas públicas del dominio industrial y comercial del Estado”.

El proyecto de ley suprimía varios monopolios estatales (como los seguros y la fabricación de alcoholes) y autorizaba a varios organismos (como Antel, Pluna y la Administración Nacional de Puertos) a asociarse con privados. También incluía la liquidación de ILPE, el organismo estatal dedicado a la pesca.

A mediados de 1991, la Ley de Empresas Públicas continuaba su lento trámite en la Comisión del Senado: tras ocho meses de estudios, se había resuelto quitar del proyecto la reforma del Puerto y de los servicios de Estiba por entender que el tema merecía una ley propia, en tanto que se habían agregado algunos artículos sobre el destino del dinero obtenido en los procesos de privatización futuros y establecimiento de sociedades anónimas mixtas para los acuerdos comerciales que celebrasen los entes con empresas privadas.

A las 24 horas de promulgada la «Ley de Empresas Públicas», comenzaron los trabajos para iniciar un gran plan privatizador que permitiese salir de la órbita del Estado a aquellas empresas que, como la «Compañía de Gas», «AFE», «ILPE» y «Pluna», entraban un déficit funcionario muy importante. El gobierno alegaba que el país pagaba mucho dinero para mantenerlas en servicio sin lograr ganancias, lo que acumulaba el déficit de las cuentas del gobierno. Al mismo tiempo se conocían informaciones sobre el interés de las principales compañías telefónicas del mundo en Antel, a través de contactos oficiales realizados por «France Télécom», la italiana «Stet», «Telefónica de España» y las norteamericanas «Nymex», «Bell Atlantic», «BellSouth» y «GTE».

En el marco de la ley aprobada el Uruguay inició el camino de las grandes reformas del Estado, concretándose la privatización de la «Compañía de Gas», que fue vendida al grupo francés «Gaseba»; se efectuó la liquidación de «ILPE», dejando el Estado de cumplir las tareas de pesca que pasaron a manos privadas a igual que los servicios de tierra en el Aeropuerto de Carrasco; se encaró la privatización del transporte aéreo al interior del país; se otorgó la concesión de servicios de agua potable y saneamiento en zonas de Maldonado, y se adjudicó el sistema de telefonía celular.

UTE empezó a adquirir electricidad generada por el sector privado.[cita requerida] Se puso en marcha, por régimen de concesión de obra pública, la construcción de la doble vía Montevideo - Punta del Este con una inversión privada que se estimó en unos cien millones de dólares, construida en grandes tramos durante la presidencia de Lacalle.

Se otorgó la concesión a privados para que explotaran diversos hoteles y paradores turísticos, iniciándose en la transformación radical del marco normativo con el decreto No. 681/991 del 31 de enero de 1991 que declaró de interés nacional la actividad de inversión en categoría de Complejos Turísticos, y estableciéndose exoneraciones impositivas.

Paralelamente, al amparo de decisiones gubernamentales como la venta de los terrenos e instalaciones de la antigua cárcel de Punta Carretas, se iniciaba en Montevideo la mayor transformación comercial que durante décadas se operó en la capital del país con la construcción y habilitación al público de varios centros comerciales; además del preexistente Montevideo Shopping Center, se agregaron Punta Carretas Shopping y Portones Shopping Center.


Mientras tanto en el Poder Legislativo ya tenían media sanción parlamentaria las leyes sobre desmonopolización de los seguros y alcoholes, en tanto que la Ley de reforma del puerto y la estiba también se encaminaba a su aprobación. Meses después, la sanción de la ley No. 16426 que permitió el ingreso de compañías privadas de seguros para competir con el Banco oficial, hizo realidad una iniciativa que Lacalle había planteado en 1988 cuando era senador. La liberalización de la producción de alcoholes se pondría en marcha en el período siguiente pero, en cambio, los efectos de la Ley de reforma portuaria y servicios de estiba resultaron inmediatos: el tiempo medio de estados de los buques del puerto de Montevideo pasó de 78 horas a 34 horas y la reducción tarifaría alcanzó al 26% en materia de importación y a un 33% en cuanto al trasbordo y tránsito.


Venta del Banco Comercial
El gobierno de Lacalle informó que la venta del Banco Comercial se realizaba a tres instituciones del exterior: Deutsch-Südamerikanische Bank de Alemania Federal, el Chemical Bank y el Credit Suisse, que entre los tres totalizaban un 74,3% del paquete accionario, en tanto que las acciones restantes pasaban a manos del grupo inversor argentino encabezado por los hermanos Carlos y José Röhm.

Los compradores pagaron 30 millones de dólares en títulos de deuda externa (a su valor nominal y no de mercado) con la condición de que el Estado se quedara con la cartera pesada que tenía la institución. El ministro de economía de ese entonces, Enrique Braga, que fue quien en nombre del gobierno llevó adelante la operación junto con Uturbey y Rosario Medero, concluyó su informe a la prensa señalando que: “No creemos que sea un acto razonables seguir administrando una entidad financiera a pérdida y con riesgos futuros no cualificables cuando este gobierno está procurando reducir drásticamente su déficit y le ha pedido un gran sacrificio a toda la población”. Respaldando la operación, ese mismo día el Dr. Ignacio de Posadas declaró a la prensa que la venta del Comercial fue "una brillante oportunidad para el Estado uruguayo".

Luego de la venta del Banco Comercial, el mismo pasó a ser gestionado por los hermanos Carlos Röhm y José Röhm, que fueron integrantes del Consejo Directivo del Banco Comercial entre 1990 y 2002.

Venta del Banco Pan de Azúcar
El viejo Banco Pan de Azúcar había sido gestionado por insolvente. La Corporación Nacional para el Desarrollo se había hecho cargo del paquete accionario; y se aprestó a reprivatizar el banco. Intervino en la negociación el presidente del Banco Central del Uruguay, Enrique Braga.

Para la compra del BPA, se destinó una suma estimada entre 90 y 95 millones de dólares de un total de 400 millones gastados en el salvataje de todo el sistema financiero. Incluyó aportes de capital para que los bancos pudiesen seguir funcionando y la absorción de pérdidas de algunos ejercicios anteriores. Para estas compras, el gobierno de Lacalle utilizó recursos propios y acudió a créditos internacionales, abultando con ello la deuda externa (específicamente el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento). En el proceso de reprivatización el BCU recibió varias ofertas concretas de distintos bancos argentinos y brasileños, así como del francés Crédit Agricole, entre otros. En este proceso, el Cr. Braga, como Presidente del BCU, terminó finalmente por cursar la venta al Banknord Group, una fiduciaria italiana con dudoso respaldo de un pool de cinco bancos regionales italianos, cerrándose el negocio el 22 de marzo de 1994. Desde el comienzo, las negociaciones despertaron suspicacias en los partidos y prensa de oposición, así como en la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU). La oferta aceptada fue de cinco millones de dólares, cuando poco antes se habían rechazado ofertas de quince y hasta treinta millones de dólares, provenientes de entidades financieras más reconocidas internacionalmente. El argumento más fuerte esgrimido por el BCU fue que Banknord aseguraban la fuente de trabajo de los cuatrocientos empleados del banco y el compromiso “tácito” de “promover el desarrollo nacional”.37 Banknord no presentó los avales de los bancos regionales italianos que supuestamente se habían asociado para garantizar la compra, lo que aumentó las críticas a la operación. En septiembre de 1996, el BCU tuvo que retomar el control del banco ante la amenaza de quiebra existente y para preservar la estabilidad del mercado financiero.

El miércoles 16 de octubre de 1996 el Juez Penal José Balcaldi, tras 13 meses de investigación y luego de atender la acusación fiscal del Dr. Barrios, ordenó el procesamiento con prisión del Cr. Braga por el delito de abuso innominado de funciones y del Dr. Daniel Cambón, ex asesor presidencial del Dr. Lacalle, por el delito de “conjunción del interés personal con el público”.

Proceso de Desindustrialización y reducción de las tasas arancelarias.
El gobierno de Lacalle impulsó un aumento de las importaciones de bienes de consumo (por la vía de la desgravación arancelaria y del atraso cambiario) que afectó fundamentalmente a la industria manufacturera. En el período de gobierno, la industria manufacturera pasó de representar el 25% del PBI a un 16% del mismo. Las importaciones de bienes de consumo crecieron de 200 millones en 1990 a 800 millones en 1994. El cierre de dos empresas emblemáticas (Onda y Funsa) graficó la destrucción de empleos industriales y de servicios que llegaron al orden de los 90.000. Un decreto dictado en 1992 redujo las tasas arancelarias, que en el caso de las importaciones de bienes de consumo pasaron del 24% al 20%. Pero , debido a la lista de productos negiciada en el GATT, la tasa finalmente quedó en 11%. En enero de 1994 el Senado interpeló al ministro Ignacio de Posadas y a Eduardo Ache, el ministro de Industrias. El interpelante, Hugo Batalla, hizo hincapié en el estado de crisis de varios sectores industriales (frigoríficos, textiles, curtiembres, vestimenta, metalurgia); se refirió al atraso cambiario y al desequilibrio de la balanza comercial. De Posadas no solo no contesto ninguna de las diez preguntas del interpelante, sino que de acusado paso a acusador: “Se pide que invierta en la industria. ¿Con qué? El Parlamento aprobó los gastos y dejó al Poder Ejecutivo sin margen”.19


Relaciones con el movimiento obrero
Durante la dictadura cívico-militar, se había reprimido y prohibido sistemáticamente toda actividad sindical, se habían deprimido los salarios, y durante los primeros años de retorno a la democracia, se intentó un duro camino de recuperación salarial en medio de numerosos conflictos obreros. Pero a su vez, la inflación galopante (llegó a más del 100 por ciento durante el primer año del gobierno de Lacalle) jugaba en contra de cualquier intento de recuperación salarial. Y para complicar aún más las cosas, en todo el mundo se venían poniendo en práctica políticas de desregulación laboral (que conllevaban, a su vez, una disminución "voluntaria" de la actividad sindical).[cita requerida] Hay quienes ven, además, detrás del programa económico de Lacalle, al accionar de numerosas trasnacionales y algunos organismos internacionales, que lisa y llanamente pretendían una apertura sin ningún límite del mercado uruguayo, lo que a la postre acarrearía la destrucción del aparato productivo del Uruguay.

La administración de Lacalle disolvió los Consejos de Salarios (órgano estatal de negociación colectiva de salarios y condiciones de trabajo). Como consecuencia enfrentó una férrea oposición del movimiento sindical, así como una abierta confrontación con la doctrina jurídica, en particular con las recomendaciones de la OIT.


Paro policial
El lunes 16 de noviembre de 1992, un predio situado frente a la Guardia de Coraceros, a la vista de la oficina del Presidente Lacalle en la séptima planta del Edificio Libertad, fue elegido como escenario para realizar la segunda huelga policial en la historial del Uruguay. Una joven de 28 años, Sandra Dodera, se convirtió en portavoz de los agentes que estuvieron durante un mes preparando la paralización de las actividades de la policía. Dodera ocupó durante varios días el primer plano mediático mostrando un desenvolvimiento poco común. Funcionaria de la Intendencia de Río Negro, se incorporó oficialmente al Frente Amplio. Después de la huelga volvió al anonimato. Luego, en 1993, Dodera fue procesada al considerarse probada su participación en “reiterados delitos de abuso de funciones”, sin descartar que al avanzar la investigación “salgan a luz otros elementos probatorios, que permitan eventualmente ampliar la imputación delictual”.

El Poder Ejecutivo recurrió al ejército, que accedió a patrullar la ciudad sin involucrarse en ninguna medida que coartara los reclamos, poniéndose en práctica lo que llamó el "Plan Cuerda", situación que generó el primer desencuentro entre el Presidente Lacalle y el Comandante en Jefe, General Juan Rebollo. Durante la sesión del Consejo de Ministros donde se analizó el tema, preguntado sobre la posibilidad de contar con las Fuerzas Armadas para emprender otro tipo de acciones el Comandante en Jefe se mostró vacilante, actitud que no correspondía al cargo que ocupaba. Durante el desarrollo de la sesión se produjo un sabotaje cuya noticia no fue muy difundida.

Cortaron la energía eléctrica del Edificio Libertad y anularon la emergencia. Los generadores no se encendieron, por lo que el Presidente y los Ministros tuvieron que bajar por las escaleras, a oscuras, iluminados por la lucecilla que proyectaba un cigarrillo encendido por el primer mandatario.

Fue entonces que Lacalle consultó al General Fernández para saber si el ejército podía desalojar a los huelguistas del predio. La respuesta fue positiva. “La acción se lleva a cabo en una hora, pero puede haber 30 muertos…”. Fue entonces que Lacalle desistió de esta posibilidad.

Esta decisión de los militares determinó que en la negociación con los policías – llevada a cabo por el subsecretario del Interior, Dr. Carlos Moreira – el Poder Ejecutivo tuviera que ceder más allá de lo previsto, lo que inmediatamente alentó la multiplicación de la conflictividad que vivía el país y el predominio de los radicales (los duros) del PIT-CNT. El sindicato de enseñanza propuso no comenzar las clases en 1993 si sus reclamos salariales no eran atendidos; el 23 y 24 de noviembre se paralizó el transporte por 48 horas y los empleados de salud pública no trabajaron durante 60 horas con la consigna: “los policías tienen armas, nosotros tenemos jeringas…”.

Huelga en la construcción
En el año 1993 se produce la huelga más larga de la historia de la construcción en el Uruguay, 83 días. La huelga fue motivada por el intento del gobierno de rebajar los salarios, imponiendo una pauta salarial por debajo del índice de inflación. La huelga fue una prueba para el gobierno, para los empresarios, para el SUNCA (Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos), para los militantes y para cada trabajador. El sindicato ocupó todos los centros de trabajo en el país. Creó comités de huelga en las obras, y tanto en los departamentos del interior como en Montevideo, desarrolló una política muy fuerte de alianzas con otros sectores de la sociedad, que logró un importante apoyo a los huelguistas. Estableció una política de comunicación con la sociedad en general que permitió una relación directa con ella. Los piquetes de huelguistas establecían esta comunicación, subiendo al transporte público y explicando a viva voz cuáles eran sus problemas y entregando volantes que describían y explicaban la situación.

El acuerdo con el cual finaliza la huelga rompe con la pauta salarial y establece la creación del Fondo Social, con aportes de los empleadores y de los trabajadores.


Salud Pública
En julio de 1991, el entonces Ministro de Salud Pública de Lacalle, Dr. Carlos Delpiazzo, suspendió el reparto de preservativos en los centros de salud, aduciendo razones de orden moral y religioso, generando rechazo en los sectores vinculados a la sanidad en el país, y a buena parte del sistema político.44 Esta decisión estuvo motivada por la aparente pertenencia de Delpiazzo al Opus Dei.45


Un dolor de cabeza: el caso Berríos
Desde fines de 1991, se encontraba secretamente en Uruguay del chileno Eugenio Berríos, ex agente de la DINA involucrado en el caso de Orlando Letelier. En 1993 quedó en evidencia que había un operativo conjunto de la inteligencia militar chilena y uruguaya. Esto ocasionó un incidente policial, político y diplomático. Lacalle se encontraba en Londres y debió retornar de urgencia para enfrentar este escándalo, que motivó que fueran convocados a declarar al Parlamento los ministros de Defensa, Mariano Brito (quien poco después caería como consecuencia de este incidente), de Relaciones Exteriores, Sergio Abreu y del Interior, Juan Andrés Ramírez (quien tuvo que destituir al jefe de policía de Canelones).


Sucesos del Hospital Filtro
Cuando la campaña electoral subía de tono, estalló el más grave enfrentamiento entre la policía y manifestantes callejeros que se haya registrado en el Uruguay desde la década de 1970.31 Habiendo sido detenidos tres supuestos guerrilleros de la ETA, que el gobierno pretendía extraditar, la izquierda se solidarizó con ellos y convocó a una manifestación frente al hospital. La acción de la policía, que seguía órdenes del ministro del Interior Ángel María Gianola, fue frontal. Hubo un muerto y varios heridos. Este episodio, además de grave, fue sumamente divisivo a nivel político y de opinión pública en general. Hay quienes lo deploran por "represivo", otros por "subversivo"; y quienes, como el ex guerrillero Jorge Zabalza, lo reivindican.

Actuación tras la Presidencia.
Al igual que varios antecesores en el sillón presidencial, Lacalle siguió participando en política a alto nivel; desde 1995 en adelante, cada vez que ha sido entrevistado, sin excepción, sus declaraciones han provocado hechos políticos.

La "embestida baguala"
Durante 1995, que algunos han llamado el "annus terribilis del Partido Nacional", hubo innumerables denuncias de corrupción contra jerarcas de su gobierno, e incluso contra su persona.

Las denuncias de presuntas irregularidades en la privatización del Banco Pan de Azúcar, que empezaron a surgir en 1995, dieron lugar a una investigación judicial y ésta, a su vez, al procesamiento de dos ex altos cargos del Gobierno de Lacalle, el ex asesor presidencial Daniel Cambón y el ex-ministro y ex-presidente del BCU Enrique Braga.49 Dentro de dicha investigación judicial, la ex-secretaria del Doctor Luis Alberto Lacalle, Martha De Fuentes, fue considerada figura clave dentro de la investigación por corrupción, De Fuentes declaró que se le hurtaron datos importantes de su residencia, cruciales para la investigación; extremo que nunca se pudo comprobar, constando solo los dichos de esa persona.

Ante toda esta ola de denuncias, Lacalle recurrió a una figura extraída de la vieja carrera política de su abuelo, Luis Alberto de Herrera: alegó que estaban emprendiendo una "embestida baguala" en su contra.

El "Caso Focoex"
El “Caso Focoex” se dio a conocer 1996 por una denuncia realizada por dos legisladores del Frente Amplio, Leonardo Nicolini y Carlos Pita, denunciando estos, un caso de corrupción durante el gobierno de Lacalle que involucraría a altos cargos del gobierno de ese momento. Las denuncias se basaron en una prueba de tres faxes, que implicaban que hombres del Partido Nacional fueron sobornados en el negocio, dicho negocio vinculaban la compra de equipamiento médico proveniente de España por un monto cercano a los U$S 100 millones de dólares. El dinero provenía de un préstamo del Fondo de Ayuda al Desarrollo del Gobierno de España otorgado por el Gobierno Español y gestionado por Focoex (Fomento de Comercio Exterior S.A.) a través de Eductrade. 50 Dichos documentos presentados por el Diputado Nicolini, eran según el fallo judicial, falsos. El perito calígrafo Oscar Víctor Rachetti realizó una pericia al respecto. Nicolini luego de eso fue sometido al Tribunal de Ética del Frente Amplio, y la parcialidad blanca y colorada del Parlamento le inició un juicio político que terminó con el resultado de la suspensión de su banca por seis meses a partir del 20 de marzo de 1997. 51 52

Reunión de “los nueve”
La reunión de "los nueve" fue una reunión acaecida en Buenos Aires, Argentina, Barrio de la Recoleta a fines de 1999, el todavía presidente Carlos Menem se reunió a cenar con su ya electo reemplazante Fernando de la Rúa, con el también electo presidente uruguayo Jorge Batlle, con el ex-presidente norteamericano George Bush (padre) y el ex-presidente uruguayo Luis Alberto Lacalle, el lugar del encuentro fue la residencia de uno de los hermanos Röhm: el temario de la comida incluyó el combate al lavado de dinero y el anfitrión fue José Röhm,53 hoy prófugo de la Justicia argentina, ubicado en Nueva York y buscado justamente por enjuagues financieros. Este nivel de contactos es explicado por la amistad de los hermanos con personas como Henry Kissinger, algunos Rockefellers, José Alfredo Martínez de Hoz y David Mulford. Cuando a Lacalle en una entrevista hecha el 4 de abril del 2005 por el periodista Daniel Figares, se le consultó sobre el objeto de la reunión, el ex presidente confesó: le voy a contestar la verdad, aunque quizá no completa, y enumeró temas menores de la reunión, como una charla sobre la hipotética legalización de la marihuana. El ex-presidente Menem que se encontraba en dicha reunión, le comentó en otra entrevista en el diario "El Clarín", que en la reunión se habló de lavado de dinero.

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