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Ley de caducidad [información]

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En este momento de debate sobre el Proyecto Interpretativo para dejar sin efecto la Ley 15848, los uruguayos nos enfrentamos a algunas preguntas sobre los que debemos reflexionar:

¿Hay algo más importante y que esté por encima de la Constitución y del respeto a los Derechos Humanos?

¿Sería constitucional una consulta para ratificar una ley inconstitucional y que viola Derechos Humanos fundamentales? ¿Serían válidos sus resultados?


¿Puede un Pueblo aprobar el derecho a la tortura y la impunidad del torturador?

El Parlamento es el representante del Pueblo y tiene la palabra. Su respuesta será el reflejo de sus valores democráticos.

Existen Derechos Humanos Fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad de las personas, el derecho a no ser torturado ni desaparecido que son inherentes a la naturaleza humana y no pueden ser desconocidos ni quitados por nadie. Consideramos que no son válidas las leyes que contradigan estos Derechos Humanos Fundamentales, aunque hayan sido promovidas por gobiernos democráticos o hayan sido votadas en consultas populares. El rango de los Derechos Humanos Fundamentales es y debe ser siempre superior porque es la única forma de garantizar su vigencia frente a la arbitrariedad de gobiernos autoritarios, al poder de mayorías circunstanciales en los gobiernos democráticos, e incluso al poder soberano de la ciudadanía que ya sea en forma libre, ya sea por presión o por manejos mediáticos interesados pueda votar por renunciar a ellos. A modo de ejemplo, ni una ley aprobada por unanimidad en el Parlamento, ni una reforma constitucional aprobada por abrumadora mayoría en las urnas puede otorgar a la policía el derecho a torturar y negarle a las víctimas su acceso a la justicia.


Proyecto Interpretativo para anular los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley de Caducidad
Artículo1º.- Interprétese de conformidad con el artículo 85 numeral 20 de la Constitución de la República que el derecho de todo ser humano a la vida, a su integridad personal, a no ser desaparecido, ni torturado, así como los derechos y obligaciones que regulan el acceso a la justicia, investigación, persecución, juzgamiento, cooperación y castigo de las violaciones de los mismos y de los crímenes de lesa humanidad, establecidos en las normas de Derecho Internacional ratificadas por la República y por las normas de ius cogens, están incorporadas a nuestra Constitución por la vía del artículo. 72 de ésta y se deberán aplicar directamente por los tribunales de la República.

Artículo 2º.- Declarase como interpretación obligatoria (Código Civil, artículo 12) que los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley 15.848 de 22 de diciembre de 1986 presentan una ilegitimidad manifiesta, violan los artículos 4, 72, 83, y 233 de la Constitución de la República y carecen de valor jurídico alguno.

Artículo 3º.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de esta Ley:
a)El archivo de las actuaciones decretadas por el Juez competente por aplicación del artículo 3º de la Ley 15.848, no extingue la acción penal ni constituye cosa juzgada.
b)Toda intervención judicial que haya sido interrumpida, suspendida o archivada por aplicación de la ley 15.848, o por actos administrativos que se hubieran dictado en su aplicación, con el fin de obstaculizar, impedir o archivar, o mantener suspendidas y/o archivadas, indagatorias o acciones penales, continuará de oficio, o por solicitud del interesado o del Ministerio Público.
c)Sin perjuicio de aquellos delitos imprescriptibles, respecto de aquellos delitos que fueren prescriptibles, y hayan sido o pudieren haber sido comprendidos en la caducidad dispuesta por el artículo 1º de la Ley 15.848, no podrá computarse a los efectos de la prescripción, el período transcurrido entre el 22 de diciembre de 1986 y la fecha de entrada en vigor de esta Ley.

Artículo 4º.- Lo dispuesto en esta ley se aplicará también a las nuevas denuncias que se presenten.

Precisiones fundamentales
¿Por qué el Parlamento debe votar el Proyecto Interpretativo de anulación de la Ley de Caducidad?

1. Porque la Ley de Caducidad es inconstitucional, y la Constitución es un bien superior que todos debemos preservar y respetar.

2. La Ley de Caducidad viola normas de los Derechos Humanos y el respeto a los Derechos Humanos es un bien superior en cualquier sociedad democrática y porque sin justicia los valores de la democracia son solo letra muerta.

3. Porque los compromisos que se asumen deben cumplirse y el gobierno se comprometió ante la ciudadanía a anular la Ley de Caducidad en la última campaña electoral y en su programa de gobierno. Sería antidemocrático hacer promesas a la ciudadanía y desconocer luego la voluntad de quienes le otorgaron mayoría en el Parlamento.

4. Una ley inconstitucional que sea contraria a los Derechos Humanos fundamentales es una ley nula. Sus efectos no son válidos. Es ajena al Estado de Derecho y por lo tanto la declaración de nulidad
por parte del Parlamento es tan solo un reconocimiento a una situación preexistente.

¿Por qué el Proyecto Interpretativo no es contrario al resultado del plebiscito?

1. La única conclusión válida del resultado del plebiscito es que no obtuvo los votos necesarios para anular la Ley de Caducidad mediante una reforma constitucional. Nadie cuestionó ese resultado y por lo tanto la Constitución no fue modificada.

2. La ciudadanía no fue consultada para manifestarse a favor o en contra de la Ley de Caducidad. Solo podía manifestarse por SI a un proyecto para anularla. Resulta antojadizo, arbitrario y sin sustento lógico ni jurídico alguno sostener que la ley fue ratificada por quienes no votaron esa papeleta. Y es antidemocrático interpretar antojadizamente la voluntad de quien no se expresó.

3. Sin importar cuantas veces hayan fracasado los intentos por anularla, una ley inconstitucional no dejará de ser nula. Una sociedad democrática no puede convivir con leyes inconstitucionales que ignoran Derechos Humanos fundamentales. Es obligación de los parlamentarios y ciudadanos demócratas trabajar hasta lograr ese cometido.

¿Por qué no puede consultarse expresamente a la ciudadanía si quiere mantener esa ley?

1. Porque la Constitución y el respeto a los Derechos Humanos fundamentales son superiores a cualquier decisión que puedan adoptar los ciudadanos o los legisladores.

2. Incluso la ciudadanía tiene límites sobre lo que puede decidir, y no puede decidir a favor de una ley que implique violar la Constitución y los principios fundamentales de los Derechos Humanos, como el derecho a la vida y a la justicia.

3. Una consulta a favor o en contra de la Ley de Caducidad solo tiene un resultado legítimo, pues no tendría valor un pronunciamiento a favor de una ley que viola la Constitución.

HAY QUE RESPETAR NUESTROS DERECHOS HUMANOS

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