Jurisprudencia Laboral - Comisiones Medicas -

SUMARIO: Comisiones médicas: inconstitucionalidad de los arts. 21 y 22 LRT
La Cámara Nacional del Trabajo condenó a Provincia ART a indemnizar a la actora por el accidente de trabajo sufrido. Para el tribunal existió una incapacidad del 15 % frente a la de 1, 40 % y 1 % obtenidas en las Comisiones Médicas. Consideraron inconstitucionales los arts. 21 y 22 de la ley de riesgos del trabajo y revocaron la excepción de cosa juzgada administrativa admitida en primera instancia. FALLO COMPLETO
Así lo resolvió la Sala VI de la Cámara en autos “ABBONDIO ELIANA ISABEL C/ PROVINCIA A.R.T. S.A. S/ ACCIDENTE LEY 9688” arribados al tribunal a raíz del recurso interpuesto por la actora contra la sentencia de primera instancia que acogió la defensa de cosa juzgada administrativa.
La causa se inició a raíz de que la actora sufrió un accidente el 17.05.2001, cuando un alumno le tiró del brazo izquierdo, comenzando enseguida con dolor en toda la extremidad superior, hinchándosele el brazo y el codo.
Concurrió a la ART al día siguiente, donde fue medicada y le hicieron controles firmando el alta en disconformidad. La comisión médica de la ART no halló incapacidad. Disconforme con ello, sometió la contienda a la Comisión Médica oficial, que concluye que presenta una incapacidad del 1% que ponderando la dificultad para la realización de tareas habituales y su edad (43 años) se eleva al 1,40% de la T.O
Abbondio apeló ante la Comisión médica central el 20.12.2001; la que concluyó que no corresponde fijar porcentaje de incapacidad laboral por las lesiones que presenta, no obstante ello, como la ART consintió el dictamen de la Comisión Médica, queda firme que sufrió un accidente y presenta secuelas que la incapacitan en el 1.40% de la T.O. ( fs. 55/59).
Los magistrados al analizar la causa señalaron que de la pericia médica producida en esta causa da cuenta que la trabajadora se encuentra incapacitada en el 15% de la T.O. por lo que se encuentran vulnerados derechos humanos fundamentales tales como el derecho a la salud y acceso a la justicia.
En este sentido descartaron que el solo hecho de que la actora se sometiera al procedimiento administrativo creado por la ley 24.557 -ante la Comisión Médica Provincial y la Comisión Médica Central- importa renunciar a efectuar una impugnación constitucional contra el mismo.
En su voto el vocal preopinante De la Fuente expresó que se no puede invocar la doctrina del "voluntario sometimiento" cuando se encuentren en juego derechos irrenunciables -como son los de la actora - ya que, conforme a los principios generales, carecerá de todo valor (nulidad absoluta) los actos de renuncia expresa o tácita que efectúe el titular del derecho, en cuanto carece de la facultad jurídica de desprenderse gratuitamente, sin contraprestación alguna, de los derechos que la ley o la Constitución le conceden.
Añadió en base al fallo "Castillo, Angel c/ Cerámica Alberdi S.A." de la Corte Suprema que a pesar de que la Corte declara en el caso concreto solo la inconstitucionalidad del art. 46 inc. 1º de la ley 24.557, en la realidad sus fundamentos son aplicables también a las otras disposiciones de la ley que federalicen sus normas en detrimento de los tribunales provinciales, a cuyo cargo debe estar su interpretación y aplicación.
Por su parte Capón Filas sostuvo que si bien en el procedimiento de la LRT finalmente el trabajador tiene acceso a la jurisdicción -luego de concurrir a las comisión médica, y la comisión médica central, ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social- la intervención del juez natural “se aleja ciertamente en el tiempo, perjudicando el derecho a la salud del trabajador, puesto que durante este trámite verá postergada la atención médica y el proceso de rehabilitación que asegura el régimen de riesgos del trabajo”.
Ante ello y dado el carácter alimentario y de extrema necesidad por el que atraviesa la víctima laboral, el dilatado proceso que debe transitar hasta llegar ante la jurisdicción, se desnaturaliza el precepto constitucional de acceso a la Justicia, e invalida la citada doctrina para legitimar el sistema procesal de la L.R.T, concluyó.
De esta forma los magistrados resolvieron revocar la sentencia apelada y hacer lugar a la demanda condenando a PROVINCIA A.R.T. S.A. a pagar a la actora la suma de $12.072,82


SALA VI
EXPEDIENTE Nº 31.855/02
JUZGADO Nº 67

AUTOS:" ABBONDIO ELIANA ISABEL C/ PROVINCIA A.R.T. S.A. S/ ACCIDENTE LEY 9688
Sentencia 57.689
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2.004

EL DOCTOR HORACIO HECTOR DE LA FUENTE DIJO:

I) La parte actora interpone a fs. 355/363 recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. La parte demandada apela las regulaciones de honorarios de su representación letrada y de los peritos médico y contador por considerarlos elevados. El perito contador a fs. 352 apela la regulación de sus honorarios por considerarlos reducidos.

II) Se agravia el actor porque el a quo acogió la defensa de cosa juzgada administrativa opuesta por la accionada, después de rechazar su pedido de que se declarara inconstitucional los arts. 21 y 22 de la ley 24.557 y la nulidad de todo lo actuado por ante las Comisiones Médicas previstas en las referidas normas legales.
Considero que este agravio debe prosperar. En primer lugar, no comparto la posición mantenida por el a quo en el sentido de que el solo hecho de que la actora se sometiera al procedimiento administrativo creado por la ley 24.557 -ante la Comisión Médica Provincial y la Comisión Médica Central- importa renunciar a efectuar una impugnación constitucional contra el mismo, conforme a la conocida doctrina de la Corte de que "el voluntario sometimiento, sin reservas expresas, a un régimen jurídico, a una decisión judicial, o a una determinada jurisdicción, comportan un inequívoco acatamiento que determina la improcedencia de su impugnación ulterior con base constitucional".
Aplicando la mencionada doctrina, en el caso concreto la actora habría renunciado tácitamente a la garantía constitucional del debido proceso y a la defensa en juicio que ahora invoca, por el solo hecho de haber transitado el trámite administrativo que la ley 24.557 establece como obligatorio para obtener un resarcimiento por su incapacidad laboral, y en consecuencia no podría después plantear la inconstitucionalidad de la referida ley (en especial su art. 21; en el caso la actora cumplió todo el trámite administrativo e incluso no apeló la decisión adoptada por la Comisión Médica Central).
Por diversas razones consideramos que, en el caso sub examen, no cabe aplicar la aludida doctrina de la Corte, y que en consecuencia no ha existido una renuncia de la actora que le impida ahora invocar las garantías constitucionales que considera violadas, a través del respectivo pedido de inconstitucionalidad.
a) En primer lugar, la doctrina de la Corte presupone que el sometimiento de la persona al régimen jurídico, a una decisión judicial o a una determinada jurisdicción" sea realmente "voluntaria" , o sea fruto de una libre decisión, lo cual no sucede en el caso del trabajador accidentado, que sin tener derecho a ninguna opción, o sea obligatoriamente, para cobrar la indemnización debió someterse al régimen especial creado por el art. 21 de la ley 24.557, efectuando el trámite previsto por ante las comisiones médicas. Es decir que el trabajador no efectuó ninguna opción o elección voluntaria entre caminos o vías diferentes, y lo que hizo es solo cumplir con la ley vigente, que no le daba otra alternativa, por lo cual mal puede aplicarse una doctrina judicial que -como se dijo- presupone que la persona actúe voluntariamente, por propia decisión.
b) En segundo lugar, aún cuando se considerara aplicable la doctrina de la Corte, la misma debe ser rechazada por antijurídica en cuanto admite la renuncia anticipada de derechos o garantías que consagra la Constitución. Como lo señalamos en otra oportunidad, las normas constitucionales son imperativas y reconocen o asignan a órganos o personas determinados derechos de un modo obligatorio (atribuciones, poderes, derechos subjetivos, potestades, etc), por lo que todo acto -unilateral o bilateral- que se realice para impedir por anticipado que aquellas produzcan sus efectos normales será sancionado con una nulidad absoluta, por ser su objeto prohibido y violatorio del orden público (art. 21, 892,953, 1044 y conc. del código civil)"; véase nuestro trabajo Orden Publico, ed. Astrea, año 1993, fs. 99/100).
Agregamos entonces que "la nulidad absoluta de estos actos derogatorios -que son renuncias anticipadas de derechos futuros cuando su destinatario las realiza unilateralmente -garantiza que indefectiblemente se cumpla el fin perseguido por la norma constitucional de orden público, esto es, que el derecho atribuido por la misma nazca y sea efectivamente adquirido por su destinatario" (ob. cit. fs. 100)
En consecuencia, si se considera que la intervención de la actora ante las comisiones médicas locales y central ha constituido una renuncia tácita a invocar las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio, tal acto derogatorio resulta fulminado con una nulidad absoluta, de modo que aquella mantiene intacto su derecho a peticionar la inconstitucionalidad de las normas legales que considera violatorias de los derechos constitucionales que la amparan.
C) En tercer lugar, tampoco se puede invocar la doctrina del "voluntario sometimiento" cuando se encuentren en juego derechos irrenunciables -como son los de la actora - ya que, conforme a los principios generales, carecerá de todo valor (nulidad absoluta) los actos de renuncia expresa o tácita que efectúe el titular del derecho, en cuanto carece de la facultad jurídica de desprenderse gratuitamente, sin contraprestación alguna, de los derechos que la ley o la Constitución le conceden. También por eso resulta inaplicable la doctrina de los actos propios -que supone una renuncia tácita que se deduce del comportamiento del titular- cuando se encuentran en juego derechos irrenunciables.
Por todo lo expuesto propicio que se revoque la decisión apelada en cuanto recepta la defensa de cosa juzgada administrativa opuesta por la accionada, reconociéndole el derecho de la actora a impugnar constitucionalmente -en esta instancia laboral- el régimen creado por la ley 24.557.

III) Corresponde ahora entrar a considerar si los arts. 21 y 22 de la ley 24557 son inconstitucionales, como lo pretende el recurrente. Entre otras causales de inconstitucionalidad este último plantea que la ley 24.557 a través de las comisiones médicas -organismos administrativos que dependen del Poder Ejecutivo Nacional-, ha sustraído de la justicia ordinaria materias que son de derecho común, como son las que se refieren a los accidentes de trabajo, en violación a lo dispuesto por el art. 75, inc. 12 de la Constitución Nacional, en tanto reserva su aplicación a los tribunales provinciales cuando las cosas o las personas cayeren bajo su jurisdicción.
Considero que al apelante le asiste la razón sobre todo teniendo en cuenta la reciente decisión adoptada por la Suprema Corte de la Nación en la causa "Castillo, Angel c/ Cerámica Alberdi S.A." (Sent. del 7.9.04), la cual comparto en todos los términos, mediante la cual declaró la inconstitucionalidad de la ley 24.557 al conferir naturaleza federal a sus normas a pesar de reglamentar una materia de derecho común, como es la que se origina con las cuestiones relacionadas con los accidentes de trabajo.
A pesar que la Corte declara en el caso concreto solo la inconstitucionalidad del art. 46 inc. 1º de la ley 24.557, en la realidad sus fundamentos son aplicables también a las otras disposiciones de la ley que federalicen sus normas en detrimento de los tribunales provinciales, a cuyo cargo debe estar su interpretación y aplicación. En uno de los considerandos del fallo queda bien claro el alcance general de la descalificación constitucional: "La ley de Riesgos del Trabajo, de tal manera, ha producido dos consecuencias incompatibles con la Constitución Nacional: impedir que la justicia provincial cumpla la misión que le es propia, y desnaturalizar la del Juez federal al convertirlo en magistrado "de fuero común" (Fallos, 113:263,269)".
Por ello, las normas que reglamentan el funcionamiento de las comisiones medicas, por asignar competencia a organismos administrativos nacionales en detrimento de las jurisdicciones provinciales, deben ser declaradas inconstitucionales y, como consecuencia, corresponde invalidar todo lo actuado ante las mismas con motivo del accidente sufrido por la actora, y que así se declara.

IV) Restablecida la aptitud jurisdiccional de los tribunales del trabajo en virtud de las consideraciones que preceden, resta ahora determinar, de acuerdo a la prueba producida en la causa, cual es el grado de incapacidad que afecta a la actora y en consecuencia el monto del resarcimiento que debe abonar la A.R.T. demandada conforme al régimen reparatorio establecido por la ley 24.557.
La actora estima que como consecuencia del accidente sufrido padece de una incapacidad laboral parcial y permanente del 16% de la total obrera. La accionada, a su vez, sólo reconoce una incapacidad del 1,40%, basándose en el dictamen emitido por las comisiones médicas que intervinieron en las actuaciones administrativas.
Por mi parte considero que el dictamen médico del perito oficial, el que fija una incapacidad definitiva del 15% de la total obrera, es el que refleja la verdadera situación médica después del accidente acaecido el 17.5.01, y que le produjera a la actora lesiones en su hombro izquierdo que en forma permanente le ocasionan dolores al mover el brazo, limitando su funcionalidad, como así hipoestesias en el dedo índice y medio izquierdo con disminución flexora de los mismos (fs. 315/317)
Le asigno a este dictamen plena eficacia probatoria teniendo en cuenta sus fundamentos médicos y científicos, los estudios preliminares que le han servido como base, por ser el mas actualizado (producido casi tres años después de acaecido el accidente) y en especial por coincidir en un todo con el fundado informe evacuado por el especialista Dr. Alberto Gómez, en forma privada y a pedido de la actora (fs. 239/243).
Ante esta situación, las observaciones de la accionada no pasan de ser mas que una disconformidad con lo dictaminado y carecen de la entidad suficiente para desvirtuar dos informes fundados y coincidentes. Por eso aceptaré que como consecuencia del accidente la actora padece de una incapacidad parcial y permanente del 15% de la total obrera.

V) Resta ahora establecer cual es al indemnización que debe abonar la accionada conforme a las previsiones de la ley 24.557. Teniendo en cuenta una incapacidad del 15%, que el salario base de la actora era de $986,10 (11.839,73 x 30,4 % 365, pericia fs. 247 y art. 12 ley citada), y su edad al momento del accidente era de 42 años, le corresponde un monto resarcitorio de $12.072,82 (art. 14, ap. 2, inc. a, ley cit) 986,10 x 53 x 15 % 100 x 1.54 (65 % 42).
El monto de condena llevará desde el día del alta médica, o sea desde el 24.9.01 hasta el 31.12.01 una tasa de interés equivalente a la activa utilizada por el Banco de la Nación para operaciones de descuento de documentos comerciales mensual, y desde el 1.1.02 corresponde aplicar la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de prestamos y hasta su efectivo pago.

VI) Atendiendo al nuevo resultado del pleito que propongo, y lo normado por el art. 279 del C.P.C.C.N. corresponde un nuevo pronunciamiento sobre costas y honorarios.
Las costas de primera instancia deben ser impuestas a cargo de la parte demandada vencida.
De conformidad con el mérito y eficacia de la labor cumplida, valor económico del litigio y pautas arancelarias de aplicación, corresponde regular a la representación letrada de la parte actora el 17%, los de la demandada en el 14% y los del perito médico en el 6% y los del contador en el 6%, sobre el monto de condena.

Costas de alzada se imponen también a la parte demanada vencida. Regulase los honorarios al letrado del actor por su escrito de fs. 355/363 en el 35% y los de la demandada por su escrito de fs. 368/373 en el 30% de lo que se reguló para la instancia anterior.
De prosperar mi voto correspondería: 1)Revocar la sentencia apelada y hacer lugar a la demanda condenando a PROVINCIA A.R.T. S.A. a pagar a la actora la suma de $12.072,82.- con más el interés establecido en el apartado V del presente decisorio; 2) Costas y honorarios de primera y segunda instancia según lo establecido en el apartado VI.

EL DOCTOR RODOLFO ERNESTO CAPON FILAS DIJO:

I. El recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 355/363 debe acogerse por las siguientes razones:
1. Inconstitucionalidad de los arts. 21 y 22 de la ley 24.557 y nulidad de lo actuado ante las Comisiones Médicas.
1.1.Realidad: la actora sufre un accidente el 17.05.2001, cuando un alumno le tiró del brazo izquierdo, comenzando enseguida con dolor en toda la extremidad superior, hinchándosele el brazo y el codo. Concurrió a la ART al día siguiente, donde fue medicada y le hicieron controles. La actora firmó el alta en disconformidad. La comisión médica de la ART no halló incapacidad. Disconforme con ello, sometió la contienda a la Comisión Médica oficial, que concluye que presenta una incapacidad del 1% que ponderando la dificultad para la realización de tareas habituales y su edad (43 años) se eleva al 1,40% de la T.O.( fs. 44/46). Eliana Isabel Abbondio apeló la misma ante la Comisión médica central el 20.12.2001; ésta concluye que no corresponde fijar porcentaje de incapacidad laboral por las lesiones que presenta, no obstante ello, como la ART consintió el dictamen de la Comisión Médica, queda firme que sufrió un accidente y presenta secuelas que la incapacitan en el 1.40% de la T.O. ( fs. 55/59). La pericia médica producida en esta causa da cuenta que la trabajadora se encuentra incapacitada en el 15% de la T.O..
1.2.Normas: La propia L.R.T. establece un procedimiento especial para la gestión de las prestaciones dinerarias y en especie previstos en la ley 24.557, obligando al trabajador a transitar ante la comisión médica, luego ante la comisión médica central o el juzgado federal correspondiente a la jurisdicción provincial y como última instancia ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social. Así el art. 21 indica que “ Las comisiones médicas y la comisión médica central creadas por la ley 24.241, serán las encargadas de determinar a) La naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad, b) El carácter y grado de la incapacidad y c) El contenido y alcances de las prestaciones en especie. Estas comisiones podrán asimismo, revisar el tipo, carácter y grado de incapacidad, y -en las materias de su competencia- resolver cualquier discrepancia que pudiera surgir entre la ART y el damnificado o sus derechohabientes. El actor se ha sometido al procedimiento ante las Comisiones médicas, lo que lleva al juez a rechazar la demanda.
1.3.Valoración: Considero que en la especie se encuentran vulnerados derechos humanos fundamentales tales como:
* el derecho a la salud
garantizado, entre otros por el art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que obliga a los Estados a reconocer el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y a adoptar para asegurar su plena efectividad las siguientes acciones entre otras: el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente, la prevención y el tratamiento de las enfermedades profesionales y la lucha contra ellas y la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.
* el acceso a la justicia
especialmente garantizada por la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8 que exige que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
1.1. Armonizando estos derechos el desajuste con el sistema de la ley 24.557 es claro.
El art. 109 de la Constitución Nacional impide al Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. Esta directiva se extiende a las autoridades inferiores. Al decir ejercicio de facultades judiciales se entiende la intervención de un tercero imparcial e independiente que decida, lo que no ocurre con la Administración, que generalmente es parte (cfr. Diez, “Derecho Procesal Administrativo”, pág. 79). La C.S.J.N. ha admitido la validez constitucional del ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de la Administración, en tanto la decisión de los cuerpos administrativos pueda ser posteriormente objeto de una revisión judicial suficiente (Fallos 247:646; 249:75; 251:472; 253:485; 255:124). Sobre la base del principio de unidad de jurisdicción, según el cual la administración de justicia exclusivamente compete a los órganos del Poder Judicial, y de igualdad de todos los individuos en el derecho a la jurisdicción, se estructura la garantía de los jueces naturales, que significa la existencia de órganos judiciales preestablecidos en forma permanente por la ley. Juez natural es el juez legal, o sea, el órgano creado por ley conforme a la competencia que la Constitución asigna al Congreso. El derecho a la jurisdicción consiste precisamente, como principio, en tener posibilidad de acceso a uno de esos jueces naturales (cfr. Bidart Campos, “Manual de Derecho Constitucional Argentino”, pág. 407) Es sabido que la garantía -originariamente individual pero ahora, además, social- básica del sistema constitucional argentino, lo constituye la posibilidad (se supone que no aparente, sino de materialización cierta, real, concreta, cuando es necesario utilizarla) otorgada a todos los habitantes de demandar ante los tribunales y obtener efectivamente protección a los derechos que consideran conculcados, sea por una autoridad pública, sea por un particular. “Este es el derecho primordial que tutela a los justiciables, el pilar central de todo el ordenamiento jurídico racional sobre el cual reposan y en el cual se sostienen todas las demás garantías” (cfr. Morello, “El proceso justo”, pág. 209). (Disidencia del Dr. Fernández) en el caso "FUSCO DE ABELARDO, GLORIA CATALINA c/ A.F.I.P. - D.G.I., Sentencia de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social.
No se me escapa que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha avalado la potestad jurisdiccional de la administración, si contaba con la posibilidad de un amplio control judicial. En el caso Fernandez Arias, Elena c/Poggio, José, del 19/09/960, la Corte Suprema indicaba que el reconocimiento de facultades jurisdiccionales a órganos administrativos constituye uno de los modos universales de responder, pragmáticamente, al premioso reclamo de los hechos que componen la realidad de este tiempo, mucho más vasta y compleja que la que pudieron imaginar los constituyentes del siglo pasado, y se asienta en la idea de que una administración ágil, eficaz y dotada de competencia amplia es instrumento apto para resguardar, en determinados aspectos, fundamentales intereses colectivos de contenido económico y social, los que de otra manera sólo podrían ser tardía o insuficientemente satisfechos y que es compatible con la Ley Fundamental la creación de órganos, procedimientos y jurisdicciones especiales -de índole administrativa- destinados a hacer más efectiva y expedita la tutela de los intereses públicos, habida cuenta de la creciente complejidad de las funciones asignadas a la Administración (Fallos, t. 193, p. 408; t. 240, p. 235; t. 244, p. 548; t. 245, p. 351, entre otros [Rev. LA LEY, t. 27, p. 868, fallo 14.131; t. 96, p. 98, fallo 43.992).
Esta doctrina, según la cual es válida la creación de órganos administrativos de la especie indicada -dice el fallo-, no supone, como es lógico, la posibilidad de un otorgamiento incondicional de atribuciones jurisdiccionales… la actividad de tales órganos se encuentra sometida a limitaciones de jerarquía constitucional, que, desde luego, no es lícito transgredir. Porque va de suyo que regímenes del carácter del que en estos autos se impugna dejan de ser válidos cuando, confrontados con las normas básicas del ordenamiento jurídico, de las que no deben ser sino consecuencia (art. 31, Constitución Nacional), resulta evidente que las infringen, en vez de acatarlas o a lo sumo adaptarlas respetando su esencia y que entre esas limitaciones preestablecidas figura, ante todo, la que obliga a que el pronunciamiento jurisdiccional emanado de órganos administrativos quede sujeto a control judicial suficiente, a fin de impedir que aquéllos ejerzan un poder absolutamente discrecional, sustraído a toda especie de revisión ulterior (Fallos, t. 244, p. 548).
Las comisiones médicas son organismos típicamente administrativos conformados por cinco (5} médicos que serán designados: tres (3) por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y, dos (2) por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, los que serán seleccionados por concurso público de oposición y antecedentes.
No se encuentra en discusión su capacidad para evaluar desde los conocimientos técnico-profesionales que disponen la existencia de dolencias, y la incapacidad que esta genera, sin embargo, la determinación del carácter laboral o extralaboral de las secuelas depende de una indagación jurídica que requerirá la producción de pruebas acerca de las tareas. Este punto, es decir, la determinación de la causalidad/concausalidad excede el ámbito de competencia profesional, resultando una actividad típicamente jurisdiccional. Aún así, en el marco de la determinación de la incapacidad y su grado, ese amplio control jurisdiccional resulta tardío. En el caso es claro que en un procedimiento judicial, con las garantías del derecho de defensa, con la asistencia letrada de las partes, la incapacidad determinada por la ART (0%), por la Comisión Médica oficial (1.40%) y luego por la Comisión Médica Central (0%) resultaban inadecuada, porque se ha determinado que la trabajadora padece una incapacidad del 15% de la T.O..
Es cierto que en el procedimiento marcado por la LRT finalmente el trabajador tiene acceso a la jurisdicción, puesto que luego de concurrir a la comisión médica, y luego por la comisión médica central, se garantiza un recurso amplio ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, pero también lo es que la intervención del juez natural, que otorgaría certeza al derecho y podría decidir las divergencias jurídicas que existiesen se aleja ciertamente en el tiempo, perjudicando el derecho a la salud del trabajador, puesto que durante este trámite verá postergada la atención médica y el proceso de rehabilitación que asegura el régimen de riesgos del trabajo.
Dado el carácter alimentario y de extrema necesidad por el que atraviesa la víctima laboral, el dilatado proceso que debe transitar hasta llegar ante la jurisdicción, se desnaturaliza el precepto constitucional de acceso a la Justicia, e invalida la citada doctrina para legitimar el sistema procesal de la L.R.T.
Con los anteriores argumentos adhiero al voto que antecede.

En atención al resultado del presente acuerdo, EL TRIBUNAL RESUELVE: I) Revocar la sentencia apelada y hacer lugar a la demanda. II) Condenar a PROVINCIA A.R.T. S.A. a pagar a la actora la suma de $12.072,82.- dicho importe llevará intereses desde el día del alta médica (24.9.01) hasta el 31.12.01 una tasa de interés equivalente a la activa utilizada por el Banco de la Nación para operaciones de descuento de documentos comerciales mensual y desde el 1.1.02 corresponde aplicar la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos y hasta su efectivo pago. III) Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada vencida. IV) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en el 17%, los de la demandada en el 14%, los del perito médico en el 6% y los del perito contador en el 6% sobre el monto de condena. V) Regular los honorarios al letrado del actor por su escrito de fs. 355/363 en el 35% y los de la demandada por su escrito de fs. 368/373 en el 30% sobre lo regulado en la anterior etapa.
Regístrese, notifíquese y vuelvan

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1 comentario - Jurisprudencia Laboral - Comisiones Medicas -

@ancianiss Hace más de 2 años
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