[Delitos Lesa Humanidad] Comunicado a la opinión pública

Siendo que se están cumpliendo dos meses desde que se radicaron en Seccionales de Policía las primeras 131 denuncias por Delitos de Lesa Humanidad queremos comunicar a la opinión pública el avance -o para ser más exactos - el estancamiento de las mismas.

El pasado 15 de octubre fueron presentadas 131 denuncias, el 29 de octubre fueron presentadas 10 más y otras 2 denuncias fueron radicadas en otras fechas, conformando un total de 143 denuncias presentadas individualmente.

Los jueces que se encontraban de turno en Montevideo el día 15 de octubre eran la Dra. Gabriela Merialdo y el Dr. Ruben Saravia, quienes hasta el momento no habrían asumido las investigaciones y habrían impartido respecto de estas denuncias una orden cuyo contenido exacto desconocemos.

A partir de estas jornadas y ante la ausencia de noticias sobre el avance de las mismas, los y las denunciantes comenzamos a ir a las seccionales donde fueron realizadas a preguntar por ellas.
Las respuestas coincidieron en que se hallaban todas juntas en el Departamento de Operaciones Especiales (DOE) dependiente del Ministerio del Interior.

Hacia allí nos dirigimos en varias oportunidades para conocer el motivo de este novedoso procedimiento y saber cómo seguiría. Primero el Comisario Corrales y hoy el Comisario De Los Santos (ratificó), según le informaron a los Dres. Alvarez Petraglia y Alicia López que las denuncias estarían allí por orden de los jueces de turno para “dilucidar si las mismas tenían causas abiertas” y realizar una suerte de análisis administrativo previo; también se les comunicó que se habría cursado o se cursaría vía Jefe de Policía y Director Nacional de Policía (por cuestiones de comunicación interinstitucional el interlocutor no lo había hecho directamente, por lo que no tendría dominio acerca de si efectivamente se había efectivizado o no) un pedido de instrucciones a la Suprema Corte de Justicia para que indicara cómo proceder con las denuncias.

Habiendo obtenida esta información, los y las denunciantes solicitamos una entrevista con el Presidente de la SCJ, Dr. Van Rompaey para conocer algún otro dato acerca del trámite que se estaba dando a las denuncias. El viernes pasado fuimos atendidos por el Presidente de la SCJ, quien nos manifestó que no tenía conocimiento de ningún pedido de instrucción por este motivo, pero que iba a revisar exhaustivamente para respondernos. En el día de hoy nos comunicamos con su despacho y el secretario nos confirma que la Suprema Corte de Justicia no dio entrada a ningún pedido del DOE. Debemos destacar asimismo, lo extraño que resulta el procedimiento que, según se nos informa, se estaría siguiendo, ya que no es el que regularmente se sigue ante denuncias penales.

A diferencia de lo sucedido en Montevideo, las denuncias presentadas en Solymar fueron cursadas como correspondía y ya varias personas han sido citadas a declarar por el Juez a quien se le derivaron.
Asimismo, dos denuncias que fueran presentadas fuera de estas dos fechas, ya han pasado a Juez y están siguiendo su curso, sucediendo lo mismo con denuncias realizadas en Maldonado.

Por otra parte, hemos registrado otra “novedad” en cuanto a procedimiento judicial penal. Una de las denunciantes se dirigió a laDirección de Seguridad del Min. Del Interior (como le indicaron en la Seccional Policial) para consultar por su denuncia, allí se le informó “que el caso era reservado” la funcionaria no tenía acceso más que al número de las denuncias, no lo pudo abrir ni leer y la denunciante fue derivada a Asuntos Judiciales. Allí le informa otra funcionaria que no puede acceder a esos asuntos porque aparecen como casos reservados que desde su sección no pueden tener acceso y que quienes imponen las restricciones son las Comisarías de orígenes por lo que se le dice que debe volver a la Seccional y solicitar que levanten las restricciones. Se le aclara que ella como es funcionaria no puede hacerlo y que es algo que sólo el titular de la denuncia puede hacer. Que una vez hecho eso regrese a "Asuntos Judiciales". La funcionaria le dio un papelito con los números anotados, de ambos casos, y un sello con su nombre para que con ello vaya a la Seccional 6ª. En el día de hoy la denunciante concurrió a la Seccional 6ª a solicitar que levantasen la condición de Asunto Reservado a las dos denuncias, tal como se lo plantearon en Asuntos Judiciales. Allí le comunicaron de parte del Subcomisario Veiga, que la reserva la determinó la Dirección de Seguridad y no ellos y que así lo planteara de su parte. Consecuencia, la denunciante volvió a Jefatura a la Dirección de Seguridad donde finalmente la respuesta fue que ambos casos pasaron al juzgado y están en la etapa presumarial por lo que no dan información pero que si concurre el abogado del caso puede averiguar en qué juzgado está, cosa que al funcionario no le dijeron y aclara que tampoco a la denunciante se lo dirán, salvo que intervenga el abogado.

Otro hecho extraño sucedió el pasado domingo, fue llamada por teléfono -otra denunciante- por una persona que se identificó como Mieres de la Seccional 2a. para preguntarle si ella era pariente de la víctima, ¿por qué denunciaba?. La denunciante se negó a responder por teléfono y solicitó que para ampliar datos se la citara en persona.

De los hechos narrados podrá concluirse la preocupación que embarga a este colectivo y que debería embargar a cualquier ciudadano ante el “trámite” que se está dando a denuncias penales por homicidios y delitos gravísimos. Estimamos que esta ausencia de responsables en los procedimientos, la información contradictoria que se nos ha brindado y los novedosos procedimientos utilizados por parte del Poder Judicial y del Ministerio del Interior, deben ser de conocimiento de la opinión pública en general y especialmente de las autoridades, tanto del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo. La notoria demora en dar trámite a las denuncias presentadas por hechos aberrantes, sin dudas afecta el debido proceso legal y es al menos alarmante. Esperamos que alguna de las autoridades involucradas brinde respuesta a esta situación antes que comience la feria judicial y no siga demorándose la instrucción de los hechos denunciados por 141 víctimas de graves delitos. Queremos recordar en ese sentido, que la Sentencia de la Corte Interamericana de DDHH obliga a todos los poderes del Estado a remover todos los obstáculos que impidan la investigación de los delitos denunciados; obstáculos no solamente jurídicos sino también burocráticos, no apreciándose en estos casos la suficiente voluntad de aquellos que tienen el deber de cumplir con dicho mandato, lo que en definitiva expone a nuestro Estado a incurrir en responsabilidad internacional y a los operadores responsables a las consecuencias que el incumplimiento de una Sentencia Judicial depara para todo servidor público.


CASOS DENUNCIADOS

78 casos de homicidios y desapariciones, 65 casos de personas que se acercaron a partir de la convocatoria a denunciar. En su mayoría los delitos fueron: secuestros, torturas, privación de libertad, ratoneras, nacimientos en cautiverio. Del total 28 casos pertenecen a delitos contra mujeres y 114 contra hombres. Se presentaron denuncias en 16 Seccionales de Montevideo, Solymar y Las Piedras, en San José el Juez de Turno del día 15 de octubre no permitió que se radicaran las denuncias en la seccional a la que se presentaron los denunciantes.



Colectivo de denunciantes de delitos de lesa humanidad
Jornadas 15 y 29 de octubre
http://denunciaportodos.blogspot.com/

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