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El Proyecto X y los hombres poderosos

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El Proyecto X y los hombres poderosos

Pinchar un teléfono sin orden judicial es un delito claro. Simular ser un bailantero, como muchas veces hacen los agentes de las fuerzas para seguir pistas del narco, no requiere de orden judicial. Pero el tema es político y no judicial.


El nivel de visibilidad que tomaron los actos prohibidos por la ley en materia de recolección de información sobre la actividad de militantes sindicales por parte de Gendarmería ayuda a poner en debate la política de inteligencia y de seguridad democráticas. Durante muchos años, Néstor Kirchner fue clarísimo a la hora de no criminalizar la protesta social. La salida veloz de Gustavo Béliz del Ministerio del Justicia, Seguridad y Derechos Humanos tuvo que ver con que el entonces ministro quiso modificar los protocolos que le indicaba Kirchner. Concretamente, que la Policía Federal no llevara armas a las manifestaciones y que se limitara a una presencia discreta. Aun a riesgo de que alguien agrediera a un policía. La gran enseñanza de aquellos años es que darle prioridad al legítimo derecho a la protesta estaba por encima de los posibles hechos delictivos que pudieran generarse. Por hecho delictivo puede entenderse desde la transgresión de contravenciones o leyes destinadas a proteger el espacio público. Quedó claro, con la sangre fresca de Kosteki y Santillán, así como con la memoria sobre los miles de desaparecidos y torturados, que en la Argentina el bien jurídico a proteger era el derecho a organizarse para defender los derechos pisoteados por los poderosos. Para embellecerse, Béliz, de buenas relaciones con lo más conservador de la Iglesia Católica y de buenos vínculos con jefes de la Federal, hizo publicar la foto en la prensa de Jaime Stiusso, un cuadro con demasiados años en la inteligencia del Estado, y advertir que “con esta SIDE estamos en libertad condicional”. Visto en la perspectiva, no caben dudas de que Kirchner acertó. Como acertó con muchas medidas en esta materia, entre otras, una que no mereció la atención suficiente a la hora de debatir sobre los límites democráticos del rol de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Concretamente, muchos recuerdan cómo el Congreso sancionó la Ley de Defensa en tiempos de Raúl Alfonsín. En efecto, la ley que establece que los militares no pueden ingerir en asuntos de seguridad internos data de 1988 pero su reglamentación se demoró tanto como la vuelta de Perón: 18 años. Los gobiernos de Alfonsín, Menem, De la Rúa y Duhalde la dejaron dormir en el armario, tanto por temor como por connivencia.


Si bien las leyes y su instrumentación son la base jurídica de las políticas de seguridad y los procedimientos de reunión de información, prevención y represión del delito, importa poner la mira en las estructuras, los protocolos, los sistemas de conducción y de control de las fuerzas de seguridad. Por eso no debe extrañar la pequeña crisis ocurrida a fines de 2010, a poco de la muerte de Kirchner, cuando fuerzas federales y de la Metropolitana mataron vecinos que cortaban una calle en el Parque Indoamericano. La reacción de la presidenta fue crear el Ministerio de Seguridad y poner al frente a quien llevaba una experiencia exitosa en Defensa, Nilda Garré. Desde entonces, el velo por proteger los derechos y garantías de las personas y los colectivos sociales está aún más controlado por parte del Ejecutivo. Y junto con ello, hay un esfuerzo por oxigenar los cuerpos de seguridad así como de combatir su autogobierno, algo que no siempre responde a fórmulas escritas pero que se resume en que los gobiernos pasan y las fuerzas de seguridad quedan, de modo tal que los ministros, a criterio de esa concepción, no injieren sino que transmiten instrucciones que son interpretadas –como quieren– los jefes de las fuerzas. Si no existieran connivencias de esos jefes con el mundo del delito, así como con dirigentes políticos, jueces o fiscales, todo sería más sencillo. Y, encima de eso, autogobernadas, esas fuerzas sostienen fuertes disputas para controlar –y participar muchas veces– de zonas grises de negocios ilegales, desde la trata de personas hasta la infiltración a organizaciones políticas.


Es posible que con buenos abogados, los jefes de Gendarmería logren zafar de la comisión de delitos, como son claramente espiar a militantes que están en conflicto gremial. Proyecto X es un programa de reunión y cruzamiento de datos como hay tantos. Lo único que parece ser parte de la prueba material del delito es que algunos gendarmes simularon otra identidad para tener datos de sindicalistas sin autorización judicial previa. En su defensa, podrán esgrimir que todo el trabajo preventivo de política criminal y de seguridad tiene una zona gris entre aquella que pueden ordenar los jueces y la que la conducción de la fuerza instruye. Los límites siempre están en no violar los derechos y garantías de los ciudadanos. Pinchar un teléfono sin orden judicial es un delito claro. Simular ser un bailantero, como muchas veces hacen los agentes de las fuerzas para seguir pistas de un narco, no requiere de orden judicial.


Pero el tema es político y no judicial. Que los pesquisados hayan resultado algunos dirigentes de izquierda –y opositores al gobierno nacional– es para tarjeta amarilla. Peor resulta algo que Clarín y La Nación tratan de surfear para no autoincriminarse: da la coincidencia de que las personas observadas trabajan en empresas de capitales estadounidenses. Tanto de Kraft Foods como de Pepsico. La primera tiene casi 100 mil empleados en 155 países y protocolos propios de seguridad con los cuales tratan a las autoridades donde están instalados como ajenos a sus negocios. Pepsico la triplica en empleados y también está around the world. Estos empresarios, como muchos otros de las multinacionales, consideran que se deben a “sus accionistas” y a las normas de los Estados Unidos. Así son sus políticas corporativas y está en las naciones que acogen a esas empresas en hacerles sentir el rigor de las leyes propias en cambio de ser complacientes con sus criterios colonialistas. En los mismos días en que subió la temperatura sobre Proyecto X, se supo que en Catamarca, además de los piqueteros ambientalistas –la mayoría abrumadora de habitantes de la zona– hubo grupos de choque o disuasión promovidos por la empresa minera. Para muchos es difícil de digerir que la mayoría accionaria de La Alumbrera sea de capitales británicos (la empresa controlante es Xstrata, mixta británico-suiza) y que el cobre y el oro que salen de la mina viajen por ducto a Tucumán y de allí vaya en trenes propios de la empresa hacia Santa Fe para salir del país. Como también es difícil de digerir que los estudios de las reservas petroleras estén en manos de las propias compañías, abrumadora mayoría de extranjeras, y hasta que la propia base de datos de reservas, creada durante este gobierno, sea de un consorcio donde hay chinos, indios y estadounidenses pero no argentinos.


Los desafíos que puedan quedar en materia de inteligencia de Estado quizá no sean pocos. La aclaración quizá es porque se trata de una materia de por sí difusa, que aparece al público como algo cerrado, imposible de saber. Y eso es un error. La Argentina tiene una Ley de Inteligencia, una de Defensa y otra de Seguridad Interior, entre muchas otras normas. En todas ellas, y en sus reglamentaciones, es explícito que las decisiones emanan del Ejecutivo, y que este no tiene poderes discrecionales sino que debe rendir cuentas a la sociedad. Pero no alcanza con las disposiciones, importan las prácticas en el contexto crudo y real de las organizaciones y la capacidad de los cuadros que las comandan. Manejar información reservada permite tener privilegios. El reciente estreno de J. Edgard, la última película de Clint Eastwood, es un golpe de realidad en ese sentido. John Edgard Hoover fue director del FBI desde su creación en 1924 hasta su muerte en 1972. Una escena, lógicamente ficcionada, muestra a Hoover en la oficina del ministro de Justicia estadounidense, Robert Kennedy. El jefe del FBI, sin vueltas, le pasa una grabación –hecha ilegalmente– de una escena sexual de su hermano John, presidente de los Estados Unidos, quizá con una de las actrices más atractivas de la historia de Hollywood. La cara de Robert va creciendo hasta que echa a Hoover de su oficina. Pero, claro está, no de la butaca de mandamás de la información del gobierno federal. Un tiempo después, en noviembre de 1963, se produjo el magnicidio. John Kennedy moría asesinado. Como si fuera una burla a semejante crimen de Estado, recientemente, a 20 meses de cumplirse medio siglo, un bestseller recorre el gran país, pero no cuenta la trama secreta del crimen político sino algunas historias más de encuentros íntimos de Kennedy. Hoover se llevó secretos a la tumba. Eastwood lo retrata muy bien. Está bien mostrar la doble moral de un ultraconservador que se enamora del segundo del FBI. Sirve para bucear sobre la condición humana. Pero, qué curioso, el espectador se queda sin enterarse por qué era “el hombre más poderoso del país más poderoso”, como dice el eslogan de los carteles en los que se ven los profundos ojos azules de Leonardo DiCaprio, el actor que lo interpreta.

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