Proyecto X Un necesario encuadre político

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Un necesario encuadre político de la cuestión


El proyecto político nacido el 25 de mayo de 2003 continúa sorteando pruebas y sus logros ponen en aprietos a la oposición mediática que debe reacomodarse ante las nuevas situaciones. Consumado el triunfo electoral de nuestra presidenta en octubre de 2011, las usinas de los medios opositores cambiaron su estrategia para incidir en la opinión pública: tratan de alejarse de la explícita (y muchas veces repugnante) defensa de los intereses corporativos y buscan reorientar su esfuerzo hacia una estrategia de desgaste focalizado del gobierno en aquellos temas que constituyeron verdaderos puntales a la hora de que Cristina Fernández de Kirchner obtenga el 54% de los votos. La nueva estrategia consiste en enterrar las viejas impugnaciones que se le hacían al gobierno kirchnerista en determinadas políticas públicas para empezar a acusarlo de hacer exactamente lo contrario.

Veamos algunos ejemplos. Donde antes de las elecciones existía un gobierno con tendencia al “despilfarro descontrolado” a través de lo que se denominaba una “maraña de subsidios” que llegaba “a quienes no los necesitaban”, desde diciembre hay un gobierno supuestamente propenso al “tarifazo” y al ajuste encubierto bajo una “reorientación de los subsidios”. Donde antes de las elecciones había un gobierno que favorecía excesivamente a los trabajadores (algunos hablaban de su carácter “antiempresas”) impulsando “aumentos salariales desproporcionados” que favorecían una escalada de “precios y salarios”, desde diciembre hay un gobierno que supuestamente pone “techo” a las expectativas de los trabajadores y “no escucha sus reclamos”.

Donde antes de octubre había un gobierno permisivo ante la protesta social, que confundía “garantismo” con descontrol, desde diciembre hay un gobierno que supuestamente pretende perseguir la protesta social con una “Ley Antiterrorista”, no duda en tolerar la represión a manifestantes antimineras, desaloja violentamente a quienes cortan calles y, lo que nos ocupará de ahora en más, pone en marcha sistemas de inteligencia aplicadas a las protestas sociales para identificar y criminalizar a sus responsables.

El debate por el denominado Proyecto X hay que ubicarlo en este contexto. Es otro ejemplo más de una nueva estrategia de oposición por la cual se trata de construir un relato mediático que “saque” al gobierno nacional del lugar que supo estar ubicado en el imaginario colectivo y por el cuál obtuvo el 54% de los votos.

Es por lo menos grotesco imputarle a este gobierno la implementación de un sistema de inteligencia tendiente a identificar líderes y responsables de protestas sociales para después avanzar en su criminalización cuando fue este gobierno y no otro el que puso claros límites al accionar de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones públicas, cerrando un ciclo en la historia argentina de represión y criminalización de sus responsables. Este es el gobierno que más ha hecho para promover una legítima movilización ciudadana en defensa de sus derechos fundamentales y por ello fue duramente criticado por quienes estigmatizan a todo movimiento social y político que reclama pacíficamente por lo que considera justo.


Nadie ha hecho más que este gobierno para garantizar que estas manifestaciones se realicen con todas las garantías previstas en la Constitución Nacional y los pactos internacionales. Nuestro gobierno nacional puede enorgullecerse por aplicar cabalmente la letra y el espíritu de las leyes de Defensa de la Democracia, de Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional, leyes por muchos declamadas y por pocos respetadas. Recibió fuertes críticas por ello, curiosamente provenientes de los mismos que por años callaron y ocultaron el accionar violento del Estado para sostener un modelo económico de ajuste que no cerraba sin represión social.
Este gobierno entendió que la mejor política para atender la protesta social es brindar soluciones concretas a los problemas que originan la protesta. Como ningún otro gobierno, los de Néstor y Cristina comprendieron que las soluciones no pasaban “por los palos ni por los planes”, sino por la implementación de políticas públicas inclusivas.

Consciente de que los avances deben ser profundizados y ampliados en sus alcances, el gobierno nacional busca a través del Ministerio de Seguridad y el Consejo de Seguridad Interior establecer protocolos compartidos entre nación y provincias con el objetivo de fijar “criterios mínimos de actuación” de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas. Este gobierno cuenta con una ministra de Seguridad como Nilda Garré con antecedentes intachables en lo que respecta a la adhesión plena a los principios democráticos que deben guiar el accionar de las fuerzas públicas. Garré ha demostrado una enorme inflexibilidad ante cualquier accionar que contradiga la legislación vigente y los protocolos de actuación ante manifestaciones públicas. Esa actitud fue manifestada, una vez más, con la auditoría del software denominado Proyecto X.

Los argentinos –en especial las organizaciones sociales, políticas, sindicales y de Derechos Humanos– son profundamente conscientes de estos logros y de la responsabilidad que tuvo el poder político establecido el 25 de mayo de 2003 para avanzar en estas conquistas. Por eso, es de mínima injusto y mezquino acusar al gobierno nacional de avalar algún tipo de acción tendiente a limitar y criminalizar la protesta social. Como en tantas otras situaciones, nuestro gobierno actuará con total firmeza para que cualquier pretensión por instalar una sospecha sea, una vez más, esclarecida

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