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El Gobierno negocia una caja millonaria con los piqueteros: su propia obra social



Mañana, Diputados aprobará la "emergencia"

Uno de los líderes del Evita ya presentó los papeles. Y en Nación dicen que “si todo lo presentado está bien” el trámite avanzará. Apuntan a los monotributistas que menos aportan.




Acaso por las múltiples reuniones mantenidas y la marcha en común que hicieron con la CGT, los movimientos sociales replican el sistema sindical: negocian ajustes de los planes como si fueran paritarias, cobrarán un aguinaldo en diciembre, y sellaron una acuerdo con el Ejecutivo para que mañana Diputados de media sanción a la ley de Emergencia Social (luego hará lo propio el Senado) que les otorgará de acá a 2019 unos 30.000 millones de pesos, además de darle rango institucional a la organización de estos trabajadores informales. Ahora se suma otra caja millonaria: los piqueteros podrían tener su propia obra social.

- ¿Hubo un pedido, por parte de Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, de crear una obra social para los trabajadores informales?, preguntó Clarín a Luis Scervino, el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud y en definitiva quien aprobará o no el otorgamiento de esa licencia.

- Es cierto. Aún deben completar una serie de información y si todo lo presentado está bien podrían obtener una obra social, que en su caso sería la Obra Social de los Trabajadores de la Economía Popular (OSTEP).

Luego, el funcionario agrega: “Por lo pronto cumple con ciertos requisitos por tener personería jurídica otorgada por el Ministerio de Trabajo, tiene un Estatuto y autoridades formales”.

Un poco de historia para entender el sistema de la seguridad social. Durante el gobierno de Juan Carlos Onganía, luego del Cordobazo, se le dio un marco jurídico al complejo régimen de las obras sociales bajo la ley 18.610 (hoy se cumplirían 47 años de su promulgación): había en el país una situación de mucha tensión política y social. Con el paso del tiempo, esa normativa quedó absorbida por las actuales leyes 23.660 y 23.661 promulgadas durante la época de Raúl Alfonsín: fijaban el financiamiento de la Seguridad Social sólo para aquellos empleados que tenían un trabajo formal y estable.

Más adelante, se crearon, en este orden, los contribuyentes/aportantes de regímenes especiales como son los monotributistas (hoy, 1.160.000), las empleadas domésticas (350.000) y finalmente los monotributistas sociales (430.000). Los argentinos inscriptos en los dos primeros rubros aportan $ 419 al sistema de Obra Social (no importa la categoría, todos aportan lo mismo generando inequidad entre los que menos facturan y los que más lo hacen; situación que se podría cambiar modificando la ley), mientras que los “monotributistas sociales” (los que trabajan en cooperativas, por caso) sólo pagan el 50% de ese importe, mientras que la otra mitad la financia el Estado.

A este universo de dos millones de aportantes apunta Pérsico en su reclutamiento de afiliados.

Scervino aclara: “El hecho de que exista una obra social no implica que se vayan a anotar más monotributistas; no es que se abre un grifo que dice ‘sumemos gente’. De crearse habrá una obra social que busque atender especialmente a un grupo poblacional que Pérsico, en este caso, conoce bien. No hay que tenerle miedo a la inclusión social, hay que perderles el miedo a las organizaciones sociales, hay que tenerle miedo a las cosas que están viciadas de corrupción”.




En definitiva, para afiliarse a la OSTEP, como para afiliarse a cualquier otra obra social, los interesados deben realizar sus aportes. Un dato: de acuerdo a lo que pudo sondear este diario, alrededor de unos 10.000 trabajadores informales, nucleados bajo el Movimiento Evita, se estarían atendiendo en la obra social de Ladrilleros, por lo que de prosperar la OSTEP muchos o todos se podrían pasar, lo que generaría una masa crítica importante de personas desde el vamos que canalizarían con su aporte de $ 419 a la entidad de Pérsico. Sólo esa cuenta da $ 4.190.000.

Un fantasma que siempre reflota cuando se habla de las obras sociales sindicales es que son la caja negra de los gremios, punto de vista que Scervino rechaza: “Por lo menos en los últimos ocho años, ya que los sindicatos bancaron a sus obras sociales con la cuota sindical porque el Gobierno anterior les retenía el fondo solidario” (se acumuló en 30.000 millones de pesos a diciembre de 2015). Y agrega: “Yo no puedo decir ‘Pérsico va a manejar bien o mal’, ya que hay ejemplos de malos manejos en obras sociales sindicales como en otras que no están vinculadas a ese mundo; pero sí puedo asegurar que recibirá de nuestra parte los mismos controles que reciben las otras prestadoras”.






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