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Muy buen texto sobre Salta y desmontes

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Leyendo diarios salteños, me encontre con una columnista de Nuevo Diario De Salta http://www.nuevodiariodesalta.com.ar/ que refleja en gran parte lo que pensamos muchos acerca de desmontes, funcionarios y lobbystas de los desmontes.
Me parece muy bueno el texto por eso considero compartirlo con ustedes.

Elena Corvalan | 26 de Julio de 2009
Falacias

Falacia, dice el diccionario de la Real Academia Española, es, en su segunda acepción, el “hábito de emplear falsedades en daño ajeno”. Por estos días el quehacer público está dando repetidos ejemplos de este mal proceder.

Uno es el de los grandes productores rurales salteños que insisten en que la continuidad de los desmontes para dedicar la tierra casi exclusivamente a la siembra de soja transgénica resistente al herbicida glifosato redundará en beneficio de todos los habitantes de la provincia. Puede que su pretensión de expandir la frontera agrícola con el fin de obtener mayores ganancias sea legítimo, pero decir que mejorar sus economías beneficiará al resto de los salteños es algo así como afirmar que cualquiera puede mitigar su hambre solo con ver que otros comen.

Más que falacias, a juzgar por sus declaraciones públicas, algunos empresarios rurales y madereros parecen tener cierta inclinación a la mitomanía, “un impulso irresistible hacia la mentira y la exageración”, según describe el diccionario de manías. Si creen que hay desproporción en esta afirmación basta mirar lo que dicen sobre la reglamentación de la ley de ordenamiento territorial de los bosques nativos: “Condena sin atenuantes al atraso perpetuo del territorio de media provincia”; cierra por “ley las puertas del progreso y desarrollo” a los habitantes de los departamentos San Martín, Rivadavia y Orán; este reglamento (al que califican de “absurdo”) en realidad fomentará la “depredación clandestina” y el sobre pastoreo con ovejas y cabras, y por ese camino, “muy pronto, no quedarán bosques ni ‘aborígenes’” de qué preocuparse.

Los productores del agro parecen ignorar que no todos los habitantes salteños comparten su visión de desarrollo y progreso. No por casualidad, sino por causalidad: aquellos que muestran discrepancias son precisamente quienes están sufriendo en carne propia los embates de esto que se ha dado en llamar progreso, al que también se le suele dar el nombre de desarrollo y al que se suele calificar de sustentable, sin que nadie pueda explicar, diciendo verdad, cómo es que el progreso y el desarrollo alcanzan solo a unos pocos que obtienen cada vez mayores rentas, y reúnen cada vez mayores posibilidades de aumentar sus ganancias, y deja al resto más pobre.

Hay falacia también en los dichos de algunos legisladores y funcionarios. Sobresale entre ellos el senador provincial, electo diputado nacional, Alfredo Olmedo. Por el solo hecho de ser un productor sojero importante y estar a la vez representando intereses públicos (de sus electores, se supone que no todos ellos productores rurales) debería llamarse a silencio sobre este tema. Todo lo contrario: Olmedo es uno de los más críticos de todo intento de regular la expansión agrícola.

Otro ejemplo de falacias la aportó el diario El Tribuno el 21 de julio. Bajo el título-pregunta: “¿Cuál es el negocio de Greenpeace con la ley de bosques?” el periodista Francisco Sotelo derrama falsedades sobre la necesidad de proteger el ambiente, el glifosato y los cultivos transgénicos.

Además de reflotar el ya histórico enfrentamiento de los adláteres del ex gobernador y actual senador nacional Juan Carlos Romero con la organización ambientalista, Sotelo trae al presente viejas descalificaciones hacia el “fundamentalismo ambiental”; recurre otra vez (¿cuándo se les ocurrirá otra cosa?) al chovinismo y se arroga conocer el pensamiento de los habitantes de Salta, que, claro está, comprenden que el “desarrollo rural” es “la única posibilidad para garantizar la preservación del medio y hacer posible la inclusión social y el retroceso de la pobreza”.

Según el columnista, detrás de quienes se oponen a los desmontes en el continente americano hay intereses de los europeos, que no pueden competir con la tecnología agrícola americana y se valen de estos artilugios para tratar de frenar la producción de alimentos.

Observador de una realidad que evidentemente no es la argentina, habla de “inventos absurdos” sobre derrames radiactivos o “falsos hallazgos de residuos de uranio”, todo con el propósito de beneficiar a compañías extranjeras en perjuicio de las argentinas.

Dentro de tanto desparpajo (en las dos acepciones que tiene la palabra: suma facilidad en el hablar o en las acciones, y desorden) Sotelo utiliza un término apropiado: “espectacular”. Lo hace para calificar el boicot de Greenpeace al uso de los alimentos transgénicos. Según el columnista, sobre ellos “no existe ningún tipo de objeción científicamente probada”.

“Espectacular” es la palabra que califica el yerro de Sotelo al hacer esta última afirmación y al hacer suyas falacias más grandes que las de su propio cuño. Por el contrario: existen investigaciones que objetan el cultivo y la utilización de los organismos genéticamente modificados (OGM). Hasta científicos de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) la han objetado. Solo que los intereses de las empresas agro industriales fueron más fuertes y lograron que en 1992 el gobierno de los Estados Unidos declarara formalmente que no hay diferencias entre los transgénicos y los organismos naturales, y que en 1996 se convirtiera en el primer país que autorizó la soja transgénica, modificada por la firma Monsanto para que resistiera a su herbicida estrella, el glifosato.

El mismo firmante de esta autorización, el ex ministro de Agricultura del presidente Bill Clinton, Dan Glickman, ha reconocido que el permiso se concedió sin completar los estudios de rigor. “Creo que debimos hacer más exámenes pero las empresas agro industriales no querían porque habían hecho grandes inversiones para desarrollar sus productos. (…) Me presionaron mucho para que no fuera demasiado exigente. (…) Fui duramente regañado, no solo por las empresas, sino también por la gente del gobierno”, confesó en una entrevista con la periodista francesa Marie-Monique Robin, autora del libro y el documental El mundo según Monsanto.

En mayo de 1992 la FDA dispuso que los alimentos obtenidos por manipulación genética serán regulados de la misma forma que los obtenidos a través de cruces tradicionales, lo que se conoció luego como “principio de equivalencia sustancial”. Quien entonces era jefe de la sección de Biotecnología de la FDA , James Maryanski, reconoció que fue una decisión política, no basada en estudios científicos.

En El mundo según… se revela que Michael Taylor, quien fue abogado de Monsanto durante siete años pasó, en 1991, a ser funcionario de la FDA y se ocupó, precisamente, de la reglamentación de los organismos genéticamente modificados (OGM). Tras cumplir con esta tarea Taylor abandonó la FDA y fue nombrado vicepresidente de Monsanto.

Una posterior demanda de organizaciones no gubernamentales logró la desclasificación de documentos de la FDA en los que queda claro que sus científicos se oponían al principio de equivalencia sustancial establecido en 1992. A pesar de ello, la FDA aprobó los OGM, incluso contra lo que indicaba la experiencia vivida en 1989, cuando un aminoácido genéticamente modificado, el L-triptófano, provocó una epidemia que mató a 37 personas y dejó más de mil minusválidos. Posteriormente, otras investigaciones han advertido sobre los riesgos del consumo de OGM.

En la Argentina el cultivo de la soja genéticamente modificada fue aprobado en la década del 90, durante la gestión del ex presidente Carlos Menem, aquel que fue compañero de fórmula de Romero.

A juzgar por las constancias existentes en el Servicio Nacional de Seguridad Animal y Vegetal (SENASA), a los funcionarios nacionales no les interesó mucho saber con certeza qué se autorizaba al permitir la siembra de la soja transgénica. En una nota publicada el 27 de abril de 2009 en el diario Página/12 el periodista Horacio Verbitsky desnudó detalles del trámite: el expediente administrativo tiene 136 folios, de los cuales 108 pertenecen a informes presentados por Monsanto y están in inglés. El entonces secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Felipe Solá, firmó la autorización el 25 de marzo de 1996, apenas 81 días después de iniciado el expediente. El mismo día técnicos de la Secretaría habían planteado dudas acerca de sus efectos sobre la salud y solicitaron informes sobre el estado de las autorizaciones en Europa. La resolución de Solá dice que intervino la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía pero ese dictamen jurídico recién se firmó tres días después, el 28 de marzo. No parecen éstas las decisiones de gente bienintencionada y preocupada solo por trabajar y ofrecer fuentes de trabajo.

Sotelo concluye su columna recriminando que el ordenamiento territorial “debió hacerse hace más de un año”, sin recordar que, en primer lugar, el dictado de la ley de presupuestos mínimos de protección de los bosques nativos se demoró por la oposición de los legisladores de las provincias con desmontes y explotaciones forestales, entre ellos los de Salta, los oficialistas que acompañaban a Romero. Y que mientras los legisladores posponían el tratamiento de esta ley el entonces secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta, Gustavo López Asencio, cansaba el brazo de tanto firmar autorizaciones de desmontes. No se hablaba de la necesidad de saber cuánto monte quedaba, cuál era conveniente preservar y cuál podía ser cortado.

A estas alturas da la impresión de que algunos de los personajes de esta columna sufren de hilofobia, miedo a los bosques.


Fuente: Nuevo Diario De Salta

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