¿Trabajadoras sexuales? ¿Trabajadoras?

En estos días se discute especialmente acerca de si la prostitución es un trabajo y máxime que grupos de meretrices reclaman por esa denominación como manera de dignificarse y de insertarse socialmente.
Si el trabajo dignifica al hombre y esto es axioma universal y presupuesto de luchas reivindicatorias mundiales, nos preguntamos qué dignidad hay en la prostitución ya que de su ejercicio se aprovechan muchos que no son los que la ejercen siendo éstos los perjudicados directamente? Perjudicados en salud psíquica y física, reducción a servidumbre y la vulneración de los DDHH básicos que por ser universales son irrenunciables aunque se consienta en ello.

Nos preguntamos también si hay que legislar por la libertad alegada por minorías que pretenden globalizar el tema. El Estado debe legislar sobre lo que es perjudicial socialmente y que afectaría al porcentaje mayor de prostituídos? Recordemos que si bien el derecho a prostituirse es del ámbito de la autonomía individual, el porcentaje de prostitución autónoma es ínfimo.
Hay necesidad real de ese “trabajo” basado en las infinitas posibilidades de los deseos que podemos portar? Siempre se legisla positivamente sobre las “fantasías” particulares o sólo se legisla sobre fantasías negativas por ser perversiones y se las pena porque son en detrimento de otros ?

Cómo se redactaría ese contrato laboral que de entrada ya estaría viciado de nulidad por la desigualdad entre contratante y contratado? Cuál sería el objeto entre partes?

Si se transforman en “asalariadas” tendrán un margen de decisión digno y justo? O quedarían subordinadas de modo casi completo?
Los derechos laborales no estarán mediatizados por la relación prostituta-cafisho?
Las costumbres que se toleran o se protegen siempre crecen y nunca es al revés.
Por qué no empezar a pensar o repensar que a muchos gobiernos les conviene el reconocimiento de la prostitución como trabajo dentro de su economía global? El reconocimiento de la actividad como laboral les evitaría planificar más condiciones de ofertas de trabajo dignos, movilizarían legalmente fondos con los que se beneficiarían los Bancos y las Cuentas Nacionales.

LETICIA BARGO