Aunque la justicia israelí ha condenado reiteradamente la ocupación ilegal de tierras palestinas por parte de los llamados "colonos", el gobierno no toma decisiones para hacer cumplir la ley, dándoles a los usurpadores no solo la protección del ejército sino también la impunidad. Por Daniel Kupervaser
HERZLYA, Israel.- Según una vieja expresión que cataloga el carácter judío, no hay pruebas serias para afirmar que los judíos asesinaron a Cristo, pero con seguridad lo martirizaron y acosaron lentamente a lo largo del tiempo. En nuestros días, da la impresión que la tan vanagloriada justicia judía de Israel está empeñada en convertir este proverbio en un precepto básico de doctrina y jurisprudencia de sus decisiones en casos relacionados con los derechos de los palestinos en Cisjordania.
El comienzo del nuevo siglo XXI coincidió con la irrupción a gran escala de colonos judíos en pos de la apropiación y usurpación por la fuerza de tierras palestinas, en las que erigieron lo que se conoce como asentamientos ilegales en Cisjordania. Mirando a otro lado o con la tacita aprobación, los más altos niveles gubernamentales, incluyendo ministros, mostraron su anuencia mientras que estas hordas se incautaban de tierras públicas y privadas con apoyo material y presupuestario de instituciones estatales de Israel y bajo la protección de su ejército.
Todo está delincuencia perfectamente estructurada quedó al descubierto en el informe de un fiscal de estado retirado, Talia Sazón, quien bajo encargo del primer ministro Ariel Sharon presentó en 2005 un detallado informe que sacaba a la luz todos los trucos y artimañas destinados a esconder un descomunal delito que teniendo en cuenta sus más importantes componentes casi se podría catalogar como “oficialmente organizado”.
Haciendo gala de un aparente estado de derecho, el gobierno liderado por Ariel Sharon dio orden de implementar las recomendaciones de dicho informe: “Israel se comprometió con la Hoja de Ruta del presidente norteamericano G. Bush. En la primera etapa de este plan se fijó que Israel debe desmantelar los asentamientos ilegales que se erigieron desde marzo de 2001. El gobierno de Israel cumplirá su compromiso” (Comunicado del gobierno de Israel, 13-3-2005). El paso del tiempo demuestra que esta declaración no fue más que una expresión de la boca para afuer,a sin ninguna intención seria de cumplirla. La mayoría de estos asentamientos ilegales no solo que no fueron desmantelados sino que hasta el día de hoy florecen y se multiplican con ayuda gubernamental y protección del ejército.
El hecho de que un gobierno mienta y confunda no es una novedad, ni en Israel ni en la mayoría de los países del mundo. La situación se complica mucho más cuando la justicia, la tan afamada justica judía de Israel, se ve embarrada cuando trata de escabullirse de verificar la aplicación de sentencias que dictamina en el caso de los usurpadores judíos de tierras palestinas.
Los casos de Guivat Asaf y Migrón son un claro ejemplo de lo que se puede identificar como un serio desvío en el comportamiento de la Corte Suprema de Justicia de Israel. En 2006 y 2007, el grupo judío Paz Ahora y propietarios palestinos de las tierras usurpadas presentaron un recurso de amparo ante el alto tribunal demandando el desmantelamiento de estos asentamientos ilegítimos y la restauración de la propiedad a sus auténticos propietarios. Los jueces reconocieron la razón de la demanda y el gobierno se comprometió a desalojar y desmantelar estas colonias nacidas del despojo.
En este momento saltaron a la vista dos preocupantes síntomas del desmoronamiento institucional del Estado de Israel. En el primer síntoma, el gobierno demostró toda su desnudez e impotencia de imponer la ley ante estos colonos judíos saqueadores de tierras. Cuánta vergüenza debe sentir el pueblo judío al ver un alto ministro clamar, una y otra vez, ante el alto tribunal de justicia por una nueva prórroga para poner en práctica su fallo, dando su dudosa palabra que se hará justicia en corto plazo. Con estas promesas ya trascurrieron cinco años y es probable que solo seamos testigos del prólogo de esta larga historia. El último capítulo de esta vergonzosa farsa se trasmitió esta semana. Véase: “El Tribunal Superior de Justicia de Israel autorizó una nueva postergación del desmantelamiento de la colonia ilegal Guivat Asaf (YNET, 28-11-2011)
El segundo síntoma tiene un significado mucho peor. Pareciera que las amenazas del último tiempo de proyectos de leyes despóticas de parlamentarios pertenecientes a la bancada del partido de Netanyahu tiene su efecto sobre los jueces (véase “Las amistades peligrosas del judaísmo moderno”). En su afán de no exasperar los sentimientos de los colonos judíos usurpadores de tierras palestinas y también mantener una imaginaria paz interior, da la impresión de que la justicia israelí está creando una nueva figura jurídica en el momento de dictaminar o verificar el cumplimiento de una pena a un delincuente convicto.
Así como existe la cadena perpetua para culpables de crímenes horrendos, los colonos judíos que se apropian ilegalmente de tierras palestinas podrán recibir “impunidad perpetua”, desde el momento que fueron encontrados culpables en la sentencia del juicio (usurpación de tierras), los jueces les fijaron la pena (desmantelamiento y restauración de propiedad a sus legítimos propietarios), pero el cumplimiento de la pena se posterga indefinidamente. Si el expropiador es judío, se otorga tiempo ilimitado para “arreglar” la situación.
El judaísmo siempre luchó en contra de todo tipo de impunidad. Es hora de que demande la abolición de la “impunidad perpetua”, salvo que la considere su derecho natural y exclusivo. La fuente: Daniel Kupervaser es periodista argentino-israelí, director del blog Ojalá me equivoque.
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