El peronismo y la ampliación de la participación política
El 6 de septiembre de 1930 el general José F. Uriburu encabezó el primer golpe de Estado de la historia argentina, derrocando al segundo gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen.
En marzo de 1931 se realizaron comicios para elegir gobernador en la provincia de Buenos Aires y en esa oportunidad los radicales volvieron a triunfar. La reacción del gobierno fue inmediata: las elecciones fueron anuladas y el radicalismo fue proscripto. Desde entonces y hasta 1935 el radicalismo quedó excluido de los comicios. Luego, para evitar un nuevo triunfo del yrigoyenismo, los conservadores y sus aliados recurrieron al fraude. A lo largo de toda la década del 30 el régimen político se sostuvo sobre la práctica sistemática del fraude electoral. Es por eso que este periodo fue denominado "década infame" por los opositores del régimen; en tanto no faltaron quienes defendieron el "fraude patriótico" para impedir resurgimiento de "las masas ciegas".
El fin del fraude llegó con la elección de febrero de 1946, en la que la fórmula Perón-Quijano, del recién conformado Partido Laborista, triunfó con un 52% de los votos. Juan D. Perón asumió entonces la Presidencia de la Nación.
Es importante destacar el reconocimiento y la notoria ampliación de derechos que tuvieron lugar durante el primer gobierno peronista (1946-1952). En cuanto a los derechos políticos, el acontecimiento más relevante fue la sanción en el año 1947 de la Ley número 13.010, más conocida como "ley de voto femenino", que equiparó los derechos políticos entre hombres y mujeres. En las elecciones generales de 1952 (en las que Juan D. Perón fue reelecto) las mujeres argentinas, ejerciendo su nuevo derecho a elegir y ser elegidas, votaron por primera vez, y las primeras legisladoras asumieron sus cargos públicos. Se alcanzaba así el punto más inclusivo en la historia argentina en materia de ciudadanía política.
El ejercicio de esta ciudadanía encontró, además, nuevos modos de expresión. La participación activa de los sectores populares en la vida política se manifestó más allá de las urnas, impulsada a través de la constante organización y movilización a las que apelaba el gobierno, y que dentro de algunos sectores del peronismo se denominó "democracia participativa". Sin que se recurriera formalmente al plebiscito -es decir, a la consulta popular sobre un asunto específico a través de un comicio-, muchas de las acciones de gobierno fueron acompañadas por una convocatoria al movimiento de masas, que generalmente se traducía en una concentración en Plaza de Mayo.

La oposición al peronismo
No obstante lo señalado sobre su primer gobierno, el peronismo generó también profundos rechazos y oposiciones en diversos sectores sociales. Por un lado, la política agropecuaria llevada adelante afectó el poder de algunos segmentos de las clases altas tradicionales. Por otro, a ese descontento se sumó la irritación de otros sectores de las clases altas -e incluso medias- por las formas de democratización social. Estos sectores reaccionaban frente a la apropiación popular de ámbitos y prácticas culturales que hasta ese momento habrían estado reservados a algunos pocos. Ejemplo de esta reacción fue la denominación de "aluvión zoológico" con que se refirieron a esta "aparición" repentina en los espacios públicos de los "cabecitas negras", como cariñosamente llamaba Eva Perón a los trabajadores humildes.
Pero el cuestionamiento más radical que generó el peronismo tuvo su origen en las modalidades y prácticas autoritarias del régimen. Los opositores fueron reprimidos de diversas maneras: despidos laborales, encarcelamientos, censura, entre otras.
Así, durante los años del primer gobierno peronista se fue conformando un mapa político marcado por la adhesión-oposición al régimen. Mientras los sectores populares eran los protagonistas indiscutidos de la adhesión, en la oposición se excomulgaron -más allá de su extracción social- sectores de diversas tradiciones ideológicas: liberales, radicales, comunistas, socialistas, entre otros. Para los opositores, las prácticas públicas que desde el Estado se imponían y alentaban (las recurrentes convocatorias a Plaza de Mayo, la "peronización" de la administración pública y la educación, la exigencia de afiliación al partido y de exhibición del "escudito" peronista, las manifestaciones celebratorias del líder y de su esposa cuyos nombres fueron impuestos a estaciones ferroviarias, calles, plazas y hospitales, etc.) se asemejaban demasiado a las sostenidas por los regímenes totalitarios que habían azotado a Europa antes y durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente el facismo y el nazismo.
La polarización entre peronismo y antiperonismo se agravó durante el segundo mandato (1952-1955) signado, además, por la crisis económica, el conflicto entre el gobierno y la Iglesia y la exacerbación del autoritarismo.

La proscripción del peronismo
El 16 de septiembre de 1955, las Fuerzas Armadas lideraron un nuevo golpe de Estado autodenominado "Revolución Libertadora" y Perón partió al exilio.
En noviembre de ese mismo año la nueva dictadura proscribió al peronismo. Esto significó, principalmente, la exclusión del Partido Peronista de futuras elecciones, la prohibición de nombrar públicamente a Perón y a Evita, de exhibir símbolos peronistas, etcétera.
El golpe de Estado contra del segundo gobierno peronista y la ferocidad de la represión que lo acompañó (que incluyó fusilamientos de civiles) provocaron un profundo malestar social que con el tiempo no hizo más que agravarse. La proscripción del movimiento peronista y el exilio de su líder dejaron sin posibilidad de representación institucional y pública a la identidad política más extendida del país. Después del derrocamiento de Perón en 1955, los gobiernos que se sucedieron, tanto los impuestos por la fuerza como los surgidos de elecciones, carecieron de consenso y fueron considerados como ilegítimos por importantes sectores de la población. La proscripción del peronismo duró hasta 1972.