En el período 1852-1880 se impuso un modelo de Estado nacional que logró subordinar a los poderes locales de todas las provincias mediante una estrategia compleja. Argentina había logrado acordar una Constitución que le daba una entidad jurídica estable, y avanzaba hacia una modernización capitalista que le auguraba una inserción económica internacional favorable a la oligarquía terrateniente.

El período 1852-1880: hacia la consolidación del Estado.

En el contexto internacional, se producía la Segunda Revolución Industrial. El capitalismo, que se afianzaba en el mundo, gozaba de una expansión vinculada a la producción del hierro y el acero y avanzaba hacia su etapa imperialista. Los flujos de comercio internacional se habían ampliado y grandes sumas de ganancias engrosaban las economías de los países centrales, en especial de Inglaterra. Los sistemas políticos liberales también triunfaban, y un importante movimiento obrero organizado daba batalla en la búsqueda de mejores condiciones de vida para el proletariado.

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Para nuestro país, la batalla de Caseros de 1852 implicó el fin del proyecto rosista y un avance en la construcción del Estado nacional. En 1853, el conjunto de las provincias con excepción de Buenos Aires- sancionó una constitución de corte federal. Ese acuerdo no corrió la suerte efímera de las que la habían precedido y abrió paso a una organización nacional definitiva. Entre 1853 y 1862 la separación entre la Confederación Argentina liderada por Urquiza- y el Estado de Buenos Aires liderado por los autonomistas- revivió viejas disputas y volvió a fragmentar el escenario político. Los enfrentamientos militares de Cepeda en 1859 y Pavón en 1861 dan cuenta del peso de esa discordia. Finalmente, la unidad fue lograda. El triunfo del proyecto liberal nacionalista permitió reconstruir la hegemonía porteña mediante la creación de un Estado nacional muy dinámico que logró someter a los poderes provinciales.

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Entre 1862 y 1880, las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda consolidaron esta política mediante una estrategia que combinaba la represión y el acuerdo. Sus fines fueron alcanzar la subordinación a la autoridad central, la organización institucional y la integración territorial.

Junto a esto, se produjo a lo largo de todo el período una modernización económica y social. La resolución de viejos debates –como el de las rentas del puerto de Buenos Aires-, y la aparición de nuevos elementos –como el estímulo a la inmigración y el auge del lanar- permitieron una expansión económica que sentó las bases del modelo agroexportador.

La batalla de Caseros en 1852 puso fin a la hegemonía rosista y sentó las bases para la organización nacional. El Pacto de San Nicolás convocó a un nuevo Congreso Constituyente —esta vez a sesionar en Santa Fe— al que adhirieron originariamente todas las provincias. Pero poco después, Buenos Aires, al sentir peligrar su hegemonía, se levantó contra las autoridades de la Confederación, se declaró Estado autónomo, y retiró a sus representantes del Congreso.

La Confederación dictó su Constitución de corte representativo, republicano y federal en 1853, y eligió como su primer presidente a Justo José de Urquiza. Al año siguiente el Estado autónomo de Buenos Aires dictó su propia Constitución, y nombró gobernador a Pastor Obligado.

De esta forma, lo que iba a ser Argentina quedó dividida en dos unidades independientes, pero en una situación fuertemente inestable. Buenos Aires recuperaba de esta forma la hegemonía económica: su puerto seguía siendo el privilegiado por el comercio internacional y a causa de la división política, no estaba obligada a compartir sus ganancias con el resto de las provincias. Las economías internas languidecían y aunque existía la libre navegación de los ríos, los puertos interiores —como Rosario y Paranᗠno podían competir con el porteño.

Esta difícil situación llevó a que la Confederación dictara en 1857 la Ley de Derechos Diferenciales. Buenos Aires entendió este hecho como una medida que entorpecía enormemente su circuito económico. El enfrentamiento no se demoró mucho. En 1859, las tropas bonaerenses y las de la Confederación —unas al mando de Bartolomé Mitre y las otras al mando de Urquiza— se enfrentaron nuevamente en Cepeda. Buenos Aires fue derrotada, y por medio del Pacto de San José de Flores aceptó ingresar a la Confederación.

El pacto de San José de Flores significó el fin de los proyectos autonomistas y el triunfo de las posturas que pugnaban por la creación de un Estado nacional. Buenos Aires aceptó ser parte de la Confederación y someterse a su Constitución a cambio del derecho de proponer modificaciones a ser aceptadas por el resto de las provincias. Esto se llevó a cabo en 1860.

Entre 1859 y 1862, los liberales nacionalistas, encabezados por Mitre, sumaron cada vez más poder. Este grupo, vinculado a los intereses porteños, sostenía la necesidad de acabar con los viejos enfrentamientos entre Buenos Aires y la Confederación. Se inclinaban por una solución que provendría de la creación de un poder superior a los poderes locales, el Estado nacional, al que todos ellos debían subordinarse. Por ejemplo, sostenían que los bonaerenses debían entregar las ganancias de su puerto a la Nación.

La estrategia era crear y fortalecer esta instancia superior y apoderarse de ella mediante negociaciones con grupos afines. El Estado nacional se volvió un acuerdo entre las oligarquías provinciales, liderado por la aristocracia porteña, sobre el que se apoyó el modelo de la generación del 80.

El triunfo de Mitre se produjo luego de la batalla de Pavón en 1861 cuando las tropas porteñas vencieron a las de la Confederación lideradas por Urquiza. Santiago Derqui, presidente de la Confederación renunció, y Mitre asumió como Presidente provisional. Unos meses más tarde, en 1862, fue nombrado Presidente constitucional. Su proyecto de unidad nacional lograba imponerse.

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Entre 1862 y 1880 se sucedieron las presidencias de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda, quienes fueron electos por todas las provincias que componían la Nación Argentina. Su objetivo común fue la consolidación del modelo triunfante de Estado nacional. Para lograr este fin se aplicó una estrategia compleja que combinaba el consenso y la represión, y cuyas metas fueron: la subordinación a la autoridad central, la organización institucional y la integración territorial.

La subordinación a la autoridad central buscaba limitar o eliminar las autonomías provinciales, así como su poder de decisión y la independencia respecto del poder central. Esto .implicó el establecimiento de pactos —con quienes estuvieran dispuestos a hacerlos—, y la represión —contra aquellos que se opusieran—. En el primer caso, la aceptación del pacto generalmente implicaba la obtención de ventajas para aquellas provincias que lo firmaran. En el segundo caso, el arma elegida fue el Ejército Nacional, que fue lanzado contra quienes fueran considerados una amenaza para el poder central.

La organización institucional implicó el fortalecimiento de las acciones del Estado nacional. Éste empezó a ocupar cada vez más funciones mediante una importante política de obras públicas. Los colegios, los correos, el ejército, el FFCC extendían su red de acción, a la vez que su burocracia se ampliaba. El empleo en el Estado se convirtió en una importante opción laboral para sectores de la población que buscaban escapar del trabajo manual.

La integración territorial adoptaba distintas formas. Por un lado, las políticas de población contra los indígenas, como la llamada “Campaña la Desierto”, ampliaron enormemente la extensión del Estado nacional. Junto a esto, fue necesario la unificación de valores y sentimientos, que implicaron entre otros aspectos el dictado de leyes de aplicación en todo el territorio y la creación de un sentimiento colectivo de nacionalidad.

En 1880, se produjo un último conflicto entre el Estado nacional y los autonomistas bonaerenses. Estos últimos se oponían a que la Ciudad de Buenos Aires fuera nombrada Capital Federal del país y quedara separada de la provincia. El poder ejecutivo no dudó en enviar al Ejército nacional contra los sublevados, que fueron sometidos rápidamente.

Los importantes cambios políticos de los que nos hemos ocupado más arriba estuvieron acompañados de cambios económicos y sociales muy profundos. La acción del Estado nacional fue decisiva para lograr esas transformaciones. En esos años se produjo una importante modernización económica capitalista que buscaba favorecer la inclusión de la Argentina en el nuevo mercado internacional como productora de materias primas.

Los debates económicos de la primera mitad del siglo encontraron su resolución. El librecambismo se impuso sobre el proteccionismo, las aduanas internas fueron eliminadas y el puerto de Buenos Aires pasó a manos nacionales. El Litoral vio satisfechas algunas de sus demandas al lograr dar rango constitucional a la libre navegación de los ríos.

Se estaban llevando a cabo importantes cambios en la economía mundial que afectaban a nuestro país. Se agotó el viejo circuito comercial basado en el saladero que producía tasajo para las zonas esclavistas. Europa atravesaba la segunda revolución industrial, por lo que cada vez demandaba más y nuevos productos: alimentos para su población en aumento, y materias primas, como la lana, para sus industrias. Hacia allí se orientó la economía argentina.

Para lograr estos cambios fue necesario poner el acento en los factores de la producción: tierra, mano de obra y capitales. La acción del Estado se encaminó en ese sentido. La expansión de la frontera permitió la anexión de grandes territorios. En la mayoría de los casos, las políticas de distribución de esas tierras produjo la generación de latifundios —esto es, grandes extensiones de tierra en manos de un único propietario— que aseguraban importantes ganancias a sus dueños.

La mano de obra la aportó, por un lado, la población nativa y, por otro, la inmigración europea. El Estado impulsó políticas para favorecer la llegada de grandes masas de gente que, si bien fueron mucho mayores posteriormente, ya se hacían notar en esos años. Si bien venían con la ilusión de ser propietarios de pequeñas parcelas –como de hecho sucedió en las colonias del Litoral- la mayoría se vio forzada a trabajar para los grandes terratenientes latifundistas.

Los capitales fueron en su mayoría británicos. El Estado pidió préstamos (también llamados empréstitos) que utilizó para financiar la infraestructura necesaria para el desarrollo económico. Se volcaron en el mejoramiento de las tierras, la ampliación de los alambrados, la consolidación del sistema financiero, el dragado de ríos, la adecuación de los puertos, y especialmente en la extensión del ferrocarril.

Todos estos cambios sentaron las bases para el boom económico del modelo agroexportador que se produjo luego de 1880. Sus principales beneficiarios fueron los grandes terratenientes, en especial los de la pampa húmeda y del litoral. Las economías regionales subsistían si lograban incorporarse a los circuitos productivos que privilegiaban una vez más el puerto de Buenos Aires.

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