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Hola taringueros. Hoy rompo un poco con mi estructura a la hora de postear. La mayoría de mis post son completamente objetivos, se muestra mi forma de pensar sobre el tema que se trata pero siempre tiene fuentes, bases serias, etc. Hoy les traigo un post diferente, donde se plantea algo de forma subjetiva, me pareció bastante interesante y puede que muchos compartan esta opinión como puede que no. Bueno, vamos al grano.



•Los psicoactivos sujetos a control internacional no están clasificadas en función de su toxicidad



La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dividido en cuatro Listas los psicoactivos sujetos al control internacional. Teóricamente esta división debería corresponder a su grado de toxicidad y a su mayor o menor utilidad terapéutica, para asegurar así la prohibición total de las drogas más dañinas y la venta restringida de las que pueden ser útiles al ser humano a pesar de los riesgos que conllevan.

No obstante, en la práctica esto no es así. Y cualquier persona puede comprobarlo fácilmente si compara los apartados de "farmacología" de las 42 páginas dedicadas a los diferentes tipos de psicoactivos que comprende esta investigación y revisa después su clasificación legal en los correspondientes apartados de "hechos interesantes".

En la Lista I, que supuestamente es la de mayor nivel de peligrosidad, junto con las llamadas "drogas duras" (opio, morfina, cocaína, heroína) y las denominadas "drogas de diseño" (2CB, MDA, XTC), se encuentran algunos de los psicoactivos más inofensivos para el organismo humano como son los "visionarios" (mezcalina, LSD, psilocina, psilocibina, DMT) y la marihuana (que varios países están despenalizando ya en virtud de sus comprobadas utilidades terapéuticas, a pesar de no ser tan inocua).

Mientras que en las Listas II, III y IV se ubican muchas de las drogas más adictivas y dañinas, aunque eso sí, más redituables para las transnacionales farmacéuticas que las venden bajo receta médica, como es el caso de los antidepresivos, antipsicóticos, sedantes hipnóticos, barbitúricos y estimulantes sintéticos.



•La prohibición internacional no está fundamentada en la protección de la salud pública



Así como el nivel de toxicidad de las drogas no tiene nada que ver con su clasificación internacional, la salud pública tampoco es el criterio que hay detrás de la prohibición de ciertos psicoactivos y la venta libre o restringida de otros.

El alcohol, el tabaco, los solventes industriales y los sedantes hipnóticos provocan mayores tasas de mortalidad en todo el mundo que todas las sustancias prohibidas juntas y su consumo resulta mucho más dañino para el organismo humano que el de ciertas drogas supuestamente más peligrosas englobadas en la Lista I, tales como la marihuana, la LSD, la MDMA, la pscilocibina y la mezcalina, por ejemplo.

En realidad, en la primera Lista figuran todos las psicoactivos que de alguna u otra forma han estado asociados a las minorías étnicas, a grupos marginales o a los movimientos contraculturales; a pesar de que algunos de ellos hayan sido considerados como fármacos muy prometedores en el ámbito de la psiquiatría y la psicoterapia, de acuerdo a diversos estudios efectuados antes de que su incorporación en esta Lista hiciera virtualmente imposible continuar investigándolos.

La mayoría de ellos han entrado directamente a esta Lista a instancias de la Drug Enforcement Administration (DEA), organismo encargado de hacer cumplir la ley anti-drogas de los Estados Unidos; país cuyos temores, aversiones y apoyo económico influyen sustancialmente en los criterios de la Organización Mundial de la Salud.



•La prohibición internacional no tiene sustento en el derecho penal liberal



De acuerdo a los principios que rigen el derecho penal liberal, la penalización de una conducta requiere que ésta afecte o ponga en grave riesgo un bien jurídicamente protegido tal como la vida, el patrimonio, la integridad física o la seguridad nacional. En el caso de las drogas no queda muy claro cuál es el bien jurídicamente protegido. En un primer momento se les consideró delitos contra la salud, sin embargo, no está definido cómo es que los elementos que configuran el tipo penal del tráfico de drogas efectivamente ponen en peligro el bien jurídico en cuestión. Por ejemplo, ¿en qué momento la posesión de una sustancia deviene en un trastorno a la salud?

La posesión de sustancias ilícitas es una conducta que por sí misma no constituye ni una lesión, ni una puesta en peligro del bien tutelado. Este es un tipo penal de los llamados "de autor" en el cual no está en realidad prohibiéndose una acción sino una personalidad.

También resultan violados por la legislación antidrogas los principios de racionalidad de la pena (el cual estipula que la sanción equivale al daño causado), de humanidad (que protege los derechos humanos de los infractores), de idoneidad (que exige se demuestre que la criminalización es un medio útil para el control de un problema social) y de subsidiariedad (que impone la previa comprobación de que no existen alternativas adecuadas a la criminalización). El primer principio es violado porque el monto de las sanciones no guarda ninguna relación con el "daño" causado; resulta menos grave la pena por violación o algunos casos de homicidio doloso, que por "delitos contra la salud". El segundo principio es violado sobre todo en casos de tráfico internacional ya que el tráfico de pequeñas cantidades se castiga con severísimas penas, mientras los que explotan su necesidad difícilmente llegan a ser sancionados. El tercer principio es violado porque se ha demostrado sobradamente la inutilidad de la intervención penal para la resolución de los problemas de farmacodependencia, y el cuarto principio ha sido ignorado por completo ya que no se ha comprobado que no existen alternativas adecuadas a la criminalización.




•El narcotráfico y las muertes por desinformación y adulteraciones son consecuencias directas de la prohibición



El saldo de la lucha contra las drogas puede medirse en función de diversos indicadores: en niveles de violencia y corrupción, en incidencia de ganancias ilícitas sobre la economía mundial o regional, en cuadros de oferta y demanda o en listas de defunción. Listas que incluyen, además de traficantes y defensores de la ley, a un buen número de consumidores desinformados respecto a las modalidades de uso o estafados con drogas adulteradas.

La prohibición excluye la posibilidad de un mercado regulado en el que existan controles de calidad estrictos y efecientes, tal como los que imperan en la industria farmacéutica. Esto, aunado a la avaricia de los narcotraficantes, imposibilita la obtención de drogas puras, ¿por qué ganar menos vendiendo un buen producto cuando se puede ganar más adulterándolo sin peligro de ser sancionado por las instituciones de salud? En el mundo de la venta y la reventa de fármacos prohibidos, presidido por el lucro, el engaño y la traición, el abuso suele pagarse con la muerte.

Al igual que las “familias” italianas en tiempos de la Ley Seca que ilegalizó el alcohol en los Estados Unidos, las familias actuales, es decir, los “carteles” colombianos y mexicanos, realizan destacados servicios en cuestiones sindicales, sociales y de alta política. Al igual que los “capos” de la mafia, los “narcos” han llegado a pactos estables con las fuerzas policíacas y militares, pagando y cobrando impuestos informales en sus zonas de control. Al igual que a las viejas familias, a los carteles les conviene la ilegalización y el rigor en las medidas represivas porque ello deja fuera del negocio a los pequeños traficantes. No obstante, los capos del narcotráfico han llegado más lejos en cuestión de corromper a los integrantes del gobierno, a tal punto que en estos momentos el vinculo entre poder político y narcotráfico en algunos países de América se antoja indisoluble.



•La prohibición es un medio de control político e ideológico



Los Estados Unidos no sólo exportas al Tercer Mundo sus laboratorios y sus drogas lícitas, sino sus "agentes especializados en narcóticos". Vietnam, Laos, Camboya, Tailandia, Irán, Turquía, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Brasil y México, son países cuya estabilidad política preocupa sobre manera a los Estados Unidos, dado lo cual resulta altamente sospechoso que sea precisamente en estos países donde sus agentes reportan mayores actividades de "cooperación en la lucha antidroga". Cualquier persona suspicaz puede advertir en ello una intervención disfrazada.

Para maquillar la intervención y para mantener las grandes cuotas de legitimidad en sistemas políticos cuyos gobiernos se encuentran constantemente cuestionados en virtud de los actos de corrupción en los que incurren sus miembros, resulta lógico que se recurra al poderoso y universal mecanismo de lucha común contra el enemigo.

Desde tiempos inmemoriales es sabido que dentro de la dinámica social cualquier localización del mal en un segmento definido genera consensos respecto a los valores defendidos y provoca cierto sentimiento de unidad. Esto es relativamente sencillo en la actualidad ya que los telediarios y la prensa popular se preocupan más por transmitir las noticias que por cuestionarlas. Así, pudiendo restablecer la solidaridad social cuando se debilita, la mayoría de los gobiernos suelen apartar la atención pública de los problemas reales y logran canalizarla hacia problemas menos relevantes, mientras pretenden estar trabajando por el bien común.




•La opinión pública no cuenta con una información veraz y equilibrada respecto a las drogas



A través de los medios de comunicación masiva, cualquier persona regularmente informada recibe toda una serie de noticias, en su mayoría parciales, respecto al tema de las drogas en las que difícilmente se cuestionan las políticas públicas que sustentan la prohibición.

Lo que se critica, se lamenta o se aplaude son los resultados de estas políticas. Si algún individuo ha consumido algún psicoactivo ilícito esporádicamente obteniendo algún resultado positivo de ello o si alguna persona lleva más de diez años de uso consecutivo sin sufrir el deterioro moral y psíquico que se espera del consumo prolongado, podemos estar seguros de que sus nombres y sus experiencias nunca aparecerán consignados en las páginas de ningún diario, ni se escucharán en noticiero radial o televisivo alguno; allí no hay noticia, la noticia está en el último crimen que cometió cualquier otro "bajo el influjo de una sustancia prohibida".

Informar al público sobre los peligros de la adulteración, sobre las dosis letales de cada droga o sobre los pasos a seguir en caso de intoxicación, no es una labor que se planteen los medios de comunicación. Tampoco el Estado. El papel que se plantea éste es el de perseguir a los narcotraficantes "para acabar con la demanda y por ende con el consumo". El papel de los medios es perseguir la noticia que impacte y conmueva en función de los imperativos éticos del momento.

Así pues, la noticia no está en las muertes provocadas por la adulteración y atribuidas al consumo. La noticia está en la muerte misma y en el carácter epidemiológico de dicho consumo. Está en la corrupción o en los esfuerzos de los organismos dedicados a hacer cumplir la ley anti-drogas, está en las cantidades oficialmente admitidas respecto a decomisos y destrucción material de sustancias prohibidas, está en las firmas de los acuerdos de cooperación para la interdicción o en los tropiezos suscitados al tratar de implementarlos, está en el lavado de dinero, está en las pérdidas y en las ganancias monetarias que se derivan de la venta ilegal y los intentos por frenarla... Y desafotundamente esto es lo único que conforma la opinión pública.



•La prohibición afecta directa e indirectamente a muchas personas



Los pueblos de América Latina y de otras partes del planeta que tradicionalmente han venido utilizando y comerciando con plantas psicoactivas como parte de su cultura y de su religión se ven afectados por la prohibición que los convierte en criminales porque los representantes gubernamentales de otros países y otras culturas, totalmente ajenos a su idiosincracia y sus valores ancestrales, consideran que sus conciudadanos son incapaces de abstenerse de abusar de sustancias que suponen peligrosas para su salud.

Los investigadores y terapeutas que antes de la prohibición estudiaron y administraron diversos psicoactivos a personas voluntarias y pacientes que libremente accedieron a ser sujetos experimentales, también se vieron afectados por la prohibición que ha hecho virtualmente imposible continuar trabajando con las sustancias incluídas en le Lista I, a las que no se les reconoce utilidad terapéutica alguna, a pesar de los múltiples informes que demuestran lo contrario, como es el caso de la LSD y la MDMA por citar sólo dos de ellas.

Los pacientes potenciales que podrían beneficiarse de la utilidad terapéutica de sustancias prohibidas también se ven afectados.



•Los principales beneficiarios de la prohibición no son los ciudadanos a quienes se pretende proteger

Está plenamente comprobado que la muerte no depende del uso, sino del abuso o del mal empleo de los fármacos, por ello, quien persiga la objetividad deberá separar la moral positiva del derecho penal, la represión de la química, así como los intereses de grupos políticos y económicos del interés social.

El uso de drogas es tan antiguo como la humanidad. No obstante, la primera prohibición de fármacos a nivel global se llevó a cabo en este siglo. A partir de entonces parece haber desaparecido el recuerdo de que alguna vez la producción, el tráfico, la venta y el consumo de todo fármaco fueron actividades libres y que la responsabilidad de su abuso o de su mal empleo se imputaba exclusivamente al individuo y no a la droga en sí.

De esta manera, quienes antiguamente habrían sido considerados como personas que evadían la responsabilidad de moderar sus impulsos y controlar su tendencia al exceso, hoy son tratados como víctimas que -inducidas por agentes externos- contraen una enfermedad que se apodera de su conciencia eximiéndolos de toda responsabilidad.

En medio de la cacería suscitada por la prohibición, son pocos los que se atreven a recuperar las nociones de templanza, responsabilidad y autogobierno para oponerlas a las actuales concepciones de amenaza externa, liberación responsiva por enfermedad y necesidad imperiosa de protección estatal.

Si el poder quisiera procurar realmente el bien común protegiendo a sus ciudadanos, en lugar de invertir millones en organizar la represión, podría comenzar por informar verazmente al público sobre calidad de las existencias de drogas ilícitas en cada zona; podría difundir indicaciones sobre dosis activas y letales; contraindicaciones; efectos de cantidades pequeñas, medianas o altas; modos de detectar empíricamente la adulteración; remedios inmediatos en caso de intoxicación y demás información que resulte útil a los consumidores. También podría invertir ese dinero en campañas efectivas de prevención y desabituhación, pero más que nada, en obras sociales que beneficien realmente a los grupos más suceptibles de caer en la drogadicción.



•Resulta imperativo revisar la legislación internacional de sustancias controladas




Las estadísticas nos demuestran que año tras año se elevan impunemente los índices de personas privadas de su libertad por cuestiones relacionadas con la prohibición de ciertas sustancias, los índices de consumo de la mayoría de las mismas y los índices de muertes directa o indirectamente ocasionadas por la prohibición.

Cualquiera que sea el indicador que se consulte, la evidencia de la incapacidad de la prohibición para reducir estos índices obliga a considerar la posibilidad de terminar con el control internacional o en todo caso, de revisarlo a fondo para encontrar dónde están los errores a fin de corregirlos.

La intervención jurídica, de acuerdo a los principios éticos que justifican su existencia, se subordina al respeto a la dignidad y autonomía de la persona humana. Estas aspiraciones se cristalizan en los principios rectores del derecho penal "liberal" o de "garantías" sustentado en la mayor parte de los ordenamientos jurídicos modernos. Y tales principios son sistemáticamente violados todos los días mediante la aplicación de la legislación internacional en materia de drogas, por lo cual, revisar esta legislación resulta un imperativo dictado por la más elemental de todas las lógicas.



•Es indispensable involucrar al gobierno estadounidense en el debate sobre la despenalización



Debido a la influencia general de Estados Unidos en la ONU, particularmente en los lineamientos de la Organización Mundial para la Salud, debido a su protagónico papel en la iniciativa prohibicionista y en la inclusión de la mayoría de las sustancias a las listas de control internacional, y debido a su manifiesta pretención de actuar como policía mundial, es necesario incluir a los Estados Unidos en cualquier agenda seria que pretenda plantear la despenalización.

Muchos países aún están sometidos a los intereses políticos y económicos de los Estados Unidos y no harán ninguna propuesta de despenalización que pueda resultar políticamente incorrecta a los ojos de quienes desean agradar y temen desafiar.

Por eso es que el debate sobre la despenalización es un asunto global que debe plantearse de forma multilateral para que tenga impacto real.



•Se requieren sensibilidad, tolerancia y equilibrio para plantear la despenalización



Hasta ahora, el escaso debate que se ha desarrollado en torno a la idea de despenalizar las drogas incluye por regla general posiciones extremas. Posiciones en las que se discuten conceptos morales y buenos deseos antes que cursos lógicos de acción frente a problemas graves y crecientes.

Hay muchas personas de buena voluntad que sienten el deber moral de alejar a otras del peligro mortal que ven en las drogas y para estas personas, muchas de las cuales tienen gran influencia sobre la opinión y las políticas públicas, despenalizar las drogas equivale a aceptar la debacle y condenar a muerte a miles de personas.

También hay muchas personas de buena voluntad que sinceramente creen que el problema de las drogas se acabará cuando desaparezca la prohibición y únicamente se enfocan en luchar contra ella sin proponer ninguna otra alternativa, escandalizando y preocupando aún más a los prohibicionistas con sus actitudes.

En por eso que plantear la despenalización requiere grandes dosis de sensibilidad, tolerancia y equilibrio para contemplar las preocupaciones e intereses de todos los involucrados y no sólo las de un grupo en particular.




Fin del Post!