1.- EL DERECHO PROCESAL INTERNACIONAL Y LA COOPERACIÓN JUDICIAL. 2.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA INTERNACIONALES. 3.- ¿POSIBLES CONFLICTOS DE COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL?. 4.- LAS EXCEPCIONES DE NATURALEZA INTERNACIONAL A LA COMPETENCIA JUDICIAL NACIONAL. 5.- LOS CONFLICTOS DE LEYES Y SU RESOLUCIÓN EN LAS CUESTIONES INCIDENTALES. 6.- LA COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL Y LAS FORMAS DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS JUECES Y TRIBUNALES DE DIFERENTES ESTADOS. 7.- EL CONTEXTO CONVENCIONAL DE LOS EXHORTOS SUPLICATORIOS EN LA COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL. 8.- FORMAS DE COMUNICACIÓN EN EL TRATADO DE DERECHO DE DERECHO PROCESAL INTERNACIONAL DE LA CONVENCIÓN DE DE MONTEVIDEO, EN EL CÓDIGO BUSTAMANTE Y EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 9.- LAS ACTUACIONES PROCESALES Y LA PRUEBA EN MATERIA INTERNACIONAL. 10.- LAS MEDIDAS CAUTELARES EXTRANJERAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 11.- LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES EXTRANJERAS Y EL EXEQUATOR. 12.- ALGUNAS REFERENCIAS DEL CONTEXTO CONVENCIONAL. 13.- BIBLIOGRAFIA.

1.- EL DERECHO PROCESAL INTERNACIONAL Y LA COOPERACIÓN JUDICIAL.

El 19 de noviembre del año 2013, fue promulgada y publicada la Ley No. 439 del Estado Plurinacional, con el título de Código de Procedimiento Civil (en adelante CPC o Ley 439), que por mandato de la misma en su disposición transitoria primera tendrá vigencia plena desde el 6 de agosto del 2014.
El Código de Procedimiento Civil, en su Libro Segundo denominado “Desarrollo de los Procesos”, incluye un Título VIII denominado “Cooperación Judicial Internacional”, que se halla dividido en cuatro capítulos, con los siguientes epígrafes; disposiciones generales, exhortos suplicatorios y otras comisiones, cooperación judicial en materia cautelar y ejecución de sentencias dictadas en el extranjero.
La intención de este trabajo es reformar lo desarrollado por el autor en anteriores gestiones por comparación con el contenido de la Ley 439 o CPC, específicamente se intentará relacionar el contenido del tema once de la materia inserto en libro “Derecho Internacional Privado” del IDEI con las prescripciones de la nueva ley, para provocar su posible inclusión en el sentido de la enseñanza de la materia en el país, por lo que se propone la reforma de los contenidos del tema 11 ya indicado en los siguientes términos:
El buen uso de las normas procesales del derecho, tanto en su sentido institucional como hermeneútico, es el que legitima, prestigia y hace eficaces a las normas jurídicas sustantivas en cualquier campo de la dogmática jurídica, con esa certeza varias doctrinas jurídicas, han soslayado dilemas (falsos o verdaderos) sobre los criterios empíricos (fácticos) o morales (ideales) que pretenden sustentar la eficacia o la efectividad de las leyes, permitiendo de este modo el desarrollo de diferentes materias del derecho; sobre esa misma certeza es que intentaremos apreciar el funcionamiento y la eficacia del Derecho Internacional Privado (DIPr) en Bolivia.
Las normas del Derecho Procesal Civil en Bolivia (Ley No. 439), asumen el Derecho Internacional (Público y Privado) de modo taxativo como la base para la aplicación local de las normas de conflicto indirectas o las materiales o directas y prescribe “Cuando un conflicto tenga que resolverse conforme a normas del Derecho Internacional y no existiere tratado o convención aplicable, las autoridades judiciales sustanciaran y resolverán el caso de acuerdo a las leyes del Estado Plurinacional del Bolivia (art. 492 Norma Aplicable); teniendo presente que si existen normas de Derecho Internacional (Código Bustamante, Convención de Montevideo y otras) válidas y vigentes que establecen los principios y la hermeneútica de aplicación del derecho extranjero
Sin olvidar que la razón práctica nos obliga a recurrir al foro local para que mediante la tramitación de la cuestión previa y la calificación o las solicitudes a los órganos judiciales locales para la realización de actuaciones en el extranjero, es en sede local donde debe encaminarse la cooperación externa para realizar u obtener los elementos procesales o probatorios necesarios a la buena marcha del proceso civil. Los principios procesales o disposiciones generales normados serían: I) En el inicio de los procedimientos en el país se aplicará la ley procesal local o lex fori (art. 493.I del NCPC); II) aplicación de oficio (imperativa) del derecho extranjero por el juez local (iuria novit curia), sin perjuicio de que las partes puedan acreditar la existencia, vigencia y contenido de la ley extranjera de conformidad al principio dispositivo (art. 493.II del NCPC); III) la relación procesal podrá trabarse de conformidad a la ley local (lex fori) o a la ley de origen (lex causae) sin que se admita la prueba prohibida por la legislación boliviana (art. 493.III); IV) El principio de la aplicación judicial del derecho extranjero, tiene su excepción en el principio del orden público internacional, tal como es reconocido en convenios y tratados suscritos y ratificados por el Estado; V) en la aplicación del derecho sustantivo extranjero, se obrará respetando los recursos procesales consagrados en la legislación boliviana.
Las Reglas o Principios Generales enunciados en los arts. 492 y 493 reafirman lo que podríamos considerar los cinco aspectos fundamentales de la cooperación judicial internacional: 1. El relativo a la determinación de la norma extranjera aplicable (de oficio); 2. El relativo al modo de proceder en juicio con elementos extranjeros (normas o hechos), 3. Al modo de proceder para la ejecución de las sentencias o laudos arbitrales emitidos en el extranjero y 4. Al que con propiedad podemos denominar “auxilio judicial internacional” que es el solicitado por las autoridades judiciales locales a las extranjeras, que son entre otras las que justifican la importancia de esta rama del derecho y por tanto su consideración como conjunto normativo que forma parte del sistema jurídico boliviano.

2.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA INTERNACIONALES.

Romero Seguel, citado por Sonia Rodríguez, dice: “La jurisdicción, vale decir la función pública que consiste en la determinación irrevocable del derecho en un caso concreto, seguida, en su caso, por su actuación práctica, como dice Manual Serra Domínguez, no puede ser confundida con la competencia. En efecto, aquella deriva de la soberanía de cada Estado es entregada a los órganos de este conforme a la organización política de cada uno. Es la Carta Fundamental del Estado que delimita su ejercicio, distinguiéndola de sus demás funciones propias. En consecuencia la función jurisdiccional encuentra sus fronteras, en el ámbito internacional, en el límite de su soberanía, y, en el interno, donde comienza otra función propia, como por ejemplo la legislativa”. “En cambio la competencia es la potestad -deber- que tiene cada juez o tribunal para conocer los negocios que la ley -las partes u otro juez- ha colocado en la esfera de sus atribuciones. Constituye entonces solo una parte de la jurisdicción de cada juez” , este tipo de conceptos inhibieron totalmente la posibilidad de legislar posibles conflictos jurisdiccionales internacionales y consolidaron definitivamente la denominada solución privatista por excelencia que es la aplicación local de la norma (ley, resolución, sentencia) extranjera.
Es importante fijar el sentido de jurisdicción en el DIPr desde el uso que se le da en el Derecho Público Interestatal, así en este último y desde el alcance del Derecho Penal, se expresa en reglas que fijan la jurisdicción del Estado Plurinacional, así en el Código Penal (Ley No. 1768 de 11 de marzo de 1977) en su artículo primero se reconoce; a) el principio de jurisdicción territorial de cada estado; b) se sostiene la existencia de una jurisdicción personal que se desdobla en conceptos de protección pública activa y pasiva, dependiendo de si el delito cometido desde otro territorio y con efectos en el propio, o si fue cometido por nacionales o extranjeros c) a los delitos cometidos en prolongaciones de la soberanía estatal como los cometidos en naves o aeronaves o por funcionarios en representación del Estado Plurinacional y d) Inclusive como parte de la jurisdicción universal cuando se procura sancionar delitos cometidos en cualquier territorio, por y en contra de nacionales de cualquier Estado, pero que afectan normas o valores de naturaleza global, como ocurre hoy con la Corte Penal Internacional (CPI) y sus actuaciones que estamos obligados a cumplir , que en la mayoría de los supuestos implican grados de extraterritorialidad que siempre fueron cuestionados, pero que hoy revitalizan su legitimidad en criterios funcionales como el evitar la impunidad en el ámbito penal, para cuya efectividad se requiere el cumplimiento de actuaciones judiciales legitimadas por las reglas de la cooperación judicial internacional.
Seguramente por el sentido de soberanía y de orden público (derecho público) tan caros a varios doctrinarios del Derecho Procesal Civil en la Bolivia del 2014, no resulta sencillo el diálogo especializado, por tanto para demostrar la necesidad y eficacia de las reglas de la cooperación judicial internacional no tenemos otra opción sino partir de la base de la competencia territorial en materia civil y asumiendo que la autoridad competente para conocer de un litigio en la materia y el procedimiento aplicable es la del lugar donde se traba la relación procesal y se califica o ley del foro (lex fori), esto pese a las varias posibilidades abiertas por las denominadas reglas de la competencia internacional, especialmente las que tienen que ver con el denominado reenvio a las leyes de origen (lex causae), o también conocida como la remisión a la legislación competente que esperamos se haga practicable a la hora de la aplicación del Derecho Civil en Bolivia.
El objetivo es encontrar la ruta donde verifiquemos que la concepción de cooperación judicial procesal inserta en el Código de Procedimiento Civil (Ley 439) en su Octavo Título (artículos 492 al 509) entretejida con las reglas de la cooperación judicial inserta en los tratados vigentes, permitan viabilizar o efectivizar los procedimientos con el debido conocimiento y voluntad de los jueces y las instituciones judiciales, encargadas de cumplir con las reglas de esta materia tan importante para el Estado de Derecho en Bolivia.

3.- ¿POSIBLES CONFLICTOS DE COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL?.

Al ser la competencia, el reducto inicial de la actuación judicial (art. 12 de la Ley del Órgano Judicial Ley No. 25 de 24 de junio de 2010), a través de ella nos encontramos con los usos del derecho común u ordinario por los que en el cotidiano del derecho procesal local, reconocemos con facilidad como funciona la competencia en razón de territorio, de materia y de cuantía, sin embargo baste recordar que los arts. 10 al 16 del Código de Proc. Civil (Ley 439) establecen las reglas de la competencia judicial fundada en acciones personales, reales y mixtas, incluida la competencia por puntos de conexión o reglas de conflicto como el domicilio, sin perder de vista el concepto de sumisión voluntaria incluido en la LOJ vigente, veamos su correspondencia con las reglas de competencia del Derecho Internacional Privado (DIPr).
Entre las reglas de competencia reconocidas en diferentes momentos de la historia del derecho procesal civil internacional que fueron desarrolladas como puntos de conexión en la construcción legislativa o doctrinal del DIPr , así en general encontramos: la regla del territorio, la de la nacionalidad, la del domicilio, la de la sumisión voluntaria, la del lugar del hecho o derecho que origina el juicio (lex causae), la del lugar donde se sustancia la controversia (lex fori), la de la situación de los bienes (lex rei sitiae), la del lugar del acto jurídico que crea derechos (lex loci celebrationis o actuacionis), la del lugar donde se realiza el acto (locus regit actum), etc sin embargo no todas se insertaron en instrumentos jurídicos nacionales o internacionales, así el Código. Bustamante en su art. 318 al 332 y concordantes, incorpora las reglas de la sumisión, de la nacionalidad, la del domicilio y la de la situación, admite otras reglas de modo disperso, otro tanto ocurre con la Convención de Montevideo de 1889 que en el Título XIV del Tratado de Derecho Civil Internacional, asume las reglas procesales del lugar de la controversia (art. 56), del domicilio, (art. 57), de la situación de los bienes (art. 60), la nacionalidad o personal (art. 62) y concordantes.
Un posible conflicto de leyes debe inicialmente ser objeto de una acción preliminar o cuestión previa que autorice la aplicación o inaplicación de la ley extranjera de conformidad a las reglas internacionales antes enunciadas y a las del Código de Procedimento Civil (CPC o Ley 439), en especial en su art 12, que también parte de los puntos de conexión de la lex rei sitiae, lex domicili, lex loci celebrationis y ejecutionis, locus regit actum, en correspondencia o concordancia con las reglas enunciadas en los tratados del DIPr, concluyendo con la enunciada el art. 397 del Código Bustamante (declinatoria) o las del CPC en sus art 18 y 19.

4.- LAS EXCEPCIONES DE NATURALEZA INTERNACIONAL A LA COMPETENCIA JUDICIAL NACIONAL.

Se entiende que en materia procesal las excepciones también se originan en el orden público internacional y nacional, así del el Derecho Internacional Público y a través de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 e instrumentos conexos, los Jefes de Estado y Gobierno, los Representantes Diplomáticos, las Misiones Especiales y otras funciones estatales que se encuentran fuera de la competencia judicial nacional o la originada en el DIPr como lo reconoce el Código. Bustamante en su art. 333 al 339.
Igualmente en el DIPr Boliviano, se reconocen mediante el Código. Bustamante o la Convención de Montevideo de 1989, las excepciones de naturaleza internacional como son la Litispendencia (art. 394 del Código Bustamante y 5 del Tratado de Derecho Procesal de Montevideo), la Cosa Juzgada (art. 396 del Código Bustamante y 5 procesal de Montevideo), la incompetencia de jurisdicción (art. 397 del Código. Bustamante).
En todo caso las excepciones deben ser consideradas de oficio bajo el principio Iuria Novit Curia o a requerimiento de parte, dependiendo de la resolución del juez en lo relativo a la aplicación de la norma local o extranjera, puesto que esta tendrá incidencia en la eficacia material del acto jurídico en cuestión, tal como lo reconocer el CPC en sus arts. 128 y 129, que para el caso del DIPr, se hallarían en correspondencia con las reglas de la competencia.

5.- LOS CONFLICTOS DE LEYES Y SU RESOLUCIÓN EN LAS CUESTIONES INCIDENTALES.

La Convención Interamericana sobre Normas Generales, en su art. 8 (no ratificada por Bolivia), establece que "las cuestiones previas, preliminares o incidentales que puedan surgir con motivo de una cuestión principal no se deben resolver necesariamente según la ley que regula esta última".
Existiendo normas vigentes en Bolivia como las contenidas en Bustamante y Montevideo, que ratifican la hipótesis planteada en el art. 8 antes citado en los relativo a la resolución de las cuestiones incidentales relacionadas con la principal que fue objeto de remisión a la legislación extranjera, es decir de las controversias parciales que emergen de la tramitación del proceso, es que planteamos que cualquier contradicción incidental debe resolverse en el contexto de las normas de derecho internacional privado del tribunal (lex fori), que debe autorizar la aplicación de las reglas procesales extranjeras (lex causae) para resolver el incidente planteado.
Sin querer olvidar la denominada cuestión previa sustantiva, debemos hacer mención a los tratados que rigen el tema, así en el Tratado de Montevideo no se trata el problema en forma específica; solo accidentalmente y tropezando con él. (El del 89 no la incluye y el del 40, apenas). En el Tratado de Derecho Civil: los contratos accesorios se rigen por la ley de la obligación principal. En el Tratado de Derecho Comercial (1889): se somete al aval a la ley aplicable a la obligación garantizada; En el de 1940: se somete el aval a una ley y la obligación garantizada a otra. En el Tratado de Derecho Civil: respecto a los contratos comunes, la misma ley que regula la validez, también indica sus efectos. (En el derecho privado interno también) .

6.- LA COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL Y LAS FORMAS DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS JUECES Y TRIBUNALES DE DIFERENTES ESTADOS

La comunicación entre los jueces o los tribunales de justicia, es indispensable al momento de resolver causas especialmente las controversiales en las cuales se identifican elementos extranjeros, pues se trata de solicitar al juez o tribunal de otro Estado su colaboración para la realización de ciertas actuaciones procesales. De acuerdo a Marcela Arriola Ezpino se entiende por cooperación a:
(…) el auxilio judicial que se prestan tribunales de distintos Estados para la realización de actos procesales que, por la vigencia del principio de la soberanía, no puede realizar el tribunal del foro fuera de su territorio jurisdiccional, pero sí el tribunal del Estado extranjero en cuyo territorio se debe realizar las notificaciones, medidas cautelares o pruebas que se encarguen y que, tendrán plena validez en el proceso que se sigue por el tribunal del Estado requirente.
La prescripción de cooperación judicial internacional de carácter imperativo contiene una serie de posibilidades que el derecho procesal debe encaminar. A manera de ejemplo señalamos el planteado por Couture en sus estudios de derecho procesal civil, en el cual un juez de un Estado perteneciente al sistema romano germánico, solicita a un juez del Common Law estadounidense su colaboración en la notificación de una persona a través de una carta rogatoria o exhorto, dicho actuado procesal se lleva a cabo por el juez exhortado. Sin embargo en la tradición del Common Law se permite a los abogados de las partes realizar las notificaciones, motivo que genera conflictos en torno a la validez de la notificación para el juez exhortante, como ocurriría en también en nuestro país.
Con el propósito de encaminar problemas como el planteado por Couture, se han elaborado convenciones que establezcan y regulen mecanicismos de comunicación y colaboración entre autoridades jurisdiccionales (jueces y tribunales). En el caso particular de Bolivia, a nivel del sistema interamericano, se ha ratificado la Convención Interamericana sobre exhortos y cartas rogatorias que es la norma supra legal que contextualiza el Código de Procedimiento Civil (Ley 439) que se ocupa de los exhortos suplicatorios o cartas rogatorias en sus arts. 494 al 496 e inclusive de la cooperación en materia cautelar (arts 497 al 501) del mismo cuerpo legal

7.- CONTEXTO CONVENCIONAL DE LOS EXHORTOS SUPLICATORIOS EN LA COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL

La Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias de 1965, aprobada y ratificada por Bolivia según Ley No 3667 de 6 de marzo del 2006, constituye la norma convencional aplicable a las cartas rogatorias o exhortos en materia comercial y civil que tengan por objeto:
1.- La realización de actos procesales de mero trámite, tales como notificaciones, c citaciones o emplazamientos en el extranjero
2.- La recepción y obtención de pruebas de informes en el extranjero, salvo reserva expresa al respecto .
De acuerdo a la convención los exhortos o cartas rogatorias podrán ser transmitidos por las partes interesadas, por vía judicial, por intermedio de los funcionarios consulares o agentes diplomáticos o por la autoridad central del Estado requirente o requerido.
De acuerdo al artículo cinco de la convención, los exhortos o cartas rogatorias deberán cumplir los siguientes requisitos:
1.- Que el exhorto o carta rogatoria se encuentre legalizado, excepto cuando sean tramitados por vía consular, diplomática o por la autoridad central de cada Estado parte o por tribunales de zonas fronterizas.
2.- Que el exhorto o carta rogatoria y la documentación anexa se encuentren debidamente traducidos al idioma oficial del Estado requerido.
Los documentos que se deben acompañar al exhorto o carta rogatoria son:
1) Copia autenticada de la demanda y sus anexos, y de los escritos o resoluciones que sirvan de fundamento a la diligencia solicitada;
2) Información escrita acerca de cuál es el órgano jurisdiccional requirente, los términos de que dispusiere la persona afectada para actuar, y las advertencias que le hiciere dicho órgano sobre las consecuencias que entrañaría su inactividad;
3) En su caso, información acerca de la existencia y domicilio de la defensoría de oficio o de sociedades de auxilio legal competentes en el Estado requirente.

8.- FORMAS DE COMUNICACIÓN EN EL TRATADO DE DERECHO PROCESAL INTERNACIONAL DE LA CONVENCIÓN DE MONTEVIDEO, EN EL CÓDIGO BUSTAMANTE Y EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL

Tanto la Convención de Montevideo de 1889 como el código Bustamante, establecen mecanismos de cooperación y comunicación a través de exhortos y cartas rogatorias concordantes con la Convención Interamericana que describimos en el anterior subtítulo, que pueden ser enunciadas del siguiente modo:

1. Vía diplomática.
2. Vía consular.
3. Remisión directa de juez a juez
4. Vía directa por comisión diplomática o consular
5. Vías directas entre autoridades centrales

Con relación a la norma aplicable en torno a la diligencia de las cartas rogatorias o exhortos, tanto el código Bustamante como el tratado de Derecho Procesal Internacional Privado advierten que el exhorto internacional o carta rogatoria se diligencian conforme a las leyes del Estado requerido; sin embargo, el objeto o fondo de la carta rogatoria debe sujetarse a la ley del Estado comitente o requirente.
El Código de Procedimiento Civil (CPC), establece que los exhortos suplicatorios son el medio para la realización de diligencias de mero trámite, comunicaciones procesales y la obtención de pruebas e informes en el extranjero o de las provenientes del extranjero (Ley 439, art. 494).
Se entiende que los exhortos suplicatorios, legalizados por autoridad judicial competente, (ejem: el Consejo de la Judicatura), pueden hacerse llegar a la autoridad judicial extranjera por los interesados, los agentes diplomáticos, la autoridad administrativa competente, o la vía judicial (Ley 439, art. 495). Los exhortos se tramitarán de conformidad a la ley del foro requerido (nacional o extranjero) y no serán ejecutables en el país si resultan contarios a lo dispuesto en la legislación boliviana (art. 495,III).
Además de contar con una traducción de perito autorizado, el cumplimiento de la diligencia contenida en el exhorto extranjero, no implica el reconocimiento local de la competencia de la autoridad extranjera, ni de las resoluciones o sentencias que aquella emita (art. 495, V).

9.- LA ACTUACIONES PROCESALES Y LA PRUEBA EN MATERIA INTERNACIONAL

La cooperación judicial en materia civil es el principal instrumento para viabilizar en sede local, la resolución de controversias con elementos extranjeros de derecho o de hecho, pues permite o viabiliza la eficacia, coherencia y continuidad del derecho protegido, garantizada o reclamado en medio del pluralismo jurídico típico del derecho internacional privado. En ese sentido se distinguen claramente varios niveles de cooperación procesal, como son los referidos a la práctica de diligencias judiciales como citaciones, notificaciones y otros actos de mero trámite en los diferentes tipos de procedimientos civiles; la recepción de pruebas en el extranjero o para el extranjero; el reconocimiento del valor probatorio de resoluciones jurisdiccionales extranjeras y la homologación y ejecución de sentencias dictadas en el extranjero.
En este subtítulo incidiremos en las actuaciones referidas a la prueba en materia internacional, en cuanto a los medios de prueba, su recepción y apreciación por los tribunales de justicia del Estado Plurinacional.
El Código Bustamante en su art. 398 al 411 desarrolla diferentes aspectos referidos a obtención de la prueba y su valor en materia civil, así como también la Convención de Montevideo en el tratado referido a derecho procesal, instrumentos que pese a su antigüedad siguen rigiendo en Bolivia, puesto que el estado boliviano no ratificó ni se adhirió a otros instrumentos jurídicos válidos en la materia .
En una primera hipótesis, referida a los medios de prueba en nuestra legislación no se especifica cuáles son los medios de prueba idóneos o únicos a obtenerse cuando exista una petición expresa en un caso con elemento extranjero, sea este semi-multinacional o multinacional. El Art. 399 del Código Bustamante nos dice que “Para decidir los medios de prueba que pueden utilizarse en cada caso, es competente la ley del lugar en que se ha realizado el acto o hecho que se trate de probar, exceptuándose los no autorizados por la laye del lugar en que se sigue el juicio”. Cualquiera sea el rol que se le asigne al tribunal en la averiguación del contenido de la ley extranjera, no se puede evitar la idea que el juez no está obligado a conocer las normas extranjeras designadas por nuestra norma de conflicto como aplicable a su caso.
La función y el rol de las partes se equilibran, siendo primordial la carga de la prueba que pesa sobre estas últimas: todos los medios de prueba son admisibles, siempre y cuando no estén en contra de normas dispositivas o el orden público del estado. En el primer caso, si la parte no prueba la aplicabilidad del derecho extranjero, el juzgador debe decidir con los elementos que obran en el expediente, pues de otra forma estaría actuando de manera supletoria con una de las partes y produciendo desigualdad.
En una segunda hipótesis, que estuviese relacionada con el orden público la actividad desplegada por el tribunal no es sino consecuencia de la protección de la parte débil en el proceso y que merece ayuda. En conclusión el procedimiento para la recepción de prueba en sí mismo, el juez exhortado tiene la facultad de permitir la práctica de formalidades distintas a las nacionales cuando ellas no violenten el orden público nacional ni las garantías constitucionales de la persona a cuyo cargo se recibirá la prueba .
Una vez conocidos los medios probatorios admitidos en un determinado estado según la Convención Interamericana sobre recepción de Pruebas en el Extranjero (no ratificada por Bolivia) de la OEA para posibilitar la obtención de pruebas, la parte requirente debe lograr canalizar judicialmente la petición mediante Carta Rogatoria o Exhorto suplicatorio cumpliendo los siguientes términos:
1. Indicación clara y precisa acerca del objeto de la prueba solicitada.
2. Copia de los escritos y resoluciones que funden y motiven el exhorto o carta rogatoria, así como los interrogatorios y documentos que fueran necesarios para su cumplimiento.
3. Nombre y dirección tanto de las partes como de los testigos, peritos y demás personas intervinientes y los datos indispensables para la recepción u obtención de la prueba.
4. Informe resumido del proceso y de los hechos materia del mismo en cuanto fuere necesario para la recepción u obtención de la prueba;
5. Descripción clara y precisa de los requisitos o procedimientos especiales que el órgano jurisdiccional requirente solicitare en relación con la recepción u obtención de la prueba, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 2 párrafo primero, y en el Artículo 6 .
En la Convención de la Haya sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial detalla un poco más los requisitos, sobre las cartas rogatorias o exhortos suplicatorios a ser enviados, como ser el punto 3 inc. f) “Las preguntas que hayan de formularse a las personas a quienes se deba tomar declaración o los hechos acerca de los cuales se les deba oír”.
Una vez exhortado el juez y aceptada la jurisdicción del mismo, se procede a la obtención de la prueba a solicitud de las partes y los funcionarios encargados por ley de realizarla . En cuanto a la interrogación de testigos o la obtención de declaración de las partes, con cualquier nombre que se designen en el procedimiento extranjero, se puede realizar los interrogatorios ya sean abiertos o cerrados o como determine el Derecho Procesal Civil del estado requirente o el requerido según la respectiva autorización judicial. La liberalidad del juez tiene su límite en la garantía de la legalidad y racionalidad de las pruebas requeridas, como es que los interrogatorios deben estar relacionados directamente con la Litis y que las preguntas no sean tendenciosas o mal intencionadas.
Asimismo, sobre la prueba documental nuestro código civil señala en su art. 1294 “los documentos públicos otorgados en el país extranjero según las formas allí establecidas, tendrán el mismo valor que los extendidos en Bolivia si se hallan debidamente legalizados…”, aspecto reglado en el art. 147, III del CPC
El n si sobre cualquier tipo de prueba realizada en el extranjero la normativa boliviana del Código de Procedimiento Civil en su art. 385 dice “si la prueba debe producirse fuera de la república; el juez comisionara a la autoridad judicial correspondiente…”
Estas reglas son aplicables a cualquier persona que se encuentre bajo la jurisdicción de los tribunales bolivianos y asimismo todas las pruebas contenciosas que se reciban en nuestro país deben ser recibidas por conducto de las autoridades judiciales nacionales quienes serán las únicas autorizadas para establecerse y ejercitar medidas coactivas y pedir la utilización de la fuerza pública, cuando así se requiriese para la obtención de la prueba.
El principio de judicialidad, solo admite la excepción de las pruebas que pueden recibir las autoridades consulares extranjeras. Sin embargo cabe reiterar que estas autoridades no pueden decretar ni ejecutar medida coactiva ni solicitar el auxilio de la fuerza pública, por lo que en la práctica su utilización se limita a las pruebas que las partes voluntariamente deseen rendir ante dichas autoridades.
Por ultimo para que el juez aprecie la prueba se siguen criterios descritos en el art. 402 del código Bustamante:
1. Que el asunto o materia del acto o contrato sea lícito y permitido por las leyes del país del otorgamiento y de aquel en que el documento se utiliza;
2. Que los otorgantes tengan aptitud y capacidad legal para obligarse conforme a su ley personal;
3. Que en su otorgamiento se hayan observado las formas y solemnidades establecidas en el país donde se han verificado los actos o contratos;
4. Que el documento esté legalizado y llene los demás requisitos necesarios para su autenticidad en el lugar donde se emplea.
Los aquí enunciados son solo algunos criterios que deben informar la actuación del juez y las partes, ya que la prueba en general y más aún la de indicios depende de la ley del juez o del tribunal en la que se tramita la comisión (exhorto) en este caso la boliviana.
Para concluir quizá destacar algunos criterios doctrinales relevantes en lo relativo a la obtención y al valor de la prueba, así según el Dr. Fernando Salazar Paredes se trata de resolver las siguientes interrogantes:
1) ¿Qué ley rige la prueba?
2) ¿Qué ley determina a quienes incumbe la prueba?
3) ¿Qué ley determina cuales son los medios de prueba permitidos?
Sobre esas cuestiones, se afirma que se debe diferenciar entre actos procesales y actos de admisión y valoración de la prueba, pues las normas de Derecho Procesal Civil (norma directa) de cada estado cambiaran para cada una de las hipótesis.
Existe más de una corriente que pretende dar una solución general a las interrogantes planteadas, de esta manera tenemos las siguientes posiciones: a) Se debe aplicar la ley que dio origen al hecho o acto jurídico (lex causae) y b) Se debe aplicar la ley del lugar donde se realiza el proceso o el procedimiento (lex fori), como parece percibirse en nuestro Código de Procedimiento Civil.
De acuerdo a W. Goldschmidt en lo que respecta a lo meramente procesal (notificaciones, legalizaciones, etc.) se debe aplicar la ley del lugar donde se realiza el procedimiento y en lo concerniente a la admisión y valoración de la prueba se debe aplicar la ley que dio origen al hecho o acto jurídico (lex causae). Por su parte el Tratado de Derecho Procesal Internacional de 1889, sostiene que la admisión y valoración serán realizadas conforme a la ley procesal de la autoridad exhortante (lex causae); el Código Bustamante sigue la misma tendencia.

10.- LAS MEDIDAS CAUTELARES EXTRANJERAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL,

De inicio el nuevo Cdgo de Procedimiento Civil, condiciona la ejecución de medidas cautelares ordenadas por autoridad judicial extranjera a que no sean contrarias a la legislación boliviana y al orden público internacional (art. 491,I), sin definir el alcance de ambos conceptos, entonces se podría entender que las medidas cautelares extranjeras se hallan condicionadas a la vigencia de normas imperativas de naturaleza prohibitiva como las penales o competencial (mandatoria) como las administrativas, puesto que lo que no está prohibido está permitido, únicamente podríamos entender el orden público internacional en esa dimensión, puesto que el compartido con los demás estados y en la moral, los usos y costumbres de la comunidad jurídica internacional no está reconocido en la legislación procesal civil boliviana.
Roto el obstáculo de las limitaciones o condiciones, el juez boliviano, se halla obligado a declarar la procedencia (aplicar) las medidas cautelares solicitadas por la autoridad judicial extranjera pertinente, de conformidad a la legislación de origen (art. 497,II) respetando en su ejecución y la de la contra cautela y de manera peligrosamente contradictoria (por el grado de responsabilidad gubernamental o estatal) con el cumplimiento inicialmente ordenado y posiblemente contradictorio con la legislación procesal plurinacional (art. 497,III).
Igualmente y de modo poco prolijo, se establece que frente a medidas cautelares ordenadas por autoridades judiciales extranjeras en trámite de ejecución, se pueden deducir tercerías u oposiciones “con la única finalidad de la comunicación de aquella al tribunal comitente” (art. 498,I del CPC), tercería que se tramitará por el tribunal comitente de conformidad a sus leyes (lex causae) (art. 498,II del CPC), para en el siguiente párrafo (III del art. 498) indicar que las tercerías de dominio u otros derechos reales se tramitarán de conformidad a la legislación del Estado Plurinacional, aparentemente se perdió la ruta de la naturaleza de las tercerías o se está pensado en proteger intereses que no son típicos del derecho privado en este o en otros países del mundo.
En esta parte del CPC, se incluyen otras antinomias que ponen en duda su valor jurídico, así mientras en el art. 499,I, se dispone que el cumplimiento de la medida cautelar extranjera no obliga a ejecutar la sentencia (por tanto sería indefinida, puesto que solo la autoridad judicial extranjera puede ordenar su levantamiento) en tanto no se declare la caducidad de la medida, disponiendo las medidas de conservación que garanticen el resultado del litigio (¿ de la resolución o sentencia?). Desde estos criterios y a la luz del principio de reciprocidad la posibilidad de que una autoridad judicial boliviana disponga medidas cautelares eficaces para salvaguardar los intereses privados jurídicamente protegidos (art. 500, IV) parece absolutamente lejana, puesto que las partes en el exterior solicitar el cumplimiento de las excepciones bolivianas.

11.- LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES EXTRANJERAS Y EL EXEQUATOR

Este tema, es de los que tiene mayor desarrollo doctrinal internacional, puesto que existen varios sistemas, de acuerdo a la política legislativa en relación al DIPr en los diferentes ordenamientos jurídicos locales, nacionales e internacionales, así esta institución se constituyó en punta de lanza de la mundialización de los derechos nacionales y en la medida de la internacionalización de los actos jurídicos y su reconocimiento por quienes forman parte de la comunidad de estados civilizados (romanista). Se reconocen -entre otros- los siguientes sistemas: a) de Derecho Internacional Público o de Derecho Uniforme, por el que mediante tratados se reconoce la validez supranacional de las sentencias extranjeras, b) de la Reciprocidad o Cortesía Internacional, por el que las autoridades judiciales ejecutan sentencias de otras jurisdicciones, siempre que en ellas se ejecuten las propias, por tanto sujeto a probanza fáctica c) del sistema de la revisión jurisdiccional, por el que la autoridad judicial debe revisar los supuestos fácticos y jurídicos de la sentencia extranjera para validarlos de conformidad a la legislación nacional, d) del sistema de la autorización o Exequatur, por el que se “homologa” la sentencia previa constatación de que los requisitos de fondo y forma constantándose que no sean contrarios al orden público interno, sin entrar a la revisión de los hechos y supuestos de la sentencia extranjera o del laudo arbitral.
En Bolivia, nos adherimos a los sistemas del Derecho Internacional Público (art. 502 del Código de Procedimiento. Civil); de la Reciprocidad (art. 504 del Código de Proc. Civil), del reconocimiento, exequátur u homologación (art. 503, II y 508 del Código de Proc. Civil), que en alguna sentencia en el régimen procesal civil anterior, fue interpretada como revisión jurisdiccional que es un error sustancial por ser contrario al principio de la decisión de reconocimiento de la actuación de la autoridad judicial competente, por lo que no corresponde la revisión de la aplicación del derecho de otro estatuto. En todo caso en el país se establece un procedimiento reglado por el contenido de los arts. 502 al 509 del reiterativamente citado nuevo Código de Procedimiento Civil.
En lo relativo a las diligencias de citación y emplazamiento, solicitadas por jueces o tribunales extranjeros, como en la anterior legislación, se establece que no será necesario el exequátur y bastara con la presentación del exhorto debidamente legalizado ante la autoridad judicial del lugar donde deberá realizarse la diligencia (art. 508), finalmente y como colofón de importancia mayor, hacer notar que los laudos arbitrales dictados en el extranjero se rigen por las mismas reglas del Procedimiento Civil que acabamos de describir.

12.- ALGUNAS REFERENCIAS AL CONTEXTO CONVENCIONAL.

Las normas de la convenciones generales o universales, las regionales, subregionales y bilaterales, son parte del contexto de ejecución del Derecho Internacional Privado, cuyas normas para fines de la razón práctica, se deben tomar como parte del denominado derecho externo o extranjero (internacional privado ajeno) cuyas normas se deben tomar como reglas extranjeras, que además pueden aplicarse por analogía o supletoriedad en la intención de hacer viable la protección de los valores e intereses de los particulares a ser protegidos en el DIPr.
En el ámbito interamericano, la preocupación por la codificación del Derecho internacional privado se dio a fines del siglo XIX. En las últimas décadas antiguas y nuevas instituciones se plasmaron en las Conferencias Interamericanas especializadas en Derecho Internacional Privado (CIDIP), y son reconocidas desde los instrumentos jurídicos internacionales construidos sobre temas particulares . A la fecha se han llevado a cabo varias conferencias especializadas en Derecho Procesal Internacional donde se han difundido y concluido los siguientes instrumentos internacionales en vigor en diferentes estados de las Américas:

CIDIP I (Panamá 1975)
1) Convención Interamericana sobre exhortos y cartas rogatorias.
2) Convención Interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero.
3) Convención Interamericana sobre régimen legal de Poderes para ser utilizados en el extranjero.

CIDIP II (Montevideo 1979)
1) Convención Interamericana sobre normas generales de medidas preventivas.
2) Convención Interamericana sobre eficacia extraterritorial de sentencias y laudos arbitrales.
3) Convención Interamericana sobre pruebas e información acerca el Derecho extranjero.
4) Protocolo adicional a la Convención Interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias.

CIDIP III (La Paz 1984)
1) Convención Interamericana sobre competencia en la esfera internacional para la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras.
2) Protocolo adicional a la Convención Interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero.

CIDIP IV (Montevideo 1989)
1) Convención Interamericana sobre obligaciones alimentarias.

En la actualidad, de los instrumentos internacionales señalados anteriormente, Bolivia solo ha ratificado cuatro, mismos que introducimos a continuación:

Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias

Adoptada en la primera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado y ratificada por Bolivia el 17 de abril del 2006, establece las normas que regulan el reconocimiento y aplicación de los exhortos o cartas rogatorias de procesos civiles y comerciales que tengan por objeto :

1.- La realización de actos procesales de mero trámite.
2.- La recepción y obtención de pruebas en el extranjero.

La Convención Interamericana sobre el Régimen Legal de Poderes para ser utilizados en el Extranjero.

Fue adoptada en la primera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado y Ratificada por Bolivia el 20 de Abril de 1988, establece los mecanismos por el cual los poderes debidamente otorgados en un Estado parte de la Convención, serán válidos en cualquier otro Estado parte, siempre y cuando se cumplan los recaudos establecidos por la convención .

Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Arbitrales

Adoptada en la Segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado y Ratificada por Bolivia el 15 de mayo de 1998, establece normas de cooperación internacional entre los Estados Parte para el reconocimiento de la eficacia Extraterritorial de sentencias y laudos arbitrales que cumplan con los requisitos que señala la convención .

Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias

Adoptada en la Cuarta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado y Ratificada por Bolivia el 8 de diciembre de 1998, establece el derecho aplicable a las obligaciones alimentarias cuando el deudor se encuentre en un Estado Parte y el acreedor en otro .

13.- BIBLIOGRAFÍA

1. Alba, Oscar; Sergio Castro (Coord): “Instrumentos Normativos del Sistema Jurídico Internacional” Instituto de Estudios Internacionales (IDEI-Bolivia), Cochabamba, Bolivia, 2010.
2. Amparo, Cordero, Salazar Marianela (Coord): “Derecho Internacional Privado”, Instituto de Estudios Internacionales de Bolivia (IDEI-Bolivia), Cochabamba, Bolivia, 2014.
3. Ley del Órgano Judicial: “Ley No. 025” de 24 de junio de 2010, Editorial e imprenta CJ Ibañez, La Paz, Bolivia.
4. Nuevo Código de Procedimiento Civil: “Ley No. 439” de 19 de noviembre del 2013, Editorial e imprenta CJ Ibañez, La Paz, Bolivia.
5. Prudencio Cosío, Jaime: “Curso de Derecho Internacional Privado”. Librería y Editorial “Juventud”, La Paz-Bolivia, 1982.
6. Rodríguez Jimenez, Sonia: “Competencia Judicial Internacional”, 1ª. Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de Mexico, México D.F. , 2009.
7. Salazar P., Fernando: “Derecho Internacional Privado Boliviano”, 1ª. Edición, CERID-PLURAL, La Paz-Bolivia, 2004.
Cochabamba, 28 de abril de 2014