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luis zamora habla sobre la corte

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10/10/2002
DISCURSO DE LUIS ZAMORA SOBRE LA CORTE
DISCURSOS
SESION DEL 10 DE OCTUBRE de 2002. Intervención de Luis Zamora. Debate sobre los dictámenes referidos a los pedidos de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Sr. Presidente (Camaño).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Zamora .- Presidente: después de analizar los dictámenes presentados por la Comisión de Juicio Político, nuestras propias investigaciones y la frondosa documentación que se acompañó, lo primero que a uno se le ocurre es que si evaluáramos esas conductas irregulares que figuran en los dictámenes, más las valoraciones que hicimos en nuestro bloque, y luego las confrontáramos con las normas constitucionales y las obligaciones y derechos que tiene la Corte Suprema, no tendríamos duda en considerar que han incurrido en mal desempeño de sus cargos. Además, en algunos casos estarían incursos en la sospecha de comisión de delitos que serían suficientes para impulsar la acusación ante el Senado y para realizar inclusive denuncias penales.

Los miembros de la Corte se expidieron en casos que afectaban sus intereses particulares y patrimoniales, incluso fuera de asuntos judiciales, y anularon normas en forma general. Al respecto, cabe citar el rebalanceo telefónico ‑un ejemplo muy contundente- y su muy estrecha vinculación con los grupos económicos que se enriquecieron a costa del empobrecimiento de la enorme mayoría de la población y de destruir o ayudar a la destrucción de nuestro país.

Así mismo cabe mencionar su posición de considerar la inaplicabilidad de la ley de ética pública, los cobros de desarraigo, el uso de bienes secuestrados en causas judiciales, y en el caso de Nazareno la pensión vitalicia.

Por otra parte, los jueces de la Corte intervinieron en causas en las que debieron haberse excusado o haber admitido las recusaciones, como por ejemplo la ya conocida causa Stancanelli en el incidente de nulidad de Emir Yoma.

Tampoco debe olvidarse el mal desempeño en las causas del atentado de la embajada de Israel y la misma causa Stancanelli, no sólo por no haberse excusado sino por su directa intervención y la forma en que resolvieron el incidente pensado para dejar en libertad irregularmente al ex - presidente Menem.

Por todas estas razones, en nuestra opinión, los nueve miembros de la Corte –Belluscio, Boggiano, Bossert, Fayt, López, Moliné O'Connor, Nazareno, Petracchi y Vázquez- han incurrido en las conductas señaladas al comienzo de mi exposición. Aunque quizá éstas no sean las más graves que han tenido los miembros de la Corte Suprema, por lo menos a partir de la década menemista.

En este debate se habló del per saltum en el caso de Aerolíneas Argentinas, una causa en la que el juez de primera instancia ni siquiera se había pronunciado. El avocamiento autoritario de la Corte Suprema no se produjo por haber evaluado un pronunciamiento de un juez de primera instancia: directamente le sacó la causa antes de que pudiera pronunciarse. Se trataba de avalar el negociado de la privatización de Aerolíneas.

A mi modo de ver, el indulto es la inmoralidad más grande que la Corte Suprema cometió en la década menemista, porque tocó el punto de más alto valor ético e inauguró la mayor deuda de las instituciones con la población al referirse al genocidio. Además, en el caso del indulto ese genocidio involucraba a algunos responsables que ya habían sido condenados. En síntesis, transmitió a la población y le impuso el criterio que un genocida podía ser perdonado. El profundo mensaje que se transmitió al pueblo argentino, y en particular a los jóvenes, fue que un genocida, Videla, Massera, puede ser perdonado. Esto es una distorsión absoluta del indulto, que a su vez es un resabio medieval digno de ser eliminado de toda normativa.

Hay otras medidas que adoptó la Corte menemista luego de su ampliación, que son ataques a conquistas laborales y a convenios colectivos y tienen similar gravedad para quienes las sufrieron. Se produjo un profundo y acentuado retroceso en las condiciones laborales de los trabajadores y en sus derechos adquiridos; por ejemplo, la suspensión de los ajustes automáticos introducidos en los salarios de convenios. Esto fue muy grave, porque la Corte aplicó la ley 21.476, de la dictadura. ¡Fíjense qué contradicción! Los campeones de la democracia ‑porque el justicialismo se llena la boca con la democracia‑ aplicó una ley de la dictadura para arrancar a los trabajadores derechos adquiridos incluidos en convenios.

Asimismo, podríamos hablar de los laudos arbitrales del Ministerio de Trabajo, que también fueron suspendidos por la Corte Suprema, como por ejemplo el caso de los trabajadores de FOETRA y de SEGBA. En fin, sería abrumador si me pusiera a mencionar todos los ejemplos. El aval a negociados como la privatización de YPF o al robo de las concesionarias de peaje o a la flexibilidad laboral.

No recuerdo bien si en 1992 ó 1993, Tato Bores representaba a la justicia con una rubia, que en vez de la espada y la balanza, tenía una copa y una botella de champagne. Ya en aquel entonces la representaban de ese modo.

Cito a Tato Bores porque es una persona muy respetada y porque además escuché muchísimas adhesiones hacia él. En esa época yo integraba esta Cámara, cuando fue censurado por una resolución de la jueza Servini de Cubría. Así se mostraba la justicia en 1992 en uno de los programas más respetados, perteneciente a uno de los personajes mejor recordados por la población.

Después vino, incluso, la privatización y el saqueo de las AFJP.

Durante el debate en esta sesión veía por un lado al bloque Justicialista, que tiene una primera minoría en la Cámara y que está acompañado por algunos bloques más pequeños, defendiendo el dictamen de la primera minoría y analizando la falta de pruebas o la seguridad jurídica.

Debo decir que me pareció una mirada bastante pequeña del problema frente al cuadro institucional que vive la Argentina. Pero también tengo que expresar que en la Comisión de Juicio Político observé la misma actitud de jugar a ver si había más o menos pruebas o si se podía cuestionar en mayor o menor medida el tema de la inseguridad o seguridad jurídica a partir de haber manifestado lo que dije. Me refiero a que de aplicarse las previsiones constitucionales los miembros de la Corte deberían estar pronto enfrentando al tribunal previsto en la Constitución, es decir, el Senado, que es el que debe juzgar sus conductas.

A lo largo de estos dos días he notado una discusión, como si estuviéramos en un país que funciona muy bien pero que ha advertido que hay un órgano de uno de los tres poderes, -ni siquiera un poder completo- la Corte Suprema en este caso, que no se desempeña bien que ha incurrido en causales de mal desempeño, y esa fue la discusión que ustedes mantuvieron los dos primeros días. Incluso tuve la impresión ‑es algo que tiene mucho de subjetivo, como toda opinión‑ de que hasta el tono y la forma en que se expresaron, con algunas excepciones, era formal y burocrático. Quizás estaban resignados a pensar que quienes defendían una posición la iban a perder, o tal vez el mismo ámbito donde desarrollaban sus exposiciones no los estimulaba a poner un poquito más de pasión en la defensa de sus argumentaciones, pero se estaba hablando de las conductas mafiosas de la cabeza de uno de los tres poderes del Estado. Me llamó la atención, realmente. Algunos hablaban en un tono tan bajo que desde mi banca no los oía; tan poco era el entusiasmo, la pasión y la casi nula indignación que volcaban en sus intervenciones.

Este puede ser un análisis un poco psicológico, pero me parece que está vinculado a un problema de falta de convicción política tanto de los que defendieron a la Corte como la mayoría de la comisión de Juicio Político que la cuestionó.

En las últimas horas, se comenzó a analizar un poco más profundamente el problema, porque si no, tal como se estaba planteando, la cuestión era una mera discusión entre dos posiciones: los que dicen que tenemos integrantes que han cometido un desempeño irregular en sus funciones - a quienes hay que reemplazar por otros y se acabó el problema- y otros que entienden que no han incurrido en esas conductas, por lo que hay que dejarlos donde están.

Esto es desconocer la Argentina de hoy, es no reconocer que las instituciones se están descomponiendo a pasos agigantados, que son prácticamente escombros. Así son vistas por la población. La gente siente entre un temor de que esos escombros caigan sobre sus cabezas y un rechazo a tener algo que ver con alguna de estas tres instituciones: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Y no hablemos de otras instituciones, como las fuerzas de seguridad, que también están en un estado de descomposición muy acentuado.

Algún diputado se preguntó qué le ocurrió al Poder Judicial, como si de golpe le hubiera pasado algo nuevo. Acá se dijo que la independencia del Poder Judicial es clave para una república y para asegurar una correcta separación de funciones o división de poderes. La verdad es que esto no es así; nunca lo fue. Esto es no tomar en cuenta la historia de las instituciones de las que estamos hablando.

El Poder Judicial nunca tuvo independencia política, ni aquí ni en los Estados Unidos ni en ningún lugar donde se implementó el sistema: sólo la tuvo en la cabeza del autor de El e spíritu de las leyes , Carlos de Secondat, barón de la Brède y de Montesquieu, como lo menciona el diputado Acevedo, con todos sus apellidos y títulos, en el informe que presentó.

La realidad es que la única independencia política en la que se inspiraron los constituyentes de 1853 en la Argentina, y los constituyentes norteamericanos, fundamentalmente, es la independencia política de las instituciones respecto de la población, de la presión de la población.

Hamilton y Madison decían en El federalista que había que crear instituciones contramayoritarias. Aunque no utilizaban esta expresión sostenían que las mayorías no estaban capacitadas para el autogobierno. Había que buscar un sistema representativo, una elite era la competente para decidir por los demás.

Las mayorías, el “populacho” –como decían en el debate de la Asamblea Constituyente-, se guía por la pasión, y la elite por la razón. Entonces, decían, había que establecer un sistema democrático que se apoyara en las mayorías, pero que decidiera la elite.

“El pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes”. Estudiando por qué decían eso llegué a esta investigación de El federalista . ¿Por qué no dice “el pueblo delibera y gobierna a través de sus representantes”? Frente al avance de las asambleas de vecinos, -la población- de esa época, a los que los comerciantes ricos se unieron para enfrentar a la corona inglesa y lograr la independencia y la revolución norteamericana ‑uno de los acontecimientos más importantes del siglo XVIII junto con la Revolución Francesa-, desarrollando procesos de movilización trascendentes, luego había que frenarlos, y para eso quisieron instituir sistemas democráticos donde la presión de las mayorías iba a estar en la Cámara de Diputados. Había que crear un contrapeso y frenos, el Senado, que establece un mandato largo y es un cuerpo poco numeroso, de elección indirecta, como ocurrió hasta hace poco acá. La Cámara de Diputados es de elección directa mientras que el Senado es el contrapeso del “populacho”. Ahí va a estar la elite, porque los miembros elegidos indirectamente van a ser los ricos, quienes van a defender la concentración de la riqueza. Ellos dicen: “Somos los que podemos pensar por el resto, ustedes no deliberan ni gobiernan.”

Este es el sistema que se fue formando y que hoy rige más acentuadamente. Aún así, el Senado no les alcanzaba; estaba el presidente, que era elegido indirectamente, como ocurrió aquí hasta hace poco tiempo, por un colegio electoral que garantizaba que el “populacho” llegara muy indirectamente a la elección de autoridades.

Por último, llegamos al Poder Judicial, que es al que me voy a referir en este momento por ser el tema que nos convoca. El Poder Judicial es la última garantía de los ricos, de los poderosos; pero no de los poderosos de hace doscientos años ni de los poderosos de hoy, sino de los de siempre. Así funciona la democracia capitalista; así lo expresaron Madison y Hamilton; así hablaba Paine. Hubo grandes debates, porque hubo quienes defendían otros puntos de vista, pero no son los que se impusieron. El Poder Judicial no era elegido por nadie que tuviera que ver con el pueblo, ni directa ni indirectamente. Era nombrado por el cuerpo más conservador, el Senado, en algunos casos con intervención del presidente, otro funcionario elegido indirectamente.

El Poder Judicial no estaba pensado para ser independiente del poder político, estaba pensado para estar alejado de la gente. Independiente de la población. Veamos qué decían Madison y Hamilton: el Senado tenía que ocuparse de defender la propiedad de los ricos, incluyendo la propiedad de los esclavos. Esto está expresado en El federalista . Montesquieu escribió un libro, los constituyentes fueron los que construyeron las instituciones. Como ya se señaló aquí, luego en 1803 a través del fallo “Marbury vs. Madison”, en EE.UU. se admitió la revisión judicial de las leyes y la declaración de inconstitucionalidad. Al contrario de lo que valoró un diputado recién, esto constituyó otro retroceso antidemocrático. Un Tribunal que no vota el pueblo puede anular una ley sancionada por teóricos representantes del pueblo. Y esto fue adoptado en la Argentina casi como una réplica textual.

La Corte Suprema es el máximo tribunal, el más alejado de todos. Es lo que ocurrió en la década del menemismo, pero también sucedió con la famosa Cámara Federal que en 1985 enjuició a los ex comandantes, que se reunía en la Quinta de Olivos con Alfonsín para discutir la continuidad del juicio. ¿De qué independencia política me hablan? Lamentablemente, no está presente el señor diputado D'Alessandro, pero no existe ninguna independencia política. ¿Cuándo tuvieron independencia política?

Con la honestidad intelectual que lo caracterizó, Carlos Nino cuenta en sus libros cómo Alfonsín gestionaba ante la Cámara Federal para ver cómo lograba lo que él no quería sacar por ley. No lo conocí a Nino personalmente sino a través de sus libros y, por supuesto, como fue asesor de Alfonsín en materia de derechos humanos, tenía profundas discrepancias con él, pero actuaba con transparencia. D'Alesio, Arslanián, Valerga Aráoz; todos iban a Olivos. ¿De qué independencia política hablan?

Alfonsín fue el primero que propuso aumentar el número de miembros de la Corte a siete y fue el primero que propuso el per saltum en el año 1987. En esta Cámara se presentó un proyecto de ley; no fue un discurso por televisión. El problema más grave que tenía que afrontar era cómo dejaba impune a la mayoría de los represores del proceso.

La inamovilidad de los jueces viene de la venalidad, que proviene de Francia, antes de la revolución, pero esto no tiene nada que ver con que un juez tiene que ser intangible.

El concepto de inamovilidad viene de que los jueces le compraban a los reyes el cargo de juez. Para recaudar, al rey se le ocurrió vender los cargos de titulares de juzgados. Como los vendía, después no los podía sacar, salvo que los pagara, y como se trataba de un mecanismo de recaudación de fondos, ni se le ocurría hacer esto. Entonces, esto pasó a ser hereditario. ¡Miren de la inamovilidad de la que se habla! El origen de la inamovilidad está en la venalidad, y data de los años 1500 ó 1600.

La Revolución Francesa cambió este concepto, y le fijó plazos: los jueces de paz duraban dos años, y los de casación y alzada, cuatro. Estableció mandatos cortos y puso límites, porque los mandatos de por vida son propios de la nobleza y del feudalismo, no de la democracia.

¿Cómo puede haber una institución que el pueblo no pueda elegir o controlar, y que además le ponga límites? Hay que fijar mandatos cortos, no de por vida, porque eso justamente es propio de los nobles y de los reyes.

Si no mantienen el cargo de por vida, ello se debe a que renuncian o abdican, tal como propone el presidente Duhalde con ese ridículo registro en el que tienen que anotarse todos los que quieran renunciar a su cargo.

Esa es la concepción del noble, y no la democrática, en donde el pueblo puede sacar a una persona de su cargo. En este caso la renuncia es voluntaria; es la situación de un duque o un marqués y, si se quiere quedar, puede hacerlo. Estos son los resabios de los que estamos hablando.

Me pareció muy interesante que algunos señores diputados hicieran alusión a esto, aunque en un sentido contrario. En el informe se dice que estas instituciones son fundantes para la República, pero ellas siempre están al servicio de los poderosos. Menem no cambió nada en ese sentido, ¿o creemos que en el golpe del 30 la Corte era diferente? ¿De quién era independiente? ¿De los poderosos que le hicieron el golpe a Irigoyen?

En el caso de la Corte que apoyó el golpe gorila de 1955 y la revolución fusiladora, ¿dónde estaba la independencia política? ¿En los Estados Unidos, que impulsó el golpe? ¿En la Iglesia Católica? ¿Cuál era la independencia?

Los integrantes de la Comisión de Juicio Político aislaron sus puntos de vista del contexto de descomposición institucional que vive el país, como si estuvieran en Comodoro Py juzgando a un individuo que no tiene nada que ver con las instituciones ni con la crisis del país, pero que tiene responsabilidad personal. Sin embargo, el tema que planteo comenzó a ser tratado por algunos diputados, aunque no desde la perspectiva que sostengo.

Este es el tema en el que debemos centrar el debate, porque no se trata solamente de la responsabilidad del Poder Judicial, sino que también tenemos que analizar la actuación del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, respecto de la impunidad, tenemos el caso del doctor Duhalde, quien cometió irregularidades en el ejercicio de la función encargada por la Asamblea Legislativa –no por mí, que no estuve presente, sino por aquellos de ustedes que lo votaron‑ y sin embargo está impune. Presionado por los grupos económicos pesificó la deuda de las grandes empresas, sin tener facultades para hacerlo. Fueron los mismos lobbies que un diputado refirió que presionaban a la Corte.

Por otro lado, en el Congreso hasta hace poco se votaron leyes inmorales como pocas veces he visto; por ejemplo, la derogación de la ley de subversión económica. No imagino una mayor impunidad que esa, a la que se accedió no por la presión de grupos económicos locales sino por el método extorsivo del Fondo Monetario Internacional, que es el representante de los intereses de los grandes banqueros del mundo, de la usura y de la especulación. Entonces, ¿cómo vamos a analizar solamente la conducta del Poder Judicial?

Yo me imagino, suponiendo que la votación de este dictamen resultara afirmativa y el doctor Nazareno fuera acusado ante el Senado, que se presente allí y le digan que está acusado por cobrar desarraigo a pesar de residir en la Capital Federal, que es la sede de su trabajo. El doctor Nazareno bien podría contestar a los senadores: “¿Qué autoridad moral tienen ustedes para hacerme esa imputación, si siendo senadores de una provincia viven en la Capital Federal, viajan cada tanto a su lugar de origen e igualmente cobran desarraigo?” Del mismo modo él podría preguntarles: “¿Qué autoridad moral tienen para enjuiciarme si están denunciados en una causa por soborno que está abierta desde hace dos años?” Evidentemente, hay una descomposición generalizada.

Quiero aclarar que públicamente he propuesto que se convoque a elección de constituyentes para que directamente sea el pueblo el que remueva a los nueve miembros de la Corte. Incluso en un debate televisivo con el periodista Verbitsky, él decía que había que darles el derecho a defensa, pero yo sostengo que primero se tienen que ir y luego defenderse en la Justicia, porque no pueden seguir más al frente de ese tribunal. Lo mismo sostengo respecto de la caducidad de todos los mandatos de los legisladores.

Un diputado del ARI dijo aquí que estamos ante una situación muy grave, y refiriéndose al tema que estoy señalando expresó que si las instituciones no se ponen a la cabeza para resolver esta cuestión, vamos a una tragedia. ¡Caramba! Ese es un pensamiento elitista. Es el pensamiento de Madison, de Hamilton, el de los constituyentes de Estados Unidos. Se olvidan que existe el pueblo. Democracia es el poder del pueblo. Eso es lo que no hay en la Argentina ni en muchos países del mundo. En eso hay que trabajar: en llenar de democracia y de pueblo a todas las instituciones, las que el pueblo decida constituir y construir. No podemos pensar que desde un laboratorio las vamos a construir. Además, todo lo que se está haciendo es destruir, descomponer y abrir brechas enormes.

El rechazo a la Corte Suprema es el mismo que a los legisladores. Por eso no hay autoridad moral en las instituciones para enjuiciar unas a otras. Muchas de las cosas que decimos acá sobre la Corte fueron votadas por el Parlamento y aplicadas por el Poder Ejecutivo. ¿O acaso la ley de obediencia debida es menos inmoral que el indulto?

Cuando en abril de 1990 –yo integraba la Cámara‑ se trató el proyecto sobre ampliación de la Corte propiciado por Menem, “Chacho” Alvarez dio quórum.

Sr. Presidente (Camaño).- Si me permite, señor diputado, le ruego que redondee porque ha terminado el tiempo del que dispone para hacer uso de la palabra.

Sr. Zamora .- Señor presidente: al respecto recuerdo haber tenido un diálogo con usted en la Comisión de Labor Parlamentaria.

Sr. Presidente (Camaño).- Así es. Le dije que le avisaría a los treinta minutos, para que usted redondeara.

Sr. Zamora .- Habíamos hablado de cuarenta y cinco minutos para el redondeo.

Sr. Presidente (Camaño).- Simplemente le aviso, señor diputado.

Sr. Zamora .- Voy a redondear, señor presidente.

Siempre hay figuras dignas. Luis Brunatti, que no era de mi bloque sino que pertenecía a la bancada Justicialista, y por quien tengo un enorme respeto por las posiciones que sostuvo, aunque no lo vi más, en aquella ocasión se paró y se fue afuera. También tengo un gran respeto por Bacqué, a pesar de que estoy en la antípoda de sus puntos de vista; fue un tipo que se plantó frente al avasallamiento menemista y dijo “no”.

Esos son ejemplos éticos que sirven y que se transmiten a la población. No se trata de que Bacqué o las instituciones vayan a cambiar el mundo; pero estos ejemplos permiten inferir que si él pudo hacerlo, también pueden hacerlo otros. Es decir que estimulan a otra gente a que proceda de igual manera. A una población que rechaza el conjunto de las instituciones no hay que decirle que deben confiar en ellas.

Al respecto, desde enero mantenemos una polémica muy profunda con el ARI. Con el justicialismo no tenemos polémicas sino denuncias, enfrentamientos, confrontación; no tenemos nada en común. El ARI se la pasa diciendo a la población que tenga confianza en las instituciones, que se puede hacer un juicio. Yo firmo ya que el Congreso deja impune a la Corte, y quisiera saber quién puede rebatirme eso. Es más, aunque esta Cámara acusara a la Corte ante el Senado, ¿ustedes creen que éste sancionaría o removería a algún miembro de la Corte?

¿Cómo se va a construir algo democrático si se despiertan expectativas en instituciones totalmente antidemocráticas? Quizá haya un desprecio elitista contra la población, con el argumento de que como no entiende nada, desde una mentalidad totalmente aristocrática se tienen que cocinar y construir las salidas de los pueblos atrasados. Se trata del populacho y “El Federalista”, del que hablaban los constituyentes de los Estados Unidos; pero eso fue hace doscientos cincuenta años. Además, muchos contestaban con argumentaciones mucho más democráticas que las que he escuchado acá.

Evidentemente, cuestiones como el incidente de nulidad en la causa de Emir Yoma y Stancanelli –no abundaré en lo relativo a la actuación de la Corte‑, me remiten a la vigencia de aquella concepción. Hace unos meses repudiamos el fallo; estuvimos junto al ARI, se encontraba la señora diputada Carrió y muchos otros legisladores de ese bloque. Un mes antes del 19 y 20 de diciembre hicimos el primer cacerolazo acá frente al Congreso contra ese fallo y la libertad de Carlos Menem.

- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 3° de la Honorable Cámara, doctor Alberto Adolfo Natale.

Sr. Zamora .- Hay en ese fallo una opinión de la Corte relacionada con este tema de las instituciones contra el populacho; filtrar la presión del populacho sobre las instituciones. Dice así: “Resulta necesario llamar a la reflexión de los señores jueces y fiscales de las instancias inferiores intervinientes en causas de significativa repercusión como la presente sobre la necesidad, frente a la opinión pública ‑sea formada espontáneamente u orientada por los medios masivos de comunicación‑ particularmente sensible ante hechos reales o supuestos de corrupción administrativa, de extremar la atención en el encuadramiento legal de los hechos imputados a funcionarios o ex funcionarios, pues resulta irreparable el daño producido por la ligereza en la apreciación de tales hechos.

“Demasiados problemas han ocasionado a la República las represiones ilegales del pasado para que ahora se intente la represión de los delitos contra la administración o que perjudiquen el erario público, por caminos aparentemente revestidos de legalidad pero en definitiva ilegales, como los que motivan la intervención de la Corte en el caso de Menem.

“No es cuestión de satisfacer la opinión pública presentándose como adalides de la lucha contra la corrupción administrativa.” Aquí está la concepción elitista de nuevo, aunque esto no implica pensar que las mayorías siempre tienen razón.

Nosotros, por ejemplo, somos una minoría, hemos sido votados por una minoría y pensamos que las mayorías en muchos casos no tienen razón. Si no, no sostendríamos nuestra posición, pero tratamos de escuchar y tenemos los oídos abiertos.

El problema de la Argentina de hoy y de la mayoría de los países no es que hay un dominio autoritario de las mayorías. Es lo contrario, las mayorías no tienen ninguna presencia en las instituciones.

El Poder Judicial no funciona protegiendo los intereses de las mayorías, sino que como se dijo aquí, lo hace obedeciendo a los poderosos y a los grupos económicos. Incluso, aquí se sugirió que está financiado por los grupos económicos.

¿O acaso el Poder Ejecutivo, representado por Duhalde, se reúne todos los días con millones de personas para ver sus problemas y aceptar lo que le dicen, o se reúne todos los días con banqueros, industriales y lobbies ?

La población vota cada cuatro años; en cambio, los lobbies lo hacen todos los días. Ésa es la democracia. El peligro no pasa por que las mayorías se impongan a las minorías, o por que no haya respeto por las minorías. Además, las minorías no son las étnicas, religiosas o relativas al género, como la discriminación de las mujeres. Son las de los grandes grupos económicos.

Ésas son las minorías que hoy manejan las instituciones. Son instituciones construidas para defender sus intereses. Por eso el Fondo Monetario Internacional, con las mismas prácticas mafiosas de la Corte, extorsiona a Duhalde, y a través de él se trasmiten las extorsiones a la Cámara. Aquí también se extorsiona, porque el bloque Justicialista dijo al resto que no se iba a sesionar hasta que no se tratase el tema de la Corte. Se fue y se vino siempre con esa amenaza extorsiva.

Ello nos lleva a concluir que debemos pelear y no abandonar la lucha. Aquí hay una gran discusión con el ARI y el grupo del gobernador Kirchner sobre las expectativas en las instituciones. No hay que tenerle miedo a que la población desconfíe de los políticos, sino todo lo contrario.

Tendríamos que pensar que nuestro pueblo es un rebaño de ovejas, si después de 20 años de frustraciones no desconfía de los políticos. Es alentador que nuestro pueblo desconfíe de los políticos. Lo grave es que a través de estos mensajes de que tengan expectativas en las instituciones y no desconfíen en los políticos se termine logrando que la población repudie la política.

Política viene de polis, que es la preocupación por los problemas colectivos. La población debe sentir que preocuparse por los problemas colectivos es una obligación de cada uno y nadie puede faltar. Es un compromiso con el que hay que involucrarse y poner el cuerpo; se debe asumir la responsabilidad y hacerse cargo de lo que se decide.

Es fácil votar y decir: “Jefe: sálveme; hay salida y le tengo confianza.” Pero si se le pregunta qué va a hacer, contesta: yo tengo mi laburo; y resulta que después el hombre al que voté me falló y me defraudó. Eso es fácil.

Democracia es que el pueblo se haga cargo y que tenga responsabilidades. Es decir, asumir que se puede “meter la pata” o equivocarse.

Esto es algo que se puede estimular o apelar en un ida y vuelta del aprendizaje cotidiano. Aquello del “que se vayan todos” genera mucha preocupación y tantas muestras de bronca en la dirigencia política -es decir, en todos ustedes, aunque no son todos, sino muchos de ustedes-. De todas maneras, ello no debe tomarse con tanta preocupación, porque es algo que sirve para reflexionar y aprender.

No tenemos que olvidar que los partidos mayoritarios que están representados en la Cámara son los que destruyeron a la Argentina. Quizás sea ésta la hora de escuchar y aprender para saber qué les están diciendo. ¿Les están señalando que se vayan, que los quieren fusilar y que no los quieren ver más? Les están pidiendo y peleando por cambios, es decir que están cansados de ustedes y de esta situación.

Ninguno de nosotros tenemos recetas mágicas.

La gente está buscando mecanismos de democracia más directa, donde exista un control de las instituciones, y que lo que se instituya no lo sea para siempre, sino que sea como lo revolucionario, que es inacabado, nunca termina y siempre avanza y avanza.

En vez de todo eso, se cierran. ¿Por qué lo hacen? ¿Defienden intereses distintos de los del pueblo?

Muchos de ustedes están atornillados a las bancas porque tienen el respaldo de los Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional y de los grupos económicos...

• Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Zamora .- No pensé que iban a reconocer lo que dije tan fácilmente. (Risas.)

Al pueblo argentino le cuesta mucho llegar a concretar objetivos precisamente por sus dirigentes.

No se trata de sacarlos a todos para que vengan otros iguales. Lo único que sé es que la gente está luchando por cambios. Esto no va más.

Acá hay dos caminos: cerrarse o reflexionar para aprender. Yo a ustedes no los veo reflexionando, aprendiendo o escuchando. Los veo al revés: rodeándose de jaulas, para estar cada vez más lejos de la gente, dejando de comprenderla y escucharla.

El hecho de que ustedes no escuchen a la gente no quiere decir que el pueblo no grite.

Yo no pensaría que si no salvamos las instituciones, vamos a una tragedia como dijo el diputado del ARI. Al contrario, veo un proceso muy rico de reflexión, que en este momento tiene poco auge. No es el auge del verano.

Muchos se preguntan por qué estamos discutiendo aquí. Estamos discutiendo por lo que ocurrió el 19 y 20 de diciembre. Considero que los proyectos presentados intempestivamente en febrero tienen que ver con lo que ocurrió el 19 y 20 de diciembre y con el “que se vayan todos”.

El presidente Duhalde vio la posibilidad de sacarse de encima a la Corte menemista, y tener una Corte adicta. Por eso impulsó este proceso. Pero cuando se dio cuenta de que era peor -o sea que era mejor quedarse con una Corte menemista, a que otra lo desestabilice institucionalmente- revirtió todo. Así fue como aceptó el chantaje del FMI y de la Corte y todo lo que aquí he dicho.

Fíjense que en el dictamen acusatorio de mayoría todavía figura la firma del diputado Díaz Bancalari, precisamente un hombre del riñón del duhaldismo.

Sr. Presidente (Natale).- Señor diputado: se ha cumplido el tiempo que usted acordó con la Presidencia para hablar.

Sr. Zamora .- Voy a concluir diciendo que esta sesión es inaceptable. Nos tuvimos que quedar hasta esta hora porque antes no tuvimos la oportunidad de decir esto.

Obviamente que si a la Presidencia le hubiera solicitado la palabra al principio de la sesión para decir que era inaceptable, imagínense cuál habría sido la respuesta.

Una sesión que es producto de una extorsión no es una sesión. No son las sesiones comunes, a las que estamos obligados a concurrir. No se trata de una sesión normal, en la que uno gana en la votación y otro pierde.

Considero que la representación que algunos tienen acá no la tienen en la calle. Todavía la población no decidió cambiar esta circunstancia, como lo hizo con el presidente de la Nación el 19 de diciembre, cuando le puso una tarjeta roja irrebatible.

Nosotros venimos a las sesiones normales y damos nuestros puntos de vista. Pero hoy está ocurriendo algo diferente: se está sentando el precedente de que el Congreso funciona en base a las extorsiones de un organismo financiero internacional y de la Corte Suprema. De este modo, la extorsión comienza a transformarse en el mecanismo de relación de las instituciones. Esto es grave, como así también que los grupos económicos le digan al gobierno que la Corte y el Congreso no se tocan, porque son la garantía de sus negociados.

Por eso cuando el secretario O'Neill estuvo en Argentina, le expresó a Duhalde -como varios de los presentes forman parte del entorno del presidente o tienen mucha amistad y confianza con él, lo pueden constatar- que él no tocaría a la Corte ni al Congreso; le dijo que a esas instituciones en algún momento iban a tener que tocarlas, ya que como estaban tan desprestigiadas no servían para defender los planes de ajuste y la decisión de meterle la mano en el bolsillo al pueblo. Pero le aconsejó que eso lo hiciera en forma gradual.

Por eso, en la Comisión de Labor Parlamentaria propusimos al bloque de la Unión Cívica Radical ‑que dice que no está de acuerdo con que esto quede impune‑, al ARI, al Frente para el Cambio y a otros bloques –no quiero nombrarlos a todos por temor a olvidarme de alguno- que quienes nos habíamos expresado a favor de la acusación nos retiráramos del recinto. Creo que tendríamos que dejar el recinto vacío, salvo la parte en la que se encuentran los legisladores que quieren mantener la impunidad de esta Corte mafiosa, que utiliza los métodos de Al Capone para lograr esa impunidad. En algún momento tiene que aparecer una postura ética que produzca un sacudón, que nos haga sentir que hay expectativas –no quiero utilizar la palabra “esperanza”, porque me da la sensación de “esperar”-, que hay sueños y la decisión de combatir.

Aclaro que no digo estas cosas para convencer al presidente del bloque Justicialista o al sobrino del ex presidente Menem. ¿Alguno de ustedes cree que puedo convencerlos con mis argumentos? Tenemos que dirigirnos a la población, porque ahí sí existen posturas éticas. Este es un problema de principios; no es un problema político. No estamos discutiendo un problema político, sino un problema que es profundamente ético. Rechazo que despierten expectativas en esta Cámara, la fuerza puede estar en el pueblo.

Por estas razones, los exhorto e invito a que nos retiremos del recinto, para que mañana sepamos qué sectores vinculados con el Justicialismo estuvieron del lado de la impunidad. Pero sería importante que la gente pudiera apreciar que un sector relevante de la Cámara de Diputados no aceptó el chantaje y la extorsión del Fondo Monetario Internacional ni de los mafiosos de la Corte. Si se quedan aceptan la extorsión y avalan lo ilegítimo.

Autor: Luis Zamora

fuente:www.ayl.org.ar

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