Visión de un médico de la salud sobre la problemática.
La epidemia de dengue, ha demostrado que tenemos un sistema sanitario endeble e ineficiente, por olvido, omisión, incompetencia de la mayoría de los funcionarios, y por la carencia de todos de una visión totalizadora e integrada de la salud a lo largo del tiempo. Si los gobiernos no comprenden que la salud es una parte indivisible de los procesos de desarrollo económico y a su vez resultado de estos, es muy difícil que los argentinos tengamos niveles aceptables de salud. Si se va a seguir asistiendo a la salud con lo que sobra o lo que queda de los ingresos producidos por ese desarrollo, después de ser asignados de manera poco o nada criteriosa, y no con los recursos que aquella realmente necesita como partes de un proceso de justicia retributiva, problemas como el que padecemos van a seguir ocurriendo pero agravados, porque la salud de la población no es prioritaria. No podemos asignarle toda la responsabilidad de esta situación a este gobierno, (...) Desde hace 33 años todos los gobiernos (incluido este) han contribuido con una cuota parte a la construcción de esta triste realidad, porque tuvieron un común denominador: procesos económicos que con diferentes formas y en distintos grados fueron concentrando la riqueza en cada vez menos manos, condenando a la exclusión y la pobreza a vastos sectores del pueblo. En todo este periodo ha faltado eso que suena tan bien en los discursos de los políticos, “una justa distribución de la riqueza producida”.
En lo que si este gobierno ha superado a los otros es en su pretendida “capacidad” de negar, ocultar, deformar los hechos. Debe hacerlo porque para su pretendido perfil “progresista”, el dengue es un “testigo de cargo” (como en su momento lo fue el cólera) molesto y peligroso del crimen de la miseria y la marginación de cada vez mas argentinos en un país suficientemente rico en donde todo esta por hacerse. Claro que desinformar a la población en casos de emergencia sanitaria como el que vivimos, que le imposibilita preparase para protegerse, es algo más que irresponsabilidad, es una actitud criminal. La afirmación, no sólo del gobierno, de que el dengue no es una enfermedad de la pobreza, pero que esta “contribuye” es una falacia (...) el dengue es una oprobiosa enfermedad de la pobreza, que la padecen mayoritariamente los pobres, como otras que están reapareciendo a lo largo de este prolongado y penoso proceso de empobrecimiento que venimos soportando.
Aceptando que el mosquito vector (transmisor) hace un tiempo que ha vuelto a habitar entre nosotros (alguna vez fue erradicado) en zonas cada vez mas extensas del país debido a las temperaturas elevadas producto del cambio climático y por el corrimiento de la frontera agrícola (por la siembra de soja) que ha destruido el equilibrio del ecosistema (desaparición de especies de nuestra fauna como sapos, ranas, murciélagos, y otras que se alimentan con insectos), es inocultable que el mosquito es un “inquilino” privilegiado de “emplazamientos habitacionales precarios”, de “entornos ambientales de baja calidad” (por no decir miserables), de lugares carentes de saneamiento (falta de agua potable, desagües, cloacas). El hábitat preferido del mosquito es el “hábitat” de la pobreza. Nuestro “Aedes Aegypti” cada tanto se hace ver transformando una endemia ya indiscutible en “brotes” o en una epidemia como esta. Agradezcamos que nos esté haciendo precio porque también es vector de la fiebre amarilla, que es mucho más seria y podría producir, si se dan algunas condiciones, una crisis sanitaria de mayor gravedad. Hace alrededor de un año aparecieron algunos casos en nuestra frontera NE; es un riesgo latente con un sistema sanitario como el que tenemos. Algunos dirán que la crítica sin propuestas no sirve; es verdad. Mientras “esperamos” la instauración de un modelo más equitativo de distribución de la renta nacional para que no quede en manos de unos pocos o se vaya fuera del país, propongo de manera prioritaria la simple realización de obras de saneamiento como redes de agua potable, redes de desagüe, redes cloacales, alcantarillado, etc.; obras insoslayable para cualquier gobierno, que pueden ir ayudando a solucionar el problema. No es una gran inversión que necesite del Banco Mundial o del BID, sino de una gestión eficiente, ordenada que tenga clara las prioridades para asignar los recursos en especial de la obra publica. Se podrá decir también que es exagerado anunciar un posible colapso del sistema de salud con un hecho como el dengue que por sí solo no tendría la entidad suficiente para producirlo. No sólo es el dengue; éste es apenas la punta de un iceberg bajo la cual se esta ocultando una verdadera catástrofe sanitaria y con el elenco de funcionarios (nacionales, provinciales y municipales) que tenemos y a los cuales podemos observar en sus conductas, el riesgo es exponencial. El rasgo común de ministros, secretarios, subsecretarios, directores ha sido la tardanza; la reacción tardía ante el “imprevisto” (para ellos), la incapacidad para prever y anticiparse a lo previsible que los hace correr detrás de los hechos y producir fuera de tiempo acciones, algunas acertadas, la mayoría improvisadas, espasmódicas, voluntaristas, descoordinadas que persiguen un efecto “mediático” para “salvar” sus responsabilidades y tratar si pueden transferirlas a otros (algo que saben hacer bien, además de “hablar”). Obviamente, si la salud pública no alcanza a ser prioridad de los gobiernos (sólo lo es en los discursos y en los hechos se la atiende “con los recursos que quedan”), no podemos aspirar a tener mejores funcionarios que los que hay, generalmente elegidos por mediciones de imagen, o entre familiares, amigos, o como pago de favores políticos para relleno de “elencos” ministeriales, sin importar su competencia o conocimientos para el cargo. Desde hace tiempo hay un desdibujamiento de la salud pública como un área de gobierno que promueve la protección social de la comunidad y las personas que viven en ella; a través del desarrollo de mecanismos sociales para alcanzar niveles superiores de bienestar que les permita conservar la salud, del saneamiento ambiental, de la educación sanitaria, del control y la prevención de enfermedades transmisibles y no sólo la organización de servicios médicos. La salud pública debe conducir un sistema sanitario al servicio de la salud de la gente y no un sistema de enfermedad que sirve a monopolios de lucrativos negocios entre otros de la industria farmacéutica. Se necesitan funcionarios serios, con conocimientos y sentido común en el área de salud que tengan la cabeza “ordenada” para planificar políticas sanitarias de mediano y largo plazo de claro impacto social, y capaces de llevarlas a cabo de manera sistemática y sostenida, y que no busquen la inmediatez de “resultados mediáticos”. Por lo tanto, la otra propuesta es despedir a tantos funcionarios incapaces y desaprensivos ya que la incompetencia y la irresponsabilidad debe ser castigada y no premiada con la permanencia. Ante una epidemia que supera ya los 50.000 casos y alrededor de 10 muertos no “existen” responsables, nadie parece sentirse responsable salvo el mosquito. No aparece la dignidad de una sola renuncia. La figura principal de esta tragedia es la ministro de salud publica del Chaco que hace 45 días denunciaba 14 casos, ocultaba los hechos y negaba la epidemia que tenía en su provincia y, "adscripta” a la teoría de la conspiración denunciaba una campaña política en su contra. Hoy los casos en la provincia superan los 20.000. La conducta publica de esta persona, resulta patética, grotesca, difícil de explicar; produce “vergüenza ajena”. Los chaqueños no se merecen semejante afrenta. Pero el principal responsable es la ministro de salud de la Nación, la licenciada Graciela Ocaña que recién se hizo presente cuando la epidemia hubo estallado, primero para negarla y luego para reconocerla y poner la cara en el terreno, haciendo declaraciones públicas de circunstancia. Nada más que eso. Ningún plan de emergencia serio, consistente que coordine los distintos niveles estatales nacionales, provinciales y sectores de la comunidad. Políticos oficialistas y opositores afirman que la Sra. Ocaña es una persona honesta, lo que no está en cuestión, pero esa virtud no se puede canjear con la falta de competencia y eficacia. Otros opinan que cumple “ordenes superiores” de ocultar información, de no transparentar la grave situación sanitaria que afecta a la población. De ser esto cierto esta actitud la coloca muy cerca de la responsabilidad penal y habría que aclararle que la “ley de obediencia debida” ya ha sido derogada. Su difundida condición de “buena persona” y el respeto que se debe a si misma debería llevarla a renunciar.
Lamentablemente todo esto se ira diluyendo y ocultado por el “ruido” excluyente de la campaña electoral a que nos vemos sometidos, pero el riesgo de colapso de la salud pública permanece. ¡Ojo! El dengue como dije, es apenas la punta de un iceberg que oculta una verdadera catástrofe sanitaria derivada entre otras cosas del uso inadecuado y descontrolado de miles de toneladas de herbicidas y pesticidas que año a año se dispersan, fumigan sobre cosechas en particular de soja, que han contaminado seriamente el medio ambiente (aire, suelo y agua) y están dañando gravemente la salud de los seres humanos, hecho que algunos vienen denunciado hace tiempo con mucha valentía y compromiso como Jorge Rulli y los Grupos de Reflexion Rural. Las consecuencias ya han comenzado a emerger de manera creciente bajo la forma de cáncer, leucemia, malformaciones congénitas y no se podrán ocultar fácilmente. Veremos como se reparten las responsabilidades de esta tragedia, que no es sólo del INTA o de SENASA sino que también alcanza a los ministerios de salud de la Nación y las provincias como organismos responsables de proteger y promover la salud humana y que han estado llamativamente ausentes en todos estos años.

Desde mi visión médica me siento obligado hablar, de las “epidemias” de cáncer, malformaciones congénitas y otras enfermedades que deberemos afrontar, causadas por la utilización de glifosato, endosulfan y otros químicos utilizados por el actual modelo producción agrícola, de las grandes empresas farmacéuticas dueñas de las patentes de los mismos y de la biotecnología, de sus negocios, del ocultamiento y de los sobornos, por la falta de estudios serios de los efectos de estos tóxicos sobre la salud humana, y de la responsabilidad en la falta de control de los sucesivos gobiernos a lo largo de los últimos 15 años y sus complicidades en el drama de salud que nos tocará vivir. El mayor pecado de un gobierno es no cuidar a su pueblo y además subestimarlo.
Autor: Antonio Mitre. Comisión Directiva APADIM Córdoba.Públicado originalmente aquí