Las reformas de Rivadavia.

El 26 de setiembre de 1820 fue elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, su ministro de gobierno fue Bernardino Rivadavia.
El gobierno de Martín Rodríguez fue conocido como la “feliz experiencia” porque representó una etapa de pacificación y prosperidad para Buenos Aires. A pesar de la crisis política desatada después de la batalla de Cepeda, los cambios ocurridos no fueron totalmente perjudiciales para la provincia. El gobierno perdió su condición de nacional pero no los beneficios económicos que poseía: el puerto más importante del país y su aduana, es decir los ingresos más elevados de todo el territorio nacional. El ministro Bernardino Rivadavia llevó a cabo un plan de reformas con la aspiración de crear un estado moderno, y para eso era necesario mejorar la situación financiera, política, militar y cultural de la provincia. En las reformas rivadavianas estaban presentes los principios del liberalismo: libertades políticas, garantías a la propiedad privada, incorporación al mercado mundial (a través de la venta de materias primas derivadas de la ganadería, como el cuero) y limitación del poder eclesiástico. La ley de Prensa dictada en 1821 otorgaba un amplio margen de libertad al periodismo local y provocó la proliferación de nuevos periódicos y papeles públicos en la ciudad.

Reformas administrativas.

Una de las reformas más drásticas que realizó Rivadavia en el plano administrativo fue la supresión de los cabildos existentes en la provincia. Lo que el gobierno intentaba hacer era modernizar parte del aparato político-administrativo heredado de la colonia y centralizar la estructura administrativa en manos del poder provincial.
En materia de Justicia, la reforma implementada estableció un régimen mixto: justicia de primera instancia, letrada y rentada, y justicia de paz, lega y gratuita.

Reformas militares.

La ley de Reforma Militar redujo drásticamente el aparato militar heredado de la revolución. Se perseguía con ella un doble objetivo: reducir los gastos del Estado frente a un Ejército que resultaba oneroso mantener una vez concluidas las guerras de independencia y reorientar las fuerzas militares hacia nuevos objetivos. El proyecto preveía además que el Ejército estaría constituido por soldados contratados y reclutados, pero las dificultades para cubrir las plazas llevaron rápidamente al reclutamiento de los llamados “vagos y mal entretenidos” para quienes el Ejército significó una dura vía de disciplina. A las fuerzas regulares se sumaron las milicias, reorganizadas por ley en 1823.
Estas dos fuerzas militares fueron destinadas a la frontera sur para defender la campaña de los ataques indígenas. Para el gobierno era indispensable asegurar dicha frontera si pretendía consolidar cierto crecimiento económico: el campo era el proveedor de alimentos para la ciudad y escenario de la incipiente expansión ganadera de aquellos años. De manera que el gobernador Martín Rodríguez organizó una campaña militar contra los indios, con el objetivo de incorporar nuevas tierras y asegurar las ya ocupadas. Los resultados no fueron muy alentadores: los malones siguieron asolando a la campaña bonaerense, dejando como único saldo la fundación del Fuerte Independencia alrededor del cual creció después la ciudad de Tandil.

Reformas eclesiásticas.

La ley de Reforma Religiosa suprimió algunas órdenes religiosas, se apropió de sus bienes, prescribió normas rígidas para el ingreso a la vida conventual, suprimió los diezmos (por lo que el Estado se hizo cargo del culto) y sometió a todo el personal eclesiástico a las leyes de la magistratura civil.

Como era de esperarse, ambas reformas (la militar y la eclesiástica) generaron gran descontento entre el personal directamente afectado. Algunos de los desplazados protagonizaron a comienzos de 1823 un motín que fue descubierto y rápidamente reprimido por el gobierno, con lo que quedó frustrado su intento de golpe.

Reformas culturales.

La acción cultural desplegada en la gestión de Rivadavia fue tan intensa como en otras áreas. La fundación de la Universidad de Buenos Aires en 1821 fue la medida más destacada en este plano. Pero la reforma apuntó también a la enseñanza media y elemental. A tal efecto se creó el Colegio de Ciencias naturales y se transformó el Colegio de la Unión del Sur en el Colegio de Ciencias Morales. La enseñanza elemental por unos años pasó a depender de la Universidad, a través de su departamento de Primeras Letras, que controlaba la escuelas de la ciudad y la campaña y coordinaba la aplicación del sistema lancasteriano, por el cual los alumnos más avanzados enseñaban los conocimientos elementales a los que recién se iniciaban.
Al mismo tiempo se dio impulso a la Biblioteca Pública y a la fundación de muy diversas sociedades. Se crearon la Academia de Medicina, la de Ciencias Físicas y Matemáticas, la de Música; se dio nuevo impulso a la enseñanza del Derecho con la intensificación de la Academia de Jurisprudencia y la creación del Departamento de Jurisprudencia en 1821; se formó la Sociedad Literaria, responsable de la publicación del periódico más importante de la época (El Argos de Buenos Aires) y de la revista literaria La Abeja Argentina, que publicó la primera antología de poesía local. Se reorganizó además la Casa de Expósitos y se creó la Sociedad de Beneficencia, encargada de la organización de hospitales, asilos y otras obras de asistencia para los sectores más pobres, tarea que les fue asignada a lasa mujeres de la “alta sociedad porteña”.

Reformas económicas.

El propósito racionalizador del Estado se manifestó también la esfera económica. En el campo financiero, una de las primeras acciones desarrolladas por el gobierno fue crear la Bolsa Mercantil y el Banco de Descuentos. El banco estaba autorizado a emitir billetes y, al comienzo, sus acciones pagaron buenos dividendos. Sin embargo, las necesidades del fisco llevaron a una creciente emisión, que a los pocos años condujo al banco a una crisis financiera insalvable.
Otras de las reformas económicas aplicadas en este período apuntó a mejorar la producción rural. A tal efecto, se dictó la ley de enfiteusis y se elaboraron planes de inmigración. La ley de enfiteusis procuraba la instalación de colonos en tierras públicas a las que aquellos tendrían derecho preferencial de compra en caso de que el Estado decidiera venderlas. Esta ley permitió el fortalecimiento de la gran propiedad dedicada mayoritariamente a las actividades ganaderas. Los terrenos entregados en enfiteusis quedaron en manos de hacendados, grandes comerciantes y militares.

El Congreso de 1824.

El mandato de Martín Rodríguez llegó a su fin y en su lugar fue designado Gregorio de Las Heras.
El Congreso Constituyente fue inaugurado en diciembre de 1824 y comenzó a trabajar en su labor legislativa.

La ley Fundamental.

La primera disposición que tomó el Congreso fue dictar la ley Fundamental. Dicha ley declaraba constituyente al Congreso y establecía que hasta que se sancionara una Constitución, las provincias se regirían por sus propias instituciones, y delegarían provisionalmente las funciones del Poder Ejecutivo nacional en el gobierno de Buenos Aires. Pocos días después se firmaba el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Gran Bretaña, que no sólo ratificaba el reconocimiento de la independencia argentina por parte de la potencia europea, sino que, además, buscaba estrechar vínculos a través del tratamiento de nación más favorecida.
Por la ley Fundamental, el gobernador Las Heras quedaba a cargo de las relaciones exteriores (hasta tanto se eligiera presidente) y con facultad de hacer propuestas al Congreso y de ejecutar las decisiones que este tomara. La sanción de la Constitución quedaba postergada a la espera de un momento más favorable y una vez dictada debía proponerse a los gobiernos provinciales, que podrían rechazarla y permanecer al margen de la unión perseguida.

La Ley de Presidencia

Ante la inminencia de una guerra con Brasil, por su ocupación en la Banda Oriental, el Congreso proyectó la creación de un Poder Ejecutivo permanente y Nacional. El 6 de febrero de 1826 fue promulgada la ley de Presidencia: se creaba el cargo de presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Su ejercicio duraría el tiempo que estableciera la futura Constitución.
Al día siguiente fue elegido por votación Bernardino Rivadavia, quien se hizo cargo de la presidencia el 8 de febrero.

Presidencia de Rivadavia (1826-1827).

Rivadavia debió asumir su cargo en un clima cargado de tensiones internas y conflicto externo. Por un lado, Brasil había declarado la guerra en diciembre de 1825 al aceptar el Congreso la incorporación de la provincia oriental. Por el otro, el Congreso se hallaba dividido entre quienes pretendían instaurar una forma de Estado centralizada, denominados a partir de ese momento “unitarios”, y quienes buscaban organizar una forma de gobierno que respetara las soberanías de las provincias, denominados “federales”.

La ley de Capitalización.

Las tensiones latentes terminaron de dividir las opiniones cuando Rivadavia, tres días después de asumir, propuso al Congreso el proyecto de ley de Capitalización. Dicho proyecto declaraba a Buenos Aires capital del poder nacional, a la que se le subordinaba un territorio federal que iba desde el puerto de Las Conchas (Tigre) hasta el Puente de Márquez y desde allí, en línea paralela al río de la Plata, hasta Ensenada. La provincia de Buenos Aires, separada del distrito federal, se reorganizaba en dos nuevas jurisdicciones: la provincia del Salado, con capital en Chascomús, y la del Paraná, con capital en San Nicolás. Se suprimían, en consecuencia, las instituciones de la provincia creadas en 1821 (la Sala de Representantes y el Ejecutivo provincial).Todos los establecimientos se nacionalizaron junto a las acciones, deberes y empréstitos contratados por la Provincia de Buenos Aires.
Lo más alarmante fue para los intereses económicos locales que la provincia perdiera, con la federalización del territorio asignado a la capital, la principal franja para el comercio ultramarino. Con ella se perdía la fuente más importante de recursos fiscales, la Aduana, al quedar esta en manos del gobierno nacional.

La Ley de consolidación de la Deuda Pública

La economía de la provincia no era muy ventajosa. El presupuesto estaba destinado en su totalidad a los gastos militares. Existía una importante deuda pública.
El Congreso trató el proyecto de consolidación de la deuda pública y de la hipoteca de la tierra fiscal de todo el país. Las tierras públicas quedaban afectadas al pago de la deuda y no podían venderse. Las tierras provinciales pasaban de este modo a manos del Estado nacional.

La Constitución de 1826.

El Congreso comenzó a tratar el tema constitucional. Se acordó establecer una república representativa: la monarquía quedaba descartada. El tema espinoso era decidir la organización estatal: ¿federal o unitaria?
El 24 de diciembre de 1826 se aprobó la Constitución que establecía la forma representativa republicana bajo la unidad de régimen. Los gobiernos provinciales quedaban bajo la total dependencia del presidente de la Nación.
La Constitución fue rechazada en las provincias al no ver satisfechas sus aspiraciones federalistas.

Renuncia de Rivadavia

La situación del presidente Rivadavia se volvió muy delicada:

 Las provincias habían rechazado la Constitución de 1826, por lo tanto su autoridad nacional estaba cuestionada.
 El ministro garcía había firmado un tratado deshonroso, por el cual se reconocía a Brasil la posesión de la Banda Oriental, con el objetivo de finalizar la guerra.
 Los terratenientes y comerciantes le quitaron el respaldo por el aumento de impuestos y contribuciones destinados a cubrir gastos de la guerra con el Brasil.
Ante estas circunstancias, Rivadavia se vio obligado a renunciar. Se avecinaban tiempos de disgregación nacional.