LA TEORÍA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CASSAGNE

La teoría del acto administrativo tuvo su origen y desarrollo enFrancia, merced a la jurisprudencia, principalmente, del Consejo de Estado y, de un modo complementario, del Tribunal de Conflictos, órgano este último encargado de fijar con fuerza de verdad legal el deslinde e la competencia entre los tribunales administrativos y los judiciales.

Ello no significa, desde luego, restar importancia a los estudios doctrinales realizados en lo que va del siglo, en particular en el Derecho continental europeo (Italia, Alemania y España) y en distintos países latinoamericanos.
La razón de ser de la concepción, conectada en los comienzos a la necesidad práctica de establecer la división entre la jurisdicción contencioso-administrativa y la judicial, como consecuencia de la interpretación del principio de la separación de los poderes elaborado por Montesquieu 16, obedece, en realidad, a una causa mucho más esencial.
Esa razón se vincula con la propia finalidad del Derecho Administrativo en cuanto propende a la prosecución del bien común a través de actividades jurídicas homogéneas, que precisan llevarse a
cabo conforme a un régimen diferente al que es propio de los actos de Derecho Privado 17.
La teoría del acto administrativo demuestra que su elaboración y desarrollo ha tenido en cuenta no sólo el interés público que el Estado persigue al extender los efectos de su accionar al ámbito externo sino también y en una medida importante, las garantías debidas al administrado que surgen del sometimiento de la Administración Pública a determinados principios y reglas jurídicas que, en tanto justas y razonables, poseen legitimidad.
Si el acto administrativo trasciende el ámbito inter-orgánico de la Administración proyectándose al plano externo por efecto de la exteriorización de la voluntad del órgano estatal, lo primero que corresponde indagar es de qué modo se produce ese proceso. Por ello, el acto administrativo constituye una "declaración" habida cuenta que exterioriza un proceso de tipo intelectual, por oposición a los meros hechos administrativos, los cuales consisten en comportamientos materiales
que traducen una actividad física de la Administración lri. Dentro del concepto de declaración se comprenden tanto las típicas declaraciones de voluntad, como las de conocimiento y de opinión
o juicio. De modo, pues, que técnicamente constituyen declaraciones los actos que trasuntan una actividad de conocimiento y atestación, tal como acontece cuando la Administración procede a registrar hechos o actos a los que le otorga autenticidad (v.gr. inscripción de derechos reales, certificado de defunción) como cuando certifica hechos sobre los cuales toma conocimiento (v.gr. certificado del cual surge la inhibición de bienes de una persona) o bien, en aquellos en que emite una opinión o un juicio (v.gr. expedición de un certificado de buena conducta) 19.
El acto administrativo pertenece a la categoría de los actos jurídicos voluntarios. Pero aun partiendo de este presupuesto esencial cabe reconocer diferencias entre el acto administrativo y el acto jurídico privado, las cuales justifican la existencia de una teoría propia para esta importante categoría del Derecho Público.
En el Derecho Privado sólo adquiere condición de acto jurídico la declaración encaminada a producir en forma inmediata una modificación del orden jurídico (art. 944, Cód. Civ), mientras que en el Derecho Público el acto administrativo abarca un espectro más amplio, incluyendo también aquellas declaraciones que no persiguen esa finalidad en forma inmediata sino mediata.
La comparación entre ambas categorías permite sostener que en el Derecho Público se produce el fenómeno por el cual ciertas determinaciones de la autoridad administrativa adquieren existencia
formal externa y autónoma bajo la forma de actos que, para el Derecho Privado, carecen de trascendencia jurídica directa, al menos en lo concerniente a su manifestación formal externa 20.
Ahora bien: esa declaración precisa surgir de un órgano del Estado y ser emitida en ejercicio de la función materialmente administrativa (concepción objetiva) puesto que es precisamente tal circunstancia la que va a generar consecuencias en el régimen del acto que se emita (v.gr. reglas sobre competencia). En cambio, no es posible que entidades no estatales dicten actos administrativos, ya que aun reconociendo que el Derecho Público pueda regular a veces sus actividades (v.gr. personas públicas no estatales) éstas no poseen el mismo régimen que los actos administrativos 21.
En definitiva, la noción de acto administrativo comprende toda declaración proveniente de un órgano estatal22, emitida en ejercicio de la función materialmente administrativa y caracterizada por un régimen exorbitante, que genera efectos jurídicos individuales directos con relación a los administrados destinatarios del acto.


IMPORTANCIA DE LA TEORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Marienhoff

La teoría del acto administrativo tiene una importancia fundamental. Es tan trascendente como la del acto jurídico de derecho privado.
Gran parte de las vinculaciones de la Administración Pública con los administrados o particulares, tiene por base a un acto administrativo.
Además, el acto administrativo es la forma esencial en que la Administración Pública expresa su voluntad, sea de modo "general" (reglamentos) o de un modo "particular" o "especial" (acto administrativo "individual".
El acto administrativo es también sustancialmente "jurídico" (343) . Proyecta sus efectos hacia lo "externo" de la Administración Pública, y tiende a regular o disciplinar las relaciones de ésta con los administrados. En esto diferénciase netamente el "acto de administración", cuya eficacia, como acto, agótase en lo "interno" de la Administración Pública, no regulando ni disciplinando relaciones con terceros.