Fallos Completos -Danos y Perjuicios-

Daños y perjuicios. Responsabilidad por el hecho de las cosas. Daños causados por el riesgo o vicio de la cosa. Vicio. Caída del peatón debida al deficiente estado de las veredas. Responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Daño resarcible.
“Mercado, Olga B. v. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los nueve días del mes de agosto de dos mil once, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “E”, para conocer en el recurso interpuesto en los autos caratulados: “ MERCADO OLGA BEATRIZ C/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S/ DAÑOS Y PERJUICIOS ”, respecto de la sentencia corriente a fs. 132, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?
Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores CALATAYUD. RACIMO. DUPUIS.
El Señor Juez de Cámara Doctor CALATAYUD dijo:
1.- Contra la sentencia de fs. 132/38, en la que se condenara al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por los daños sufridos por la actora al caer a raíz de un pozo existente en la avenida Directorio en su intersección con la avenida La Plata de esta ciudad el 15 de febrero de 2008, se alzan ambas partes. Mientras la damnificada cuestiona por exiguos los montos indemnizatorios reconocidos (ver fs. 157/61), su contraria se agravia además por la responsabilidad que se le ha endilgado y por el plazo fijado en el pronunciamiento para el cumplimiento de la condena (ver fs. 163/73).
2.- No mucho ha menester argumentar para demostrar la sinrazón que en la emergencia asiste a la demandada en lo que respecta a la queja vertida sobre el aspecto central de la controversia. En efecto, más allá de que su parte no contestó la demanda en término (ver fs. 49), circunstancia que, con arreglo a lo dispuesto por el art. 356 inc. 1° del Cód. Procesal, puede estimarse como reconocimiento de la verdad del relato de los hechos efectuado por su contraria en el escrito inicial, lo cierto es que si bien es verdad -como sostiene- que la testigo Serio (fs. 90/1) no presenció el tropiezo de la señora Mercado, también lo es que arribó al lugar de los hechos instantes después, cuando ésta estaba tirada en el piso “con un pie adentro de un agujero que había en la vereda” (a la 2ª), lo que despeja toda duda acerca de la existencia del accidente sufrido a raíz del obstáculo habido en la acera de la arteria antes referida. Ello se ve corroborado, por lo demás, con las fotografías ahora agregadas a fs. 188/89, que dan cuenta de la existencia del pozo en cuestión.
Por otra parte, contrariamente a lo que parece entender, su responsabilidad no deriva de la falta de servicio, sino del poder de guarda que sobre las aceras tiene el gobierno municipal. En tal sentido, en fallos de esta Sala (causas 358.629 del 22-6-06 y 525.814 del 7-5-09), se citaron precedentes jurisprudenciales que decidieron que si la cosa cuyo riesgo o vicio produjo el daño se encontraba -tal como en la especie- en la vía pública, en tanto las aceras forman parte del dominio público del estado y se encuentran bajo la guarda de la municipalidad (arts. 2339, 2340 inc. 7 ° y 2342 del Cód. Civil), es éste el factor de imputación jurídica para que ella responda por el perjuicio ocasionado en la órbita del art. 1113 del Cód. Civil, pues era su deber mantener en condiciones la vereda para evitar perjuicios a terceros, tanto dentro de las funciones de policía que le atañen, cuanto por ser la vía pública parte del dominio público del estado.
De la misma manera, es doctrina de este tribunal, en concordancia con lo resuelto por el magistrado sentenciante, que resulta de aplicación para estos supuestos la norma del citado art. 1113. Así lo ha entendido, por lo demás, la jurisprudencia de nuestros tribunales, quienes han establecido que el riesgo o peligrosidad de las cosas a que se refiere el segundo párrafo de la norma referida no alude necesariamente a las condiciones de la cosa misma que es inerte y normalmente no peligrosa -como lo sería una vereda-, sino a una calidad accidental que podría derivarse por ejemplo de su deficiente construcción o mal estado de conservación (conf. CNCiv. Sala “A”, voto de la Dra. Luaces, en causa 184.312 del 9-5-96, in re: “Mord Covich Mónica Irene c/ M.C.B.A. s/ daños y perjuicios”, con cita de Bustamante Alsina, Tratado de la responsabilidad civil, pág. 326 n ° 1045 y de Cazeaux y Trigo Represas, Derecho de las obligaciones, t. 4 pág. 684; íd., en L.L. 1980-A-213).
Ello así, a la víctima del accidente -tal como lo destacara la Dra. Luaces en su voto- sólo le incumbe probar la existencia del hecho y su relación causal con el daño, corriendo por cuenta de la emplazada la acreditación de la ruptura de dicho nexo causal (ver, además, mi voto en causa 286.674 del 14-3-00).
Desde otra perspectiva, la hipotética falta de precisión sobre el lugar exacto en que sucedieran los hechos se trata de una reflexión tardía que debió ser efectuada al contestar el traslado de la demanda que -como dijera anteriormente- no fue formulada oportunamente y que quedó admitido a través del reconocimiento ficto que representó la falta de cumplimiento de esa carga procesal.

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Por último, como lo ha destacado también esta Sala (ver voto del Dr. Mirás en causa 428.174 del 22-8-05), “el hecho de que la víctima conociera o debiera conocer el estado de la acera e incluso -que no es el caso de autos- hubiera sido advertida con anterioridad de la producción de un accidente similar al que le ocurriera, carece de significación en orden a la responsabilidad, pues ninguna razón justifica que se valore o se admita esa causal de exención, por cuanto caminar por la acera, aunque sea por un lugar conocido, no implica aceptar un altísimo riesgo de dañosidad o pueda considerarse temeraria la conducta que provoca serias lesiones físicas y psíquicas como para considerarla encuadrada en el art. 1111 del Código Civil (conf. Sala “G”, voto del Dr. Montes de Oca en c. “Argibay, Haydée c/ Telecom Argentina S.A. Stet France s/ daños y perjuicios” del 22-9-97, publ. en J.A. 1998-II-175; en sentido concordante, v. Sala D, c. “Romero, Carmen Ramona c/ Telecom Argentina S.A. y otros s/ daños y perjuicios” del 20/10/00, Sala “H”, c. “Moltedo de Dickson, Nelly María c/ Empresa Distribuidora Sur S.A. (EDESUR) y otro s/ daños y perjuicios” del 25/4/01, Sala “M”, c. “Flores, Eleuteria Hermenegilda c/ M.C.B.A. s/ daños y perjuicios” del 4/10/00). También se ha sostenido que no es posible exigir a quien camina por una acera la obligación de extremar las precauciones pues se supone que lo hace por un lugar habilitado a tales efectos y en condiciones aptas para ello (conf. Sala “F”, voto del Dr. Posse Saguier, c. “Pescio, Lucía María c/ M.C.B.A. s/ daños y perjuicios” del 30/4/01, publ. en E.D. 194-589), a lo que he de añadir que quien circula habitualmente por el lugar no tiene porqué asumir la tarea de memorizar las irregularidades de esa índole que va advirtiendo a su paso, a la manera de un imperativo o carga -que ninguna norma ni principio le impone- para eximir a los responsables de semejantes roturas”.
Entonces, resulta sin duda evidente que no puede imputársele negligencia o culpa alguna a la demandante en los términos del art. 1111 del Cód. Civil, debiendo desecharse el argumento empleado por esta parte.
En suma, los agravios vertidos por ella referidos a la responsabilidad no podrán ser atendidos en esta instancia, lo que así propicio.
3.- Corresponde, pues, abocarse a la consideración de las críticas formuladas sobre las partidas indemnizatorias reconocidas.
I.- Daño a la integridad física.-
Sabido es que la incapacidad sobreviniente abarca cualquier disminución física o psíquica que afecte tanto la capacidad laborativa del individuo, como aquélla que se traduce en un menoscabo en cualquier tipo de actividad que desarrollaba con la debida amplitud y libertad (conf. Kemelmajer de Carlucci en Belluscio, Código Civil y leyes complementarias comentado, anotado y concordado, t. 5 pág. 219 nº 13; CNCiv. esta Sala, causas 24.116 del 20-10-86, 43.169 del 18-4-89 y 66.946 del 18-5-90, entre muchas otras).
Es que -conforme principio reconocido-, la integridad corporal de la persona tiene, por lo común, un valor económico instrumental, como capital destinado a ser fuente de beneficios, tanto económicos como de otra índole. Por ello, su afectación se proyecta necesariamente al futuro, cercenando o menoscabando probabilidades de desenvolvimiento, éxito e inserción en el mundo de relación (conf. Zavala de González, Daños a las personas - Integridad sicofísica, t. 2a pág. 41; CNCiv. esta Sala, causa 124.883 del 22-3-93).
En autos, dictaminó el Dr. Juan Carlos Murías, perito médico designado de oficio por el juzgado, con la imparcialidad que el origen de su nombramiento permite presuponer. A fs. 123/26, refiere que la señora Mercado sufrió en el siniestro politraumatismos varios, con cuadro de dolor, edema, quemazón e impotencia funcional del miembro inferior izquierdo, del cual evolucionó favorablemente, presentando en la actualidad neuropatía periférica adquirida sensitivo-motora de tipo axional de leve expresión, como asimismo, edema residual a trauma previo en dicho miembro, dolor a la marcha e incapacidad relativa al mismo. Estima el grado de discapacidad, parcial y permanente, en el 15% de la total vida.
A fs. 129, la demandada impugna el dictamen, que responde el experto en su presentación de fs. 135, donde además da cuenta del baremo que empleara para calcular la incapacidad física. De todas maneras y más allá de lo genérico de la observación formulada, es criterio de la Sala que, si bien el perito es un auxiliar de la justicia y su misión consiste en contribuir a formar la convicción del juzgador, razón por la cual el dictamen no tiene, en principio, efecto vinculante para él (art. 477 del Cód. Procesal; CNCiv. esta Sala, en E.D. 89-495 y sus citas), la circunstancia de que el dictamen no obligue al juez -salvo en los casos en que así lo exige la ley-, no importa que éste pueda apartarse arbitrariamente de la opinión fundada del perito idóneo, en tanto la desestimación de sus conclusiones ha de ser razonable y fundada (conf. fallo citado y votos del Dr. Mirás en causas 34.389 del 9-2-88 y 188.579 del 26-3-96 y, en el mismo sentido, CNCiv. Sala “D” en E.D. 6-300; Colombo, Código Procesal Civil y Comercial comentado y anotado, 4a. ed., t. I pág. 717 y nota 551).
En forma congruente, ha adherido a la doctrina según la cual aun cuando las normas procesales no acuerdan al dictamen pericial el carácter de prueba legal, cuando el informe comporta -como en el caso- la apreciación específica en el campo del saber del perito -conocimiento éste ajeno al hombre de derecho-, para desvirtuarlo es imprescindible contar con elementos de juicio que permitan concluir fehacientemente en el error o el inadecuado uso que el experto hubiese hecho de sus conocimientos técnicos o científicos, de los que por su profesión o título habilitante ha de suponérselo dotado (conf., entre muchas otras, causas 21.064 del 15-8-86, 11.800 del 14-10-85, 32.091 del 18-12-87, 131.829 del 29-7-93 y 169.102 del 6-6-95).
Por consiguiente, para que las observaciones que pudiesen formular las partes puedan tener favorable acogida, es menester aportar al expediente probanzas de similar o mayor rigor técnico o científico que desmerezcan las conclusiones alcanzadas en el peritaje (conf. arts. 386 y 477 del Cód. Procesal; Palacio, Derecho Procesal Civil, t. IV pág. 720; CNCiv. Sala “C” en L.L. 1992-A-425; Sala “H” en L.L. 1997-E-1009 n ° 39.780-S), pruebas que no fueron aportadas al proceso, de forma que no cabe sino aceptar el criterio expuesto por el perito.
Empero, también es del caso puntualizar que es jurisprudencia constante de esta Sala aquella que establece que los porcentajes de incapacidad que otorgan los diferentes baremos representan meras pautas para el juzgador, y no lo vinculan (ver CNCiv. esta Sala, causas 169.316 del 8-6-95, 170.721 del 20-6-95 y 173.810 del 20-7-95, entre otras), debiendo aquél pronunciarse sobre la incidencia en la vida de relación de la víctima de las dolencias verificadas y, a partir de estas comprobaciones, fijar la cuantía resarcitoria de la partida en examen (conf. CNCiv. esta Sala, votos del Dr. Mirás en causas 113.816 del 28-8-92 y 114.858 del 30-9-92).
Así las cosas, habida cuenta que para fijar el quántum de esta partida debe atenderse a la naturaleza de las lesiones sufridas, así como también a la edad del damnificado, su estado civil y demás condiciones personales, cómo habrán aquéllas de influir negativamente en sus posibilidades de vida futura e, igualmente, la específica disminución de sus aptitudes laborales (conf. Kemelmajer de Carlucci en Belluscio, op. y loc. cits., pág. 220 y citas de la nota 87; Llambías, Tratado de Derecho Civil - Obligaciones, t. IV-A pág. 120; CNCiv. Sala “F” en E.D. 105-452; íd., en E.D. 102-330; esta Sala, causas anteriormente citadas); que la actora tenía 64 años de edad a la época del accidente; que era jubilada concepto por el cual percibía aproximadamente la suma de $ 800 mensuales y vendía productos vegetarianos (ver testimonios de fs. 93 y 94), siendo de presumir el nivel socio-económico a través de las constancias del incidente sobre beneficio de litigar sin gastos, la suma reconocida aparece como justa y apropiada a las circunstancias del caso.
II.- Daño psíquico y tratamiento psicoterapéutico.-
Más allá del tratamiento independiente de esta partida, cuestión metodológica y que no puede ocasionar agravio alguno, el Dr. Murías concluyó que a raíz del siniestro la demandante padecía sobre una personalidad de base neurótica una depresión mínima, que afecta las esferas intelectual, afectiva y volitiva, que puede catalogarse como un Trastorno de Estrés Postraumático crónico leve y que permite estimar su incapacidad en esta área en el 10% de la total vida. Aconseja un tratamiento de un año de duración a razón de una sesión semanal.
A raíz de las objeciones formuladas por la demandada a fs. 129 vta./30, el experto acompañó el psicodiagnóstico (fs. 133/34) y efectúa otras consideraciones (ver fs. 135) que, por las razones ya expuestas ut supra, considero que aquéllas deberán ser desechadas y compartir el criterio pericial.
En tales condiciones, habida cuenta la levedad de la afección referida y demás condiciones personales que ya he destacado, también en este supuesto el importe reconocido aparece como una justa indemnización del perjuicio sufrido por la víctima.
III.- Daño moral.-
Se entiende por tal cualquier lesión a los sentimientos o afecciones legítimas de una persona, o cuando se le ocasionan perjuicios que se traducen en padecimientos físicos o, en fin, cuando de una manera u otra se han perturbado la tranquilidad y el ritmo normal de vida del damnificado (conf. CNCiv. Sala “D” en E.D. 61-779; íd., en E.D. 69-377; Sala “F” en E.D. 42-311; íd., en E.D. 53-350; Sala “G” en E.D. 100-300; esta Sala, causas 502 del 26-12-83 y 66.984 del 30-5-90).
Y, para graduar su cuantía, la Sala reiteradamente ha decidido que deben ponderarse diversos factores, entre los que merecen ser citados, a modo de ejemplo, la gravedad de la culpa del autor del hecho, la existencia y cuantía de los perjuicios materiales, las condiciones personales de aquél y las de la víctima, etc., factores todos que quedan librados al prudente arbitrio judicial (conf. CNCiv. Sala “B” en E.D. 57-455; Sala “D” en E.D. 43-740; esta Sala, causas 19.073 del 13-3-86 y 124.140 del 16-11-94).
A la luz de estos principios, habida cuenta la entidad de las lesiones y sus secuelas, la forma como sucediera el accidente, los inconvenientes y sufrimientos que seguramente ha debido soportar la damnificada y condiciones personales que ya he destacado, el monto reconocido por este concepto resulta justo y apropiado a las particularidades del caso.
IV.- Gastos médicos y farmacéuticos y de traslado.-
Es jurisprudencia constante de la Sala que ellos no requieren prueba documental, debiendo ser admitidos siempre que resulten verosímiles en relación con las lesiones provocadas por el evento dañoso (conf. mi votos en causas 157.723 del 1-3-96 y 204.192 del 23-12-96; voto del Dr. Mirás en causa 69.534 del 13-7-90; votos del Dr. Dupuis en causas 44.825 del 2-5-89 y 138.134 del 3-2-95, entre muchas otras).
No obsta a la admisión de la partida la pertenencia de la víctima a una obra social, adhesión a un sistema de salud pre-pago o su atención en hospital público, pues existe siempre una serie de gastos que se encuentra a cargo de los afiliados o parientes y que aquellos no cubren, sin perjuicio de que, cuando existe total o parcial orfandad de prueba documental, en el monto a fijarse deben ser consideradas tales circunstancias (conf. esta Sala, causas 107.157 del 30-4-92, 113.652 del 24-8-92, 127.547 del 19-4-93, 119.174 del 15-12-92, 146.808 del 18-5-94, 154.150 del 6-10-94 y 164.495 del 23-3-95; Sala "M", causa 61.766 del 27-3-91; Sala "C", causa 129.891 del 2-11-93).
De la misma manera, es reiterada la jurisprudencia que ha admitido la procedencia de los gastos de traslado en función de la prerrogativa del art. 165 del ritual, cuando puede presumirse, dada la índole de las lesiones, que la víctima se ha visto necesitada de recurrir a gastos extraordinarios de movilidad, como podría ser, por ejemplo, la utilización de autos taxímetros (conf. CNCiv. Sala “D” en E.D. 34-328; esta Sala, causas 81.236 del 25-4-91, 96.383 del 13-11-91 y 121.482 del 14-12-92, entre otras).
Y en el caso, si se repara en la importancia de las lesiones, gastos que debió encarar la actora, más allá de su atención en un nosocomio del cual es asociada, sumado a los que deberá afrontar para su recuperación, los importes reconocidos por estos conceptos aparecen como adecuados.

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4.- Por el contrario, encuentro razón a la demandada en lo que atañe a la queja vertida respecto del plazo de cumplimiento de la sentencia. Es que, conforme ha sostenido esta Sala a partir de la causa 338.469, “Mopin S.A.C.I.F.I. c/ M.C.B.A. s/ expropiación indirecta”, del 9-5-02, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adhirió al régimen del art. 22 de la ley 23.982, aunque con modificaciones, cuando aprobó el Código Contencioso Administrativo y Tributario local, mediante el dictado de la ley n ° 189. En este sentido, el ordenamiento legal citado señala el carácter declarativo de las sentencias que condenan al pago de una suma de dinero a las autoridades administrativas, sujetándolas a la inclusión presupuestaria (art. 398 cód. cit.), con excepción de los créditos de carácter alimentario cuyo importe total no sobrepase el doble de la remuneración del Jefe de Gobierno (art. 395, apartado segundo). Por ende, habrá de aplicarse a la especie para el pago del importe de la condena el procedimiento previsto en el art. 22 de la ley 23.982 y en los arts. 398 y 399 del ya citado Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificándose en tal sentido el pronunciamiento en examen.
5.- En definitiva, voto para que se modifique la sentencia de fs. 132/38 únicamente en lo que concierne al plazo y forma de cumplimiento de la condena en la forma propuesta en el considerando anterior, confirmándosela en lo demás que decide y fue materia de agravio expreso, incluso en lo que se refiere a las costas de primera instancia, las que, al igual que las de Alzada, deberán imponerse a la demandada, toda vez que ha resultado ser la parte sustancialmente vencida al haber cuestionado el aspecto central de la controversia: la responsabilidad (ver Orgaz, El daño resarcible [Actos ilícitos], 3a. ed., pág. 158, n ° 48 y fallos citados en nota 117; CNCiv. esta Sala, causas 305.369 del 25-10-2000 y 312.050 del 15-5-01, entre muchas otras; ver, en el mismo sentido, CNCiv. Sala “I”, en J.A. 2003-IV-248), siendo que, por otra parte, la cuestión acerca de la fijación de los montos indemnizatorios se trata de una cuestión diferida al prudente arbitrio judicial.
Los Señores Jueces de Cámara Doctores Racimo y Dupuis por análogas razones a las expuestas por el Dr. Calatayud, votaron en el mismo sentido. Con lo que terminó el acto. MARIO P. CALATAYUD. JUAN CARLOS G. DUPUIS. FERNANDO M. RACIMO.
Y VISTOS :
En atención a lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se modifica la sentencia de fs. 132/38 únicamente en lo que concierne a la forma y plazo de cumplimiento de la condena en la forma propuesta en el considerando 4 del primer voto, confirmándosela en lo demás que decide y fue materia de agravio expreso. Costas de alzada a la demandada, difiriéndose la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para una vez fijados los de la anterior instancia. Not. y dev.-