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Fallos Completos -Derecho Laboral- Hurto II

Tribunal: Cámara del Trabajo de Córdoba, sala 10
Fecha: 16/03/2009
Partes: Bulchi, Nancy E. v. Fondo de Comercio El Marqués y Dianda, Luis A.
CONTRATO DE TRABAJO - Extinción - Justa causa - Comunicación - Defectos de la comunicación de despido - Faltante de dinero de la caja - Prueba - Material fílmico - Tareas de atención de un quiosco y agencia de quiniela - Despido incausado - Indemnización - Impedimento de ingreso al lugar de trabajo - Improcedencia del reclamo por daño moral
Fallos Completos -Derecho Laboral- Hurto II
TEXTO COMPLETO
Expediente: 49.204/37
2ª INSTANCIA.- Córdoba, marzo 16 de 2009.
Siendo día y hora designado a los fines de la lectura de la sentencia, en estos autos caratulados "Bulchi, Nancy E. v. Fondo de Comercio El Marqués y Dianda, Luis A. s/ ordinario - despido" expte. 49.204/37, se constituye en audiencia oral y pública el Tribunal Unipersonal de la sala 10ª del Trabajo integrado por el Dr. Huber Alberti y de los que resulta que a fs. 17/19 la Srta. Nancy E. Bulchi interpone demanda en contra del Fondo de Comercio "El Marqués" y de su dueño el Sr. Luís A. Dianda, con domicilio en Chacabuco n. ... de esta ciudad, quienes se dedican a la explotación de un Kiosco y Agencia de Quiniela y demás juegos de azar y cabinas telefónicas. Dice que comenzó a trabajar en relación de dependencia con la demandada a partir del 1/3/1991, con la categoría de auxiliar del Convención Colectiva de Trabajo de Empleados de Comercio, y trabajó hasta el 18/4/2006 en que recibe comunicación patronal por la que se la despide incausada e injustificadamente en la realidad de los hechos. Sostiene que sus tareas eran de atención al público, venta de productos de kiosco, de quiniela y demás juegos de azar, y atención de las cabinas telefónicas, como así también la limpieza del local y las tareas administrativas relativas al pago de impuestos del local o de su dueño. Su jornada laboral, en tanto, era de lunes a viernes de 16:00 a 20:15 horas y los sábados de 8:30 a 13:30 horas, habiendo siempre trabajado en el local de Chacabuco n. ... Manifiesta que el día 6/4/2006 al pretender ingresar a su lugar habitual de trabajo en su horario estipulado, la patronal le impide el ingreso y ante ello la demandante el 17/4/2006 le remitió el TCL CD 714959216 emplazando a que en el término de 2 días hábiles le aclaren su situación laboral bajo apercibimiento de considerarse en situación de despido indirecto por exclusiva culpa patronal y en el mismo texto, por el mismo plazo y apercibimiento intimó a que le abonen los haberes adeudados del mes de marzo de 2006. Que la patronal le contestó con CD 72393959 del 17/4/2006, recepcionada por la accionante el 18/4/2006, en la que le rechazaba lo expresado en el TCL mencionado anteriormente, le negaba que se le hubiere comunicado verbalmente que no se presente a cumplir sus tareas diciendo que ella no se presentó por su propia voluntad y le decía que habiéndose comprobado faltante dinerario en días que transcribe en su carta documento y los que me remito, quedaba despedida en los términos del art. 242, LCT., manifestándole que los haberes, certificados del art. 80 y la liquidación final estaban a su disposición. La demandante mediante TCL CD 71495265-0 del 18/4/2006 rechazó los términos de esa carta documento, negando los hechos que se le imputaban y diciendo que en realidad la patronal la había despedido injustificadamente, por lo que la emplazaba para que en el término de dos días hábiles le pague las indemnizaciones por antigüedad, omisión de preaviso, e integración del mes de despido, bajo apercibimiento de reclamar los incrementos de la ley 25323.
comunicación
Sostiene que la misiva de despido ha violado el deber de claridad prescripto en el art. 243, LCT., citando jurisprudencia y doctrina a la que me remito brevitatis causae. Dice que en la carta documento de despido se utilizó el término genérico faltante, que de ninguna manera indica concretamente cuales habían sido las supuestas cifras de las que la patronal pretende hacerla responsable, dejándola así en estado de indefensión, y por ello dice que el despido deviene incausado. Agrega que no existe injuria alguna hacia la demandada porque los supuestos faltantes de dinero no existieron, y porque no es cierto que ella haya inasistido a su trabajo, ya que lo real es que asistió y le impidieron el acceso al mismo, tal como lo ha sostenido en sus telegramas transcriptos en esta demanda. Niega que el despido hubiere cumplido con los principios del derecho disciplinario laboral, en especial con la proporcionalidad, coetaneidad o temporaneidad, lo que deja alegado de modo subsidiario. Dice que sus exempleadores no registraron debidamente su contrato de trabajo ni lo registraron debidamente ante la ANSES. Y sostiene que por todo ello su despido deviene incausado e injustificado, por lo que reclama las indemnizaciones que menciona en la planilla de fs. 1, donde también incluye indemnización por daño moral al haber sido responsabilizada de conductas ilícitas tales como faltante de dinero. Funda su derecho en la Ley de Contrato de Trabajo. y en las leyes 24013, 25323, 25345, 25561, Código Civil Ver Texto, Convención Colectiva de Trabajo aplicable, doctrina y jurisprudencia que favorezca su posición. A fs. 18 obra el acta de la audiencia de conciliación donde las partes no se avienen. La actora se ratificó de la demanda solicitando se haga lugar a la misma con intereses y costas y la demandada, en tanto, por las razones de hecho y de derecho expresadas en su memorial de contestación que acompaña, pide el rechazo de la demanda en todas sus partes, con costas y hace reserva del caso federal. En el memorial obrante a fs. 11/17 niega genéricamente todos y cada uno de los hechos y el derecho alegado por la actora, y luego efectúa una negativa específica y detallada de todo lo sostenido por la accionante en su demanda, con lo que cumplimenta con el requisito del art. 192, CPCC Córdoba y a lo que me remito en honor a la brevedad. Seguidamente sostiene que la verdad de los hechos es que la accionante comenzó a prestar servicios para el comercio "El Marqués" de Chacabuco n. ... de esta ciudad, desde el 1/3/1991 en la categoría de auxiliar del CCT. 130/1975 de Empleados de Comercio, con una remuneración de $ 520,00 y un horario de lunes a viernes de 16:00 a 20:15 horas y sábado por medio de 8:30 a 13:30 horas, tal cual lo dice ella misma en su demanda. Que las tareas que realizaba consistían en la atención al público, venta de artículos de kiosco, de quiniela y demás juegos de azar, por lo que la caja del comercio se encontraba a cargo de la misma en el horario de su prestación de servicios. Manifiesta que la relación laboral fue normal hasta el mes de marzo de 2006. Que en febrero y marzo de 2006 al realizar la contabilidad mensual de la caja del comercio se advierte un considerable faltante de dinero, de acuerdo a los productos adquiridos para la venta y la comercialización de los mismos, razón por la que decidió instalar una cámara filmadora de seguridad en el comercio y al verificar las filmaciones se advierte como la actora los días 28, 29, 30, y 31/3 y 1, 3, y 4/4/2006, ejecuta actos por los que omite ingresar a la caja el dinero de las ventas realizadas, sustrayendo y quedándose ella con los importes dinerarios de las ventas en su poder, incluso llegando a retirar dinero de la caja aun no existiendo venta alguna. Que al tomar conocimiento la actora de que en el comercio se había instalado una cámara filmadora de seguridad, desde el día 6/4/2006 no se presentó a prestar servicios de manera voluntaria. Que la patronal al tomar conocimiento de estas conductas desencadenantes a la postre de la pérdida de confianza por su parte, comenzó a realizar un análisis pormenorizado de los hechos a los fines de determinar la sanción disciplinaria a imponer. Que el día 10/4/2006 la empleadora recibe un TCL remitido por la actora, en el que manifiesta hechos contrarios a la verdad, expresando falazmente que la patronal le impedía la prestación de tareas, demostrando así su intención de "fabricar" un despido indirecto para hacerse de indemnizaciones que por ley no le corresponden. Que dicha injuria fue determinante en la pérdida de confianza de la trabajadora, lo que constituye un incumplimiento a los deberes de fidelidad y por lo tanto procedió a despedirla con invocación de justa causa. En su memorial la demandada transcribe textualmente el intercambio epistolar acaecido entre ambas partes, a lo que me remito por razones de brevedad. Seguidamente y con respecto a lo sostenido por la actora en orden a que la carta documento del despido adolecía de claridad y precisión, dice que ello no es así porque en la carta documento del 17/4/2006 se detallaron puntualmente los motivos en que se fundó la ruptura del contrato, todo de acuerdo a lo dispuesto por el art. 243, LCT., y sostiene que en cuanto a los montos dinerarios faltantes, eso no tiene relación con lo dispuesto por el artículo aludido. Que la falta de confianza que configura la injuria se conforma por el hecho objetivo del faltante de dinero, no así por la cantidad, aunque ella sea mínima. Niega que la relación laboral se encontraba registrada de modo deficiente y Hace reserva del Caso Federal.
extinción
Abierta la causa a prueba la actora la ofrece a fs. 21/23 consistente en confesional, testimonial, documental, reconocimientos, exhibición de documental, informativa, y pericial contable; mientras que la demandada a fs. 38/40 ofrece Instrumental, documental, reconocimiento, pericial técnica subsidiaria, confesional, testimonial, exhibición, informativa, y presuncional.
Diligenciadas las pertinentes ante el Juzgado de Conciliación, se remiten los autos a este tribunal donde a fs. 212/213, 239 y 263 tiene a lugar la audiencia de vista de la causa, quedando la misma en estado de dictar sentencia.
El tribunal se planteó la siguiente y única cuestión a resolver:
¿Resulta procedente el reclamo de la actora por los montos y rubros especificados en la demanda de autos?
El Dr. Alberti dijo:
Conforme a los términos antes transcriptos, es decir no estando controvertida la existencia de la relación, intercambio epistolar habido entre las partes ni la fecha y modo de extinción del vínculo, la cuestión litigiosa se reduce a determinar si el despido con invocación de causa que se le comunicó a la actora resultó legítimo a los fines de las indemnizaciones pretendidas y, además, si la relación estaba debidamente registrada.
Sentado ello, considero prioritario reseñar en primer término lo acontecido en oportunidad de la audiencia de vista de la causa. En ella se procedió en primer término a exhibir en presencia de los testigos citados y las partes un video que fuera ofrecido como prueba documental por la parte demandada. Luego se procedió a recepcionar la confesional de la parte actora Nancy E. Bulchi conforme al pliego de absoluciones presentado por la demandada, donde reconoció que las grabaciones que se le exhiben corresponden a su lugar y horario de trabajo en el kiosco El Marqués, que en esas grabaciones se le hace entrega de dinero y que ella manipula el mismo (posiciones 6, 7, 9 y 10). Las restantes posiciones fueron respondidas por la negativa, siendo dable destacar las siguientes aclaraciones. En la posición 12, tras negar que en las grabaciones que se le exhiben ella retira dinero de la caja de comercio, reconoce que "...puede ser que en algunos casos fue dinero, pero en otros eran "raspaditas". Agregó luego que un caso un cliente le entregó un cartón con premio y como le debía plata por venta de Avon, le dijo que se quede con el premio. En otro caso un cliente le pagó con $ 100 la deuda que tenía con ella de $ 25 pesos; por lo que cambió los $ 100 con plata del negocio, le devolvió al cliente el vuelto y se guardó lo restante. Por último, aclaró también que "tenía el manejo general de negocio en ausencia del dueño" (primera posición) y que "había otra persona a la mañana, que ella ingresaba a las 16 hs. y tomaba el negocio sin saber que dinero había. Cerraba a la noche, hacía la planilla y la dejaba en la caja fuerte con el dinero, alrededor de las 20 o 20:15 hs.".
El demandado Luís A. Dianda, al momento de rendir idéntica prueba, reconoció que la actora se desempeñó en relación de dependencia con él desde el día 1/3/1991 y que lo hizo en el negocio de su propiedad El Marqués sito en Chacabuco n. ... de esta ciudad (posiciones 1 y 2); que sus hijos tenían autorización para sacar productos del Kiosco (posición 4), que él también atendía la agencia en forma personal, realizando el cobro de jugadas a clientes y por consiguiente manejando la caja del lugar (posición 5); que Bulchi dejaba el dinero en el negocio en una caja de seguridad conforme a una orden dada (posición 7), que fue multado por el Banco Social debido a la gran cantidad de jugadas anuladas que había en su negocio (posición 8); que conoce que habitualmente los ganadores de premios dan propinas a las empleadas de las agencias donde jugaron, aclarando que eso de entregar plata es muy ocasionalmente, que suelen llevarle vino, o masas, o facturas a las chicas (posición 9); que en la época que trabajaba la Sra. Bulchi él tomaba café todos los días con el Sr. Javier Hadad, aclarando que no era todos los días (posición 11); que juega al pocker de manera habitual con el padre del Sr. Rodrigo Machado (posición 12); que denunció penalmente a la Sra. Bulchi por los mismos hechos con los que pretendió justificar el despido (posición 14); que recepcionó cajas de productos Avon en su negocio, pero aclaró que era sólo para que le llegue la mercadería, pero que no podía hacer ahí la transacción comercial (posición 17). Luego, y ante una serie de aclaraciones solicitadas por el tribunal, el absolvente manifiesta que en base el sistema informático que tiene, la diferencia entre la compra mayorista que allí se asienta y venta minorista que se efectúa, tiene que dejar determinada ganancia, por lo que si ella no se repite sin alguna causa, es porque algo no está bien. Como eso estaba pasando, puso una cámara para ver que ocurría por la tarde, ya que él estaba a la mañana, de 8 a 13 hs. junto a Claudia Bulchi, y de 13 hs. a 16 hs. solo hasta que llegaba la actora, por lo que ninguna duda tenía a la mañana nada podía ocurrir. Así fue que el miércoles 5 de abril, a las 20:30 hs. aproximadamente, habló con la actora de lo que estaba pasando, vieron juntos el video y le dijo que dejaba a su consciencia el volver o no a trabajar, a lo que esta respondió riéndose y diciendo que necesitaba trabajar, retirándose sin darle ninguna explicación de lo que acababan de ver. En este estado el tribunal interroga a la actora respecto a si la conversación mencionada por la demandada efectivamente existió, a lo que ella responde que sí, que efectivamente se llevó a cabo el día 5 a la noche en el entrepiso donde funciona el Kiosco, que allí vio el video y que se rió porque para ella lo que se veía no era nada anormal, agregando que el demandado la trató como a un perro y le dijo que no volviera más a trabajar. En idéntica oportunidad se recibieron los siguientes testimonios: Claudia B. Bulchi, hermana de la actora, dijo que ella trabajaba en el negocio del demandado de 08:00 a 14:00 horas. Que piensa que es irregular el manejo de lo que se ve en la filmación, pues solo se guardaba dinero si algún cliente ganaba y le daba una propina, pero no como se ve en el video, pues primero recibe el premio el beneficiario y después le da la propina. Agrega a ello que podía pasar meses sin recibir una propina o, de pronto, recibir un monto importante por ello, recordando una oportunidad en donde un cliente les dejó $ 500 a ella y a su hermana. Refiere luego que conoce que su hermana vendía Avon, pero no sabe si lo hacía en el negocio. Sí conoce que después de lo que ocurrió con su hermana el dueño le prohibió que hubiera otros negocios por parte de los empleados. Refiere además que ella no hacía pagos de servicios y no sabe si su hermana los hacía. En cuanto a las cajas que había, sostuvo que eran dos, una del Kiosco donde se guardaba billetes, monedas, cospeles y tarjetas telefónicas y otra de la Quiniela, donde estaban los billetes de lotería, raspaditas y quiniela con premios, y también dinero.
prueba
Agrega que también había una caja chica para cabina telefónica y que no estaban autorizadas a guardar dinero en otro lugar que no fuera las cajas.
Señala además que en una oportunidad trabajó junto a su hermana durante un mes, que el trato del demandado era igual con ambas y que era su hermana la que a la noche cerraba la caja, habiéndole el dueño manifestado cuando la habilitaba por la mañana que le estaba faltando plata. Gabriela E. Del Bel dijo que durante los años 2002 y 2003 trabajó con el demandado, pero en distinto turno de la actora, salvo al comienzo en que lo hicieron juntas hasta que la actora le enseño la tarea. Destacó que dejó el empleo porque renunció. Preguntada por el tribunal si algunas de las tareas por ella hecha justificaba lo que mostraba el video que hacia la actora, la testigo señaló que "ella no hizo lo que mostraba el video de llevarse algo de la caja al bolsillo", pero la actora vendía Avon, aclarando que tenía autorización para hacerlo y que eso lo sabe porque trabajó con la actora en el mismo horario durante un mes. Interrogada sobre como hacía la actora las supuestas ventas de Avon, señala que les mostraba a los clientes un librito de Avon y éstos marcaban allí el producto que querían.
Preguntado por el tribunal si en alguna de las escenas del video ha visto lo que describe, la testigo responde "...que no, que en ningún caso vio el librito de Avon". Agrega luego haber visto a la actora entregar en el local productos de Avón a clientes, pero señala también al ser interrogado que esto no surge del video exhibido. Luego indica que el único caso o momento en que se manejaba dinero de la caja era cuando el mismo se lo ponía en bolsitas, pero afirma que ella nunca sacó plata. Que muchas veces algunos clientes jugaban plata en el local y luego dejaban una parte para pagar la cuenta de Avon. Afirma luego que no conoce a la hermana de la actora, que la actividad de venta de productos Avon era normal y que Dianda lo sabía y lo veía y habían clientes de la quiniela que eran clientes de Bulchi y para ella lo que vio en el video era normal, ya que la actora cobraba por sus productos Avon y por lo general eran números redondos de dinero lo que la accionante percibía. Sostuvo que una tarjeta de Quini cuesta $ 4. Que la actora entregaba los productos Avon y luego le pagaban y a veces lo hacían en partes. Manifestó que se recibían jugadas por teléfono y que los clientes tenían más confianza en Nancy. Que la declarante también tomó jugadas por teléfono, en las cuales se anota el número de la jugada y Dianda conocía esa operatoria. Que Bulchi viajaba en colectivo y si necesitaba cospeles los sacaba del negocio y dejaba la plata. Sostuvo que del lado de donde no se ve el video hay un escritorio y cabinas de teléfono. Si no había dinero en una caja, se sacaba de la otra. La declarante tuvo faltante de dinero cuando trabajaba, de lo que recién se enteraba a la noche al cerrar la caja. Si había un problema, se hablaba inmediatamente con Dianda. Lo normal no era que faltara dinero. Dianda no le descontaba los faltantes del sueldo. Señaló además que el demandado sacaba dinero de las cajas y no lo anotaba y que sus hijos concurrían al lugar y si querían consumir algo lo sacaban. Había varias cajas y de la caja del kiosco sacaban generalmente dinero. Nadie firmaba nada. La caja del kiosco era la más irregular. Eso de la concurrencia de los chicos de Dianda ocurría 2 o 3 veces por semana. Dianda sacaba y ponía dinero en las cajas. La testigo sabe por un comentario que lo habían multado por una jugada irregular.
Alicia Isidoro dijo que no conoce a la testigo Del Bel, pero sí a la testigo Bulchi, a la actora y al demandado. Señala que ella es comerciante de agencia de quiniela, pero no trabajó con Dianda; sino que empezó a tomar contacto con él cuando se informatizó la quiniela. Agrega que la actora reemplazó a la madre de la testigo en el negocio que la misma posee, trabajando allí 2 meses y le pagó lo que correspondía y la tenía registrada. Refiere que conoció a la actora en la agencia de El Marqués y nunca tuvo problema con ella, expresando que Dianda -cuando la testigo contrató a la actora- se comunicó con ella y le dijo que era una pelotuda por haberla contratado porque era una ladrona. Que eso ocurrió como a la semana siguiente de que la actora comenzara a trabajar con ella. Agrega además que ella era cliente de Avon de la actora y le compró en algunas ocasiones en el negocio del demandado. Mientras la actora trabajó con la declarante, ella le permitió vender productos Avon. Que los movimientos que la deponente ve en el video son parecidos a como se comportaba la actora en el negocio de la declarante y supone que lo que la accionante se lleva al bolsillo es la plata de Avon, esto porque cuando en su negocio la actora recibía dinero lo ponía en su bolsillo y le decía a la declarante que era de Avon, y también ha visto que a la actora le daban propinas. Por último Pablo S. Solito, quien trabaja en informática y estudia ingeniería en sistema, señalo que actuó como control en la pericia oficial y es quien actualmente atiende al estudio del Dr. Gutiérrez. Que por sus conocimientos puede decir que la hora y fecha que figura en un video se puede configurar por parte del usuario y, una vez filmando, también se lo puede modificar, aunque esto es muy difícil de hacer, es decir que es posible pero poco probable. De todas maneras, aclara, con un buen programa se puede determinar si ha sido modificado. Agrega que cuando él se reunió con el perito oficial no vieron los videos originales, pero no puede asegurar que el perito oficial no lo haya hecho. Respecto del informe oficial dice que lo que no puede afirmar es que no ha habido una manipulación sobre las fechas.
Hasta aquí la testimonial recibida.
indemnización
1.- El distracto: Comenzado con el tratamiento de los temas según el orden propuesto, paso a considerar lo relativo al despido. Al respecto nos enseña la doctrina con relación a la causa que se invoca como fundamento de un despido que "...Resultado del deber de buena fe, que impone a las partes indicar concretamente en sus comunicaciones cuáles son los reclamos que se dirigen y cuál la actitud que adoptarán en caso de que no sean satisfechos, y de la genérica garantía de defensa, que brinda a los individuos la posibilidad de contar con certeza sobre los medios, los tiempos y las formas adecuadas para reclamar o defenderse de reclamos ajenos, la comunicación que decide la extinción del vínculo debe expresar de modo claro y completo los hechos que se invocan para la decisión extintiva"... "La deficiente invocación de la causa al momento de la comunicación no puede luego suplirse..." en tanto que "...el intento de variar la causa de despido (a través de una contestación posterior, de la invocación de un hecho distinto en la contestación de la demanda o de la prueba producida en la causa) se equipara a la formulación insuficiente ya que, en cualquiera de los dos casos, el empleador incumple su obligación de precisar los motivos de su decisión" (Rocha, Armando, "Tratado de Derecho del Trabajo", t. IV, Mario E. Ackerman -dir.- y Diego Tosca -coor-, ps. 178/179).
A lo dicho debo agregar que, en el supuesto que se invoque más de un hecho como justificante de la decisión extintiva, no resulta necesaria la prueba de la totalidad de ellos si, por si mismo, alguno en particular tiene entidad suficiente para sustentar la medida y es en definitiva el que resulta verificado; como así también que hay que estar a las circunstancias de cada caso particular para evaluar la mayor o menor precisión que podrá exigirse al texto de la notificación, pues lo que la norma pretende, en suma, no es otra cosa que quien resulte destinatario pueda conocer efectivamente el o los hechos que se le atribuyen y que sustentan el despido, mas allá de cómo haya sido redactado el comunicado.
Enmarcado así el tema, y proyectando estos lineamientos a lo ocurrido en autos, comienzo por señalar que puede verificarse la incorporación legal al proceso de las comunicaciones que las partes expresan se cursaron y que en sus aspectos substanciales y siguiendo el orden cronológico en que se intercambiaron, se detallan a continuación: El día 6/4/2006 la actora remite telegrama 65991761 intimando a su empleadora con el siguiente texto: "Atento a que el día 5/4/2006 a última hora de haber concluido mis tareas se me comunica en forma verbal que no me presentara el día siguiente a cumplir mis tareas normales, sin causa o motivo legal que así lo justifique, intímole términos 2 días hábiles me aclare debida y fehacientemente situación, me provea de tareas, todo bajo apercibimiento de considerarme en situación de despido indirecto...". El día 17 de dicho mes el demandado responde rechazando la imputación que se le formula, alega que ha sido la accionante quien por su propia voluntad no se presentó a cumplir con sus obligaciones laborales y, en lo que al tema respecta notifica el despido de la siguiente manera "...habiéndose comprobado fehacientemente faltante dinerario en la caja de comercio los días 28... 29... 30 y 31 de marzo del presente año ...como los días l, 3 y 4 de abril del mismo año, imputándole responsabilidad por ello debido a que los ingresos dinerarios diarios se encontraban bajo su guarda y responsabilidad en virtud de la función que cumple; causando el hecho expresado grave injuria a su empleador por ser una falta grave a los deberes y obligaciones propias de la relación de trabajo incompatible con el deber de buena fe que las partes deben guardar, determinando así la pérdida de confianza por parte de la patronal; y habiendo además inasistido a prestar trabajo desde el día 6 de abril... sin ninguna justificación, es que desde la fecha queda Ud. despedida en los términos del art. 242, LCT...". La actora rechazó dicha carta documento el 18 de abril mediante TCL 65586602 (también reservado en secretaría). En síntesis, rechaza por medio de ella el despido desconociendo cada uno de los hechos que se le atribuyen y, en subsidio, que el despido cumpla con las exigencias de claridad, proporcionalidad, coetaneidad y temporalidad.
Así las cosas, negado por la actora los hechos que sustentaban la pérdida de confianza esgrimida, esto es que hubiera faltante dinerario en la caja los días 28... 29... 30 y /3 y l, 3 y 4/4/2006 y que los ingresos dinerarios diarios se encontraban bajo su guarda y responsabilidad; como así también el que se le adjudica de manera autónoma -que hubiera inasistido a prestar trabajo desde el día 6 de abril... sin ninguna justificación-, correspondía a la demandada la prueba de tales extremos, carga ésta que a la luz de la doctrina y normas antes citadas, no aparece acabadamente cumplida. En efecto, se ha podido constatar que los ingresos dinerarios diarios se encontraban bajo su guarda y responsabilidad, pues ello surge del testimonio rendido por la hermana de la actora y de la confesión efectuada por ésta última en tal sentido. La testigo Bulchi sostuvo "...que era su hermana la que a la noche cerraba la caja...", en tanto que la actora reconoció que "tenía el manejo general de negocio en ausencia del dueño" (aclaración a la primera posición) y que "...Cerraba a la noche, hacía la planilla y la dejaba en la caja fuerte con el dinero, alrededor de las 20 o 20:15 hs".
Sin embargo lo que no se ha verificado es el "...faltante dinerario en la caja..." que se denuncia, pues la única prueba aportada que se relaciona con el tema, es el documento fílmico (video casette) que se exhibiera en oportunidad de la audiencia de vista de la causa y que si bien permite constatar una actitud por demás sospechosa por parte de la accionante, las que de haberse invocado tendrían entidad para justificar por si mismo un despido con causa, lo cierto es que nada dicen respecto al mentado "faltante dinerario" que se denunció, lo que tampoco puedo presumir o inferir que ocurriera -como pretende la accionante en su responde y alegato- pues aún cuando aparezca claro en la imágenes que Bulchi introducía en su bolsillo trasero dinero que recibía de clientes u otros elementos tomados de la caja, ello no necesariamente trae como consecuencia un quebranto o faltante, pues pudo luego haber reintegrado el equivalente a lo no rendido o compensarlos con fallas de caja positivos.
contrato de trabajo
Para que quede claro, lo que sostengo es que las imágenes proporcionadas por el video la muestran a la actora tomado plata (o efectos) de la caja y guardándosela en el bolsillo del pantalón (28 de marzo 17:59 y 18:20 hs.; 1 de abril a las 13:18 hs.; 3 de abril a las 20:05, entre otras); o sacando juegos de vidriera sin anotarlos en planilla (28 de marzo a las 19:36 hs. y 4 de abril a las 17:21 hs.) o recibiendo pagos, los cuales pone en su bolsillo en forma íntegra (30 de marzo a las 16:15) o parte en la caja y el resto en su bolsillo o en una cartera (30 de marzo a las 16:20 y 20:02) o retirando tarjeta telefónica del kiosco sin poner el dinero correspondiente en la caja (31/3/2006 a las 20:03 hs.) o, tras efectuar una venta de kiosco, salir fuera de cámara con el cobro efectuado, sin que pueda verse luego que diera ingreso a la caja de dicho valor (4/4/2006 a las 19:27), todo lo que evidencia una conducta por parte de la Bulchi incompatible con la que se espera de un "buen trabajador" y que objetiva y razonablemente podían llevar a su empleador a perder la de confianza depositada en ella. Pero el punto es que más allá de lo reprochable que aparezca dicha actitud, no ha sido ello lo que se ha cuestionado en la comunicación de despido; sino el supuesto resultado económico negativo que le habría producido, factor sobre el que -insisto- no existe prueba alguna. Lo dicho hasta aquí sería suficiente para acoger la demanda en lo que al despido se refiere, sin embargo considero necesario efectuar alguna consideración con relación al valor probatorio del mencionado video y la ausencia de prejudicialidad respecto a lo promovido en sede penal, pues ello tendrá incidencia con relación al resto de los reclamos. Con relación al documento fílmico sostengo que ninguna norma prohíbe que un particular -por iniciativa propia- lleve a cabo una investigación sobre la actuación de su personal dependiente dentro del ámbito laboral, por lo que la prueba obtenida consistente en una video-grabación no controvierte norma constitucional o procesal alguna, sin perjuicio del valor probatorio, discusión cuyo examen en profundidad es distinto al de su validez. Sobre este aspecto entiendo que aunque las filmaciones no están receptadas en el Código adjetivo como un medio autónomo de prueba, ello no obsta a su utilización para formar criterio en el juzgador sobre los hechos que son materia de investigación, en tanto el principio de libertad probatoria aplicable para llegar a la verdad real que gobierna el proceso laboral, únicamente habrá de ceder cuando tales elementos de convicción hayan sido obtenidos en contravención a las garantías individuales que recepta la Constitución Nacional . Por ello, si la actora ha reconocido que las grabaciones que se le exhiben corresponden a su lugar y horario de trabajo..., que en esas grabaciones se le hace entrega de dinero y que ella manipula el mismo y, tras negar que en las grabaciones que se le exhiben ella retira dinero de la caja, termina por reconocer que puede ser que en algunos casos fue dinero, pero en otros eran "raspaditas", no puedo menos que pensar que lo que dicha filmación muestra se corresponde con la verdad de lo acontecido y por ello es auténtica, máxime si tengo presente que también la accionante reconoció que "...el día 5 a la noche... vio el video", pues de no haber sido el exhibido en esta sala, seguramente que lo hubiera hecho saber al tribunal en esa oportunidad y no limitarse a manifestar que "se rió porque para ella lo que se veía no era nada anormal". Luego, si a ello le sumo lo que informa el perito técnico oficial (fs. 141/43) respecto a que dicho video es un resumen del contenido de los videos originales (pto. 2), donde no se advierten maniobras de manipulación en post producción del material peritado (pto. 4), que "seguramente se ha seleccionado imágenes que interesan a los fines del... litigio para compactarlas en un solo casete facilitando así su visionado"(pto. 8), advirtiéndose solamente "modificación en la duración de las tomas a los fines de haber posible su compactación temporal" (pto. 9) ...no pudiendo "...este procedimiento considerarse una manipulación técnica del contenido del material fílmico (ptos. 8 y 9) y que en el caso "no se advierte que haya existido manipulación alguna sobre las fecha y/u horas que se visualizan en el video", debo necesariamente concluir en que no hay razones para privar de valor a dicho documento fílmico, pues nada indica que la imágenes que muestra no se correspondan con la realidad, es decir que no se dieran en el orden en que efectivamente se sucedieron, o que presenten "agregados" o "supresiones" que les quiten autenticidad al contenido.
justa causa
Tampoco puedo aceptar que se presente en el caso un supuesto de prejudicialidad penal, pues con prescindencia de la suerte que pueda correr el pedido de sobreseimiento por parte del fiscal de instrucción de conformidad al requerimiento de fs. 171/176, lo cierto es que en dicha sede se produjo investigación preparatoria por sustracción de sumas concretas de dinero por parte del Bulchi y, en nuestro caso, lo que se analiza, es su responsabilidad disciplinaria por faltantes de caja o ingresos dinerarios diarios que se encontraban bajo su guarda y responsabilidad, situación distinta a la anterior y que, además, presenta elementos diametralmente distintos a los allí evaluados, pues unos de los pilares sobre la que sustenta la petición de sobreseimiento es que "...no se ha podido determinar que aquello que Bulchi guarda sea dinero..." (fs.175 vta.), cuestión que en nuestro caso sí ha podido establecerse toda vez que al aclarar la respuesta dada a la posición 12 Bulchi reconoce que puede ser que en algunos casos fue dinero. Por lo demás ha sido la testigo Claudia B. Bulchi la que señaló que las cajas ...se guardaba billetes, monedas, cospeles y tarjetas telefónicas y otra de la Quiniela, donde estaban los billetes de lotería, raspaditas y quiniela con premios, y también dinero...", es decir que todo lo que había en ellas tenía valor, por lo que el apoderamiento de cualquiera de ellos por parte de la dependiente -llevándoselo a su bolsillo- implica una clara violación a los deberes de fidelidad y buena fe.
Tampoco resiste mayor análisis la justificación que pretendido darse del dinero que tomaba de la caja o recibía de clientes y se introducía en los bolsillos, esto es que como también vendía por su cuenta productos Avón, lo que en realidad hacía era cobrarse lo que sus clientes le debían, pues no sólo que ello no fue alegado en la demanda, sino que además la propia testigo que se explayó sobre como supuestamente la actora realizaba esta operatoria -Gabriela E. Del Bel-, terminó finalmente reconociendo que nada de lo que ella había descrito podía observarse en el video, pues ninguna de las escenas muestra a la actora exhibiendo a supuestos clientes suyos ningún "librito de Avón" o "entregando" un producto de dicha marca.
Por último, y analizado el último de los hechos alegados como motivación o justificativo del distracto, esto es haber "inasistido a prestar trabajo desde el día 6 de abril... sin ninguna justificación", solo puedo decir que tampoco se ha visto acreditado, pues para el día 17 de abril en que la demandada notifica el despido, hacía ya tiempo que la accionante había intimado a su empleadora para que en 2 días hábiles le aclare debida y fehacientemente situación, le provea de tareas (6 de abril) y sin que obtuviera respuesta. Además, y aún cuando pudiera aceptarse que la actora voluntariamente dejó de ir a trabajar y no justificó sus inasistencia, lo cierto es que se trataba de una empleada con 15 años de antigüedad y sin antecedentes disciplinarios, por lo que su sola ausencia sin intimación a reintegrarse carece de entidad suficiente para justificar el despido.
En suma, y sin ocultar la tensión que produce en mi ánimo la situación descrita, lo cierto es que no puedo convalidar el despido en el modo producido, pues en el intento de alcanzar la justicia en el caso particular, estaría desobedeciendo un mandato legal, aceptando la modificación de la causa del expulsión, lo que tengo absolutamente vedado.
En consecuencia con lo expuesto, a los fines de las indemnizaciones pretendidas con sustento en los art. 232, 233, 245, LCT., el despido carece de justa causa y, por tanto, la hacen acreedora a la trabajadora accionante al pago de las mismas, a lo que deberá agregarse lo correspondiente a SAC proporcional primer semestre 2006 también reclamado, por cuanto se trata de una obligación de fuente legal y ninguna prueba se ha aportado de su efectivo pago, todo lo que así dejo establecido.
Distinta suerte merece en cambio lo concerniente a las indemnizaciones peticionadas con sustento en los arts. 16, ley 25561, art. 2, ley 25323 y por daño moral, ello así por las siguientes razones: En cuanto a la dispuesta en el art. 16, ley 25561 soy de opinión que si bien estamos en presencia de un despido que ha devenido en incausado -es decir ante un supuesto asimilable al despido directo contemplado expresamente en la norma citada como habilitante de la sanción allí consagrada- desde mi óptica su aplicación no puede operar de manera mecánica, sino atendiendo al caso concreto y la finalidad que persigue el dispositivo de emergencia.
Así fijado el problema, ello permite inclusive extender su alcance a situaciones que no surgen de su literalidad o texto, tal como ocurre ante un despido indirecto en que se coloca un trabajador como consecuencia necesaria del incumplimiento patronal que torna imposible la continuación de la relación.
despido incausado
La ley 25561, más allá del acierto del legislador en la solución plasmada, tenía como finalidad en lo que aquí respecta evitar que se produjera mayor desocupación ante la crisis severa por la que atravesaba el país. Así, tras establecer la prohibición de despedir sin causa, dispuso el agravamiento indemnizatorio ante el incumplimiento a tal restricción, agravamiento éste que con posterioridad y a través de normas que la sucedieron, se fue atenuando gradualmente (80% y 50% indem art. 245) hasta llegar a su extinción o pérdida de vigencia.
Bueno es recordar también que el decreto 2639/2002 dispuso que lo establecido en la última parte del art. 16, ley 25561 no era aplicable a los nuevos trabajadores que fueran incorporados en relación de dependencia en los términos de la ley 20744, a partir del 1/1/2003, siempre y cuando la incorporación de los mismos represente un aumento en la plantilla total de trabajadores que el empleador poseía al 31/12/2002, lo que a mi entender ratifica plenamente el sentido de la norma al que hice referencia, es decir excluyó aquellos casos en que la extinción del vínculo -aún siendo despidos directos- no podía adjudicarse a la emergencia general que sustentó la norma de excepción.
En el caso, y como he analizado con anterioridad, el despido decidido -aunque haya sido declarado incausado en función a la falta de coincidencia entre los hechos alegados y los que resultaron probados como sustento de la pérdida de confianza esgrimida-, ninguna relación guarda con la finalidad de la norma protectoria de emergencia en que se apoya el reclamo, por lo que considero que no corresponde su aplicación al supuesto bajo análisis y así lo declaro con fundamento además en los principios de justicia y equidad que debe gobernar toda sentencia.
Idénticas razones me llevan también a desechar el reclamo apoyado en las disposiciones del art. 2, ley 25323, pues ninguna duda tengo a que en el caso han existido causas que justifican la conducta del empleador de no abonar las indemnizaciones por antigüedad, falta de preaviso e integración mes de despido pese haber sido intimado a ello, pues razonablemente pudo pensar que en los términos que fue notificado el distracto cubría los hechos desleales luego probados, razón por la cual considero que ningún incremento indemnizatorio corresponde aplicar en el caso, lo que así dejo establecido con sustento también en el art. 2, último párrafo de dicha ley, y en los principios de justicia y equidad a los que ya he aludido.
En lo relativo a daño moral, resultando de los hechos verificados en la causa que la conducta desplegada por la empleadora al extinguir la relación no ha resultado atrevida, desmesurada, infundada o innecesariamente lesiva y, además, habiéndose mandado a pagar la indemnización tarifada correspondiente al despido incausado, considero que no corresponde acoger la pretensión por cuanto en el ámbito del contrato de trabajo todo daño moral se encuentra -en principio- normalmente incluido en el concepto de injuria laboral y sólo da derecho a una indemnización tarifada (conf. art. 242, LCT.).
En consecuencia, corresponde rechazar la pretensión de agravamiento indemnizatorio con fundamento en lo dispuesto por el art. 16, ley 25561; 2, ley 25323 y la pretensión por indemnización de daño moral, lo que así dejo establecido.
Por último, y en lo que hace al reclamo con sustento en el art. 1, ley 25323, habiéndose alegado en demanda que la relación no estaba registrada correctamente, la falta de exhibición por parte de la demandada del libro del art. 52, LCT., en la oportunidad fijada para ello, hace procedente el reclamo y así lo declaro.
Los montos por los que en cada caso prosperan los rubros que resultan acogidos son los consignados en planilla anexa a la demanda para cada caso por resultar ajustados a derecho.
Habiendo quedado resueltos la totalidad de los temas objeto de pronunciamiento, solo debo agregar que a los montos del capital por la que prospera la demanda se deberá adicionar desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago, de acuerdo al nuevo criterio adoptado por esta sala a partir de la causa "Tissera, Ángel R. v. Perevent S.A s/ ordinario - despido" expte. 21838/37", un interés equivalente a la tasa media pasiva mensual que resulta de la encuesta que realiza el Banco Central de la República Argentina, incrementada en un 2% mensual, todo conforme lo dispuesto por la ley 23928 y art. 8, decreto 529/1991 y art. 10, decreto 941/1991 que la reglamentan, los que se mantienen vigentes luego de la sanción de la ley 25561 y los fundamentos dados por esta sala en los autos: "Allende, Emiliano H. v. Transporte Automotores 20 de Junio S.R.L s/ demanda" (sent. de fecha 11/11/1991) y confirmado por el Tribunal Superior de Justicia en autos: "Juárez, Guillermo v. Cor Acero S.A y otro s/ demanda - recurso de casación" (sent. del Trib. Sup. Just. Córdoba 93 de fecha 15/10/1992) y "Farias v. Municipalidad de Córdoba s/ demanda", sent. de fecha 2/11/1994, a los que me remito brevitatis causae y que deberán ser considerados como parte integrante de esta sentencia, y a los fines de mantener incólume su contenido habida cuenta del incremento en los índices inflacionarios proyectados, lo que lleva en definitiva a adoptar los intereses establecidos en el caso "Hernández, Juan C. v. Matriceria Austral S.A s/ demanda - recurso de casación" (sent. del Trib. Sup. Just. Córdoba 39 de fecha 25/6/2002) a partir del primer día del mes de enero de 2006, pretendiendo con ello esta sala que integro ajustarse a la nueva realidad económica con el objeto de evitar que el deudor obtenga un enriquecimiento indebido por no cumplir en tiempo con su obligación y que el acreedor resulte perjudicado con la morosidad del primero, teniendo además presente que las tasas bancarias son sólo tasas de referencia.
Por lo demás, la fijación de la tasa de interés no causa estado y si las circunstancias varían de modo notable, podrán ser modificadas, aún en etapas posteriores al dictado de la Sentencia, tal cual se ha expresado en otros antecedentes, sin que ello afecte el derecho de defensa de las partes, ni la cosa juzgada.
Las sumas definitivas de la condena se determinarán en la etapa previa a la ejecución de la sentencia conforme el procedimiento establecido en los arts. 812 y ss., CPCC Córdoba y art. 84, ley 7987 y deberán ser abonadas por la condenada dentro del término de 10 días de notificado el auto aprobatorio de la liquidación a practicarse, bajo apercibimiento de ejecución forzosa.
Por el principio de vencimiento objetivo las costas se imponen a la demanda y exclusivamente sobre los montos que prosperan (art. 28, ley 7987). Los honorarios de los profesionales intervinientes serán regulados conforme a las pautas de los arts. 27, 36, 39, 97, 125 y concs., ley 9459, y se difiere para cuando exista base líquida, actualizada y firme para ello.
Hago presente que para la resolución de las cuestiones que integran la presente he tenido en consideración la totalidad de la prueba rendida, aunque sólo he hecho referencia a la que resulta dirimente para el decisorio (art. 327, CPCC Córdoba). Así voto.
Por todo ello y disposiciones legales citadas, el tribunal resuelve:
I) Rechazar la demanda intentada por Nancy E. Bulchi contra Luis A. Dianda en cuanto pretendía el pago de indemnización art. 16, ley 25561; art. 2, ley 25323 y daño moral.
II) Acoger la demanda intentada por Nancy E. Bulchi contra Luís A. Dianda y, en consecuencia, condenar a este último a que abone a la accionante las sumas de capital que fueron determinadas respecto de los rubros declarados procedentes al tratar la cuestión, a las que se deberán adicionar los intereses correspondientes hasta el momento de su efectivo pago de conformidad a las pautas dadas, y todo ello por: 1) indemnización por antigüedad; 2) indemnización sustitutiva de preaviso; 3) integración mes de despido; 4) SAC proporcional primer semestre 2006; 5) art. 1, ley 25323.
Las sumas definitivas calculando los intereses a la tasa fijada deberán determinarse en la etapa previa a la ejecución de la sentencia conforme el procedimiento establecido en los arts. 812 y ss., CPCC Córdoba y art. 84, ley 7987 y todo de acuerdo a las pautas fácticas y legales desarrolladas, debiendo ser abonadas por la condenada dentro del término de 10 días de notificación del auto aprobatorio de la liquidación que al efecto debe practicarse, bajo apercibimiento de ejecución forzosa, todo conforme normas citadas a lo largo del desarrollo del pronunciamiento y que doy por reproducidas en esta instancia.
III) Las costas, con excepción hecha de los peritos de control que son a cargo de quienes los propusieron, por el principio de vencimiento objetivo se imponen al demandado y exclusivamente sobre los montos que prosperan (art. 28, ley 7987).
IV) Diferir la regulación de honorarios de los Dres. Carlos Gutiérrez, Carlos E. Gutiérrez Olagner, Roberto C. Gutiérrez Olagner, Amadeo F. Zanotti y demás profesionales intervinientes para cuando exista base económica firme, líquida y actualizada para ello de conformidad a las pautas dadas al tratar la cuestión, los que deberán ser practicados de acuerdo a lo previsto en los arts. 27, 36, 39, 97, 125 y concs., ley 9459, y los arts. 8 y 13, ley 24432.
V) Oportunamente cumpliméntese la ley 8404 y la tasa de justicia.
VI) Protocolícese y hágase saber.- Huber Alberti.

Fuentes de Información - Fallos Completos -Derecho Laboral- Hurto II

El contenido del post es de mi autoría, y/o, es un recopilación de distintas fuentes.

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4 comentarios - Fallos Completos -Derecho Laboral- Hurto II

@Madera Hace más de 2 años
@patriciorey Hace más de 2 años -1
che y los empresas que les roban todos los dias a los empleados con el no pago de horas extras, los redondeos a su favor, esta en este fallo?