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Perón fue depuesto alrededor del 20 de setiembre de 1955 por un levantamiento militar. El General Leonardi se hizo cargo del gobierno hasta noviembre de ese año, momento en el que lo reemplazó Aramburu en la Presidencia. A pesar de la diversidad ideológica de los miembros de la coalición civil-militar revolucionaria, los unía la idea de restaurar los principios políticos y económicos que regían antes de Perón y devolver a la Argentina a la senda de la que no debería haber salido.
Entre los objetivos de política económica de los protagonistas de la Revolución Libertadora estaban el aumento de las exportaciones y el fomento de la acumulación de capital, dos temas sobre los que el peronismo había trabajado sin éxito en el último tramo de su administración. Los principales lineamientos de política fueron esbozados por el asesor económico y financiero de la Presidencia, Raúl Prebisch, en un documento titulado “Informe preliminar acerca de la situación económica” (1).
Cabe señalar que el contexto internacional no fue favorable por esos años para el comercio exterior argentino, ya que los términos de intercambio cayeron notablemente: en 1957 los precios eran un 13% menores que los de 1953, 36% menores que en 1950 y 44% menores que en 1948 (2). Además, los países compradores de las exportaciones argentinas estaban aplicando prácticas restrictivas. En consecuencia, a pesar de la política devaluatoria aplicada, no se lograron los resultados esperados. Por el contrario, se registraron déficits en el balance de pagos entre 1955 y 1958, las reservas declinaron y se acumularon las deudas comerciales.
Respecto del régimen de intercambios con el exterior instaurado en este período, puede decirse que el gobierno revolucionario incorporó en su política económica una mayor apertura hacia la economía internacional. De acuerdo con las recomendaciones de Prebisch arriba mencionadas, se adoptaron medidas liberalizadoras que apuntaban a reducir el déficit fiscal, limitar los aumentos salariales y restaurar los mecanismos de precios para equilibrar el balance de pagos.
Asimismo, el programa propuesto incluía una estrategia de desarrollo agropecuario que fomentaba el aumento de la producción vía la incorporación de nuevas tecnologías y un fuerte estímulo a las inversiones en infraestructura (v.g., provisión de energía, transportes, etc.). En cuanto al sector industrial, se proponía el desarrollo de la industria siderúrgica y la expansión de las ya existentes en los sectores matalúrgico y mecánico. También se fijaba como objetivo la expansión de ciertas industrias básicas sustituidoras de importaciones, tales como papel y celulosa, química y petroquímica.
Estos planes sin duda requerían la concreción de importantes inversiones que aceleraran el desarrollo de los sectores mencionados. El plan preveía que las limitaciones domésticas en este plano fueran contrarrestadas con el ingreso de inversiones extranjeras. De todos modos, la mayoría de las propuestas de más largo plazo no llegaron a efectivizarse en medidas de política económica.
En lo inmediato, el gobierno estableció nuevas pautas cambiarias que permitieron la existencia de sólo dos tipos de cambio, uno libre y uno oficial. Se llevó a cabo una devaluación y se implementaron retenciones móviles a las divisas provenientes de las exportaciones de hasta un 25%, con lo cual el tipo de cambio efectivo para los productos primarios se incrementó un 40% para la carne y más de 200% en el caso de los cereales (3). Esporádicamente también se recurrió al régimen de aforos para establecer el precio al cual debían liquidarse las exportaciones, cada vez que se producía una caída en los precios internacionales de las mercancías a exportar.
Las importaciones de bienes esenciales se regían por el mercado oficial y siguieron estando sujetas al régimen de permisos de cambio. Este último sólo se flexibilizó en lo atinente a productos de suma necesidad, los cuales recibían un permiso automático. El resto de las importaciones se canalizaban por el mercado libre de cambios. Asimismo, cabe destacar que el gobierno estableció un recargo para las importaciones, administrado por el Banco Central, a modo de protección temporaria de la industria local. Y ante reiteradas situaciones críticas del balance de pagos, como sucedió en 1957, se establecieron estrictos controles a las importaciones a través del requerimiento de depósitos previos. Estos se fijaron en un principio para las importaciones que se regían por el mercado libre y más tarde pasaron a abarcar el conjunto total de las importaciones.
Por otra parte, las recomendaciones de política diseñadas por Prebisch también comprendían otras dimensiones de las relaciones económicas externas de la Argentina. Por ejemplo, se sugería la participación activa en las instituciones internacionales creadas por los acuerdos de Bretton Woods (el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento), así como también el envío de una misión financiera a los Estados Unidos con el objeto de discutir nuevamente los acuerdos bilaterales existentes y la gestión de nuevos créditos. Estas propuestas se complementaban mutuamente ya que tendían, en conjunto, a posibilitar el acceso del país al financiamiento externo y a aumentar su capacidad de pago en dólares, como un modo de facilitar sus transacciones comerciales en un ámbito cada vez más amplio.
Así fue como a principios de 1956 se iniciaron gestiones para el ingreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el cual se concretó en agosto de ese año previo aporte de 150 millones de dólares a cada uno de esas instituciones. Asimismo, en febrero del mismo año se acordó un crédito del Export-Import Bank por 60 millones de dólares a ser destinados a la adquisición de equipos para una planta siderúrgica.
También se realizaron gestiones para el establecimiento de un sistema de pagos multilaterales. Se alcanzó el Acuerdo Provisional de París con once países europeos a mediados de 1956, por el que se fijaba un sistema multilateral de comercio y pagos con esos países basado en la transferibilidad y arbitraje de las diferentes monedas de los países adherentes. Las mismas podían ser usadas indistintamente para realizar pagos o cobros resultantes de las operaciones comerciales entre dichos países y la Argentina. Al respecto, cabe señalar que algunos autores sostienen que los efectos positivos de estos acuerdos fueron limitados dado que, por ejemplo, en 1955 la Argentina tuvo un balance comercial desfavorable con los países del acuerdo y ello trajo aparejado la consolidación de las deudas comerciales derivadas de los convenios en deuda financiera. En consecuencia, no sólo aumentó fuertemente el endeudamiento externo del país sino que también fue imposible revertir por este medio el crónico desequilibrio comercial con los Estados Unidos que ya llevaba varias décadas.
Al suceder el general Aramburu a Leonardi, se designó un nuevo ministro de Economía (Eugenio Blanco), quien estaba secundado por un grupo de economistas de renombre. Durante esta última etapa, el gobierno suprimió los subsidios que se daban al sector agropecuario a través del IAPI y este organismo cesó en sus funciones. Por lo tanto, la devaluación antes mencionada quedó compensada por esta supresión de los subsidios y por el establecimiento de retenciones a las exportaciones.
Por otro lado, en 1956 se creó el Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA), con la intención de estimular el crecimiento de la producción del sector agropecuario. De todos modos, el intento de mejorar la balanza de pagos chocó contra las condiciones adversas que presentaba el mercado internacional, en el que seguían cayendo los precios de las exportaciones argentinas. Por eso el gobierno debió recurrir a préstamos externos. Para ello entró en tratativas con el Club de París, el Exim-Bank de Estados Unidos y diversos bancos privados (4).
En el último tramo de la gestión, por disputas al interior del gobierno Blanco fue sustituido por Roberto Verrier y éste, unos días más tarde, por Adalbert Krieger Vasena. El objetivo principal de las nuevas autoridades económicas era bajar la inflación. Se decidió entonces congelar los salarios por un año lo cual, junto con una reducción del gasto público (especialmente, de las inversiones), permitió obtener un superávit fiscal y contener la inflación hacia fines de 1957. Pero la caída del salario real obligó al año siguiente a autorizar aumentos masivos que reactivaron la espiral inflacionaria.

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La Revolución Libertadora
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