Entrevista efectuada en el programa Al Dorso, el día sábado 27 de Octubre de 2012 a la especialista en Derecho Internacional Privado: Stella Maris Biocca

El embargo de la Fragata Libertad se debe a una acción judicial debido al no pago de bonos de la deuda externa emitidos a partir de la instrumentación del Plan Brady y durante toda la década del 90, en todos los cuales, y en los contratos respectivos, se hizo constar que se establece la renuncia irrevocable del Estado a oponer la defensa de inmunidad soberana, excepto en cuanto a las reservas de libre disponibilidad y los bienes de la Argentina en el país y algunos del exterior cuyo objeto sea un servicio público esencial. Además hubo un incondicional sometimiento a la ley de inmunidades soberanas de los Estados Unidos y de Gran Bretaña, y la aceptación que el país era un simple deudor de carácter comercial, además de otras incalificables renuncias impropias de un país soberano.

Cuando el Dr. Kirchner reestructuró la deuda en 2005, también renunció a la inmunidad soberana en el decreto 319/04, ampliando la exclusión de algunos bienes, pero recién en el decreto 1735 de diciembre de ese año se hizo constar en forma expresa que la renuncia excluía los bienes asignados al uso militar, pero esta norma resulta inaplicable al presente caso, debido a que los títulos ejecutados se rigen por las normas firmadas por el ex presidente Menem.

Según indicó Stella Maris Biocca, especialista en derecho internacional privado: "aún aún cuando Argentina (...) entendiera que renunció a la inmunidad jurisdiccional, no debe extenderse la renuncia a la inmunidad de ejecución (...) de los principios generales del derecho internacional".

"Este es un caso que posiblemente se resuelva por vía política, pero es un ejemplo más de la necesidad de derogar toda ley que admita la prórroga de jurisdicción y de admisión de la ley extranjera en todos las relaciones jurídicas en que el Estado es parte (...) En suma quizá llegue el tiempo de verificar a qué pantano nos arrojó la privatización de las reglas de derecho internacional", concluyó Biocca al medio inglés.

También habló del anteproyecto de reforma y unificación del Código Civil y del Comercial, presentado al Senado de la Nación, “es un cambio imprescindible, necesario, progresivo en tanto amplía los derechos de las personas, eliminando todo tipo de discriminaciones, con una mirada de avanzada en todo lo relativo a los derechos civiles; pero en materia de normas específicas de derecho internacional privado, introduce los instrumentos más caros y eficaces del neoliberalismo, reduciendo la actuación del Estado aun en las relaciones jurídicas en las que el Estado es parte”.

Consultada sobre si existió debate o cuestionamiento a nivel internacional, esta fue la respuesta: ''El paradigma del uso de este criterio del neoliberalismo, como le decía, son los Tratados de Protección de Inversiones y la sujeción de los conflictos al Ciadi.

Pero hay un especialista francés en derecho internacional, François Rigaux, que hizo un planteo muy interesante al respecto. Los países industrializados –dice él–, para obtener la máxima protección de sus intereses, exigen a los países de recepción una total privatización de las reglas, las que así les resultan apropiadas y ventajosas, convirtiendo al derecho internacional en un artilugio que permite universalizar la privatización del poder económico, que se complementa con las restricciones a la inmunidad jurisdiccional y la privatización de la Justicia a fin de afianzar la concepción meramente privatista de las relaciones económicas.

Estos principios solo se aplican a los Estados débiles, a los periféricos y a los que, como Argentina, tienen una escuela internacionalista dominante en este sentido desde fines del siglo XX. La privatización es funcional a la globalización hegemónica, le resta poder decisorio en lo político, jurídico y económico al Estado. Sería muy grave que los reformadores del Código no lo advirtieran''.