Agricultor chileno ganó demanda contra Monsanto

José Pizarro Montoya, 38 años, agricultor sin tierra, y ex productor de transgénicos en la temporada 2009-2010 en Melipilla (RM), es el primer chileno y quizás el único latinoamericano que le ha ganado una demanda a Monsanto/ANASAC por incumplimiento de contrato. El intentó revelar su caso en el seminario sobre transgénicos organizado en Casa Piedra el 22 de enero de 2014 por el cuestionado ministro de Agricultura Luis Mayol. Allí panelistas internacionales y nacionales predicaban las bondades de los cultivos genéticamente modificados. Pizarro sólo quería intervenir para decir que no le recomendaba a ningún campesino trabajar para Monsanto cultivando transgénicos de exportación, porque podía terminar arruinado igual que él, además de dañar la tierra. En Chile hay aproximadamente 30.000 hectáreas de semilleros de maíz, soya y raps transgénicos de exportación, comercializados por las transnacionales Monsanto, Pioneer y socios chilenos agrupados en ANPROS, la Asociación Nacional de Productores de Semillas. La campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile impulsa una moratoria a la posible expansión de estos cultivos al mercado interno y una estricta fiscalización a los semilleros.

En septiembre de 2013, María Elena Rozas coordinadora de la Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile y Lucía Sepúlveda conocieron la experiencia de Pizarro y pudieron observar de primera fuente los resultados de las malas prácticas ambientales y comerciales de Monsanto/ANASAC en Chile. “El agricultor no sabía exactamente qué sembraba, no tenía idea de qué era una semilla transgénica; en el contrato figura un nombre de fantasía: maíz Mon49. En el cultivo tenía que usar obligadamente y en forma intensiva, más de diez plaguicidas dañinos para la salud y el ambiente. El contrato que firmó lo obligaba a recurrir sólo a la Cámara de Comercio, no podía querellarse en tribunales. El nos explicó que muchos productores también han tenido problemas con Monsanto, pero no acuden a la Cámara porque es muy caro”, señala María Elena Rozas.

La sentencia contra Monsanto

La sentencia favorable a Pizarro en el juicio de rol 1385-11 caratulado como Agrícola Pizarro Ltda. con Agrícola Nacional S.A.C, fue dictada por el juez árbitro de la Cámara de Comercio, Francisco Gazmuri Schleyer. La Corte de Apelaciones de Santiago la confirmó en septiembre de 2013, rechazando el recurso de casación y queja presentado por la empresa. Pero durante los cuatro meses posteriores la demandada se negó a cumplir el fallo. Por esa razón el agricultor no dio a conocer previamente su caso. Sólo a fines de diciembre de 2013, Pizarro recibió los 37 millones de pesos que la Cámara le ordenó pagar al afectado, sin embargo esa suma no alcanza a cubrir los daños ocasionados. Los documentos del SAG de Declaración de Semilleros OVM incorporados en la demanda, identifican la solicitud de certificación como de ANASAC Chile (Monsanto) y fueron cuestionados por Pizarro, que acusa complicidad con la empresa.

En el proceso fue decisivo el peritaje del INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria), elaborado por el ingeniero agrónomo Gabriel Saavedra del Real sobre lo ocurrido. También fue determinante la comparecencia de Levi Manzur, académico de la Universidad Católica de Valparaíso y destacado genetista de Los Andes, cuyas conclusiones fueron en el mismo sentido de la denuncia del demandante.

Pérdidas millonarias

Pizarro perdió su casa, su máquina fumigadora, un tractor, y su camioneta. Lo abandonó su pareja y quedó a brazos cruzados. Debía 90 millones de pesos al Banco Santander (por acumulación de intereses) luego de cultivar en Melipilla maíz transgénico de Monsanto para ANASAC. María Elena Rozas comenta: “Lo ocurrido a este productor puede servir de ejemplo para centenares de pequeños productores agrícolas encandilados por promesas de grandes ganancias y trato justo, por parte de las empresas exportadoras de semillas transgénicas. Pero eso ocurre sólo al principio. La gran mayoría de los estafados no denuncia y se hace dependiente de lo que le ofrezca la empresa, que es cada vez menos. Y no hay muchas alternativas en el campo, no hay políticas públicas ni incentivos que favorezcan efectivamente la producción agroecológica; eso es lo que debemos cambiar”.

Pizarro proviene de una familia de agricultores de Los Andes (Región de Valparaíso), y por años trabajó con su hermano como hortalicero. Para sembrar transgénicos arrendó en Melipilla 33,07 hectáreas, que forman parte del fundo Rumay del empresario Manuel Ariztía (de la industria de Pollos Ariztía), para producir maíz transgénico para ANASAC (Monsanto). El “gran negocio” de los transgénicos ha sido para Pizarro prácticamente el fin de su vida como agricultor.

Nos explica: “Yo ahora soy un estudioso de los transgénicos, aprendo a través de Internet, y además he averiguado sobre Monsanto y su prontuario criminal.” Cuando tomó conciencia de lo que le había ocurrido, se dirigió a la Agrupación Ecologista de Aconcagua, organización de Los Andes que forma parte de nuestra campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile, estableciendo así contacto con RAP-AL Chile para dar a conocer su caso y denunciar a Monsanto.

Hoy José Pizarro está en la lista negra de la transnacional, y a su vez, para el agricultor, Monsanto pasó a la categoría de empresa corrupta, abusadora y depredadora. “Yo he visto que con el maíz transgénico había ratones muertos a la vera del camino, después que se comían los choclos”, denuncia.

Indicaciones erradas para la siembra

En dos temporadas anteriores Pizarro había obtenido grandes ganancias con el maíz transgénico y la empresa lo consideraba un excelente productor. Nunca antes él se preguntó qué riesgos ambientales o comerciales podía correr tratando con Monsanto. “El año 2009 ellos quisieron hacer un experimento conmigo. Eran 12 agricultores los que estábamos sembrando en Chile ese tipo de maíz y sólo a dos nos hicieron sembrar hileras de hembras (de semilla transgénica) y machos (de semilla híbrida) en proporción 4:1; los otros productores sembraron en proporción 4:2. El SAG estaba a cargo de fiscalizar y en mi opinión es cómplice de la empresa, porque en sus informes anotó que yo había sembrado 4:2, lo que estaba a la vista que no era así. Según sus informes, pareciera que yo hubiera sembrado con las mismas instrucciones que les dieron a los demás productores. Pero no, yo sembré a ciegas, hacía lo que ordenaba la empresa, ni me fijaba en lo que escribía el certificador del SAG porque el contrato me obligaba a seguir estrictamente sus instrucciones.”

Quemar con Roundup el maíz del vecino

Entre las instrucciones del SAG está asegurarse que no haya maíz criollo cerca, porque podría cruzarse con el cultivo transgénico y afectar su multiplicación. SAG vigila que no se perjudique la siembra de transgénicos, pero al productor convencional de esa especie no lo protege nadie. Siguiendo las recomendaciones de Monsanto, Pizarro pidió a un vecino que había plantado maíz, que lo sacara. Pero se trataba de una persona mayor, que no aceptó porque quería tener sus propios choclos para humitas en el verano. El productor informó a la empresa y el agrónomo Francisco Araya Vargas, le ordenó “Tírale Roundup” (el herbicida que mata cualquier planta que no sea transgénica). Pizarro prefirió cortar de noche las panojas del maíz del vecino para que no pudieran dar polen y multiplicarse. Lo cuenta con vergüenza.

Costos del juicio

ANASAC Chile /Monsanto a través de su gerente Rodrigo Malagüeño, aseguró en el juicio que ningún multiplicador de maíz transgénico los había demandado anteriormente. En general sólo las grandes empresas pueden ir a arbitraje a través de la Cámara de Comercio. Pizarro, que no estaba dispuesto a arruinarse en silencio, se arriesgó. “De partida tuve que pagar $700.000 para que me atendieran y luego $4.400.000 para financiar al juez. Puse una demanda por $218.000.000 y el juez finalmente falló en mi favor pero sólo saqué $37.000.000 que es muchísimo menos de todo lo que he perdido.”

Explica Pizarro: “Yo no recibí instrucciones adecuadas para la siembra y por eso la producción fue mala y por consiguiente la liquidación también. El precio se calcula sobre la base de la producción del mismo maíz por otros multiplicadores de la región del Maule, pero ellos recibieron instrucciones diferentes a las que me dieron a mí, y por eso produjeron mucho más que yo. Yo coseché 106.780 kg de maíz pero la producción real, seleccionada en la procesadora de Lo Espejo de acuerdo a los estándares requeridos por Monsanto, fue sólo de 38.509 kg”

La sentencia estableció que la empresa “incumplió una obligación de hacer, consistente en prestar los servicios de supervisión técnica de la siembra en forma diligente y dando estricto cumplimiento a las instrucciones del fabricante de la semilla Monsanto, cayendo en incumplimiento contractual negligente”.

La captación de productores rurales

A Pizarro lo buscó Monsanto. Llegaron hasta el predio donde él cultivaba hortalizas en Melipilla y le dijeron que por satélite lo habían ubicado porque el lugar se prestaba para cultivo de maíz transgénico pues no había otro maíz convencional cerca. El primer año (2008) le regalaron la semilla transgénica y el Roundup. Pizarro sólo tuvo que comprar abonos e insecticidas. Incluso le pagaron el arriendo del predio. El sólo debía cuidar el cultivo. Le ofrecieron pagarle tres millones de pesos por hectárea. En 2009 también le dieron la semilla “pero el veneno lo compré yo. Estuve dos días sembrando y a pesar que yo tenía máquinas la empresa me obligó a sembrar con las de ellos, que son más nuevas, eso fue un gasto enorme”, explica el productor rural. Ese mismo año Mosanto compró la división de maíz y soya de ANASAC. Los productores recibieron una nota diciendo que en adelante, debían seguir las instrucciones de ANASAC Chile, es decir de Monsanto, el nuevo dueño. Pero para los efectos comerciales y legales, curiosamente Pizarro debió entenderse con ANASAC SA, cuyo gerente es Rodrigo Malagüeño, una estrategia para no figurar abiertamente en la querella.

Incumplimiento de contrato

El arbitraje de la Cámara de Comercio estableció que ANASAC/Monsanto incumplió su obligación “consistente en prestar los servicios de supervisión técnica de la siembra en forma diligente y dando estricto cumplimiento a las instrucciones del fabricante de la semilla Monsanto”, incurriendo en incumplimiento contractual negligente. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este fallo y no existen más instancias para este tipo de arbitraje. La sentencia de la Corte, firmada por Pilar Aguayo, Carlos Carrillo y la abogado integrante Claudia Schmat, también condenó a ANASAC a pagar los costos de la apelación.