Algunas tienen importancia institucional, como la creación de comunas; otras deberían hacer más fácil la vida cotidiana, como la regulación de la publicidad en la vía pública. La falta de fiscalización y control


Desde la anunciada y nuevamente postergada Ley de Comunas, hasta las normas que obligan a bares y restaurantes a tener menúes bajas calorías, existen decenas de disposiciones vigentes en la ciudad de Buenos Aires que no se cumplen. En la mayoría de los casos, los porteños desconocen los derechos que los asisten.

La ley 1.799 antitabaco, que prohíbe fumar en espacios públicos cerrados, entró en vigor a fines de 2006 con un fuerte operativo oficial de fiscalización. En poco más de un año los controles se distendieron y hoy es común encontrar lugares donde los fumadores tienen su refugio.

“Los dueños de los boliches hacen la vista gorda porque si no los clientes se rajan a otros lugares donde los dejen fumar y pierden mucha plata”, explicó un inspector de la ciudad que recorre los negocios a la pesca de infractores.

“Los primeros días tenían temor a las clausuras, pero después la cosa se fue aflojando y, a menos que alguien haga la denuncia, acá no pasa nada”, confió el inspector.

Aunque la mayoría de las disposiciones tienen por finalidad proteger la calidad de vida de los ciudadanos, muchos no perciben la importancia de su cumplimiento, aunque padezcan sus consecuencias. Es el caso de los motociclistas. Según las leyes, ningún menor de 16 años puede manejar ciclomotores de hasta 50 centímetros cúbicos. Eso siempre y cuando no lleve pasajeros.

Caso contrario, la edad mínima sube a 17. Para conducir una moto, cualquiera sea su cilindrada, un menor de 21 debe acreditar habilitación previa de dos años en un vehículo similar de menor potencia. “La calle está llena de pendejos en moto que, además, ni siquiera usan casco”, relató Oscar Mendiguren, titular de una parada de diarios en el barrio de Monserrat. “Los sábados a la tarde se juntan acá en la esquina, toman cerveza hasta la noche y después salen a correr picadas por la avenida”, detalló el comerciante.

Repuesto de su indignación, el cronista consultó a Mendiguren sobre una ordenanza que lo obliga a tener libreta sanitaria. “¿Me están cargando? ¿Para qué necesito libreta si yo vendo diarios?”, preguntó. Los diarieros deben contar con libreta sanitaria, según la ordenanza 25.326 de la ciudad de Buenos Aires.

“La totalidad de las leyes no son desconocidas sólo por los ciudadanos comunes sino también por los jueces y los abogados, lo que dificulta su aplicación”, explicó Daniel Ricardo Altmark, coordinador ejecutivo del Proyecto de Reordenamiento de la Legislación Nacional Digesto Jurídico Argentino. “Es necesario relevar todas las disposiciones existentes, verificar cuáles están vigentes y cuáles no, para rearmar el cuadro normativo de la ciudad”, explicó.

Todos los bares y restaurantes de la ciudad de Buenos Aires tienen que ofrecer menúes light a sus comensales. Así lo estipula la ley 1.905, sancionada en diciembre del 2005, que casi nadie cumple. “¿Por qué le van a pedir al pizzero que ofrezca ensalada?”, cuestionó Abel Cerroni, propietario de la pizzería Mafalda, donde ofrecen 40 especialidades diferentes al molde y a la piedra. La ley no deja dudas.

Leyes y normas que nadie cumple
Prohibido. Los locales que venden comida al paso deben ofrecer aderezos en sobrecitos y no en envases recargables.

“Los restaurantes deberán ofrecer una cartilla que contenga un listado de diferentes comidas elaboradas con alimentos sin sal y azúcar agregadas, de bajo contenido graso y otras indicaciones que la autoridad sanitaria considere necesarias”, estipula la norma.

Según distintos relevamientos realizados por organizaciones de consumidores, “apenas un 30% de los negocios gastronómicos cumplen con esta exigencia”. Si de comidas saludables se trata, la ley 2.195 obliga a los titulares de puestos de venta de alimentos a utilizar “envases uniuso-sachets individuales de aderezos”, en vez de los envases plásticos recargables. Una rápida recorrida por los carritos donde se expenden panchos y hamburguesas pone en evidencia la fragilidad de la norma.


La ley 288, sancionada en 1999, establece que las boleterías de los cines deben colocar un cartel donde se indique si han vendido el 90% de las entradas. “La finalidad es evitar que un espectador entre a la sala y se encuentre con la sorpresa de que debe sentarse en las primeras filas”, explicó Raúl, un boletero de una sala de la calle Lavalle. Otra ordenanza exige que “en salas de espectáculo con una capacidad igual o mayor que 500 personas, se deberá instalar un sistema de sonorización asistida para las personas hipoacúsicas”. De acuerdo con lo relevado por este diario en una recorrida por el centro porteño, ningún cine dispone de esa tecnología.

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Nadie lo hace. Los cines deben indicar en las marquesinas si se ha vendido el 90% de las localidades.

Un problema de la ciudad sin resolver es el de la contaminación visual provocada por los carteles de publicidad en la vía publica. Tanto la Constitución de la ciudad de Buenos Aires como la ley 71 obligan al Estado “a asegurar el derecho a circular y habitar en áreas libres de contaminación visual y sonora”. A fines del año 1997, el gobierno porteño fue obligado por la Justicia a retirar los carteles publicitarios que se encontraban a lo largo de la avenida Lugones.

“La contaminación visual es la interferencia en el espacio, se trata de mirar un sector y encontrar allí obstáculos como cables o carteles o un edificio con una altura muy diferente a otras”, afirmó Liliana Garcén, arquitecta y especialista en geobiología, que estudia el impacto de la geografía en el ser humano. “Se estima que unos 30 mil carteles y marquesinas del total que pueblan la ciudad son ilegales”, reconoció una fuente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad.

COMUNAS. Desde la perspectiva institucional, el caso más flagrante de violación a las leyes lo constituye la demora en la implementación de las elecciones comunales. La Constitución sancionada en 1997 estableció que las primeras elecciones de autoridades comunales debían concretarse antes de octubre de 2002. La Legislatura aprobó recién en 2005 la división de la ciudad en 15 comunas y el año pasado fijó la fecha del próximo 10 de agosto para la realización de los comicios. El viernes pasado, el jefe de Gobierno Mauricio Macri anunció que el proceso electoral se posterga para el año que viene.




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