Protección Social

Nuestra meta es la igualdad, garantía de futuro para los sectores discriminados de la sociedad. Nuestro principal objetivo es terminar con la pobreza. Y además, colocar en el centro de la agenda pública el combate a las inequidades. Proponemos:
Convocar a un Acuerdo Social y Federal como eje institucional para la construcción de un consenso político, social y económico que permita alcanzar los objetivos planteados y sostenerlos en el tiempo.
Crear el Sistema Nacional Integrado de Protección Social que organice un piso mínimo de bienestar a través de la Reforma del Sistema de Seguridad Social, para niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y mayores de 65 años; más las políticas universales integradas por el conjunto de servicios sociales como la creación del sistema de cuidado y educación infantil (Plan Crianza) y las políticas específicas de atención prioritaria, como el Plan Hambre Cero.
En la Argentina que queremos, la Argentina va a crecer, y con nosotros eso va a significar que todos vamos a crecer. Necesitamos transformar las estructuras sociales de desigualdad e injusticia.
El crecimiento de los últimos nueve años, con un contexto internacional favorable, no ha podido resolver el problema de la pobreza, de la precarización del trabajo y de su informalidad, manteniendo la desigualdad en la distribución de la riqueza y de las oportunidades.
Los argentinos hemos logrado que en nuestro marco normativo se integre la perspectiva de derechos humanos. Muchas leyes aprobadas en este sentido en el Congreso Nacional son hoy, sin embargo, meramente declamativas. Otras pendientes de modificación siguen siendo tutelares, asistenciales y clientelares. La mayoría de ellas no encuentran correlato en los diseños programáticos y presupuestarios.
El entramado institucional es un discontinuo de acciones fragmentado, asincrónico e incluso contradictorio entre las distintas áreas gubernamentales y las distintas jurisdicciones. Desorganización que facilita la falta de transparencia y la inequidad. De esta manera no es posible ejercitar una exigibilidad responsable, y se desautoriza, deslegitima e inhabilita al Estado para ejercer el rol de corresponsable y garante de hacer efectivos los derechos de todos y todas, supliendo sus funciones con políticas tercerización. Continúa dando respuesta a un mundo que ya no es.
Las políticas que instrumentaremos transformarán las estructuras sociales y políticas, para generar un camino sostenido en que los sectores de bajos recursos gocen de un conjunto de oportunidades garantizadas por el Estado y que los sectores medios encuentren un sustento menos vulnerable, procurando el crecimiento de ambos. El conjunto de políticas públicas integrales e integradas que instrumentaremos, pondrá énfasis en la complementariedad de la política económica y la política social para ponerlas al servicio de los derechos de todos los ciudadanos.
Nuestra primera propuesta es erradicar la pobreza y reducir las desigualdades: la meta es la igualdad como garantía de futuro para los sectores discriminados de la sociedad. Para ello debemos trascender el combate a la pobreza y colocar en el centro de la agenda pública el combate a las inequidades, re democratizando además los espacios de participación. Para ello proponemos:
1. Convocar a un Acuerdo Social y Federal como eje institucional en la construcción de un consenso político, social y económico que permita alcanzar aquellos objetivos sociales. Será instrumentado a través de un acuerdo formal entre la nación, las provincias y municipios que será ratificado por el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales. Este acuerdo constituirá el marco federal que haga que todos los argentinos asumamos la corresponsabilidad de llevar adelante un sistema único de política social con un objetivo común. Ella estará orientada a generar un piso mínimo de seguridad social garantizado por la iniciativa pública y de la sociedad, y se instrumentará a través de la:
2. Creación del Sistema Nacional Integrado de Protección Social que organice un piso mínimo de bienestar a través del Sistema de Seguridad Social, las políticas universales, el conjunto de servicios sociales y las políticas específicas todo ello a través del Estado Nacional, Provincial y Municipal, lo que implicará:
3. La Reforma del Sistema de Seguridad Social: la nueva política deberá ser universal y sustentada en el derecho de ciudadanía y no solamente en el derivado de la condición laboral, garantizando un ingreso mínimo a niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores de 65 años.
4. Servicios Sociales de gestión territorial de políticas integrales e integradas constituidas por programas de cuidados específicos y auxilios excepcionales, que permitan garantizar durante todo el ciclo de vida la dignidad de la población, entendiendo al grupo familiar como sustento afectivo y económico y a la comunidad como sustento relacional e inclusivo a través de la:
5. Creación del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Será nuestro objetivo terminar con el hambre y la desnutrición y asegurar el derecho al acceso regular a alimentos de calidad, en cantidad suficiente, en base a prácticas alimentarias promotoras de la salud, teniendo en cuenta la diversidad cultural y territorial de nuestra población. El Estado Nacional priorizará los hogares que ninguna jurisdicción haya llegado con una estrategia integral.
El Programa establecerá criterios comunes a través de los Consejos Federales de educación, salud, desarrollo social y de niñez y adolescencia para asegurar la alimentación en el ámbito familiar y escolar. Se desarrollarán, asimismo, estrategias de fortalecimiento de la agricultura familiar y un programa de Adquisición de Alimentos que además favorezca las economías regionales, con incentivos para aquellas empresas o emprendimientos que adhieran al programa.
6. Cuidado y fortalecimiento del grupo familiar
Todos los programas de las áreas de gobierno tendrán eje en el fortalecimiento del grupo familiar democratizando los roles de todas y todos sus integrantes. Los niños, niñas y adolescentes tendrán la prioridad.
7. Creación de Sistema Nacional de Cuidado y Educación Infantil
Todos los niños, niñas de entre 0 y 3 años tendrán acceso al Plan Crianza; por primera vez en la historia de nuestro país, se pondrá en marcha un sistema integrado de cuidado y educación de ese grupo, dedicado a optimizar los niveles de crecimiento y desarrollo, reducir las desigualdades, fortalecer la crianza, democratizar las relaciones familiares y mejorar en forma sustantiva la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres que decidan ser padres y madres, al tiempo que trabajan y estudian.
El sistema tendrá alcance nacional y operará con criterios y estándares que rijan en todo el país respetando las realidades culturales. En cuatro años incluiremos un millón de niños y niñas sumados a los que actualmente están atendidos en los servicios públicos y privados (jardines, etc.) para llegar a una cobertura total educativa, sanitaria (control nutricional, vacunación, crecimiento y desarrollo) y de documentación acompañada de inversiones edilicias, capacitación y fortalecimiento familiar con un esfuerzo mancomunado de la Nación, las Provincias y los Municipios.
8. Nueva Ley de Adopción
Se pondrá eje en el derecho del niño a tener una familia, a preservar la identidad y vínculos afectivos, independientemente de la edad del niño o niña, quien contará con un abogado que le asegure la integralidad de todos sus derechos. Se establecerá con claridad las atribuciones de los organismos administrativos y judiciales y los plazos para su actuación de modo transparente. El grupo familiar que decida dar en adopción a un niño podrá hacerlo libremente, sin condicionamientos, nunca será consecuencia de la falta de acceso a políticas públicas o por cuestiones de pobreza. En ningún caso la entrega será anónima con el fin de evitar posibles delitos como la trata de niños y niñas y preservar la identidad.
9. Derechos de las Mujeres y las Niñas
La paridad entre mujeres y hombres es el eje de la propuesta en todos los campos de la vida social, política, sindical, familiar, económica, educativa y laboral.
Se elevará a rango de Secretaría de Estado al actual Consejo Nacional de la Mujer, que diseñará integralmente, y con la participación activa de las organizaciones especializadas, el Plan Nacional de Paridad a través del cual se elaborará una política que atraviese todas las áreas de gobierno que contemple a la mujer a lo largo del ciclo de vida acompañadas de campañas masivas para su efectiva concientización.
Se le otorgará presupuesto para la instrumentación de la Ley de Prevención y Eliminación de todas las formas de Violencia contra mujeres y niñas y se fortalecerá a las jurisdicciones para que realicen la atención gratuita jurídica, psicológica, médica y comunitaria para mujeres y niñas víctimas de este flagelo.
Se promulgará la ley de trata, capacitando al personal de fuerzas de seguridad, de la justicia y de fronteras para atender a este problema, combatiéndolo y penalizando a quienes manejan este negocio que atenta contra la libertad y la vida de mujeres y niñas, especialmente las más pobres.
La mujer tendrá participación real en los niveles de decisión y conducción gubernamentales en igualdad de condiciones con los hombres en el PEN y los ejecutivos provinciales, política que se promoverá en las organizaciones sociales, familiares y empresariales, poniendo énfasis en el acceso igualitario al trabajo formal de las mujeres y la igualdad salarial.
El acceso a los servicios de salud a todas las mujeres tendrá como objetivo prioritario disminuir la enfermedad y muerte materna y el efectivo cumplimiento de la ley que regula los derechos sexuales y reproductivos en todo el país y la educación sexual en todos los niveles educativos.
10. Los derechos de los jóvenes
El eje es la inclusión social con participación, como clave de la formación de capital humano y la adecuada emancipación y autonomía juvenil a través de:
-educación, la universalización en el acceso será acompañado con políticas de permanencia con estándares adecuados de calidad, con enfoque de competencias emprendedoras, saberes tácitos, actitudinales, identificación de oportunidades, desarrollo de redes de apoyo para proyectos, trabajar en equipo y comunicación que serán conceptos prioritarios en la formación media y técnica para conciliar la matriz educativa con la productiva, favoreciendo el acceso al primer empleo.
- Incentivo a las empresas para incluir jóvenes y fomenten la capacitación en servicio junto con la terminalidad del ciclo educativo.
-Fortalecimiento a jóvenes emprendedores otorgando créditos flexibles, capacitación y acompañamiento.
-Creación de dispositivos que generen capacidad de relacionamiento y acumulación de capital social.
-Creación de red nacional de voluntarios y de espacios de participación apoyando a las organizaciones y los movimientos juveniles, evitando la manipulación y el clientelismo.
-Primera vivienda para jóvenes con diferentes propuestas: tierras fiscales, cooperativas de autoconstrucción, créditos preferenciales.
-Implementación nacional de la consulta confidencial y sin necesidad de acompañamiento de adultos para personas mayores de 14 años para ejercer el derecho a servicios de salud adecuados.
-Atención de la salud sexual y reproductiva (especialmente embarazo adolescente y enfermedades de transmisión sexual), desde un enfoque que abarque de manera integral lo orgánico y lo emocional.
-Implementación del examen médico obligatorio para el cambio de DNI a los 16 años, haciendo énfasis en la prevención y el fomento de estilos de vida saludables.
-Políticas de adicciones que protejan al joven del narcotráfico y evite su revictimización centrando la atención en servicios sociosanitarios para la prevención y el tratamiento temprano, con el trabajo mancomunado de organizaciones sociales y gobiernos provinciales y locales.
-Convocatoria al Congreso Nacional de Juventud con la organización de pre congresos en todas las jurisdicciones del país con el objeto de discutir la Ley Integral de Juventudes.
-El área de Juventud tendrá una lógica abierta, transversal y participativa para y con los jóvenes, teniendo injerencia en todos los ministerios del Estado Nacional, interrelacionando y coordinando medidas dirigidas a la juventud.
11. Creación del Sistema de Protección Integral de Derechos de las Personas con Discapacidad
El nuevo sistema creado por ley, tendrá como objetivo producir una adecuación de la vida ciudadana para que se erradiquen las barreras de todo tipo que impiden a muchos el desarrollo de una vida de calidad, con la participación de las personas con discapacidad en el diseño, implementación y monitoreo de las políticas públicas.
La adecuación de la ley 24.901 de servicios de salud y sociales a personas con discapacidad, ampliando la cobertura a todos los prestadores gubernamentales y privados, con garantía del Estado, y la modificación del código civil que le otorgue capacidad jurídica a las personas con discapacidad, serán los ejes en las que se sustente el sistema. Incluirá la figura de una Defensoría que tenga a su cargo el cumplimiento de la normativa, de los planes y programas y las adecuaciones constitucionales, promoviendo la igualdad de oportunidades, la lucha contra la discriminación y el acceso a los derechos civiles, reconociendo la discapacidad como un componente de la diversidad humana. Se instrumentará a través de:
El Plan de Acción Plurianual 2012-2016, como estrategia interjurisdiccional, que incluya la participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones. El énfasis estará puesto en la transversalidad, incorporando la discapacidad en los diferentes ámbitos y en todo el proceso. El Plan priorizará además, las políticas para las mujeres con discapacidad y los niños, niñas y adolescentes que sufren una múltiple vulneración de derechos por su condición de discapacidad, género y edad.
12. Derecho a la Diversidad.
Tras la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario impulsaremos políticas públicas destinadas a lograr que la igualdad legal se transforme en igualdad real. El Estado Nacional realizará las acciones que remuevan los obstáculos que existen para el pleno goce de los derechos civiles y sociales de lesbianas, gays, bisexuales y trans. Las áreas de salud, educación, cultura, vivienda, empleo, lucha contra la discriminación, seguridad y acceso a la justicia, llevarán adelante políticas, con la amplia participación de las organizaciones de la sociedad civil, efectivizando derechos y concientizando a la población en el respeto a la diversidad.
13. Derechos de los pueblos originarios
Dos temas centrales deben ser metas de nuestra gestión: la posesión y propiedad comunitaria de la tierra que ocupan, teniendo en cuenta que sean aptas y suficientes, y el desarrollo de la educación cultural bilingüe. Para construir políticas públicas indigenistas consensuadas, proponemos:
- Constituir asambleas a nivel regional sobre los derechos de los Pueblos Originarios.
- Consolidar un mecanismo de consulta y monitoreo en relación con las políticas aceptado por las propias comunidades.
-Cooperar en el fortalecimiento de las organizaciones indígenas, respetando su autonomía.
14. Creación del Sistema Nacional de Evaluación y Monitoreo de Políticas Sociales
El seguimiento permanente a las políticas y programas sociales de las distintas áreas ministeriales será prioritario; corregir y ajustar las intervenciones de los programas sociales e identificar grupos excluidos en el territorio nacional que no tengan acceso a los servicios sociales. Se publicarán los resultados de las evaluaciones para garantizar el derecho a la información de la población y construir un instrumento para la el diseño y la mejora de la política pública.
Este sistema evaluará el funcionamiento del Sistema Integrado de Protección Social, integrando la información dispersa de los organismos y rediseñando los instrumentos de información, evaluación y monitoreo que en la actualidad se encuentran dispersos, en forma coordinada con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).