Amo argentina, me gusta el país, pero hay un tema que me puede que es la inseguridad. Uno en este país puede conseguir un buen trabajo, quizás pueda crecer, comprarse un 0 Km., la casa, etc. ¿Pero para que sirve esto? Si hay gente que se dedica a cagarle la vida a los demás, y sacarle todo lo que tiene en unos minutos, y arruinarte la vida. A veces pienso en irme a otro lado solo por eso, quizás ganar un poco menos, pero saber que vas y venís y que tu familia va a estar bien cuando llegas. Yo vivo en Villa Ballester, una linda zona, pero rodeadas de Villas de Emergencias y el robo es constante. En estas últimas 2 semanas mataron a 2 vecinos, y le robaron hoy a una jubilada. Solo estos caso salieron en la tele de tantos mas que hay. Yo creo que la inseguridad en la Argentina es algo que va a ser imposible combatirla, por que como digo siempre, esto es como un cáncer. Un chorro, tiene 5 chorritos, esos 5 chorritos, tienen otro 5, y así hasta que en algún punto, va a ser una plaga. En estos últimos años, es impresionante como creció la inseguridad. No me canso de escuchar a gente ignorante que dice... "cuando estaban los militares no había robos". Pero cuando estaban los militares no había la cantidad que hay hoy en día. Cada ves salen de mas chicos a robar, cada ves hay mas drogas en la calle, por lo tanto no saben lo que hacen.
Esta la policía bonaerense, policía federal, policía 2, ahora quieren sacar otra policía también, pero en el momento que se necesita, nunca están.
Bueno, dado que este tema esta tan presente en mi vida, hoy les entrego un informe de inseguridad en la argentina, esperen q se tomen el tiempo de leerlo.


Empiezo con este video... Fuertisimo



link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=6mnxgLxn0y0

Inseguridad


Inseguridad en la Argentina. No te lo pierdas


La inseguridad es algo que afecta a todos en Argentina, sin distinción de clases sociales. Así lo indican los testimonios que recogimos de una comerciante, un escritor y un portero de edificio a quienes distintos hechos les han cambiado sus vidas para siempre.
Estudios comparativos de datos oficiales muestran que la cantidad de delitos aumentó más de un 180% en las últimas dos décadas. En un país que tiempo atrás se consideraba seguro, ha crecido la criminalidad juvenil y el nivel de violencia contra grupos vulnerables como los ancianos, y hoy es posible perder la vida al ser robado o secuestrado.
Entrevistamos León Arslanián, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, la que registra más delitos en Argentina. Arslanian nos contó cómo se está haciendo frente al problema.
Hay otro gran problema: según el Registro Nacional de Armas (Renar), al lado de los dos millones de pistolas o revólveres registrados hay 150.000 que circulan ilegalmente. Este parece un dato conservador, porque algunos observadores afirman que el número de armas en el mercado negro equipara al de las legales.

Preocupados y divididos

Lo cierto es que, en Argentina, el índice de delincuencia es inferior al de otros países latinoamericanos como Brasil, Colombia y Venezuela. Sin embargo, la preocupación de los argentinos por la inseguridad figura entre las más elevadas del mundo, según una encuesta internacional realizada en 40 naciones. Sólo los sudafricanos los superan.
Y no sólo hay una clara distinción entre realidad y percepción. Argentina también está profundamente dividida en cuanto a cómo hacer frente a la creciente criminalidad. Mientras que la derecha reclama mano dura, la izquierda pide más acciones contra los problemas sociales que originan la delincuencia.
Por un lado está el empresario Juan Carlos Blumberg, cuyo hijo Axel fue secuestrado y asesinado hace dos años. En los últimos tiempos, Blumberg encabezó cuatro multitudinarias protestas en reclamo de más acciones y penas contra los delincuentes.
Y del otro lado, entre quienes piden más acciones sociales figuran, por ejemplo, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y grupos de derechos humanos.
A pesar de estas divisiones, pocos dudan que la desigualdad parece ser una de las principales causas -si no la fundamental- de la delincuencia. Así pudimos comprobarlo al visitar una escuela situada entre opulentos barrios cerrados o "countries" y zonas marginales, un establecimiento donde la inseguridad va a clases.

Seguridad privatizada

Entre tanto, por precaución muchos contratan los servicios de empresas de seguridad, un rubro que tuvo un crecimiento sin precedentes. A los centenares de miles de guardias privados se los ve por doquier: en comercios, oficinas, bancos, edificios de apartamentos, "countries" y colegios. Quienes les pagan dicen que es la única forma de protegerse del delito ante la falta de presencia policial.
Se calcula que en el último año este mercado ha obtenido ganancias por US$ 2.000 millones. ¿Estamos ante una fuerza policial paralela? Las compañías de seguridad lo niegan y el gobierno asegura que no delegó funciones en ellas.

Tras las rejas

Finalmente, el aumento de la criminalidad en Argentina tuvo un reflejo en la población carcelaria. Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el número de personas en las prisiones del país asciende a cerca de 65.000. Muchos de los penales están superpoblados y un 60% de los reclusos están procesados pero no tienen condena, es decir que son técnicamente inocentes.
Se habla mucho del incremento de la delincuencia en Argentina, pero poco se menciona este detalle: que en el último año creció hasta un 15% la criminalidad femenina. Según las autoridades, en la mayoría de los casos las mujeres que están en las prisiones fueron apresadas por tráfico de drogas y complicidad en secuestros.
Visitamos una cárcel de máxima seguridad en Ezeiza, para ver cómo viven las internas. Esperamos que este informe especial los invite a una amplia reflexión sobre la inseguridad, un problema que, con sus diversas ramificaciones, no sólo afecta a Argentina sino también al resto de América Latina.

La inseguridad va a clases



Muerte



Es lo que se ve a simple vista, pero en el fondo hay tensión entre los pequeños, y entre docentes y estudiantes. Esta escuela situada a unos 35 kilómetros al norte de Buenos Aires se encuentra en una de las tantas zonas de Argentina donde la desigualdad social es grande y, por lo tanto, también la inseguridad.
Allí barrios cerrados conviven con áreas marginales. A lado de la opulencia, no sólo la droga y el alcohol son moneda corriente sino también el delito con armas: en Argentina se estima que hay una pistola o revólver cada tres hogares.
BBC Mundo visitó la escuela 52, donde la inseguridad va a clases. "Estamos en una zona de casas precarias. Si bien la mayoría de los habitantes son trabajadores, como en todo barrio bajo hay delincuentes y problemas con armas, drogas y alcohol", comenta al recibirnos Mariano Visoso, secretario del colegio. "Esto se ve a diario en las aulas y hace que la población de la escuela sea un poco difícil de controlar".
Una vez adentro Alejandra Rodríguez, la directora, agrega: "La violencia está en las condiciones socio-económicas y la conducta de los chicos es la respuesta a eso. En la medida en que no tienen expectativas, futuro, ideales, actúan con recelo".

"Tenga cuidado"

En los últimos tiempos, la escuela 52 fue escenario de varios delitos. En septiembre, alumnos de cuarto grado entraron a robar.
Visoso nos muestra el libro de actas en el que el profesor de inglés relata un hecho ocurrido en octubre en plena lección, en el que un estudiante le saca dinero de la billetera y lo amenaza: "Tenga cuidado que yo sé donde vive". Meses antes, en la puerta del establecimiento un niño asaltó con un arma a docentes que llegaban a trabajar.
Cuentan que alumnos llevaron en ocasiones pistolas a la escuela y que los baños en un momento fueron el sitio escogido para drogarse, aunque ahora preceptores los vigilan atentamente. Hasta hoy algunos pequeños asisten a clases alcoholizados, según la directora.

Temor entre maestros

El tema de las armas preocupa especialmente a los maestros, que temen por su integridad física. Hablando con un grupo de alumnos, Walter -quien parece ser el líder de la "barra"- nos dice que no vio pistolas en la escuela pero Pedro, a su lado, confiesa que sí tuvo una ante sí, pero en su casa.
Por su parte, Belén dice que vio varias armas cuando "una vez en el barrio se agarraron a los tiros". Marcelo Visoso, el secretario de la escuela, comenta que los niños están "constantemente" en contacto con pistolas por la realidad que se viven en su localidad.
"Todo mal... Gente drogándose, robos, armas, peleas, todo...", describe Paola, alumna del secundario, el sitio que la rodea. "¿Y estás bien dentro de la escuela?", le pregunta BBC Mundo. "No", contesta. "¿Por qué? ¿No te sentís segura?". "Ajá".

¿Salida en la educación?

En este contexto adverso, el colegio tiene la difícil tarea de tratar de mostrar otras pautas de comportamiento y otros modelos de vida. Pero no resulta sencillo, como lo demuestra por ejemplo el alto índice de deserción escolar.
"Ellos tienen valores distintos a los nuestros, no ven en la educación una forma de progresar, de ganarse el pan. En algunos casos ven en el delito un modo de lograr cosas más fácilmente", afirma Rodríguez.
"Entonces, ¿cómo le digo yo a un chico que esto o aquello está mal cuando sus padres y hermanos salen a robar para comer?", se pregunta. "Hay que llegar a un punto de acuerdo en el que todos podamos convivir y nos respetemos cada uno con nuestros valores, sin dejar de mostrarles que hay otro camino".
Según Rodríguez, los maestros no pueden hacer mucho para cambiar las condiciones socio-económicas que provocan la inseguridad, ya que eso -dice- le corresponde al Estado. "Pero al menos tenemos que intentarlo".


Estuve buscando muchisimo, me costo encontrarlo, pero al fin lo consegui, aca les dejo el Régimen Penal de Menores, leanlo que es realmente interesante.


Homicidio


En nuestro país el Régimen Penal de Menores está regido por la Ley 22.278, sancionada el 28/08/1980, completada por las Leyes 22.803, 23.264 y 23.742.
La Ley hace una distinción entre menores punibles y no punibles. Dentro de los no punibles encontramos por un lado a los menores de 16 años y por otro a los de entre 16 y 18 no punibles. Y con respecto a los punibles, menores entre 16 y 18 años punibles y menores de 18 a 21 años.

Menores no Punibles:
Menores de 16 años


Art. 1 - (según ley 22.803) No es punible el menor que no haya cumplido 16 años de edad.
Si existiere imputación contra alguno de ellos la autoridad judicial lo dispondrá provisionalmente, procederá a la comprobación del delito, tomará conocimiento directo del menor, de sus padres, tutor o guardador y ordenará los informes y peritaciones conducentes al estudio de su personalidad y de las condiciones familiares y ambientales en que se encuentre.
En caso necesario pondrá al menor en lugar adecuado para su mejor estudio durante el tiempo indispensable.
Si de los estudios realizados resultare que el menor se halla abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral, o presenta problemas de conducta, el juez dispondrá definitivamente del mismo por auto fundado, previa audiencia de los padres, tutor o guardador.

Menores entre 16 y 18 años no punibles

Regidos tambien por el Art. 1 que nos dice: tampoco es punible el que no haya cumplido 18 años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de 2 años, con multa o con inhabilitación.
Según lo dispuesto en el Art. 1 quedan sometidos al mismo régimen que los menores de 16 años, y al igual que estos no son sometidos a proceso.
Delitos de acción privada: conforme con el Art. 73 del Código Penal, son acciones privadas las que nacen de los siguientes delitos:

1) calumnias e injurias;
2) violación de secretos, salvo en los casos de los Arts. 154 y 157;
3) concurrencia desleal, prevista en el Art. 159;
4) incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, cuando la víctima fuere el cónyuge.
Delitos con penas privativas de libertad que no excedan de dos años: en el Código Penal vigente, 61delitos están incriminados con este tipo de pena, a los que hay que agregar los delitos de las leyes especiales.
Ejemplos de estos tipos de delitos son: el hurto, ciertas formas de usurpación, daños a la propiedad, injurias, calumnias, intromisión ilegal en sistemas informáticos confidenciales, atentados a la libertad de trabajo, a la libertad de reunión, libertad de prensa, entre otros.6
Pena de multa: en el Código Penal están incriminados sólo con multa, 28 delitos, a los que hay que sumar los delitos de leyes especiales.7
Pena de inhabilitación: es la pérdida de derechos, del ejercicio de derechos o de la incapacidad para obtenerlos, declarada por el juez en la sentencia. Esta prevista en la ley como inhabilitación absoluta o especial. Dicha inhabilitación presupone una habilitación anterior y son muy pocas las habilitaciones que se pueden otorgar a los menores de 18 años.
En nuestro Código Penal, están incriminados con pena de inhabilitación, 4 delitos, en los cuales el autor debe ser funcionario público.8
A diferencia de los menores de 16 años, que no son punibles porque la ley presume su falta de capacidad para ser penalmente responsables por su inmadurez mental, los menores de entre 16 y 18 años no son punibles, en relación a los delitos mencionados, no por su inimputabilidad, sino por razones de política penal.9

Menores Punibles:
Menores entre 16 y 18 años punibles


Art. 2 – (según ley 22.803) Es punible el menor de 16 a 18 años de edad que incurriere en delito que no fuera de los enunciados en el Art. 1.
En esos casos la autoridad judicial lo someterá al respectivo proceso y deberá disponerlo provisionalmente durante su tramitación a fin de posibilitar la aplicación de las facultades conferidas por el Art. 4

Cualquiera fuese el resultado de la causa, si de los estudios realizados apareciera que el menor se halla abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral, o presenta problemas de conducta, al juez dispondrá definitivamente del mismo por auto fundado, previa audiencia de los padres, tutor o guardador.

Art. 4 – La imposición de pena respecto del menor a que se refiere el Art. 2 estará supeditada a los siguientes requisitos:
1)Que previamente haya sido declarada su responsabilidad penal y la civil si correspondiere, conforme a las normas procesales;
2)Que haya cumplido 18 años de edad;
3)Que haya sido sometido a un periodo de tratamiento tutelar no inferior a 1 año, prorrogable en caso necesario hasta la mayoría de edad.
Una vez cumplidos estos requisitos, si las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida por el juez hicieren necesario aplicarle una sanción, así lo resolverá, pudiendo reducirla en la forma prevista para la tentativa.
Contrariamente, si fuese innecesario aplicarle sanción, lo absolverá, en cuyo caso podrá prescindir del inc. 2.
En caso de condena, la pena se hará efectiva en institutos especializados y alcanzada la mayoría de edad, el resto de la condena se cumplirá en establecimientos para adultos, según lo establecido en el Art. 6.

Menores de 18 a 21 años

Art. 10 – La privación de libertad del menor que incurriere en delito entre los 18 y la mayoría de edad se hará efectiva, durante este lapso, en los establecimientos mencionados en el Art. 6.
El menor entre 18 y 21 años que delinque durante este lapso es plenamente responsable, quedando equiparado en todo en relación con los mayores de edad, salvo en cuanto a la condena debe cumplirse en establecimientos especiales hasta la mayoría de edad.
Esta Ley consagra un sistema claramente sustentado en medidas de seguridad, tutelares y reeducativas. La aplicación de estas medidas ha dado lugar a un sistema normativo especial, cuya evolución ha originado la existencia de un derecho tutelar que tiende a modificar la personalidad del joven delincuente, poniendo mayor énfasis en sus características personales que en la naturaleza y gravedad del hecho cometido.10

Con sólo de 16 años ya cuenta con 23 causas penales


inseguridad


El precoz delincuente asaltó un cíber en la localidad de Rosario y luego intentó robar un supermercado chino junto a tres jóvenes armados con una escopeta y un revólver. Finalmente fue detenido por la Policía.

Un adolescente de 16 años, que ya cuenta con 23 causas penales, fue detenido por la Policía en medio de un intento de robo a un supermercado chino y luego de haber asaltado un cíber de la ciudad de Rosario, en Santa Fe.
Según informaron fuentes policiales, el menor de edad fue apresado cuando se encontraba junto a otros tres jóvenes, armados con una escopeta de caño recortado y un revólver.

El muchacho, conocido sólo por su nombre de pila, Omar, vive en una zona conocida como Tablada, en una casa humilde, y según sus propios familiares, es adicto a los estupefacientes.
La nueva detención del adolescente se produjo ayer, cerca del mediodía, cuando lo apresó una patrulla de la comisaría 16ta de esta ciudad, de acuerdo con lo señalado en la edición de la fecha por el diario La Capital.
Los policías vieron al menor de edad "merodeando" junto a otros tres adolescentes un súper chino de la calle Grandoli al 3700, en esta ciudad.
Cuando quisieron identificarlos, los adolescentes empezaron a correr pero sólo uno de ellos escapó: los otros tres fueron detenidos.
En su poder, de acuerdo con lo señalado por los policías, tenían una escopeta recortada y un revólver.
Precisamente esas dos armas fueron las que la dueña de un cíber de la calle Grandoli y pasaje Becquer reconoció como las usadas por los jóvenes que en la tarde del mi‚rcoles -menos de 24 horas antes de la detención- la asaltaron y le sacaron 300 pesos de su comercio.
La última caída del adolescente ahora detenido nuevamente había ocurrido en septiembre pasado, cuando la Policía le salió al cruce en las calles Ayolas y Grandoli luego de asaltar a mano armada a un taxista.
Entonces fue la tercera vez en su corta vida que ingresó a un "instituto de recuperación". Lo mandaron a Casa Joven de General Lagos, de donde se escapó el pasado 19 de noviembre, según lo señalado por el diario.
Según trascendió, el primer antecedente que el chico registró en la Justicia de Menores data de febrero de 2006, por un hecho de tentativa de robo.
El siguiente episodio tuvo lugar el 17 de enero de este año y fue un robo consumado con armas. De allí en adelante, "protagonizó asaltos a mano armada en mayo, junio, agosto, septiembre y el corriente mes", se indicó.

La masacre en campana


Inseguridad en la Argentina. No te lo pierdas


Agustín de 11 y Milagros Mansilla de 8 fueron hallados sin vida al costado de la Panamericana, a la altura del kilómetro 66 en sentido a Capital Federal.

Ayer el tercer detenido por el crimen de sus padres había dicho que los chiquitos fueron asesinados y arrojados a un zanjón. También había dicho que su padre, Ángel Antonio Fernández y principal acusado, se quitaba "cuando quería" la pulsera magnética que tenía por el arresto domiciliario. Cumplía una condena por violación seguida de muerte pero desde hace un año lo hacía bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Luego de los intensos rastrillajes que realizó anoche personal policial y de la DDI de Zárate-Campana, fueron hallados sin vida los cuerpos de los pequeños hijos de la pareja asesinada esta semana. La policía encontró esta madrugada a Agustín, de 11 años, y Milagros, de 8, a la altura del kilómetro 66 de la Panamericana en sentido a Capital Federal, muy cerca de donde habían sido dejados sus padres.
Ayer, el tercer sospechoso de haber asesinado al matrimonio Mansilla en Altos Los Cardales se entregó por la tarde y había admitido que los hijos de las víctimas también fueron asesinados. Tras esa declaración, se dio inicio al intenso operativo que concluyó esta madrugada cuando advirtieron en un zanjón los cuerpos de los chiquitos que eran buscados desde hace 4 días.
Cristian Fernández, de 22 años, se declaró inocente y reveló que en su casa escuchó que a Agustín y Milagros los mataron por "una venganza personal" y que "los tiraron un poco antes" de donde fueron hallados los cadáveres de sus padres, Marcelo Mansilla (41) y Sandra Rabago (37), a la vera de la Ruta Panamericana en el partido de Campana.
Efectivos de la Policía Científica, de Caballería y de la Departamental Zárate-Campana comenzaron a rastrillar por la tarde los alrededores de la autopista entre los kilómetros 58 y 60, por orden del fiscal del caso, Marcelo Pernice.
Cristian Fernández es hijo de Ángel Antonio Fernández, de 41 años, quien ya estaba detenido junto a Jesús Osvaldo Cáceres, de 47, por el crimen del matrimonio Mansilla.
Respecto al móvil del caso, fuentes de la investigación informaron que los Mansilla habían declarado como testigos por el robo a una quinta cercana a la casa donde el matrimonio vivía en el Barrio Frino de José C. Paz e involucraron a estos sospechosos.
Fernández padre estaba con arresto domiciliario con monitoreo electrónico, mediante una pulsera electrónica que, al parecer, no funcionaba, ya que varios testigos lo vieron fuera de su vivienda en reiteradas oportunidades. Lo cierto es que no se descarta que se la sacara y se la pusiera a su hijo de nueve años, tal como indicó en la declaración el tercer sospechoso e hijo de este hombre
"Esta persona estaba con pulsera y era visto fuera de su casa todo el tiempo", advirtió el ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, y reconoció que se investiga si la pulsera se la colocaba a su hijo de 9 años y si existe un método para desactivarla.
Esto se contradice con lo dicho por su par de Justicia, Ricardo Casal, quien negó inconvenientes en el funcionamiento de la pulsera magnética.
Los voceros dijeron que Ángel Fernández había sido condenado en 1991 a 25 años de cárcel por una violación seguida de muerte por el entonces Juzgado de Instrucción 7 de San Martín.
Sin embargo, el 2 de julio de 2007, el Tribunal Oral Criminal 3 de San Martín le otorgó a Fernández el beneficio de cumplir una prisión domiciliaria monitoreada por pulsera magnética.
Por su parte, Cristian fue detenido el 22 de enero del 2005 por robo calificado y portación de arma de guerra y beneficiado con un arresto domiciliario por el Tribunal Oral 2 de San Martín, que ordenó que sea monitoreado por una pulsera electrónica igual que su padre.
Cristian Fernández logró escapar por los techos el jueves por la noche cuando los detectives de la Subdelegación de Investigaciones de José C. Paz allanaron la casa de su padre.
Respecto de Cáceres (47), los investigadores aún aguardan los datos sobre sus antecedentes.
Los investigadores llegaron el jueves pasado a la casa de los Fernández luego de escuchar a testigos que afirmaron haber visto en esa casa de la calle Velázquez 3864 de Los Polvorines, el auto Volkswagen Polo que el miércoles apareció calcinado en esa misma localidad.
Los pesquisas encontraron tres elementos incriminatorios: los electrodomésticos robados en la casa de las víctimas -un DVD y una computadora-, un rollo de cinta de embalar idéntica a la que utilizaron los asesinaos para vendar y maniatar al matrimonio y ropas manchadas con sangre que fueron enviadas a laboratorio.
Masilla y Rabago y sus hijos fueron vistos por última vez el miércoles 23 de julio por la noche. Al día siguiente, a la mañana, un familiar escuchó al auto de Mansilla salir de la casa del Barrio Frino a gran velocidad y desde entonces no se supo nada del paradero de la familia hasta que el martes pasado fueron encontrados los cadáveres del matrimonio en un baldío al costado de la Panamericana, a la altura del kilómetro 60 del Ramal Campana, en la localidad de Alto Los Cardales.
Los forenses determinaron que fueron asesinados a hachazos en la cabeza en ese lugar y que llevaban muertos entre 72 y 96 horas. Desde entonces la pesquisa se centró en la búsqueda de los dos hijos de la pareja, que concluyó en las primeras horas de hoy, con el macabro hallazgo.
La provincia de Buenos Aires cuenta con un desvalido sistema judicial
El mal funcionamiento del sistema de pulsera electrónica para la prisión domiciliaria de los detenidos, que aparece como la falla que hizo posible el doble crimen de Campana, oculta una historia de desatenciones políticas y administrativas que impiden al Estado bonaerense contar con un sistema moderno y eficiente, con tecnología propia, para el control de presos en domicilios particulares.
El ministro de Justicia, Ricardo Casal, dispone la renovación automática del sistema de control de detenidos y llama a una nueva licitación con un plazo de 6 meses de contrato, lo que impide que nuevas empresas se presenten a la misma ya que se hace imposible amortizar nuevas tecnologias mientras desoye propuestas con mejor tecnología y mejores resultados.
Existen dos empresas dedicadas a los temas de seguridad que son GIASA y MEGATRANS O DATATRAK. Incluso, trascendió que el ministro Casal le estaría por adjudicar a alguna de estas firmas una mayor cantidad de pulseras (600 unidades) lo que además aumentaría en buena medida el costo de funcionamiento sin mejoras en la prestación del actual sistema.
Lo cierto es que el trágico episodio que se cita más arriba, que mantuvo en vilo a la opinión pública, puso de manifiesto ciertas desprolijidades en materia de administración de parte de la cartera de Justicia bonaerense. De hecho, un dato relevante a tener en cuenta es que existió una pena morigerada puesto que uno de los implicados –Ángel Fernandez- había sido condenado hace 17 años a cumplir con 25 de cárcel por un hecho de violación seguida de muerte. Sin embargo, hace trece meses el Tribunal Oral Criminal 3 de San Martín le otorgó el beneficio de cumplir una prisión domiciliaria monitoreada por una pulsera electrónica. Esta premisa muestra una falencia más que notable en materia judicial en la provincia de Buenos Aires, sobre todo por la aplicación de esa pena a pesar del crimen cometido
Otro dato que también deja en evidencia el desvalido accionar de la Justicia provincial, no menos importante que el primero, es que esa pulsera y el sistema en su conjunto no funcionaba, lo que le dio vía libre al implicado para continuar cometiendo ilícitos, como el ocurrido esta semana en Campana, ya que no estaba siendo monitoreado, situación que le habría sido informada al tribunal de San Martín que estaba llevando la causa adelante. Incluso, el hijo del acusado habría declarado ayer que existían manipulaciones fáciles de aplicar para vulnerar y romper ese elemento, lo que hace saber que los presos pueden quitárselo de su muñeca o tobillo las veces que lo consideren necesario, burlando así un sistema judicial, a esta altura más que endeble ante los ojos de la sociedad.
El sistema es eficiente en casi todo el mundo, menos en la Provincia de Buenos Aires dado lo obsoleto de su tecnología, que consiste en aplicar un dispositivo no removible adherido al cuerpo del reo, que emite una señal que es monitoreada en tiempo real y dispara una alarma en el Servicio Penitenciario y en la comisaría local si el detenido se aleja más de veinte metros del domicilio establecido como prisión.
Así, se baja el costo para el Estado de la mantención del reo y se libra a las cárceles de la superpoblación que padecen.
En términos teóricos, pura ganancia, excepto en la provincia de Buenos Aires. Aquí, el matrimonio de Campana está muerto por una bala disparada por un hombre que debía estar preso en su casa. Y ahora se suma el doble crimen de sus pequeños hijos.
"El dispositivo pudo haber fallado”, dicen las autoridades policiales, por toda explicación para un problema gravísimo que no tiene tanto que ver con un defecto tecnológico sino con errores políticos y de gestión.
Desde el Ministerio de Jusiticia bonaerense, responsable de la contratación del sistema, aseguraron a Info Región que la información oficial que ellos manejan es que el detenido no violó el sistema.
"La versión oficial todavía no salió. Es algo muy delicado que todavía se está debatiendo, no se sabe. El detenido tenía una tobillera y no está confirmado que no funcionara, lo que dicen es que la caja negra y la tobillera funcionaban perfectamente, y que hay dos salidas que se registran: una cuando fue llamado por el juzgado a declarar y la otra, en el momento en que intentó escaparse esta madrugada cuando fueron a detenerlo”, explicó ayer una empleada del área de prensa de la cartera judicial.
-¿Entonces Ángel Fernández no salió de su casa? –preguntó Info Región.
-No –garantizó la vocera.
Por su parte, desde la Policía, consultados por Info Región, se desvincularon de cualquier responsabilidad por la situación del detenido.
“Nosotros no tenemos nada que ver con la tobillera de seguimiento satelital y tampoco tenemos que controlarla. No es nuestro trabajo monitorear si las personas que cumplen con prisión domiciliaria se encuentran en su residencia o no y el servicio penitenciario es el que hace el rastreo satelital de los procesados o condenados. La policía no cuenta con información sobre las pulseras que usan estas personas porque el manejo y el control de esa asistencia debe ser realizada por el Servicio Penitenciario bonaerense”, descargó el Teniente de la Departamental de Investigaciones de José C. Paz, Emanuel González.
El sistema de pulsera que contrata el Ministerio de Justicia bonaerense lo presta la empresa Giasa, que utiliza tecnología israelí tipo Elmotech. Se trata de un contrato que la cartera renueva automáticamente cada 6 meses, sin darle oportunidad a otras empresas o instituciones de competir en la prestación del servicio, y por lo tanto, como es natural, produce un debilitamiento en los mecanismos de control y en la calidad de servicio que presta una empresa sin competencia.
La Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) ofreció en varias oportunidades al Ministerio de Seguridad una propuesta para reemplazar con tecnología propia, más moderna y eficiente, el servicio de pulsera electrónica para detención domiciliaria. Se trata de un sistema más eficiente que el anterior, con un dispositivo de monitoreo y georreferenciación en tiempo real (AGPS) y seguimiento, que en este caso hubiese permitido seguir la ruta del detenido, por canal de comunicacion encriptado con backup alternativo inalambrico y un sello inviolable de fibra óptica y laser.
La primera propuesta fue elevada sobre el final de la gestión de Felipe Solá, la última en octubre de 2007.
Alguna razón no explicada, lejos de abrir la competencia a la provisión del servicio por parte de una universidad pública o de otras empresas, que además ofrecen tecnología propia, hace que el contrato de la actual prestataria se renueve automáticamente cada 6 meses. Aunque tal vez la tragedia de Campana sirva para fomentar el análisis y la reflexión en quienes tienen la responsabilidad de decidir sobre cuestiones tan sensibles.

Con eso decido terminar este post, por que podría ser eterno debido a la constante inseguridad... mi pregunta es: ¿Algún día habrá un final a todo esto? Yo realmente lo dudo.
Bueno taringueros, gracias por tomarse el tiempo de leer mi post, espero que le sea de su agrado, y comenten mucho.
Un saludo!


Fuente:

http://www.terra.com.ar/canales/informaciongeneral/149/149193.html
http://www.salvador.edu.ar/ua1-4-idm.htm
http://www.elsindical.com.ar/users/sistema2/index.php?/archives/2930-Con-solo-de-16-anos-ya-cuenta-con-23-causas-penales.html
http://www.derf.com.ar/despachos.asp?cod_des=214225&ID_Seccion=42