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Democracia,mercados y unilaterlismo; parte 1

Aunque es un post un poco viejo encontre varias situaciones que no se comentan el los programas de economia en
los canales de television. Vean y compararen...

por Noam Chomsky
Publicado originalmente en Z, Mayo de 1998

como «Domestic Constituencies»

del Sitio Web Inventati



Empecemos por unos puntos sencillos, asumiendo las condiciones que hoy prevalecen; no, por supuesto, el término de la inacabable lucha por la libertad y la justicia.

Hay una «arena pública» donde, en principio, los individuos pueden participar en las decisiones que afectan a la sociedad en general : cómo se obtienen y utilizan los ingresos públicos, cuál será la política exterior, etc. En un mundo de naciones estado, la arena pública es fundamentalmente la política, en varios niveles.



La democracia funciona en tanto en cuanto los individuos participan de forma significativa en la cuestión pública, a la vez que se ocupan de sus propios asuntos, individual y colectivamente, sin ser ilegítimamente interferidos por las concentraciones de poder. El funcionamiento de la democracia presupone una relativa igualdad de acceso a las fuentes – materiales, informativas y demás –, una perogrullada tan antigua como Aristóteles. En teoría los gobiernos se instituyen para servir a sus «electorados nacionales», a cuya voluntad deben someterse.



Una forma de valorar el funcionamiento de la democracia es, pues, la medida en que la teoría se aproxima a la realidad y en que los «electorados nacionales» se aproximan a coincidir con la población.

En las democracias con capitalismo de estado, la arena pública ha sido ampliada y enriquecida por la larga y enconada lucha popular. A la vez, la concentración del poder privado ha procurado restringirla. Estos conflictos constituyen una buena parte de la historia moderna. La manera más eficaz de restringir la democracia es transferir la toma de decisiones, de la arena pública, a instituciones que no responden ante nadie: reyes y príncipes, castas sacerdotales, juntas militares, dictaduras partidistas o las modernas sociedades anónimas.



Las decisiones a que llegan los directivos de la GE afectan sustancialmente a la sociedad en general, pero, por principio, los ciudadanos no participan en su adopción (podemos dejar de lado el transparente mito del mercado y la «democracia» de los accionistas).

Los sistemas de poder exentos de responsabilidades ofrecen ciertas opciones a los ciudadanos. Estos pueden hacer peticiones al rey o al presidente de la empresa, o afiliarse al partido que gobierna. Pueden probar a trabajar para la GE o bien comprar sus productos. Pueden luchar por sus derechos dentro de las tiranías, estatales y privadas, y solidarizándose con otros pueden tratar de limitar o desmantelar el poder ilegítimo, persiguiendo ideales tradicionales, entre los que se incluyen los que animaron al movimiento obrero norteamericano desde sus tempranos orígenes: que quienes trabajan en las fábricas deben ser sus propietarios y quienes las dirijan.

La «concentración empresarial en Estados Unidos», ocurrida durante el último siglo, ha sido un ataque contra la democracia; y en los mercados ha formado parte del giro por el que se ha pasado de algo parecido al «capitalismo» a los mercados sumamente administrados de la moderna era estatal-monopolista. Una variedad actual se llama «minimización» del estado, es decir, transferir de la arena pública a otro sitio el poder para tomar decisiones: «al pueblo», en la retórica del poder; a las tiranías privadas, en el mundo real.



Todas estas medidas están concebidas para limitar la democracia y domar a la «vil plebe», como calificaron a la población quienes se llamaban a sí mismos los «hombres de mejor calidad» durante el primer estallido de la democracia en el período moderno, en la Inglaterra del siglo XVII; los «hombres responsables», como se llaman a sí mismos hoy. Los problemas fundamentales persisten, adoptando constantemente nuevas formas, reclamando nuevas medidas de control y de marginalización, y conduciendo a nuevas formas de lucha popular.

Los llamados «acuerdos de libre comercio» son uno de estos instrumentos para minar la democracia. Están diseñados para transferir la toma de decisiones sobre las aspiraciones y la vida de los pueblos a manos de las tiranías privadas que operan en secreto y sin supervisión ni control públicos. No es sorprendente que a la gente no le gusten. La oposición es casi instintiva, justa respuesta al cuidado con que se aísla a la vil plebe de la información y demás conocimientos relevantes.

Gran parte del cuadro se admite tácitamente.



Acabamos de presenciar un nuevo ejemplo: el intento en los últimos meses de aprobar una legislación, la «Vía Rápida», que permita al ejecutivo negociar acuerdos comerciales sin supervisión del Congreso ni conocimiento público; bastará con un simple sí o no. La Vía Rápida tiene el casi unánime apoyo de los sistemas de poder, pero, como observaba con pesadumbre el Wall Street Journal, quienes se oponen tal vez tengan un «arma decisiva»: la mayoría de la población.



El público seguía oponiéndose a la legislación, a pesar de la barrera artillera de los medios de comunicación, tontamente convencido de que tiene que saber lo que le está ocurriendo y de que tiene voz para decidirlo. De manera similar, el TLC fue impuesto a la fuerza, contra la oposición pública, que se mantuvo firme incluso después del respaldo entusiasta y casi unánime del poder estatal y empresarial, incluidos sus medios informativos, que incluso se negaron a permitir que expusieran sus posturas los principales oponentes (el movimiento sindical) mientras los denunciaban por diversas fechorías inventadas.(1)

La Vía Rápida se presentó como una cuestión de libertad de comercio, pero eso no es exacto. Los más ardientes partidarios del libre comercio se opondrían firmemente a la Vía Rápida de darse el caso de creer ellos en la democracia, que es lo que está en juego. Dejando esto de lado, es difícil calificar los acuerdos proyectados de acuerdos de libre comercio en mayor medida que el TLC o los tratados del GATT, temas que abordamos en otros lugares.

La razón oficial de la Vía Rápida fue expuesta por Jeffrey Lang, vice-representante para el Comercio de Estados Unidos:

«El principio fundamental de las negociaciones es que una única persona [el presidente] pueda negociar en nombre de Estados Unidos»(2).

El papel del Congreso consiste en estampar el sello, el papel del público en mirar; preferiblemente, en mirar hacia otro 1ado.

El «principio fundamental» es bastante cierto, pero es estrecho de miras. Vale para el comercio, pero no para las demás cuestiones: los derechos humanos, por ejemplo. En éstas, el principio es el contrario: los miembros del Congreso han de tener garantizadas todas las posibilidades de asegurarse de que Estados Unidos mantenga su reputación de no ratificar los acuerdos, uno de los peores del mundo.



Los pocos convenios a los que siquiera se les ha permitido llegar al Congreso han sido retenidos durante años, e incluso las raras ratificaciones han sido lastradas con condiciones que las hacen inoperantes en Estados Unidos: no son «de efecto inmediato» y tienen especiales restricciones. Una cosa es el comercio, otra distinta la tortura y los derechos de las mujeres y los niños.

La distinción tiene un valor más general. China está bajo amenaza de severas sanciones por no haberse adherido a las exigencias proteccionistas de Washington, o por no respetar las sanciones a los libaneses. Pero el terror y la tortura provocan una respuesta distinta: en este caso, las sanciones podrían ser «contraproducentes».



Entorpecerían nuestros esfuerzos por extender la cruzada de los derechos humanos al sufrido pueblo de China y sus dominios; lo mismo que la renuencia a instruir a los oficiales del ejército indonesio «disminuye nuestra capacidad para influir positivamente en comportamiento y política sobre derechos humanos», según explicó hace poco el Pentágono. Por lo tanto, el empeño misionero en Indonesia prosigue, eludiendo las resoluciones del Congreso.



Esto por lo menos es coherente. Basta con recordar cómo la instrucción militar estadounidense «pagó dividendos» a principios de la década de 1960 y «fomentó» que los militares llevaran a cabo sus necesarias tareas, como informaba al Congreso y al presidente el secretario de Defensa Roberto McNamara después de las grandes masacres dirigidas por el ejército en 1965, que arrojaron cientos de miles de cadáveres en unos cuantos meses, una «increíble matanza masiva» (New York Times) que despertó incontenida euforia entre los «hombres de la mejor calidad» (incluido el Times) y compensó a los «moderados» que la habían orquestado.



McNamara tiene un especial prestigio para la formación de oficiales del ejército indonesio en universidades norteamericanas, «factores muy significativos» para asentar la «nueva elite política Indonesia» (el ejército) en el debido rumbo.

Al redactar su política de derechos humanos para China, la administración podría haber recordado también el constructivo consejo de una misión militar de Kennedy en Colombia:

«Si es necesario, realícense actividades paramilitares, de sabotajes y/o terroristas contra conocidos partidarios del comunismo» (fórmula que comprende campesinos, sindicalistas, activistas de los derechos humanos, etc.).

Los alumnos aprendieron bien la lección, cosechando el peor expediente sobre derechos humanos de la década de 1990 en el hemisferio mientras aumenta la instrucción y ayuda militar de Estados Unidos.

Las personas razonables pueden entender fácilmente, pues, que sería contraproducente presionar demasiado a China por cuestiones como la tortura de los disidentes o las atrocidades en Tíbet.



Esto incluso podría dar lugar a que China padeciera los «perjudiciales efectos de una sociedad aislada de la influencia norteamericana», razón aducida por un grupo de ejecutivos empresariales para levantar las barreras comerciales estadounidenses que los privan de los mercados de Cuba, donde colaborarían a restaurar los «beneficiosos efectos de la influencia norteamericana» que prevalecieron desde la «liberación», hace un siglo, y a lo largo de los años de Batista, las mismas influencias que se han demostrado tan benéficas en Haití, El Salvador y otros paraísos contemporáneos; y que, por casualidad, al mismo tiempo rinden beneficios.(3)

Estas sutiles discriminaciones deben formar parte del bagaje de quienes aspiren a la respetabilidad y al prestigio. Una vez dominadas, entenderemos por qué los derechos de los inversores y los derechos humanos requieren tan distinto tratamiento.



La contradicción del «principio fundamental» sólo es aparente.



Agujeros negros de la propaganda

Siempre es esclarecedor buscar lo que se omite en las campañas de propaganda. La Vía Rápida fue objeto de una enorme publicidad. Pero varias cuestiones esenciales desaparecieron en el agujero negro reservado a los temas considerados no aptos para el consumo público. Uno es el hecho, ya mencionado, de que no era una cuestión de acuerdos comerciales sino más bien de principios democráticos.



Aún más sorprendente es que durante toda la intensa campaña no parece haberse hecho mención pública del inminente tratado que debía haber ocupado el primer plano del interés: el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI), un asunto de mucha mayor importancia que integrar Chile en el TLC u otras minucias que sirvieron para ilustrar por qué el presidente debía negociar en solitario los acuerdos, sin injerencia del público.

El AMI cuenta con el potente apoyo de las instituciones financieras e industriales que han estado íntimamente implicadas en su planeamiento desde el principio: por ejemplo, el Consejo sobre Finanzas Internacionales de Estados Unidos, el cual, en sus propias palabras, «promueve todos los intereses económicos norteamericanos tanto en el interior como en el extranjero».



En enero de 1996, el Consejo incluso publicó una guía del Acuerdo Multilateral sobre inversiones, accesible a su electorado del mundo de los negocios y círculos próximos, y seguramente a los medios de comunicación. Incluso antes de que la Vía Rápida se llevara al Congreso, el Consejo solicitó a la administración Clinton que incluyera el AMI en la legislación a tramitar de inmediato, informaba el Miami Herald en julio de 1997, lo que parece ser la primera mención del AMI en la prensa y una mención excepcional; volveremos sobre los detalles.(4)

¿Por qué entonces el silencio durante la controversia de la Vía Rápida sobre todo lo relativo al AMI?



Una razón plausible viene a la cabeza. Pocos dirigentes políticos y de los medios de comunicación dudan de que el público, si era informado, se hubiera mostrado poco entusiasta del AMI. Los opositores podrían haber blandido, una vez más, su «arma decisiva», caso de haberse filtrado los datos.



Sólo era sensato, pues, llevar a cabo las negociaciones del AMI bajo un «velo de secreto», tomando la expresión usada por el presidente del Tribunal Supremo de Australia, sir Anthony Mason, al condenar la decisión de su gobierno de impedir la inspección pública de las negociaciones sobre «un acuerdo que podría tener gran impacto en Australia si lo ratificamos».(5)

Ninguna voz semejante se oyó por aquí. Habría sido superflua: el velo del secreto se defendió con mucha mayor vigilancia en nuestras instituciones libres.

Dentro de Estados Unidos pocos saben algo sobre el AMI, que ha sido objeto de intensas negociaciones en la OCDE desde mayo de 1995. La fecha originalmente fijada para concluirlo era mayo de 1997. De haberse alcanzado el objetivo, el público habría sabido tanto sobre el AMI como sabe sobre la Ley de Telecomunicaciones de 1996, otro gran regalo público al poder privado concentrado, que se mantuvo en gran parte reducido a las páginas económicas. Pero los países de la OCDE no se pusieron de acuerdo sobre las previsiones y hubo que retrasar un año la fecha fijada.

El plan original y preferencial consistía en forjar el tratado dentro de la Organización Mundial del Comercio. Pero el propósito fue bloqueado por los países tercermundistas, sobre todo por la India y Malasia, que reconocieron que las medidas que se estaban redactando los habrían privado de los instrumentos que habían utilizado los países ricos para fortalecer su posición.



Las negociaciones se trasladaron entonces a los cuarteles generales más seguros de la OCDE, donde se esperaba alcanzar un acuerdo al que «querrían sumarse los países emergentes», según delicada fórmula del Economist de Londres,(6) so pena de verse privados de los mercados y los recursos de los ricos, lo que habitualmente significa la «libertad de elección» en los sistemas con inmensas desigualdades de poder y riqueza.

Durante casi tres años se mantuvo a la vil plebe en la bendita ignorancia de lo que estaba ocurriendo. Pero no por completo. En el tercer mundo se había convertido en un tema candente a principios de 1997.(7) En Australia, la noticia saltó a las páginas económicas en enero de 1998, dando pie a un frenesí de informaciones y controversias en la prensa nacional, de ahí la condena de sir Anthony al dirigirse a una convención en Melbourne.



El partido de la oposición «urgió al gobierno a remitir el acuerdo al comité parlamentario sobre tratados antes de firmarlo», según la prensa. El gobierno se negó a proporcionar al Parlamento una información detallada y a permitir el examen parlamentario.



Nuestra «posición sobre el AMI es muy clara», respondió el gobierno:

«No firmaremos nada a no ser que sea demostrablemente beneficioso para el interés nacional de Australia».

En suma: «Haremos lo que nos dé la gana»; o dicho con mayor exactitud, lo que nos digan nuestros señores; y siguiendo el habitual procedimiento, el «interés nacional» lo definirían los centros de poder, a puerta cerrada.

Bajo la presión, el gobierno aceptó unos días después que un comité parlamentario examinara el AMI. Los editorialistas sancionaron de mala gana la decisión: era necesaria para responder a la,

«histeria xenófoba» de los «alarmistas» y a la «impía alianza de los grupos de ayuda, los sindicatos, los ecologistas y los extravagantes teóricos de la conspiración».

Advertían, no obstante, que después de esta desafortunada concesión es «de vital importancia que el gobierno no retroceda ni un paso más en su firme compromiso» con el AMI.



El gobierno negó la acusación de actuar en secreto, señalando que estaba disponible en Internet un borrador del tratado; gracias a los grupos activistas que lo colocaron allí, una vez que les llegó por filtraciones.(8)

Podemos reconfortarnos: ¡la democracia florece en Australia, de todos modos!

En Canadá, que está ahora afrontando una forma de incorporación a Estados Unidos acelerada por el «libre comercio», la «impía alianza» tuvo mucho mayor éxito. Durante años el tratado se había discutido en los principales diarios y semanarios de información, en las horas punta de la televisión nacional y en reuniones públicas.



La provincia de la Columbia Británica anunció en la Cámara de los Comunes que era «firmemente contraria» al tratado propuesto, señalando las «inaceptables restricciones» que imponía a los gobiernos electos en los planos federal, provincial y local; su perjudicial impacto en los programas sociales (atención sanitaria, etc.), así como en la protección del medio ambiente y en la administración de los recursos; la desusada amplitud con que se definía «inversión»; y otros ataques contra la democracia y los derechos humanos.



El gobierno de la provincia se oponía en especial a las disposiciones que permitían a las corporaciones litigar contra los gobiernos, a la vez que quedaban exentas de cualesquiera obligaciones, y a que se resolvieran sus acusaciones ante «comisiones de arbitraje no elegidos ni responsables ante nadie», que se compondrían de «expertos en comercio» y actuarían sin normas probatorias ni transparencia, y sin posibilidad de apelación.

Al haber sido desgarrado el velo del secreto por las escandaleras procedentes de abajo, el gobierno canadiense tuvo necesidad de asegurar al público que la desinformación se ejercía por su bien.



De la tarea se ocupó, en un debate televisado a escala nacional por la CBC, el ministro federal canadiense de Comercio Internacional, Sergio Marchi:

él «quería pensar que la gente se sentía tranquilizada», dijo, por la «honradez que yo creo que transmite nuestro primer ministro» y «el amor que tiene por Canadá».

Lo cual debía resolver el contencioso. De modo que la democracia también tiene buena salud al norte de la frontera.

Según la CBC, el gobierno canadiense – lo mismo que el australiano – «no tiene en este momento planes para ninguna legislación sobre el AMI» y «el ministro de Comercio dijo que tal vez no fuera necesaria», puesto que el AMI no es más que una ampliación del TLC.(9)

El tema se ha discutido en los medios de comunicación nacionales de Inglaterra y Francia, pero yo no sé si allí, o en cualquier otro lugar del mundo libre, se consideró necesario asegurar al público que cómo mejor cuidan sus intereses es teniendo fe en los dirigentes que «los aman», «rezuman honradez» y defienden inamoviblemente «el interés nacional».

No es demasiado sorprendente que la historia haya seguido un curso único en el estado más poderoso del mundo, donde los «hombres de la mejor calidad» se declaran campeones de la libertad, la justicia, los derechos humanos y – sobre todo – la democracia. Seguramente quienes dirigen los medios de comunicación han estado en todo momento informados sobre el AMI y sus importantes consecuencias, al igual que los intelectuales públicos y los expertos reconocidos.



Como ya hemos hecho notar, el mundo de los negocios estaba al tanto a la vez que participaba activamente. Pero en la más impresionante demostración de autodisciplina, con salvedades que se confunden con el error estadístico, la prensa libre ha logrado mantener a oscuras a quienes confían en ella; una tarea nada sencilla en un mundo tan complejo.

El mundo empresarial apoyó de forma abrumadora el AMI. Aunque el silencio impide demostrarlo con citas, es razonable barruntar que los sectores del mundo empresarial dedicados a ilustrar al público no fueron menos entusiastas. Pero, una vez más, entienden que podría desenvainarse el «arma decisiva» si la vil plebe se huele lo que se está haciendo. El dilema tiene una solución lógica.



Llevamos ya casi tres años observándola.



Electorados respetables y no respetables

Los defensores del AMI tienen un argumento de peso: los críticos carecen de información para plantear las cosas de manera convincente. El propósito del «velo de secreto» ha sido el de garantizar el resultado y el empeño ha tenido un cierto éxito.



Esto es más espectacular en Estados Unidos, que disfruta de las instituciones democráticas más estables y más antiguas del mundo y puede alegar con todo derecho ser el modelo de democracia con capitalismo de estado. Dada la experiencia y el estatus, no es sorprendente que los principios de la democracia se comprendan con claridad en Estados Unidos y se expongan lúcidamente en las altas esferas.



Por ejemplo, el distinguido científico Samuel Huntington, en su texto American Politics, observa que el poder debe ser invisible si quiere ser eficaz.

«Los arquitectos del poder en Estados Unidos deben crear una fuerza que se deje sentir pero no ver. El poder se mantiene fuerte cuando se mantiene en la oscuridad; expuesto a la luz del sol comienza a evaporarse.»

Ilustró esta tesis en el mismo año (1981) mientras explicaba la función de la «amenaza soviética»:

«Es posible que haya que vender [la intervención u otra acción militar] de tal modo que se cree la falsa impresión de que se está luchando contra la Unión Soviética. Es lo que Estados Unidos viene haciendo desde la doctrina Truman».(10)

Dentro de estos límites – «creando la falsa impresión» para engañar al público y dejarlo literalmente excluido – deben ejercer su pericia los líderes responsables en las sociedades democráticas.

No obstante, no sería justo acusar a las potencias de la OCDE de llevar las negociaciones en secreto. Después de todo, los activistas lograron poner una versión del borrador en Internet, luego de haberla conseguido de manera ilegal. Los lectores de «prensa alternativa» y de periódicos del tercer mundo y los que están infectados por la «impía alianza» han estado al corriente de los acontecimientos desde principios de 1997, por lo menos.



Y desde la corriente principal, nada hay que oponer a participar directamente en una organización que «vela por los intereses mundiales de las finanzas norteamericanas» y sus contrapartidas en otros países ricos.

Pero hay unos cuantos sectores que de alguna manera no han sido tenidos en cuenta: el Congreso estadounidense, por ejemplo. El pasado noviembre, veinticinco representantes de la Cámara enviaron una carta al presidente Clinton exponiéndole que habían «llamado su atención» las negociaciones del AMI, presumiblemente gracias a los esfuerzos de los activistas y otros grupos interesados por las cuestiones públicas.(11)



Pedían al presidente que respondiera a tres sencillas preguntas.

Primera:

«Dados los recientes alegatos de la administración de que no puede negociar acuerdos complicados, multisectoriales y multilaterales sin las facultades de la vía rápida, ¿cómo es que casi se ha completado el AMI», con un texto «tan complicado como el del TLC o el GATT» y con estipulaciones que «requerirían sustanciales limitaciones de las leyes y los principios norteamericanos referentes a la normativa federal, estatal y local sobre inversiones?».


Segunda:

«¿Cómo se ha estado negociando este acuerdo, desde mayo de 1995, sin ninguna consulta ni vigilancia del Congreso, teniendo en cuenta, especialmente, la autoridad constitucionalmente exclusiva que tiene el Congreso para regular el comercio internacional?».


Tercera:

«El AMI es muy prolijo sobre las intervenciones, lo que permitiría a un inversor o empresa extranjera pleitear directamente contra el estado estadounidense por perjuicios si adoptáramos alguna medida que restringiera el "disfrute" de una inversión. Estas formulaciones son burdas y vagas y van notoriamente más allá del limitado concepto de intervención que determina la legislación interior norteamericana. ¿Por qué habría de ceder voluntariamente Estados Unidos su inmunidad soberana y exponerse a ser condenado a pagar perjuicios en nombre de vaguedades como las que hablan de tomar medidas "con efectos equivalentes" a una expropiación "indirecta"?».

En el punto tres, los signatarios tal vez estuvieran pensando en el pleito de la Ethyl Corporation – famosa por producir gasolina con plomo – contra Canadá, en el que solicita 250 millones de dólares para cubrir las pérdidas derivadas de la «expropiación» y los perjuicios sufridos por el «buen nombre» de la Ethyl a consecuencia de que la legislación canadiense prohibió el MMT, un aditivo de la gasolina.



Canadá considera que el MMT es una toxina perjudicial y un riesgo significativo para la salud, en concordancia con la Agencia norteamericana de Protección del Medio Ambiente, que restringió tajantemente su uso, y con el estado de California, que lo ha prohibido por completo.



La querella también solicita daños y perjuicios por el «efecto disuasorio» de la ley canadiense, que ha hecho que Nueva Zelanda y otros países revisen el uso del MMT, acusa la Ethyl. Pero quizá los firmantes estuvieran pensando en la querella contra México de la empresa norteamericana Metalclad, dedicada a la manipulación de residuos peligrosos, que reclama 90 millones de dólares por los perjuicios de una «expropiación» debida a que se incluyó dentro de una zona ecológica protegida un emplazamiento previsto para los residuos peligrosos.(12)

Estos pleitos se están llevando adelante dentro de las normas del TLC, que permiten a las corporaciones querellarse contra los estados, otorgándoles de hecho los derechos de un estado nacional (no de simples personas, como antes). La presumible intención es sondear y, si es posible, expandir los (vagos) límites de estas normas.



En parte son sólo intimidatorias, un instrumento reconocido y a menudo eficaz a disposición de aquellos con posibles para conseguir lo que quieren mediante amenazas legales que tal vez sean del todo frívolas.(13)

«Teniendo el cuenta la enormidad de las potenciales consecuencias del AMI», concluía la carta de los congresistas al presidente, «aguardamos ansiosamente sus respuestas a las preguntas».

Una respuesta llegó finalmente a los firmantes y no decía nada. Los medios de comunicación estuvieron informados sobre todo esto, pero no sé que le hayan dado ninguna cobertura.(14)

Otro colectivo que ha sido menospreciado, junto con el Congreso, es la población. Aparte de la prensa económica, no hubo, que yo sepa, ninguna atención por parte de la prensa de gran difusión hasta mediados de 1997, y prácticamente no ha habido ninguna desde entonces. Como ya se ha mencionado, el Miami Herald daba cuenta del AMI en julio de 1997, señalando el entusiasmo y la participación directa del mundo de los negocios.



El Chicago Tribune publicó una información en diciembre, observando que el asunto «no había sido objeto de ninguna atención pública ni de debate político», salvo en Canadá.



En Estados Unidos, «esta oscuridad parece deliberada», denuncia el Tribune.

«Fuentes gubernamentales dicen que la administración ... no está interesada en promover más debates sobre la economía global.»

A la luz del ánimo del público, el secreto es la mejor política y se confía en la connivencia del sistema de información.

El Newspaper of Record rompió su silencio pocos meses después, publicando un anuncio pagado por el International Forum on Globalization, que se oponía al tratado.



El anuncio cita un titular del Business Week que describe el AMI como,

«el explosivo pacto comercial del que nunca se ha sabido nada».



«El acuerdo ... reescribiría la normativa sobre la propiedad extranjera: afectaría a todo, desde las fábricas hasta los bienes raíces e incluso a los valores financieros. Pero muchos legisladores nunca han sabido nada del Acuerdo Multilateral sobre Inversiones debido a que las conversaciones secretas del presidente Clinton se han celebrado a cubierto del radar del Congreso», y los medios de información se han atenido al programa de la Casa Blanca.

¿Por qué?, pregunta el Foro Internacional, respondiendo implícitamente con un repaso a las principales características del tratado.

Pocos días después (el 16 de febrero de 1998), la Morning Edition de Newspaper of Record presentaba un fragmento del AMI. Una semana después, el Christian Science Monitor publicaba un fragmento (bastante magro). El New Republic ya se había dado por enterado de que estaba surgiendo interés público por el AMI.



El tema no había sido adecuadamente cubierto en sectores respetables, llegaba a la conclusión el New Republic, porque «la gran prensa», bien que por regla general se inclina hacia la izquierda, aún se inclina mucho más hacia el internacionalismo. De ahí que los izquierdistas de la prensa no hubieran sabido percibir la oposición pública a la Vía Rápida en su momento ni se habrían dado cuenta de que los mismos alborotadores «están ya armándose la batalla» contra el AMI.



La prensa debía hacer frente a sus responsabilidades con más seriedad y lanzar un golpe preventivo contra la «paranoia del AMI», que ha ido «rebotando a través de Internet» e incluso dando lugar a conferencias públicas.



Tal vez no fuera suficiente ridiculizarlos con aquello de «la tierra arrasada y el enjambre de helicópteros negros». El silencio tal vez tampoco fuese la actitud más acertada para que los países ricos pudieran «sellar la liberalización del derecho internacional sobre inversiones lo mismo que el GATT había codificado la liberalización del comercio».

El 1 de abril de 1998, el Washington Post dio al público nacional la noticia en un artículo de opinión escrito por Fred Hiatt, editorialista de plantilla.

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