La andanada contra los indigenas

Seria un crimen institucionalizar la marginación y exclusión de los pueblos originarios, incitando al resto de la sociedad a considerarlos como los nuevos responsables de las inequidades del país.]


En las últimas semanas, el país ha presenciado una andanada de declaraciones en contra de los miembros de los pueblos indígenas de Colombia por parte de altos funcionarios del gobierno central, y de columnistas afectos a este. La virulencia inesperada de esos ataques nos muestra que el país al parecer transita de una etapa en donde predominaban las actitudes soterradas de prejuicios racistas, por parte de algunos grupos e individuos de la sociedad dominante, a una etapa de discriminación institucionalizada de los pueblos originarios promovida desde los más altos niveles de decisión del país.

Como para que no hubiese dudas sobre la oficialidad de esta postura fue el propio Presidente de la República quien inició la embestida al denunciar la existencia de una gravísima inequidad en materia de tierras y revelar que un grupo de privilegiados ciudadanos colombianos: las comunidades indígenas, que representan solo el 2.2 por ciento de la población, tienen el 27 por ciento de las tierras del país. El ministro de agricultura se sumó -como no hacerlo- a las declaraciones de su superior y afirmó que en las marchas indígenas del Cauca eran inspiradas por terroristas. La columnista María Isabel Rueda afirmó que las actitudes de los indígenas de aferrarse a sus leyes y costumbres la “enfermaban” y el general Valencia Tovar consideró que el camino a seguir es buscar rápidamente “ la forma de integrar a indígenas y negritudes africanas al cuerpo social de la nación” No dejó claro el general si esa integración se haría mediante el retorno a las misiones religiosas similares a las del siglo XIX.

Estas groseras simplificaciones parecen constituir el norte de un nuevo horizonte ideológico que se trata de imponer al país desde las alturas del poder económico y político. Ya se comentaba en los cocteles de los empresarios y en los costureros de las damas bogotanas que el reconocimiento de los territorios indígenas en la constitución de 1991 había sido un “error histórico” muy costoso para el desarrollo futuro del país. Curiosamente, ahora que se acercan fechas conmemorativas como el bicentenario bien valdría la pena invertir la reflexión a partir de esos planteamientos perversos y preguntarnos ¿Cómo estos grupos humanos llegaron a perder el 73 por ciento de su territorio?¿ ¿Cómo en este territorio, que en un acto de fe llamamos Colombia, sus habitantes originarios pasaron a ser solo el 2.2 por ciento de la población? ¿Cuántas de estas hectáreas corresponden a parques nacionales o a tierras no aptas para la agricultura?. Apelar al argumento de la mayoría demográfica para justificar la dominación de las minorías étnicas y culturales constituye una visión de evolucionismo social difícil de justificar hoy en el escenario internacional.

La clave del asunto se encuentra en la construcción histórica del Estado-Nación, en Colombia que ignoró la presencia de unos pueblos históricos cuya organización política, social y jurídica preexistía a la República. El reconocimiento de sus derechos no constituye una amenaza para los demás colombianos. Dadas las profundas inequidades existentes en materia social y económica entre estas comunidades y el resto de la nación lo que estos Pueblos buscan no es una mera igualdad retórica: la de ser iguales ante la ley, sino una real: la de ser iguales a través de la ley.

En lugar de presentar a los miembros de los pueblos indígenas como nuevos latifundistas y de tomar una actitud anti-pobres, el gobierno central y otros sectores económicos de la sociedad nacional deberían dedicar su esfuerzos a romper el circulo de violencia sistemática, discriminación y pobreza en que se encuentran sumidos sus conciudadanos indígenas. Esta situación dramática trasciende lo nacional. La Organización Mundial de la Salud ha afirmado que la esperanza de vida para los 300 millones de indígenas del planeta es de 10 a 20 años menor que la del resto de la población; la mortalidad infantil es 1,5 a 3 veces mayor que el promedio de los miembros de las poblaciones no indígenas..

Seria un crimen institucionalizar su marginación y exclusión incitando al resto de la sociedad nacional a considerarlos como los nuevos responsables de las inequidades sociales y económicas del país. Los pueblos indígenas de Colombia constituyen el fundamento mismo de la nacionalidad y si se aprenden las lecciones históricas de lo sucedido en Ecuador y Bolivia son para los gobiernos un referente de su legitimidad.




FUENTE

La Andanada Contra Los Indigenas


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