Los niños deben conocer sus derechos y responsabilidades


La clave pasa porque los gobernantes se planteen a la educación como una política de Estado.

La educación como sistema formal fue avanzando y profundizándose a lo largo de la historia. Domingo Faustino Sarmiento –como precursor de la educación pública en nuestro país, a pesar de su controvertida labor – hizo su parte, convencido de que era la herramienta indispensable para el crecimiento y desarrollo de nuestro país. Más aún, Belgrano, en sus campañas al Norte, dejó su valioso antecedente y visión al fundar escuelas, seguro de la importancia que ello traería aparejado. Claro que la educación formal que hoy conocemos recorrió un largo camino hasta ser considerada educación para todos.

No podemos hablar de la educación como derecho sin remitirnos a las bases constitutivas que se encuentran en la ley 1.420, al plantear su carácter público, laico y gratuito. Con más peso todavía cuando se la reconoce en el mayor de los rangos normativos de nuestro país: el derecho a la educación tiene rango constitucional en su artículo 14 que consagra “el derecho a enseñar y aprender”. En este nivel jurídico se fortalece su reconocimiento con la incorporación al artículo 75 de los tratados internacionales, entre ellos, la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Posteriormente, y en esta dirección, Argentina tiene una ley de educación nacional y una ley nacional de protección integral de los derechos de las niñas, niño y adolescencias, con sus correlatos a nivel provincial.

Ahora bien, cuántas veces escuchamos decir a docentes y padres en un tono quejumbroso “mucho se habla de los derechos de los chicos pero quién habla de los deberes”, “parece que ahora los chicos tienen solo derechos”, “a mis hijos les enseñaron en la escuela que sólo tienen derechos; ¿los padres tenemos que enseñarles las obligaciones?”. Estos y otros enunciados son parte de un enojo generalizado en la sociedad de hoy. Y tal vez, la vulneración reiterada de esos derechos no logró vislumbrar que no hay forma de entender un derecho si a este no le va “pegadito” una responsabilidad para ejercerlo.

Esto significa que en la tarea educativa, y en especial, en la vida de las escuelas, debemos trabajar en este sentido y sólo así vamos a lograr nuestro cometido: formar y contribuir a la construcción de la ciudadanía de niñas y niños responsables para una sociedad más justa, pues, hablar de responsabilidad, en lugar de deberes, es hablar de respeto, solidaridad y libertad.

Otras responsabilidades le competen al mundo adulto como garantes de esos derechos, en especial, la educación. A los funcionarios, de velar por políticas que garanticen educación en cobertura y calidad; a los padres, de acompañar el proceso educativo de sus hijos; a los docentes, en su carácter de agente del Estado, que tiene obligaciones contraídas desde el momento que asume el cargo en la labor pedagógica.

El desafío de velar por el derecho a la educación estará dado por la capacidad de nuestros gobernantes de hacer de ello una política de Estado, y no una competencia desenfrenada por ver quién es más original y novedoso, desechando lo anterior por “viejo”, “obsoleto” o simplemente de otro “color político”.

El derecho de un niño es, además de tener una escuela, un banco y un docente, la posibilidad de que sus padres tengan los medios para garantizarles una buena educación a sus hijos. Sólo así estaremos educando con el ejemplo y enseñándoles a nuestros niños que todo derecho trae consigo una obligación. Si no es en esta dirección, estaremos nivelando hacia abajo y confundiendo más que educando.


MARÍA FERNANDA CECCARINI
Lic. en Ciencias de la Educación

Fuente