Modelo de carta de defensa ante una multa fotografica

Hola a todos!!

Hace unos días me llegó una pequena multita de la municipalidad de Carcarana en Santa Fé, de módicos $848.


Como pagarla ni se me cruzó por la cabeza , investigué un poquito y la defensoria del pueblo de esa provincia me envió una carta modelo para que quienes no vivimos en ese lugar podamos defendernos. Supongo que esto le puede servir a varios, salvo a lo muy CULIADOS del tribunal de faltas del ORTO de ese municipio.

Les dejo el modelo que se adapta perfectamente a las infracciones por circular supuestamente con luces bajas apagadas.

Espero les sirva y saludos!!! Ahi va:


CARTA CERTIFICADA CON AVISO DE RETORNO PLEGADA SIN SOBRE CON COPIA EN PODER DEL REMITENTE VÁLIDA PARA JUICIO.
RECURSO DE APELACIÓN Y NULIDAD.


Tribunal Administrativo de Faltas
......................................................
......................................................
C.P. (.............) - .................. - .....................


Ref.: Actas Nº:...........................................

Quien suscribe, ................................................................................................................................., por derecho propio, constituyendo domicilio legal en la calle ................................................................................ de la ciudad de ............................... ., provincia de .............................. se presenta y dice:
Que viene a interponer formal recurso de apelación judicial y conjunta nulidad de la Sentencia administrativa referida, a fin de que atento el estado de la causa- multa aplicada-, la Municipalidad remita la misma ante el Juzgado perteneciente al Poder Judicial Provincial que corresponda a mi domicilio, a los efectos de que el mismo proceda a revisar el fallo administrativo y a resolver si el mismo constituye título hábil para la ejecución de la vía de apremio de la pena de multa impuesta, remisión garantizada en el art. 71 y 74 de la Ley Nacional Nº 24.449 (autos “Raschetti, Germán A. c/ Comuna de Sanford s/ Recurso de Inconstitucionalidad, Expte. C.S.J. Nº 148, año 2006” resueltos por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe).
Fundamento este recurso en los siguientes argumentos:
Niego haber cometido infracción alguna. En cuanto a los hechos que se me endilgan debo señalar que, en ningún momento circulé por la ruta señalada sin luces bajas encendidas, a resultas de lo cual la imputación es absolutamente improcedente, ilegal y producto de maniobras que encuadran en un ilícito penal.
No cumplen su obligación legal de notificar fehacientemente (con constancia de recepción según exige la ley 24,449, 11.583 y 12,217) las actas y resoluciones, por lo que al encontrar fortuitamente una notificación de “resolución administrativa” he procedido a ejercer mi defensa.
Debo manifestar que nunca me entere del procedimiento administrativo que se me iniciaba, todo ello a pesar del art. 69 de la ley 24449 que establece que “El procedimiento para aplicar esta ley debe (...) a) Asegurar el pertinente proceso adjetivo y el derecho de defensa del presunto infractor”.
Nunca recibí notificación alguna, siendo dable recordar aquí lo establecido por la ley nacional de tránsito nº 24449 que dispone en su art. 69 “El procedimiento para aplicar esta ley debe (...) d) Tener por válidas las notificaciones efectuadas con constancia de ella, en el domicilio fijado en la licencia habilitante del presunto infractor”, es decir que las notificaciones deben ser realizadas de modo fehaciente, cosa que no existió en el sub-examine.
Obteniéndose una foto que como medio probatorio es lograda sin tener en cuenta las garantías constitucionales del debido proceso y derecho de defensa (art. 18 CN) además de haber sido implementado como sistema bajo un obrar que es calificable de furtivo, se transforma la finalidad preventiva de los controles de tránsito en un elemento recaudador más para el Municipio (tomado de la recomendación realizada por la Defensoría del Pueblo de Paraná, en fecha 26 de julio de 2004).
Con el mencionado mecanismo se violenta la presunción de inocencia que rige a favor del imputado de la comisión de una infracción administrativa, por lo que no basta la simple fotografía que fue tomada sin cumplimentar las disposiciones legales vigentes para servir de suficiente prueba de cargo (fallo del Juzgado de Instrucción de Diamante, Prov. de Entre Ríos, Autos “Bevilacua Hugo s/ Recurso de Apelación s/ Acta de Comprobación”, 09/02/2001, y lo expresado por el jurista Juan C. CASSAGNE, en “Derecho Administrativo”, T. II, pág. 582, cuando manifiesta que “una consecuencia trascendente de esta presunción, que viene dada por la necesidad de que se pruebe de una manera efectiva la culpabilidad del particular, consiste en el desplazamiento, en materia penal, de las presunciones de legalidad del acto administrativo, que de mantenerse, conducirían a transferir la carga de la prueba al acusado, con la obligación consiguiente de acreditar su inocencia, lo que implicaría sumirlo en una total indefensión”).
Por lo tanto, no puede soslayarse que en el ámbito del procedimiento administrativo de faltas son plenamente eficaces los principios contenidos en la normativa penal procesal y de fondo, con sus bases constitucionales, a los que reenvía en forma expresa el art. 90 de la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449.
Además se violenta el art. 70 de la referida ley nacional que dispone “Las autoridades pertinentes deben observar las siguientes reglas: en materia de comprobación de faltas: 3. Identificarse ante el presunto infractor indicándole la dependencia inmediata a la que pertenece; 4. Utilizar el formulario de acta reglamentario, entregando copia al presunto infractor salvo que no se identificare o se diere a la fuga, circunstancia que se hará constar en ella”.
Quien es competente para realizar la constatación, es el funcionario administrativo al que se refiere el art. 70 de la ley 24449. Al no haber existido dicho funcionario en el lugar y aunque cualquier persona bajo cualquier título haya firmado el acta, la misma es nula de nulidad absoluta. (En este sentido, Adriana Taller, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la U.N.R. y Norberto Q. Martínez Delfa, Director del Centro de Estudios de Administración Local, Facultad de Derecho de la U.N.R, Dictámenes elaborados para la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe).
En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe que declaró la nulidad del acta de constatación por la violación del art. 70 de la ley 24.449, expresando el más alto tribunal que “adolecía de nulidad el acta de comprobación de la infracción, dado que, el inspector municipal, a quien correspondía constatar la infracción, detener el vehículo, identificarse indicando la dependencia inmediata a la cual pertenece e identificar al conductor, no intervino en la constatación de la presunta infracción, sino que se limitó a rubricar la fotografía extraída a través de mecanismos técnicos días después de obtenida ésta, desoyendo de tal forma lo impuesto por el artículo 70 de la ley nacional 24.449 y su concordante reglamentación provincial y comunal” (Raschetti, Germán A. c/ Comuna de Sanford s/ Recurso de Inconstitucionalidad, Expte. C.S.J. Nº 148, año 2006, voto del Ministro Dr. Falistocco, considerando 4 del voto a la segunda cuestión sometida a decisión)
Respecto de la ausencia del funcionario público en la constatación del hecho, su relación con el fin de educación vial y los abultados montos reclamados, debe recordarse lo dicho por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, en cuanto “existe una carencia total de razonabilidad en los montos reclamados, que ascienden por lo general a estrepitosas multas, no concediéndose e derecho de apercibimiento por la falta de reglamentación específica que lo imponga, circunstancia ésta que junto a la inobservancia del art. 70 de la ley 24.449, transforma a todo el sistema de sanciones en una maquinaria abiertamente recaudatoria y despreocupada por el verdadero, legítimo y hoy inexistente fin de educación vial y prevención de accidentes”, recomendándose que se adopte la aplicabilidad del apercibimiento temporáneo en todos los casos (tomado de los considerandos y del art. 2 de la Resolución Nº 125 de fecha 18 de julio de 2007, dictada por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe).
Las disposiciones de la mencionada Ley Nacional significan garantías mínimas que hacen a la constatación verídica del hecho, y por tanto hacen efectivo el derecho a la defensa de raigambre constitucional, que al no respetarse en este caso significa una grosera violación de la Constitución Nacional, Instrumentos Internacionales, Leyes Nacionales y Leyes Provinciales, todo ello atentatorio también de la jerarquía constitucional derivada de los artículos 31 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.
Recuerdo a su excelencia que la legalidad de la administración es un pilar fundamental sin el cual no existe estado de derecho. La no sujeción de los órganos del Estado a la ley transforma al Derecho en un descarnado medio de dominación, violentando el fin legítimo de convivencia pacífica que lo inspira.
Que son requisitos que deben cumplirse en el Estado de Derecho los que se enumerarán a la brevedad, estas son exigencias básicas que hunden su razón de ser en lo más profundo de una verdadera ontología de lo que debe ser el actuar de personas físicas y jurídicas, ya sean estas públicas o privadas conforme a la ley y a las instituciones democráticas, a saber: 1) Imperio de la ley, como expresión de la voluntad general y popular, creada por el poder constituyente y constituido. 2) División de poderes. 3) Legalidad de la administración, lo que implica que la Administración, debe someterse a la ley, debe ajustar su actuación a la ley y sólo podrá realizar actos que estén permitidos por una ley preexistente, siendo éste el fundamento y el marco en que actúa. Cuando se viola el principio de legalidad, funciona el sistema de control y responsabilidad de la administración pública, donde debe asegurarse el comportamiento de ésta conforme a Derecho y que sirva de garantía a la seguridad jurídica de los ciudadanos. Esto es lo que requerimos en el presente descargo, para evitar el abuso de poder y la violación al Estado de Derecho. 4) Asegurar los derechos, libertades y garantías, dado que además de su existencia jurídico formal con rango supremo, en nuestra Constitución Nacional y en los instrumentos de derecho internacional con igual rango, en virtud de lo preceptuado por el artículo 75 inciso 22; son “ ... exigencias éticas que en cuanto conquista histórica constituyen hoy elemento esencial del sistema de legitimidad en que se apoya el Estado de Derecho. El establecimiento jurídico-constitucional de los derechos humanos fundamentales aparece, en efecto, como eje de todo Estado de Derecho” (Véase DÍAZ , Elías en “Estado de Derecho y sociedad democrática”. Editorial Taurus. Madrid. España 1.986.pp 31,42).
En el caso en cuestión se me ha negado mi garantía constitucional de la defensa en juicio, por cuanto nunca se me notificó del procedimiento administrativo que se me iniciaba, todo ello en virtud de la ilegitimidad total del sistema de aplicación de multas, que no respeta la ley nacional en ninguno de sus aspectos, y específicamente en el tópico en tratamiento se violenta el art. 69 que establece “El procedimiento para aplicar esta ley es el que establece en cada jurisdicción la autoridad competente. El mismo debe inc. d) tener por válidas las notificaciones efectuadas con constancia de ella”.
Que no cabe duda alguna que en el caso se violentan normas fundantes del Estado de Derecho, que bajo ningún concepto jurídico, fáctico y axiológico se puede tolerar.
Hago expresa reserva de efectuar la denuncia penal ante la Fiscalía que corresponda por la supuesta comisión de los delitos de Abuso de Autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal), y de accionar judicialmente por los daños y perjuicios ocasionados.
Asimismo reservo derechos de ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia Provincial por violación del derecho de defensa e irrazonablilidad por cuanto se me condena cuando las pruebas de cargo presentadas en mi contra son ilegítimas e insuficientes. Reservo caso federal por violación del derecho de defensa, irrazonabilidad y arbitrariedad manifiesta. Dejo planteado mi derecho de recurrir ante la Comisión Interameticana de Derechos Humanos dentro del marco del sistema interamericano creado por el Pacto de San José de Cosa Rica.
Por lo anteriormente expuesto, solicito se tenga por presentado recurso de apelación y nulidad conforme art. 74 de la ley 24449 por ser nula el acta de infracción y supuesto procedimiento realizado sin oportunidad de defensa.

Firma
Aclaración
D.N.I.

Fuentes de Información - Modelo de carta de defensa ante una multa fotografica

Dar puntos
35 Puntos
Votos: 4 - T!score: 9/10
  • 2 Seguidores
  • 34.502 Visitas
  • 33 Favoritos

4 comentarios - Modelo de carta de defensa ante una multa fotografica

@Tancargoso Hace más de 5 años
gracias por el dato jaja
@tepeguncho Hace más de 5 años
BUENISSSIMO....vos no podes pero ellos si pueden cometer infracciones ...como por ejemplo el \"sacafotos \" que se pone en la doble \"S\" de figueroa alcorta (en la vieja entrada del kdt )abajo del puente del tren ARRIBA DE LA PLAZOLETA ESTACIONADO . cometiendo infraccion flagrante y cagando a los que doblan a mas de 60 o 70 ..(hay que pasar despacio y putearlos por alcahuetes)...
@delitu Hace más de 5 años
Gracias!!! +10
@GameLover Hace más de 3 años
me explicas mejor para q sirve? xq ami me llego una multa de entre rios,, y nose dq es,.. esto para q sirve?