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Viajas a Mendoza en auto en cualquier epoca del año Leer!!

A todos los que viajen a la Provincia de Mendoza; tengan cuidado con la policia provincial o caminera (coimenera deberia decir) por que si tienen la mala suerte de tener un auto nuevo con patente que comienze con H o G los van a parar inventandoles una infraccion !!! Para coimear sobre todo si no sos de la provincia !!!! BAJO NINGUN PRETEXTO DE LO QUE LOS POLICIAS PROVINCIALES O DE LA CAMINERA ESGRIMAN LES ENTREGUEN EL CARNET DE CONDUCTOR, POR QUE ES LA MEDIDA EXTORSIVA PARA PEDIRLES PLATA, ELLOS NO TINEN PODER PARA RETENER NINGUN DOCUMENTO PUBLICO SEA LICENCIA DE CONDUCIR TARJETA VERDE O COMPROBANTE DE SEGURO !!!!

LES CUENTO QUE A MI ME LO QUISIERON HACER PERO GRACIAS A UN ABOGADO QUE ME BRINDO LA INFORMACION NECESARIA PARA PODER REALIZAR EL DESCARGO CORRESPONDIENTE Y ADEMAS ME ANULARAN LA INFRACCION MAL HECHA. LES ADJUNTO EL FALLO QUE DECLARO INSCONTITUCIONAL LA MEDIDA DE RETENER EL MISMO Y LOS ARTICULOS PERIODISTICOS QUE LO CONFIRMAN !!!!

NO NOS DEJEMOS ESTAFAR !!!! ENTRE TODOS PODEMOS AYUDARNOS A CONSTRUIR UN PAIS MEJOR !!! DENUNCIEMOS ESTOS HECHOS BASTA DE CORRUPCION !!!!


NO HACE FALTA QUE LO LEAN TODO EL FALLO, SOLO LOS ARTICULOS CON RELACION AL FALLO LO PUEDEN COPIAR Y LLEVAR EN UN PENDRIVE CON LOS ARTICULOS PERIDIOSTICOS Y ENSEÑARSELOS AL POLICIA QUE LOS DETENGA !!!

Fallo

En Mendoza, a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil cinco, reunida la Sala Segunda de la Exce­lentí­sima Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordina­rio, tomó en consi­deración para dictar senten­cia definitiva la causa N° 83.879,caratu­lada “NEDO CARLUCCI, DOMINGO POR APELACIÓN VIAL S/INCONSTITUCIONALIDAD”.-

De con­formi­dad con lo decretado a fojas 73 y posteriormente modificado a fs. 77, quedó establecido el siguiente orden ­­de votación de la causa por parte de los Seño­res Ministros del Tribunal: primero Dr. CARLOS BÖHM, segundo Dr. PEDRO J. LLORENTE­ y terce­ro Dr. HERMAN A. SALVINI.-

ANTECEDENTES:

A fs. 43/51 vta., el Sr. Nedo Carlucci, por derecho propio, interpone recurso extraordinario de inconstitucionalidad contra el apartado “D” de la sentencia absolutoria dictada a fs. 39 y vta. de los autos n° 14.516, caratulados “CARLUCCI, Domingo Nedo p/Apelación Vial”, originarios del Juzgado Correccional y Faltas de la Cuarta Circunscripción Judicial.-

A fojas 72 se da trámite de ley al recur­so inter­puesto y se fija fecha de audiencia para deliberar, la que es realizada a fs. 73 donde se señala el orden de votación de la causa, modificado a fs. 77, y se fija fecha de lectura de sentencia, la que es prorrogada a fs. 75.-

De conformidad con lo establecido por el artículo 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA: ¿Es procedente el recurso interpuesto?

SEGUNDA: En su caso, ¿qué solución corresponde?

TERCERO: Pronunciamiento sobre costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN, EL DR. CARLOS BÖHM, DIJO:

Atento a las particularidades del presente caso, en primer lugar corresponde expedirme, - por razones de derecho que sostengo -, respecto de la procedencia formal de la vía impugnativa escogida por el recurrente.-



I. Competencia del Tribunal para entender en el recurso de inconstitucionalidad incoado:

Para dar sustento a la premisa sentada anteriormente, sostengo que este Tribunal posee jurisdicción para entender en el presente caso.-

Nuestra Constitución Provincial, en el art. 144 inc. 3°, en lo que aquí interesa dispone: “La Suprema Corte de Justicia, tendrá las siguientes atribuciones y deberes, sin perjuicio de los demás que determine la ley: ejerce jurisdicción originaria y de apelación para conocer sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por la Constitución y se controviertan por parte interesada.”.-

Del texto constitucional surge que este Tribunal posee competencia, para entender en los presentes obrados, desde que la cuestión constitucional ha sido traída en un caso concreto, y planteado por parte interesada. El recurso previsto en el art. 144 inc. 3° de la Constitución Provincial, es otorgado sin restricciones y no puede ser excluido ni limitado por una ley procesal. De aceptarse las limitaciones contenidas en la ley procesal, la competencia de este Tribunal, diseñada por la Constitución Provincial, se vería afectada por el legislador infra constitucional. (cfm. Cafferata Nores, Tarditti, “Código Procesal Penal, Provincia de Córdoba”, págs. 491/492).-

En abono de lo que vengo afirmando, destacada doctrina, sostiene que:



“En un sentido similar, la Corte ha resuelto que la controversia en que se persigue en sede local una declaración de inconstitucionalidad de acuerdo con la Constitución de la Provincia y leyes de rito aplicables, autoriza también la competencia judicial para el examen de los planteos con base en la necesaria preeminencia de las normas federales.” (Fallo 298-679); o bien, “se reconoce como principio elemental de esa impugnación que ello importa, una formulación de presupuestos fundamentales para mantener el control de la Constitución, a fin de que los principios, declaraciones, derechos, seguridad y garantía en ellos consagrados, no se vean desvirtuados por leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos. (L.L. 97-522), pues siempre que se desconozca la supremacía de la norma constitucional y se cause con ello un perjuicio a una parte de el litigio, debe quedar abierta la vía del recurso para que el derecho constitucional sea declarado con certeza por el Tribunal Superior.” (cfm. Ábalos, Raúl “Derecho Procesal Penal, Tomo II”, Ediciones Jurídicas Cuyo, pag. 523).-

Siendo ello así como es sabido, el recurso de inconstitucionalidad, pretende mantener los principios fundamentales constitucionales contra las normas legales que versan sobre esa materia y sean contrarios al texto o la doctrina de la Carta Fundamental. Solo funciona en presencia de la invocación de la injusticia del fallo en relación directa con lo prescripto por normas constitucionales (nacional o provincial) y siempre que del hecho resulte que el interés lesionado aparece sufriendo un perjuicio definitivo. En síntesis, entiendo que el agravio expuesto en la queja bajo análisis, resulta viable desde que se refiere concretamente a la aplicación de una norma que se reputa inconstitucional. Dicho con otras palabras, el recurso en intento, no está impugnando la errónea aplicación de la ley sino la ley misma.-

No omito en el tratamiento de las consideraciones generales vertidas, los precedentes de la Sala, tanto en anteriores como en su actual composición, en tanto afirman que: “El recurso de inconstitucionalidad es procedente siempre que se cuestione la constitucionalidad de una ley, ordenanza, decreto o reglamento que estatuya sobre materia constitucional, es decir cuando el agravio cuestione algunas de las normas mencionadas, y no cuando se objeten las decisiones jurisdiccionales.” (“Abue Bogarín” L.A. 194-021). En idéntico sentido entre otros: “Fernández Ponce” (L.A. 192-139); “Ozan Rodríguez” (L.A. 189-103) y “Jiménez Luis Alberto” (L.A. 188-182).-



Pero por otro lado, también es posición de la Sala, que el recurso de inconstitucionalidad previsto por el art. 148 del Código de Faltas, se concede en forma amplia, sin limitación. Ello es así, desde que el Código Procesal Penal resulta de aplicación supletoria, siempre que no se oponga a lo expresamente establecido en el Código de Faltas y las limitaciones previstas en el rito penal, en orden al recurso de inconstitucionalidad, no pueden limitar los alcances de éste que de acuerdo al Código de Faltas se otorga en forma amplia.-

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza conoce de la inconstitucionalidad de las leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones o reglamentos que estatuyan materia regida por la Constitución y que se controviertan por parte interesada. Asimismo conoce de todos aquellos supuestos que vulneren derechos garantizados por la Constitución, entre otros el derecho de defensa. Toda lesión de orden constitucional resulta reparable por vía de este recurso. En lo que aquí interesa, cabe acotar que el remedio intentado cabe para enmendar las anomalías procedimentales y arbitrariedades que pongan en peligro las garantías constitucionales en general y, en especial el derecho de defensa. (L.S. 168-315).-

Por estas razones, afirmo la viabilidad del recurso en intento. Por ello me avoco a las constancias de los presentes obrados, a efectos de afirmar que en la especie, el remedio intentado debe tener una acogida favorable.-

II. Antecedentes de la Causa:



En lo que aquí interesa puntualizar, tenemos como precedentes de análisis imperativo las siguientes actuaciones: * Acta de Infracción Vial n° 231532 (fs. 13); * Formal escrito de descargo y planteo de inconstitucionalidad en ejercicio de la facultad conferida por el art. 130 de la Ley 6.082 (fs. 14/16); * Resolución Vial n° 6725/2004, de la Unidad Resolución Vial Valle de Uco, pronunciada por el Juez Administrativo Vial en primera instancia, por la que se sanciona al recurrente con 230 unidades fijas equivalente a $ 182, 439 (CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CENTAVOS), por violación de los artículos 85 inc. “o”; 57 inc. “c”; 48 inc. “b”; 130; 143 de la Ley 6.082) (fs. 18); * Recurso de apelación (cfm. art. 134 Ley 6.082), en el anexo III del recurso en intento (ver fs.22 y vta.), el recurrente plantea la inconstitucionalidad del art. 28 de la ley 6.082 (fs. 20/23); *Acta de Inspección Ocular (fs. 52); * Resolución dictada por el Juez Subrogante Dr. Isidro Peña, a cargo del Juzgado Correccional y Faltas de la Cuarta Circunscripción Judicial por la que se declara la nulidad absoluta de la Resolución Vial n° 6.725/2004, se absuelve de culpa y cargo al Sr. Carlucci, se ordena la inmediata devolución de la suma de dinero por la multa impuesta y en razón de lo resuelto, el Sr. Juez interviniente, declara que “el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad deviene abstracto y por tanto resulta innecesario resolver al respecto.” (fs. 39 y vta.); * Interposición formal del recurso de inconstitucionalidad.-

En consecuencia, de lo anterior expuesto, surge para mí, un cuestionamiento oportuno de una norma cuya constitucionalidad se disputa - acta de descargo y ofrecimiento de prueba, (fs. 14/16), - recurso de apelación, anexo III, (fs. 22 vta.) existe un interés concreto, desde que la lesión al derecho de defensa, principio de inocencia, derecho de propiedad, de libre circulación, libertad de trabajo (arts. 18, 17, 14, 14 bis de la Constitución Nacional y arts. 16, 17, 25, 33. 47 y 48 de la Constitución Provincial); quedó plasmada en el primer acto - Infracción Vial n° 231532 - (fs. 13) mediante la cual se procede al retiro de la licencia de conducir del recurrente que no se anula ante el contenido de la resolución obrante a fs. 39 y vta. pues dicho pronunciamiento aunque absolutorio y “reparador” del expendio efectuado (ver resolutivo n° A, B, C de fs. 39 vta.), no subsana oportunamente el daño ya ocasionado, que el retiro de la licencia per se provocó al recurrente.-

Debo tener presente que el agravio referido a la omisión de pronunciamiento, constituye una verdadera causal que habilita el remedio en intento, conforme jurisprudencia de nuestro Cimero Tribunal.-



En tal sentido, puede consultarse Recurso de Hecho deducido por la actora en la causa Cronign Glass Work c/Daporta, José M y otro. (26 de agosto de 1.964), registrado en 259:291, “las resoluciones judiciales que omiten considerar cuestiones oportunamente propuestas por las partes y conducentes para la decisión del pleito, carecen de fundamentos suficientes para sustentarlas y deben ser dejadas sin efecto”, En idéntico sentido en Fallos 255:132; 261:173; 264:221.-

Por todo ello, y en base a los fundamentos expuestos precedentemente, por los que entiendo que la vía se encuentra habilitada, y a fin de iniciar el tratamiento del recurso en trámite, me permito transcribir en prieta síntesis, el dictamen del Sr. Procurador General de la Suprema Corte de Justicia, desde que hago míos sus argumentos, más los que aportaré en el considerando IV de mi voto.-

III. Dictamen del Sr. Procurador General de la Suprema Corte de Justicia:

El dictamen del Sr. Procurador General de la Suprema Corte de Justicia que luce agregado a fs. 69/71, se expide por la procedencia formal del recurso intentado, y en consecuencia dictamina a favor de la declaración de inconstitucionalidad del art. 28 de la Ley de Tránsito n° 6.082, en mérito a los siguientes argumentos.-

Sostiene en primer lugar el interés concreto y directo, desde que “la resolución jurisdiccional niega la discusión y examen sobre la adecuación constitucional de una previsión de la ley de tránsito provincial que se presenta como presuntamente perjudicial, conforme art. 449 C.P.P.”, (dictamen, fs. 69); que “la norma vigente aporta el medio para corregir esa pretensión, a saber: el art. 141 de la Ley de Tránsito local dispone textualmente que contra las resoluciones del Juez de Faltas, sólo podrán interponerse los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de revisión” (dictamen, fs. 69 vta.).-



Desde el punto de vista sustancial, manifiesta que, en la labor de confrontación del numeral cuya inconstitucionalidad se impetra, con lo específicamente pertinente de la legislación nacional, “se verifican razones para privar de validez a la causal de retiro de la licencia de conducir verificada en el caso que aporta el recurrente; que esta injerencia del Estado provincial representada por el retiro de la licencia de conducir ante la imputación de “conducir en contra mano” es manifiestamente irrazonable, y como tal vulnerante, en lo que hace al proceso de acusación donde se ejecuta, del principio de inocencia y de debido proceso legal, y al derecho a circular libremente y de trabajar, entre los que se derivan de la facultad de usar del automotor, cf. art. 14 y 18 de la Constitución Nacional y art. 25 y 33 de la Constitución de Mendoza.” (dictamen, fs. 70).-

Refiere además que la medida prevista por el art. 28 inc. “B” de la Ley de Tránsito de Mendoza, es desproporcionada en orden al fin que debe perseguir; que “precaución y prevención se relacionan necesariamente con la gravedad o entidad de la infracción, que bajo proyecciones racionales, permiten inferir una amenaza grave e inminente al orden o seguridad vial”; que el retiro de la licencia de conducir es incoherente, pues por un lado se retiene la licencia de conducir con un objeto preventivo o cautelar, pero a la vez se habilita “provisionalmente para la conducción durante treinta días hábiles” (dictamen, fs. 70 vta.); que la irrazonabilidad de la medida ubica la actuación del Estado como violatoria del principio de inocencia y debido proceso legal en razón de que la imposición se presenta como sanción o pena anticipada, sin derecho de defensa previo.” (dictamen, fs. 70 vta.).-



IV. Propicio la declaración de inconstitucionalidad de la norma cuestionada. En primer lugar, la misma emerge como una sanción anticipada, y como tal irrumpe claramente en abierta violación de derechos reconocidos constitucionalmente, vinculados de modo liminar con las garantías del debido proceso. Paso a explicar.-

Labrada el acta de infracción, y procediéndose al retiro de la licencia, el presunto infractor de modo inmediato, y sin posibilidad alguna de ejercer su derecho de defensa, padece los efectos que la imposición de la sanción implica.-

Al respecto, traigo a colación los lineamientos que desde la doctrina, se esbozan, respecto de la mentada garantía. Lineamientos que se formulan, desde el Derecho Procesal Penal, que en definitiva, resulta ser normativa de aplicación supletoria, atento el reenvío de la propia Ley de Tránsito y Código de Faltas.-

En tal sentido, se expresa: “El Derecho Procesal Penal es derecho constitucional reformulado, es la ley reglamentaria de los principios, derechos y garantías reconocidos por la ley suprema, y por ende, no puede alterarlos.” (cfm. Maier, “Derecho Procesal Penal Argentino”, 1 b., Hammurabi, pag. 237). “Estos principios se traducen en valores que alcanzan la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico, cuyo centro es el individuo que se coloca bajo la vigencia del ordenamiento del orden jurídico nacional.” (autor y obra citada, pag. 238); “el procedimiento reglado que exige la constitución, debe ser acorde con las seguridades individuales y formas que postula la misma ley suprema, en o que aquí interesa, - inviolabilidad de la defensa, tratamiento del imputado como inocente, incoercibilidad del imputado, - regulando así las pautas principales a las que deberán ajustarse las leyes de enjuiciamiento penal.” (pag. 251). Estas ideas rectoras, constituyen un marco de referencia inevitable, siendo así, el proceso penal es un procedimiento de protección jurídica para los justiciables y el Derecho Procesal Penal una ley reglamentaria de la Constitución.-



El retiro de la licencia, opera sin lugar a dudas como un medio de coerción, que no es otra cosa que el uso de intimidación - retiro mismo de la licencia - para limitar o cercenar libertades o facultades de que gozan las personas en un orden jurídico, con el objeto de alcanzar un fin determinado, “cuando hablamos de coerción legítima que ejerce el Estado, nos referimos al uso de su poder, acordado por la ley, ley que debe respetar las reglas constitucionales que limitan el poder estatal, que conculca o restringe ciertas libertades o facultades de las personas, para lograr un fin determinado. (Maier, Julio, “Derecho Procesal Argentino”, 1 b., Fundamentos, Hammurabi, pag. 275). (la negrilla y el resaltado me pertenece).-

El mismo autor citado, enfáticamente sostiene: “La afirmación de que el imputado no puede ser sometido a una pena, y por tanto, no puede ser tratado como culpable hasta que se dicte la sentencia firme de condena, constituye el principio rector para expresar los límites de las medidas de coerción procesal. Este principio rector, que preside la razonabilidad de la regulación puede sintetizarse expresando: repugna al estado de derecho, previsto en nuestro estatuto fundamental, anticipar una pena al imputado durante el procedimiento de persecución penal.” (cfm. autor y obra citada, pag. 277) (el resaltado me pertenece); o bien que “Resulta imposible concebir estos medios de coerción sin establecer sus límites, pues, tratándose en todo caso de derechos o garantías atribuidos a todo habitante por la ley fundamental, ni la ley puede alterarlos al reglamentar su ejercicio, ni es posible olvidar que, hasta la sentencia firme de condena, resulte contrario a la Constitución imponer una pena.”.-



Debo en estricto respeto de las garantías enumeradas, afirmar que el anticipo de la sanción, importa a su vez, como consecuencia derivada y necesaria, la flagrante violación de derechos esenciales, tales como la libertad física o ambulatoria, derecho de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de trabajar, de propiedad, derechos que, en principio sólo pueden ser alterados por una sentencia firme de condena que imponga al condenado una pena. (cfm autor y obra citada, pag. 285). En particular referencia al derecho de propiedad, reconocido constitucionalmente, y por ser “La licencia de conductor un documento público, personal e intransferible que no acredita per se identidad sino idoneidad, y que habilita para conducir los vehículos que cada clase determina. Que es un documento personal que su titular posee sobre la licencia un verdadero derecho de propiedad, por lo que sólo puede ser privado de ella conforme a lo dispuesto en las normas vigentes, previa actuación judicial o administrativa con control judicial suficiente en la que el interesado vea asegurado su derecho de defensa”. (cfm. Mosset Iturraspe, Rosatti Horacio “Derecho de Tránsito. Ley 24.449", Rubinzal Culzoni, Editores, pag. 67/68). (el resaltado me pertenece).-

Por otro lado, el fundamento del retiro de la licencia, (art. 28 inc. “b” Ley de Tránsito) posee una incoherencia interna, pues si el fin de tal atribución radica en impedir por razones preventivas, que el afectado conduzca el vehículo, la norma evidencia una contradicción desde que prevé “La copia de este habilitará provisionalmente para la conducción durante treinta días hábiles desde su fecha...”; así no resulta razonable el retiro de la licencia, y su sustitución por una habilitación transitoria para la conducción vehicular. Dicho con otras palabras, el probable fin de prevención de la sanción, se desnaturaliza ante la sustitución inmediata de la respectiva licencia, quitándole por ello el fundamento que eventualmente puede tener la norma en comento.-



Desde la Jurisprudencia, se afirma: “Los derechos y garantía constitucionales reconocidos en la Constitución Nacional, están sujetos a las pertinentes reglamentaciones y éstas deben considerarse razonables en tanto no impliquen manifiesta iniquidad y conduzcan a salvaguardar valores jurídicos preeminentes” (L.L. 1991, D, 344); “Ningún derecho es absoluto, pues todos deben operar según las leyes que reglamenten su ejercicio, atendiendo a su razón de ser teleológico y al interés que protegen. Ningún derecho es esencial de los que la Ley Suprema reconoce puede esgrimirse y actuar aisladamente, porque todos forman un complejo de operatividad concertada, de manera que el Estado de derecho existe cuando ninguno resulta sacrificado para que otro permanezca.” (CSJN. 11-8-88; L.L. E- 361).-

O bien que: “La reglamentación de los derechos no puede llegar al extremo de su desnaturalización o aniquilamiento, pues como todo ejercicio de la potestad pública se halla sometida, como requisito ineludible para su validez constitucional, al principio de razonabilidad, que reclama la existencia de circunstancias justificantes, fin público, adecuación a él del medio utilizado para su obtención y ausencia de iniquidad manifiesta. (S.C.B.A. 2, 9, 80).-

Por estas razones, y opinión concordante del Sr. Procurador General, me inclino a favor de la acogida del recurso de Inconstitucionalidad planteado, y en consecuencia corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 28 inc. “b” de la Ley de Tránsito n° 6.082.-

ASÍ VOTO.-

Sobre la misma cuestión, el Dr. Pedro J. Llorente adhiere por los fundamentos al voto que antecede.-

SOBRE LA MISMA CUESTIÓN, EL DR. SALVINI, EN DISIDENCIA DIJO:

Teniendo en cuenta los fundamentos del voto que precede, me permito disentir con mi colega de Sala, conforme las razones que a continuación se explicitan.

I. El Recurso de Inconstitucionalidad:

El embate recursivo se basa en los arts. 489 del C.P.P. (Ley 6.730 y sus modificatorias), 148 y 152 del Código de Faltas.-



Su objeto es que sea declarado inconstitucional el art. 28 inc. “ b” de la Ley Provincial de Tránsito, que dispone el retiro de la licencia de conducir a su titular en el momento de labrarse el acta de infracción por determinadas faltas viales, habiendo sido efectuado - el retiro - en el sub-lite por la prevista en el art. 85, inc. “o”, Ley 6.082.-

Dice que tal retención lesiona el debido proceso, derecho de defensa y principio de inocencia, ya que se trata de una sanción anticipada, irrazonable, y que personalmente lo perjudicó al no poder ingresar a Chile con la copia del acta de infracción, que el artículo cuestionado establece le sea entregada en sustitución, comprometiendo el cumplimiento de sus obligaciones profesionales en el vecino país.-

Reserva el derecho de reclamar los daños y perjuicios derivados del hecho.-

Refiere que el juez de la instancia anterior entendió que el planteo de inconstitucionalidad que hizo al apelar la resolución vial condenatoria había devenido en abstracto, atento a que su dictum declaraba la nulidad de la actuación objetada, y lo absolvía.-

Encuadra jurídicamente su pretensión en la normativa procesal penal, y en los arts. 17, 18 y 31 de la Constitución Nacional; arts. 8 y 25 de la Constitución Provincial; arts. 1, 28 inc. “ b”, 85, 110 y 141 de la Ley 6.082/93; arts. 148 y 152 del Código de Faltas; arts. 3 y 72 de la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449; y arts. 1.068, 1.069, 1.071, 1.112 del Código Civil.-

Resalta que la ley nacional de tránsito dispone que la misma regirá sobre las rutas nacionales. Que la ley provincial admite que existen otras competencias sobre la misma materia que ella regula. Que conforme a esto, la ley provincial no puede contradecir los principios de la ley nacional, sobre todo en los aspectos referidos al sistema constitucional de los derechos ciudadanos.-

Que la retención de la licencia de conducir está prohibida por la manda nacional (art. 3, Ley 24.449). Y que se admite como medida cautelar la retención preventiva en supuestos análogos a los de nuestro art. 28, salvo el inciso “b” atacado.-



Que el secuestro del que fue objeto es una disposición inconstitucional en sí misma, y que se contradice con la ley federal, que es la que correspondía aplicar al haber acontecido los hechos sobre una vía nacional.-

Concluye en que la autoridad provincial no estaba habilitada para retener su carnet por una presunta infracción cometida en la ruta nacional 40.-

Fundamenta su interés en la declaración de inconstitucionalidad en que se le ha ocasionado un daño cierto material y moral que pretende sea reparado, conforme a las normas civiles que regulan la materia.-

Que debe demostrar la ilicitud de la conducta desplegada por el Estado a través de sus funcionarios para habilitar su reclamo indemnizatorio.-

Cita doctrina.-

Termina la pieza recursiva haciendo alusión al principio de razonabilidad, como opuesto a la arbitrariedad, aduciendo que lo que es arbitrario es inconstitucional.-

II. Dictamen del Señor Procurador General:

El Señor Procurador General contesta la vista conferida solicitando se admita sustancialmente el recurso, en razón de que la retención de la licencia excede el marco de prevención propio de la medida, calificándola de incoherente, irrazonable e injustificada.-

Agrega que la misma confronta irremediablemente con los arts. 14, 18, 28 de la Constitución Nacional; arts. 25, 33 y 48 de la Carta Magna de Mendoza, y las disposiciones de la Ley Nacional de Tránsito, correspondiendo anular el dispositivo “D” de la resolución del a-quo, declarando la inconstitucionalidad del art. 28 inc. “b” en cuanto remite al art. 85 inc. “o” de la Ley de Tránsito de la Provincia.-

III. Antecedentes:



Sintéticamente, los hechos relevantes para la comprensión del recurso incoado, son los siguientes: mientras circulaba el impugnante por la Ruta Nacional 40 con destino a la ciudad de Mendoza proveniente de Tunuyán, la autoridad a cargo de un operativo vial labró un acta y le retiró el carnet de conducir, imputándole una falta grave en el manejo - conducir en contramano, art. 85 inc. “o” Ley de Tránsito.-

Ante ello, presentó descargo, con el planteo de inconstitucionalidad de la medida sancionatoria.-

La resolución vial pronunciada en su consecuencia fue condenatoria. Luego, mediante la apelación de la misma obtuvo la declaración de nulidad del acto anterior, y su absolución. Tal acto jurisdiccional, en su resolutivo “D” declara que el planteo de inconstitucionalidad devino en abstracto, a raíz de lo resuelto en su texto.-

IV. La solución:

IV. A. En materia de recursos, el art. 449 C.P.P. (Ley 6.730 y sus modificatorias) consagra el principio de taxatividad, que implica que si la resolución que se ataca no está captada como objeto impugnable dentro del elenco consagrado por la ley adjetiva, la crítica es formalmente improcedente. (cfm., S.T.J.Cba., Sala Penal, nº 527, 28-12-01, “Carrizo”).-

Ello puede predicarse del caso de autos, aún en esta instancia, y conforme a jurisprudencia reiterada de este Tribunal (L.S. 285-075; 303-008, entre otros), ya que no concurren en la especie los requisitos necesarios para la admisión formal de la queja.-

En efecto, el artículo 489 de nuestra ley ritual dispone que el recurso de inconstitucionalidad podrá interponerse contra “...las sentencias definitivas mencionadas en el artículo 475 cuando se cuestione la constitucionalidad de una ley, reglamento o resolución que estatuyan sobre materia regida por la Constitución de la Provincia, y la sentencia o el auto fuere contrario a las pretensiones del recurrente.”.-



El objeto de este recurso es el dispositivo que establece que el planteo de inconstitucionalidad incoado por el quejoso ha devenido en abstracto, resultando innecesario resolver al respecto.-

Este resolutivo no es contrario a las pretensiones del quejoso, tal como requiere la ley formal: lo sería si se pronunciara sobre la constitucionalidad de la manda.-

Así lo han entendido los siguientes autores:

- Palacios, que afirma que el recurso de inconstitucionalidad es admisible cuando la sentencia o resolución impugnada se pronuncian en favor de la validez constitucional de la norma o acto cuestionados. (Lino Enrique Palacio “Los recursos en el proceso penal”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1.998, pag. 160). (el resaltado me pertenese).-

- El Dr. Ricardo Levene (h), que en la Exposición de Motivos del proyecto luego convertido en ley dijo que “si se prefiere la ley, ordenanza decreto o reglamento por sobre el derecho o garantía concedido por la Constitución, y que por tanto, no se acepta o no se hace prevalecer, procederá el recurso de inconstitucionalidad, ...”. (obra y pag cit. en el párrafo anterior).-

- Clariá Olmedo, también citado por Palacios, quien opina que “cuestión de constitucionalidad existe cuando dentro del proceso y en momento oportuno, una de las partes ha promovido alegación discutiendo la constitucionalidad de la norma provincial en la que correspondería encuadrar el caso. Si la ley es aplicada, tendrá agravio quien planteó la cuestión; si no se aplica por entender que prevalece la norma constitucional para regir el caso, podría impugnar la parte contraria”. (Palacios, pag. 160).-



- El doctor Caferatta Nores, en cuanto señala que con la queja en trato se persigue la descalificación de la sentencia porque se ha aplicado una norma inconstitucional o bien se ha negado su aplicación declarándola erradamente inconstitucional.(pag. 488); que su finalidad es confirmar o revocar la resolución que haya declarado inconstitucional una norma o haya afirmado su constitucionalidad (pag. 485); que procede cuando se controvierte la regularidad constitucional de una ley, decreto, reglamento o resolución aplicados en la resolución recurrida; y también en los casos en que las disposiciones aplicables hubieran sido declaradas inconstitucionales y se defendiera su regularidad (pag. 490). (el resaltado me pertenece).-

- Ricardo Nuñez, quien expresa que la “sentencia, el auto o decreto del Tribunal a-quo debe haber resuelto la cuestión declarando la constitucionalidad negada por el recurrente...” (Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, anotado por Ricardo C. Nuñez, Lerner Editores, Buenos Aires, 1978, pág. 507). (el resaltado me pertenece).-

Todos estos destacados doctrinarios coinciden en que el acto jurisdiccional, para poder ser recurrido, debe expedirse sobre la adecuación o no de la norma cuestionada a la Constitución, lo que no ha acontecido en autos.-

Carece la queja en consecuencia, de una de las condiciones necesarias para su procedencia: la impugnabilidad objetiva de la resolución.-

IV. B. Sin perjuicio de lo dicho, corresponde destacar que el a-quo no omite el tratamiento del tema: lo aborda, estableciendo que ha devenido en abstracto, y juzgando innecesaria su resolución en virtud de lo resuelto en los anteriores puntos de la sentencia (declaración de nulidad de la resolución condenatoria, absolución de culpa y cargo del presentante, devolución de la multa).-

Con esto se pretende excluir la aplicación de antigua jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que entiende que la resolución adversa puede ser implícita, y derivada de su omisión de pronunciamiento. (cfm., Cafferata Nores, ob. Cit, p. 492, y nota 471).-

IV. C. Por otra parte, el impugnante carece de interés directo en la declaración de inconstitucionalidad perseguida, contraviniendo así lo normado por el art. 449 C.P.P..-



Al respecto se ha dicho que “...para que exista un interés, la resolución debe tener un contenido desfavorable para el impugnante, a los efectos del ordenamiento jurídico, concretamente, y no según su apreciación subjetiva.... El interés debe ser objetivamente aprehensible por la existencia de un gravamen causado al sujeto por el sentido de la resolución, la que debe ocasionarle una desventaja consistente en una restricción a su derecho o a su libertad”. (cfm. Ayán, Manuel N. , Recursos en material penal, pag.. 148/14 9, 152, citado por José I. Cafferata Nores -Aída Tarditti “Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba comentado”, Editorial Mediterránea, Tomo 2, pag. 358). (el resaltado me pertenece).-

En igual sentido Carlos Manuel Garrido en “Los Recursos”, citado también por Cafferatta Nores en el texto prementado, arguye que el dispositivo que se impugna debe ocasionarle un perjuicio, restringiendo su derecho o libertad, destacando que el gravamen debe consistir siempre en el padecimiento de un perjuicio efectivo, práctico, objetivo.-

El Supremo Tribunal de Córdoba ha dicho que “La exigencia de un interés directo como requisito estatuido para los recursos no sólo es una condición para la procedencia formal sino también para la procedencia sustancial de la impugnación...” (T.S.J.Cba., Sala Penal, sent. nº 8 20/3/97; 16/4/03, en por Cafferata Nores, ob. cit., pag. 359).-



Ese interés para impugnar ha sido reputado como existente por calificada doctrina, cuando 1) tiende a una modificación de la decisión sobre el tema de hecho,siempre que esa modificación influya sobre la declaración de certeza de su responsabilidad (en el sentido de excluirla o atenuarla, que habrá de determinarse en relación al título, al grado o a las circunstancias) o sobre las consecuencias de la aplicación de medidas de seguridad; 2) cuando tiende a una modificación de la decisión sobre el tema de derecho,siempre que influya sobre la declaración de certeza de su responsabilidad, para excluirla o atenuarla, o sobre la aplicación de penas accesorias, o sobre otras consecuencias jurídicas (reincidencia, declaración de habitualidad, profesionalidad); 3) cuando se tiende a una modificación de la decisión sobre la pena, a los fines de obtener una disminución de ella, o de conseguir cualquier beneficio (suspensión condicional, no inscripción de la condena en el registro, etc.). (Giovanni Leone, “Tratado de Derecho Procesal Penal”, Tomo III, Ediciones Jurídicas Europa - América, Buenos Aires, p. 95). (el resaltado me pertenece).-

Ninguno de los supuestos reseñados se verifican en el sub-lite, lo que lleva inexorablemente a la inhabilidad de la impugnación intentada por el doctor Carlucci por falta de interés.-

IV. D. A modo de colofón, es dable destacar que la cuestión traída a juzgamiento no queda sin resolver en el derecho positivo, habida cuenta que existen vías que podrían haber dado solución eficaz al planteo.-

Por lo expuesto, y oído el Señor Procurador, estimo que corresponde desestimar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, desde que el acto jurisdiccional atacado no resulta objetiva ni subjetivamente impugnable.-

ASÍ VOTO.-

SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN, EL DR. BÖHM DIJO:

Conforme al resultado a que se arriba en la cuestión anterior, corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 43/51 vta. por el Sr. Nedo Carlucci, en contra del resolutivo “D” de la sentencia absolutoria de fs. 39 y vta. de los autos 14.516, caratulado “Nedo Carlucci, Domingo p/Apelación Vial” originario del Juzgado Correccional y Faltas de la Cuarta Circunscripción Judicial.-

Por ello, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 28, inc. “b” de la Ley de Tránsito 6.082.-

ASÍ VOTO.-



Sobre la misma cuestión el Drs. Pedro J. Llorente y Herman A. Salvini adhieren por sus fundamentos al voto que antecede.-

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

SENTENCIA:

Mendoza, 5 de septiembre de 2005

Y VISTO:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente la Sala Segunda de la Excma. Suprema Corte de Justicia fallando en definitiva,

RESUELVE:

1°) Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 43/51 vta. por el Sr. Nedo Carlucci por su propio derecho, en contra del resolutivo “D” de la sentencia absolutoria de fs. 39 y vta. de los autos n° 14.516, caratulados “Nedo Carlucci, Domingo p/Apelación Vial”, originarios del Juzgado Correccional y Faltas de la Cuarta Circunscripción Judicial.-

2°) Declarar la inconstitucionalidad del art.28, inc. “ b” de la Ley de Transito 6.082.-

Notifíquese.-


Articulos relacionados periodisticos extraidos del Diario Uno de Mendoza

Retención del carnet retrasa la nueva ley de tránsito provincial

Cónclave. La reunión de jueces viales y jefes policiales (izquierda), con legisladores en el Salón Azul. La retención de la licencia de conducir, después de un fallo de la Suprema Corte de Justicia que la declara inconstitucional, fue, ayer, en la Legislatura provincial, eje de una reunión entre diputados y jueces viales a raíz de la reforma de la ley de tránsito de Mendoza.
Mientras el radical Raúl Vicchi le insistía a los jueces departamentales y policías de tránsito en la necesidad de retener el carnet, agotando la vía administrativa, “porque –dijo– los fallos judiciales son para leguleyos”, el demócrata Oscar Ligonié advirtió, en absoluta contraposición, que “se estaría judicializando el artículo de la nueva ley”. Más concretamente, habló del “peligro de judicializar los conflictos ante la Suprema Corte”. Cuando los legisladores empezaban a discutir si el permiso de manejo es una propiedad privada, el justicialista Carlos Ciurca explicó que “hay fallos de la Corte de Justicia de la Nación sobre concesiones estatales teniendo en cuenta que la licencia es otorgada por el Estado”. Los jueces viales coincidieron en que la mayoría de la retenciones de licencias se practican a conductores que viven en la provincia. Muchos de ellos accionaron judicialmente tras el fallo de la Corte. Otro foco de conflicto se plantea con turistas y extranjeros, dijeron. La utilización policial de radares para medir la velocidad, el uso del teléfono celular mientras se maneja un vehículo y el agravamiento de las penalidades fueron otros temas tratados en el Salón Azul. Diputados convocó a jueces viales y autoridades policiales que diariamente se ocupan del tránsito para escucharlos acerca de los problemas más comunes, con vista a la reforma de la Ley 6.082. El proyecto del Poder Ejecutivo, elaborado hace un año, tuvo sanción del Senado y pasó a Diputados en diciembre. Sobre las modificaciones al proyecto original y al que recibieron del Senado habló Luis Petri (UCR): sistema de puntaje para obtener el carnet y la realización, cada cinco años, de los exámenes psicofísicos a los aspirantes a obtener el permiso. También se expuso acerca de los aprendices de academias de conducir: “En lugares específicos deben circular acompañados por personas habilitadas para manejar”. Se debatió sobre el monto de las multas de tránsito, cuya referencia es la denominadas UF (Unidad Fija), valuada en $0,79 cada una. Años atrás, ese importe fue establecido en base al precio de un litro de nafta especial. Algunos legisladores y el jefe de Tránsito de Godoy Cruz propusieron duplicar el valor de las UF para que los infractores acusaran el impacto donde más duele: “En el bolsillo”, enfatizó Felipe Gutiérrez. El caso Nedo Carlucci La Suprema Corte de Justicia de Mendoza declaró inconstitucional la quita de la licencia de conducir en setiembre de 2005. El fallo de la Sala II fue dividido (2 a 1) y benefició al abogado Nedo Carlucci, esposo de la ministra Aída Kemelmajer de Carlucci. Al letrado le habían retenido el permiso de manejo bajo el argumento de que había pisado la doble línea amarilla en la ruta 40, a la altura de la Cruz Negra. Además, le impusieron una multa de $248. Tras la decisión de los supremos Fernando Romano, Pedro Llorente y Herman Salvini –votó en disidencia– al letrado Nedo Carlucci le restituyeron el permiso y el dinero. Que la retención del carnet de conducir había sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1958 y que el articulado sobre la retención fue eliminado a nivel local y nacional hace muchos años fueron los principales argumentos de Carlucci cuando se presentó ante la Justicia. Ayer, Ligonié consideró que la retención del permiso de manejo es “una coacción”, es decir una maniobra extorsiva que “lesiona el derecho de defensa del conductor”. Vicchi salió al cruce de esta postura e instó a los jueces a seguir la vía administrativa.
Fuente: Diario Uno Sección: Mendoza Autor: José


La Quita del carnet: medida inconstitucional que sólo se aplica en Mendoza

La ley provincial 6.082 contempla la retención de la licencia de conducir. Tanto la Policía provincial como los inspectores municipales todavía tienen la facultad de retener la licencia. Este precedente puede invocarse particularmente.
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza, por mayoría y hace algún tiempo, declaró la inconstitucionalidad del artículo 28, inc. b) de la Ley de Tránsito 6082 que dispone el retiro inmediato de la licencia (o carnet) de conducir a los infractores que incurrieran en faltas graves o gravísimas. El Alto Tribunal respondió así a un recurso presentado por el abogado Domingo Nedo Carlucci (ver aparte) contra un fallo vial. Entre los extensos considerandos, los ministros destacaron que "el retiro de la licencia, opera sin lugar a dudas como un modelo de coerción, que no es otra cosa que el uso de intimidación". Más adelante expresaron que el retiro de la licencia de conducir "es incoherente", pues si la finalidad de la medida es impedir por razones preventivas que el afectado conduzca un vehículo, no se entiende que, luego, la copia del acta de infracción lo habilite para conducir "provisoriamente" y por treinta días. Destacaron además la "irracionalidad" de la medida que presenta a la actuación del Estado como "violatoria del principio de inocencia y debido proceso legal en razón de que la imposición se presenta como sanción o pena anticipada, sin derecho a defensa previo". En detalle Profesionales consultados por Los Andes sobre el fallo, fueron coincidentes en señalar que la "sanción es claramente violatoria de los derechos constitucionales de la libertad física y ambulatoria y, principalmente, del derecho de tránsito". Otras voces también resaltaron que atenta contra el derecho de la propiedad. Esto teniendo en cuenta que la licencia de conducir es un documento público, personal e intransferible, pero que no acredita por sí solo identidad (por ejemplo en las cajas de los supermercados), sino que da fe de la "idoneidad" para conducir un vehículo. Esta medida ahora cuestionada sólo tiene aplicación en nuestra provincia y están autorizados por ley para hacerlo tanto la Policía provincial como los inspectores municipales, que hayan asumido la responsabilidad del tránsito en sus jurisdicciones. Esto ha creado no sólo malestar sino "fuertes" discusiones, principalmente entre efectivos y los conductores de otras provincias, que se ven sorprendidos con la medida. El comisario (R) Heriberto Ojeda, actual director de Seguridad Vial de la provincia, se ha manifestado en contra de esta medida. Pero admite: "Mientras no se modifique la ley (responsabilidad de los legisladores) no podemos hacer otra cosa". No es para todos La inconstitucionalidad reflejada en este fallo sólo alcanza a quien la solicita y no se extiende para el resto de la ciudadanía. Sin embargo, marca un importante precedente judicial en contra de la ley de Tránsito. El fallo, que data de setiembre de 2005, lleva la firma de los magistrados Carlos Böhm, Pedro Llorente y Herman Salvini (en disidencia) y se apoya en importantes fallos (Supremo Tribunal de Córdoba) y bibliografía, entre las que se destacan los escritos de Clariá Olmedo, Ricardo Levene (h), Caferatta Nores y Lino Enrique Palacio, entre otros. Hoy la ley 6.082 fue modificada (por la 7.680, entre otras), pero continúa vigente la retención de la licencia de conducir para aquellas faltas consideradas como graves o gravísimas. Comentarios de Lectores (10) Us
Comentario
Conducir en contramano Este fallo responde al planteamiento hecho por el abogado Domingo Nedo Carlucci (esposo de la ministra Aída Kemelmajer) cuando circulando por la ruta 40 desde Tunuyán a Mendoza, durante un operativo vial se le labró un acta (por conducir en contramano) y se le retiró el carnet de conducir, al considerar la acción como una falta grave en el manejo. Tras el incidente, el profesional presentó su descargo, con el planteo de inconstitucionalidad de la medida sancionatoria y que, en su momento, le impidió -por ejemplo- viajar por cuestiones profesionales a Chile. La multa fue de 230 unidades fijas (unos 182 pesos), dinero que le fue devuelto. Previamente se había declarado la nulidad del acta y la absolución de culpa y cargo. Sin embargo, el planteamiento judicial continuó hasta el fallo definitivo.

Fuente: Diario Los Andes Sección: Mendoza Autor: Eduardo Luis Ayassa -
Fecha del Articulo: 18-04-2008


La modificación de la norma, cuyo autor es el diputado Alberto Sánchez (PD) se solicita por ser claramente una restricción desmedida que no cumple en absoluto con el supuesto carácter preventivo que se debería perseguir, por el contrario tiene una utilidad como elemento recaudatorio, hay que pagar la multa para retirar el carnet.

En parte de la jurisprudencia del máximo tribunal provincial se indica que “el fundamento del retiro de la licencia posee una incoherencia interna, pues si el fin de tal atribución radica en impedir por razones preventivas, que el afectado conduzca el vehículo, la norma evidencia una contradicción desde que prevé, la copia del carnet habilitándolo provisoriamente para la conducción durante 30 días.

De esta forma “no resulta razonable el retiro de la licencia, y su sustitución por una habilitación transitoria para la conducción vehicular”.

El proyecto del diputado Sánchez pide derogar el artículo 28 de la ley de tránsito (6082) y modificar el 46 que quedaría redactado de la siguiente forma “al sólo requerimiento de la autoridad competente, se debe presentar la licencia de conductor y demás documentación exigible, la que debe ser devuelta inmediatamente de verificada, no pudiendo retenerse en ningún caso”.

6 comentarios - Viajas a Mendoza en auto en cualquier epoca del año Leer!!

@Succat
CHE LOS QUE VENGAS A CORDOBA PREPAREN LA BILLETERA!!!! UNA MULTA POR FALTA DE CINTURON DE SEGURIDAD PAGAN 340 PESOS Y SI PASA LA VELOCIDAD LIMITE. UNOS 700 PESOS. NI HABLAR SI VAN TODOS EN EL AUTO SIN CINTURON... LO TIENEN QUE MULTIPLICAR POR CADA UNO O POR 4 O SEA DEBEN PAGAR 1360 PESOS. NO ACEPTANM COIMAS Y SE HACEN LOS RECTOS PERO PARA CAGAR A LOS AUTOMOVILISTAS TANTOS LOS DE CORDOBA COMO LOS QUE VIENE DE AFUERA!!!!
@nattu548
estan todos re garcas!! la idea es q recauden como sea.
@XJeFX
viejisima la noticia... encima largo como texto de abogado chamuyero...
@mla07
gracias por la data sobre mendoza! coincido en cordoba vinimos con multas por cualquier cosa!
@peculio
muchisimas gracias x la data claudioapm...
CHE LOS QUE VENGAS A CORDOBA PREPAREN LA BILLETERA!!!! UNA MULTA POR FALTA DE CINTURON DE SEGURIDAD PAGAN 340 PESOS Y SI PASA LA VELOCIDAD LIMITE. UNOS 700 PESOS. NI HABLAR SI VAN TODOS EN EL AUTO SIN CINTURON... LO TIENEN QUE MULTIPLICAR POR CADA UNO O POR 4 O SEA DEBEN PAGAR 1360 PESOS. NO ACEPTANM COIMAS Y SE HACEN LOS RECTOS PERO PARA CAGAR A LOS AUTOMOVILISTAS TANTOS LOS DE CORDOBA COMO LOS QUE VIENE DE AFUERA!!!!
...
coincido en cordoba vinimos con multas por cualquier cosa!


nos e q les pasa a succat y mla07, pro aprece q nada les viene bien..si cobran coimas xq cobran coimas, si son rectos y nos e dejan coimear se kejan de q les cobran coimas x ¨cualkier cosa¨...dejense de hinchar, al le y es la ley y si no les gusta ponerse el cinturon para proteger sus vidas en eventuales accidentes o prefieren viajar mas rapido q la velodidad permitida poniendo en riesgo al vida de terceros entonces paguen la multa correspondient y dejen de chillar..espero q todos anden bien
@ariel_1431
Me acaban de sustraer la moto, por que la luz trasera sólo encendía cuando frenaba, también me sustrajeron la licencia de conducir, son las 04:47, de la impotencia no puedo pegar un ojo y tengo desde las 9:00 hasta 12:00 pm para retirar el vehículo cambiándole de manera manual ( no se nada de mecánica) el foco de la luz trasera. Voy a presentar el fallo de Kemelmajer y hacer todo lo que pueda para que me devuelvan mi dinero cuando me pidan la suma por la devolución de la licencia, algo que me quedó claro es inconstitucional, por suerte estudio derecho, espero poder hacer algo , gracias !