Hasta cuándo se pueden informar las deudas bancarias?

I. Introducción
El presente artículo tiene por finalidad precisar un tema muy controvertido en la jurisprudencia y poco debatido por la doctrina especializada, consistente en el momento hasta el cuál las entidades financieras tienen derecho a seguir informando la deuda en cabeza del obligado al pago a la "Central de Deudores del BCRA".

II. El Marco Regulatorio
a. Central de Deudores del Sistema Financiero

En virtud de la Comunicación "A" 2389 del 1.11.95 el Banco Central dispuso la creación de un Registro o Base de Datos, con la información que mensualmente le deben suministrar las entidades bancarias, financieras y las empresas de tarjetas de crédito, respecto de sus respectivos clientes.
Conforme la citada disposición la información que las entidades deberán remitir mensualmente al BCRA será: denominación, identificación, actividad principal, total de deuda, deuda sin garantía ni contragarantías preferidas, y situación de los deudores comprendidos.
Con dicha información se conformó la denominada "Central de Información Crediticia" que incluyó dichos datos y especificando además la entidad informante.
Este Banco de Datos es supervisado y administrado por el Ente Rector, y atento lo establecido por la Circular "A" 1/95, se procede mensualmente a agrupar los deudores en base a las informaciones que suministran las entidades financieras.
La referida Base de Datos fue es puesta a disposición de dichas entidades así como también de las empresas especializadas en el seguimiento de riesgos crediticios.
En el punto 6 de la referida Comunicación “A” 2389 se establece expresamente que la información contenida en la Central de Deudores y retransmitida por el citado Banco Central "es de exclusiva responsabilidad de las entidades que las suministraron en cuanto a su veracidad" (bancos, entidades financieras o no financieras emisoras de tarjetas de crédito, etc.).
Posteriormente, mediante Comunicación A 2562 de fecha 17.7.97 el BCRA dispuso efectuar modificaciones al régimen informativo de "Total de Deudores" y "Principales Deudores del Sistema Financiero" unificándolos en la denominada "Central de Deudores del Sistema Financiero".

b. Transmisión de la Información
La información recopilada por el Banco Central, hasta el mes de septiembre de 1997, era transmitida a todo el sistema través de cintas magnéticas (Comunicación “A” 2389 del O1.11.95 y "A" 2481).
A partir de abril de 1998 la citada información es difundida al público en general por medio del CD ROM (Compact Disc) entregado por el BCRA, conforme Comunicación "A" 2679 del 30.03.98 y Comunicación "A" 2686 de fecha 14.04.98.
La información rectificativa de las entidades debe realizarse con arreglo a lo dispuesto en la Comunicación "B" 6329 del 22.05.99.

c. Calificación de los Deudores:
Por medio de la Comunicación "A" 2216 del 09.06.94 el BCRA estableció que "...a partir de junio de 1994, los deudores de las entidades financieras se clasificarán conforme las normas de las contenidas en el Anexo I de la presente comunicación ..."
A su vez, el citado Anexo I estableció lo siguiente:
Clasificación de los deudores comerciales:
a) En situación Normal (1);
b) Cumplimiento inadecuado (2);
c) Cumplimiento deficiente (3);
d) De difícil recuperación (4);
e) Irrecuperable (5);
f) Irrecuperable por disposición técnica (6).
En base a la clasificación de sus deudores comerciales, establecida en la mencionada Circular, las entidades financieras quedaron obligadas a informar al Banco Central la situación de dichos deudores.
En efecto, en virtud de lo dispuesto en la Comunicación "A" 2216 del 09.06.94 y la Circular "A" 2587 del 09.01.98 del BCRA:
• Las entidades bancarias, financieras y emisoras de tarjetas de crédito, por disposición del BCRA, deben informar sus tomadores de crédito y calificar dichas operaciones, de acuerdo al cumplimiento que registren.
• A su vez esa información, conforma e integra la denominada "Central de Información Crediticia" (hoy denominada 'Deudores del Sistema Financiero del Banco Central de la República Argentina') del Banco Central de la República Argentina, que es comunicada a toda la plaza financiera, es decir a las entidades financieras y empresas autorizadas expresamente.
Dicha información es retransmitida a todo el sistema financiero a través de los sistemas, cuyo funcionamiento fuera explicado precedentemente.
La información al respecto también es suministrada por el Banco Central y difundida al público en general por medio del CD ROM (Compact Disc) entregado por el BCRA, y vía Internet, accediendo al sitio http://www.bcra.gov.ar

III. El “Derecho al Olvido”
El artículo 26, apartado 4° de la ley 25.326 establece que “sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hace constar dicho hecho”.

Se consagra el instituto que en doctrina se denomina “derecho al olvido”, el cual ha sido definido como “el principio a tenor del cual ciertas informaciones deben ser eliminadas de los archivos transcurrido un determinado lapso desde el momento en que acaeció el hecho a que se refieren, para evitar que el individuo quede prisionero de su pasado” 1)

Se trata, pues, de un derecho reconocido objetivamente, sin que sea necesario más que demostrar la existencia del transcurso del plazo respectivo, ya que para que comience a correr el plazo de cinco años no es necesario que la deuda haya sido cancelada o extinguida, caso contrario, carecería de sentido que el mismo artículo luego fijara un plazo menor de dos años para solicitar la supresión de aquella información que se refiere a deudas ya extinguidas.

A su vez, dicha norma es complementada por el decreto 1558/2001, que al reglamentar el citado art. 26 dispone “...para apreciar la solvencia económico financiera de una persona ... se tendría en cuenta toda la información disponible desde el nacimiento de cada obligación hasta su extinción. En el cómputo de cinco años, éstos se contarán a partir de la fecha de la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible...”.

La jurisprudencia no se ha desenvuelto en forma pacífica en torno al momento a partir del cual se debe comenzar a computar el plazo de cinco años que estipula la normativa analizada, estableciéndose en algunos precedentes que debe ser desde la mora y en otros que debe ser desde la última información adversa archivad.

Del simple cotejo del decreto reglamentario podríamos concluir que lo relevante para la ley es la diligencia que el acreedor debe tener en la actualización de la comunicación acerca de la vigencia de la deuda, pues su falta de diligencia opera en favor del titular de los datos otorgándole la posibilidad de suprimir el dato una vez transcurrido el plazo legal, aún cuando la deuda sea exigible.

Es decir, a primera vista parecería lógico comenzar a computar el plazo de caducidad desde que la entidad deja de informar que la deuda está vigente, pues también resultaría legítimo el derecho de los interesados de conocer la solvencia patrimonial de la persona que les ha solicitado un préstamo, la cual no sería en tal caso pasada sino actual.

Si bien podría decirse que tal interpretación restringiría en cierto modo el instituto del “derecho al olvido” – conforme se concibiera en sus orígenes al hacerlo depender de la diligencia del acreedor en mantener la información permanentemente actualizada y no del mero transcurso de un cierto plazo, lo cierto es que en el orden de ideas que venimos desarrollando la reglamentación consignada precedentemente no debería ser tildada de irrazonable pues, en definitiva, no haría mas que reflejar una situación patrimonial del deudor que se mantiene vigente.

En síntesis, si bien se intenta proteger el derecho a la intimidad de las personas, dicho derecho debe ser compatibilizado con el derecho de los acreedores o potenciales acreedores de tener acceso a aquellos datos que permitan evaluar la solvencia económica de tales personas.

Además, no se está condenando a los deudores a que sus datos permanezcan a perpetuidad en diferentes registros, pues cuando las deudas dejen de ser exigibles (por prescripción, novación o cualquier otro modo de extinción) comenzará a regir el plazo de dos años (que se computa desde el momento preciso en que se extingue la obligación) previsto en el segundo apartado del citado art. 26 de la ley 25.326; mientras ello no ocurra, si el acreedor mantiene actualizados los datos, el plazo de caducidad no operará.

IV. Concurso o Quiebra del Deudor
La ley, mediante el instituto que denominamos "concurso", procede a establecer diversas vías para la superación del estado de cesación de pagos: una saneatoria o rehabilitatoria, que teniendo en miras la capacidad de generación de ingresos del sujeto en cesación persigue que, previa detención de la acciones de agresión patrimonial, éste pueda, a través de un acuerdo de mayorías con sus acreedores, obtener las quitas, esperas o modificaciones de la especie debida que le permitan "repagar" tales pasivos mutados y continuar como sujeto útil en el mercado, y otra quirúrgica o liquidativa, que procede al rápido desapoderamiento y liquidación de los activos del cesante para pagar lo que buenamente se pueda con el producido, para permitir que los bienes vuelvan al mercado en manos teóricamente más aptas y para brindar al quebrado la chance de un nuevo comienzo, liberado del pasivo antiguo, el que sólo podrá ser cobrado de los bienes objeto de desapoderamiento.

a. El Concursamiento del Deudor:
En el caso de presentación del deudor informado en concurso preventivo, si bien el art. 55 de la ley 24.522 establece que “el acuerdo homologado importa la novación de todas las obligaciones con origen o causa anterior al concurso”, entendida ésta como la “transformación de una obligación en otra” conforme lo prevé el art. 801 del Código Civil, en la práctica las entidades financieras aplican una normativa administrativa específica “Clasificación de Deudores del BCRA” (to. al 04/05/07) que las obliga a informar a sus deudores en situación “4” (punto 6.5.4.7) cuando hayan solicitado su concurso preventivo; en situación “3” (punto 6.5.3.6) cuando hayan abonado mas del 20% del importe involucrado en convenios de pago resultantes de concordatos judiciales o extrajudiciales homologados, o en situación “2” (punto 6.5.2.1. VI) cuando hayan abonado menos del 20% citado.

b. La Quiebra del Deudor
En el caso de quiebra del deudor informado, cotidianamente se presenta una primera confusión relacionada con el instituto de la “rehabilitación” del fallido prevista en el art. 236 de la Ley 24.522.
Sobre el punto, tenemos que la rehabilitación produce el cese de las inhabilitaciones personales propias de la quiebra , más no produciría, según la letra de la ley, la extinción de las obligaciones de titulo o causa anterior al decreto de quiebra.
Por ello, el art. 231 de la ley 24.522 nos aclara el panorama al proyectar los efectos de la quiebra respecto del fallido hasta que se produzca la conclusión de la misma por el transcurso de dos años desde la clausura del procedimiento, ya sea por falta de activo (art. 232 LCQ) o por distribución final (art. 230 LCQ).
Dicho estadio procesal y no otro, resulta ser el momento oportuno a partir del cual el dato perdería vigencia.

V. Conclusión
El presente trabajo tiene por objetivo pretender despejar el interrogante planteado en el título que da origen al mismo, mediante algunas aproximaciones acerca de los casos que cotidianamente afrontan las entidades financieras en su actividad comercial habitual.
Por dicho motivo, entiendo que dada las diferentes posturas existentes en torno a la interpretación de la normativa que regula la materia, se tornaría necesaria una armonización, por ejemplo, entre el artículo 26, apartado 4° de la ley 25.326 y el decreto 1558/2001 que lo reglamenta, como así también entre los arts. 55 y 231 de la ley 24.522 y el “Clasificador de Deudores del BCRA”, pues tal como están redactadas dichas normas parecerían, en principio, contradecirse, generando confusión y contiendas judiciales totalmente evitables.

fuente

aqui podras escontrar la clasificacion de deudores segun bcra http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/t-cladeu.pdf

aqui podras saver tu situacion financiera por cuit: http://200.70.35.103/cenries/cr010000.asp?error=0