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Taller del ejercicio del derecho.

Conociendo y aplicando nuestros derechos
Espero que este taller los oriente en el uso de sus derechos como ciudadanos. Es un poco largo pero vale la pena conocer y aplicar cada de ellos en nuestras vidas.

1-Glosario
Casación: revisar que se haya aplicado la ley correspondiente y que se haya hecho razonablemente.

Hurto: tomar algo que no es nuestro.

Robo: tomar algo que no es nuestro mediante el uso de la violencia.

Peculio: ingreso económico.

Persona física: la gente.

Persona jurídica: existencia ideal. Capacidad para actuar como sujetos de derecho, esto es, capacidad para adquirir y poseer bienes de todas clases, para contraer obligaciones y ejercitar acciones judiciales.

Cheque: título de crédito en el que la persona que es autorizada para extraer dinero de una cuenta (por ejemplo, el titular), extiende a otra persona una autorización para retirar una determinada cantidad de dinero de su cuenta.

Pagaré: título de crédito o título valor que contiene la promesa incondicional de una persona -denominada suscriptora-, de que pagará a una segunda persona -llamada beneficiaria o tenedora-, una suma determinada de dinero en un determinado plazo de tiempo.

Prorrata: Porción de las cosas o dinero que se reparte entre varias personas a los efectos de que cada una de ellas perciba o abone lo que proporcionalmente le corresponda. Se repartes los porcentajes a pagar con los valores ($) que existen al vender o rematar los bienes.

Expropiación: Acto formal mediante el cual se priva a las personas naturales o jurídicas del derecho de propiedad privada. Esto es realizado por ejecutivo provincial mediante una ley.

Convenio: acuerdo, contrato.

Condominio: Participación de varios sujetos en la propiedad de una cosa.

Dominio: Conjunto de las facultades que sobre la cosa en propiedad corresponden a su titular.

Norma Jurídica: Regla dictada por legitimo poder para determinar la conducta humana.

Nuda propiedad: Propiedad de una cosa desprovista de la facultad del goce o disfrute de la misma.
Recurso de amparo: es una acción constitucional que tutela los derechos constitucionales del ciudadano.

Habeas data: acción constitucional o legal que tiene cualquier persona que figura en un registro o banco de datos, de acceder a tal registro para conocer qué información existe sobre su persona, y de solicitar la corrección de esa información si le causara algún perjuicio.

Habeas corpus: institución jurídica que garantiza la libertad personal del individuo, a fin de evitar los arrestos y detenciones arbitrarias.

Derecho: es el orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad inspirado en postulados de justicia, cuya base son las relaciones sociales existentes que determinan su contenido y carácter. En otras palabras, es el conjunto de normas que regulan la convivencia social y permiten resolver los conflictos interpersonales.

Derecho positivo: es el conjunto de leyes escritas en un ámbito territorial, que abarca toda la creación jurídica del Legislador, tanto del pasado como la vigente, recogida en forma de Ley.

Derecho natural: es una parte de la Filosofía del Derecho cuyo tema fundamental de estudio es la Justicia. Deviene de Dios a los hombres entregándonos el cono0cimiento de lo que esta bien y lo que esta mal (moral, ética).

Derecho objetivo: es la norma en si misma.

Derecho subjetivo: facultad reconocida a la persona por la ley que le permite efectuar determinados actos, un poder otorgado a las personas por las normas jurídicas para la satisfacción de intereses que merecen la tutela del Derecho.

Usucapión: posesión adquisitiva por el paso del tiempo.

Chicana o chicanear: termino utilizado por los abogados para demorar las cosas.

Taxativo: algo concreto que no admite discusión.

Tasación: Fijación del valor de un bien o bienes determinados.

2-PRINCIPIO Y VALORES DEL SISTEMA DEMOCRATICO.

El principio de igualdad ante la ley es el que establece que todos los hombres y mujeres son iguales ante la ley, sin que existan privilegios ni prerrogativas de sangre o títulos nobiliarios. Es un principio esencial de la democracia. El principio de igualdad ante la ley es incompatible con sistemas legales de dominación como la esclavitud, la servidumbre o el colonialismo.

En nuestro país el principio de igualdad ante la ley está reconocido en el artículo 16 de la Constitución Nacional, cuando cita: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”

Igualdad Relativa: se denomina de esta manera al modo en que debe llevarse a cabo un caso determinado, es decir, a idénticos casos o idénticas situaciones igual tratamiento o solución. Esta forma de entender la igualdad ante la ley se contrapone a la igualdad entendida como absoluta, porque este tipo de igualdad precisamente supone que debe distinguirse entre quienes no se encuentren en similares condiciones, distinción, eso sí, que debe ser razonable, asimismo exige que debe tratarse de igual manera a quienes se encuentren en una misma situación fáctica.
Razón de la Relatividad: entendemos que la igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias fácticas y que no se trata, por consiguiente, de una igualdad absoluta, sino que debe aplicarse la ley por los órganos de la Administración del Estado en cada caso conforme a las diferencias especificas. La igualdad de que venimos hablando exige la distinción razonable entre quienes no se encuentren en la misma condición, por lo que ella no impide que la legislación contemple en forma distinta situaciones diferentes. Es por estas consideraciones que la igualdad ante la ley supone distinguir a quienes no se encuentran en similares condiciones, y en caso contrario tratar de modo igualitario a quienes de hecho están en una misma situación.

Como dijo la profesora española Maria José Añón “sería ilícito tratar de modo desigual o menos favorable a individuos que se encuentren en situaciones análogas, pero es lícito tratar de modo diverso a personas que se encuentran en situaciones diversas, siempre que la situaciones sean comparables, exista una justificación razonable de la diferencia de trato y se demuestre la proporcionalidad entre los medios empleados y el fin perseguido”.

Igualdad Absoluta: supone una identidad absoluta entre todos los ciudadanos, es decir, al ser todas las personas idénticas entre sí deben ser tratadas forzosamente de igual manera. En este sentido, todos los ciudadanos formarían una clase única de sujetos a los cuales la ley trata uniformemente sin considerar a las personas en su individualidad.

La dignidad humana es la prioridad del ser humano, compuesto de elementos subjetivos, que corresponden al convencimiento de que las condiciones particulares de vida permiten alcanzar la felicidad y de elementos objetivos, vinculados con las condiciones de vida que tiene la Persona, para obtener el mismo. La dignidad humana abarca todos los aspectos de la vida del hombre “Los Derechos Personalísimos”,que reconoce el derecho de la vida, la libertad, aspectos referidos al honor, etc., se produce su consagración sistemática, a través de normas de carácter internacional como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) o el Pacto de San José de Costa Rica (1969), que se tradujeron en tratados, pactos y convenciones que redondean un verdadero derecho internacional tuitivo de los derechos de la personalidad, que obliga a los adherentes a adecuar sus legislaciones locales.

En la Constitución de la Nación Argentina estos derechos son reflejados en la reforma de 1994.
Caracteres
Absolutos: se oponen erga omnes, es decir contra todos.
Innatos, inherentes y necesarios: Porque surgen en el origen de la persona por su solo carácter de su ser individual, existe una unión inseparable entre el sujeto y el objeto del derecho.

Vitalicios: Durante toda la vida de la persona, con algunas excepciones referidas a supuestos que se dan luego del fallecimiento de ellas que se trasladan a los herederos.
Inalienables: estos derechos están fuera del comercio, no pueden ser objeto de cesión o transferencia.

Autónomos: las características propias de estos derechos subjetivos, que los llevan a diferenciarse de los demás, constituyendo una categoría particular, “inconfundible”.
Respeto por los derechos, garantías y dignidad humana: Podemos hacer respetar nuestros derechos y garantías utilizando como medio, recursos de amparo, habeas data y habeas corpus.

Limites del ejercicio de nuestros derechos: el límite a nuestros derechos se establece cuando comienza el derecho del otro.

Formación de la Conciencia Cívica: Tiene como punto de partida a la familia ya que la misma es el núcleo de socialización primaria de todo individuo. Por ejemplo, ser respetuoso de los derechos y obligaciones que involucran a la sociedad, respetar los señalamientos al manejar, no tirar basura en la calle, no desperdiciar agua etc. Y los que involucran los valores como no ser corrupto, no realizar coimas, no asaltar y respetar los símbolos patrios.

Deberes: es el civismo, el respeto por la ley y toda su normativa.
Cargas Públicas: se encuentra por encima del deber, es una obligación personal e intransferible a ninguna otra persona. Por ejemplo, ser sencista, presidente de mesa en comicios, emitir el voto etc.

Solidaridad Social: se trata de respetar las decisiones de los de más, y brindar nuestro apoyo al prójimo en todos los aspectos que sea posible.
Constitución Nacional - Partes que la componen:

a) Preámbulo

b) Primera parte
• Capítulo Primero: Declaraciones, derechos y garantías
• Capítulo Segundo: Nuevos derechos y garantías
c) Segunda parte
• Título primero : Gobierno Federal
Sección Primera: Del Poder Legislativo
• Capítulo Primero: De la Cámara de Diputados
• Capítulo Segundo: Del Senado
• Capítulo Tercero: Disposiciones comunes a ambas Cámara
• Capítulo Cuarto: Atribuciones del Congreso
• Capítulo Quinto: De la formación y sanción de las leyes
• Capítulo Sexto: De la Auditoria General de la Nación
• Capítulo Séptimo: Del defensor del pueblo
• Sección Segunda: Del Poder Ejecutivo
• Capítulo Primero: De su naturaleza y duración
• Capítulo Segundo : De la forma y tiempo de la elección del presidente y vicepresidente de la Nación
• Capítulo Tercero: Atribuciones del Poder Ejecutivo
• Capítulo Cuarto: Del jefe de gabinete y demás ministros del Poder Ejecutivo
o Sección Tercera: Del Poder Judicial
• Capítulo Primero: De su naturaleza y duración
• Capítulo Segundo: Atribuciones del Poder Judicial
o Sección Cuarta: Del ministerio público
• Título segundo : Gobiernos de provincias
c) Disposiciones transitorias: 17

EL DERECHO EN GENERAL
El Derecho: es el orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad inspirado en postulados de justicia, cuya base son las relaciones sociales existentes que determinan su contenido y carácter. En otras palabras, es el conjunto de normas que regulan la convivencia social y permiten resolver los conflictos interpersonales.
Derecho positivo: es el conjunto de leyes escritas en un ámbito territorial, que abarca toda la creación jurídica del Legislador, tanto del pasado como la vigente, recogida en forma de Ley.
Derecho subjetivo: facultad reconocida a la persona por la ley que le permite efectuar determinados actos, un poder otorgado a las personas por las normas jurídicas para la satisfacción de intereses que merecen la tutela del Derecho.
Derecho objetivo: es la norma en si misma.

Derecho natural: es una parte de la Filosofía del Derecho cuyo tema fundamental de estudio es la Justicia. Deviene de Dios a los hombres entregándonos el cono0cimiento de lo que esta bien y lo que esta mal ( moral, ética).

Derechos humanos: Los derechos humanos son aquellos que gozamos, por el sólo hecho de ser personas, sin distinción social, económica, política, jurídica e ideológica. La ONU, aprobó el texto de "Declaración Universal de Derechos Humanos”, el 10 de diciembre de 1948. Esta declaración no es una norma jurídica obligatoria, aunque con ella comienza la internacionalización de los derechos humanos, caracterizados por un consenso generalizado en la comunidad internacional, respecto de los cuales son derechos inherentes a la dignidad del hombre, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión de las personas. En la constitución de la Nación Argentina se contemplan los pactos internacionales de los Derechos Humanos en el artículo 75 inc. 22: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño. Los mismos tienen jerarquía constitucional.

Discriminación: es el acto de hacer una distinción, es un acto de abuso e injusticia que viola el derecho de la igualdad de oportunidades. La discriminación como tal, no es tolerada en ninguna sociedad democrática y no debería existir. Discriminación Activa: le corresponde al sujeto que realiza la discriminación. Discriminación Pasiva: le corresponde al sujeto que es discriminado por otra persona. También hablamos de discriminación pasiva cuando esta es emitida hacia nosotros mismos.

Derecho de los Nativos: trata de hacer respetar el idioma, cultura, costumbres de todos los pueblos indígenas ya que los mismos deben ser tratados con igualdad.
En la constitución de la provincia de Salta se da particular atención a este derecho cuando cita en su artículo 15: I. La Provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas que residen en el territorio de Salta.
Reconoce la personalidad de sus propias comunidades y sus organizaciones a efectos de obtener la personería jurídica y la legitimación para actuar en las instancias administrativas y judiciales de acuerdo con lo que establezca la ley. Créase al efecto un registro especial.
Reconoce y garantiza el respeto a su identidad, el derecho a una educación bilingüe e intercultural, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras fiscales que tradicionalmente ocupan, y regula la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes ni embargos.
Asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y demás intereses que los afecten de acuerdo a la ley.
II. El Gobierno Provincial genera mecanismos que permitan, tanto a los pobladores indígenas como no indígenas, con su efectiva participación, consensuar soluciones en lo relacionado con la tierra fiscal, respetando los derechos de terceros.
Protección internacional de los Derechos Humanos: los organismos encargados de la protección de los derechos humanos son la OEA – OIT – ONU – ONS entre otros; los mismos poseen la facultad de manejar todos los temas referidos a los derechos del hombre y cuentan con un tribunal que evalúa sus actos.
Aplicabilidad de los instrumentos internacionales al derecho interno: los pactos internacionales tienen valor de aplicabilidad cuando toman fuerza de ley. En la constitución Argentina los pactos internacionales están contemplados en el articulo 75 inc. 22, por lo tanto tienen fuerza de ley y están a la altura de la Constitución Nacional.
Cuando se produce una violación a los Derechos Humanos son los organismos y la HAYA los encargados de sancionar al País que lo cometió, las sanciones que se aplican pueden llegar a ser muy severas como por ejemplo, bloqueos económicos.

EL DEBIDO PROCESO COMO GARANTIA DE DERECHOS
• Debido proceso: El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo que asegura el cumplimiento de los derechos y garantías que toda persona tiene, tendiente a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez. Es aquel procedimiento en el cuál se respetan:
A) La Presunción de inocencia
B) El Derecho de Defensa, que incluye:
• Derecho de conocer los cargos que se hacen.
• Derecho de hacer descargos y defenderse
• Derecho de apelar.
• A se provisto de un defensor oficial si no lo tuviere.
• Nadie puede ser obligado a declarar en contra de si mismo.
C) Proceso de tiempo razonable.
D) Doble instancia
En un Estado de derecho, toda sentencia judicial debe basarse en un proceso previo legalmente tramitado. Quedan prohibidas, por tanto, las sentencias dictadas sin un proceso previo. Esto es especialmente importante en el área penal. La exigencia de legalidad del proceso también es una garantía de que el juez deberá ceñirse a un determinado esquema de juicio, sin poder inventar trámites a su gusto, con los cuales pudiera crear un juicio amañado que en definitiva sea una farsa judicial.

La legítima defensa o defensa propia
En Derecho Penal, una causa que justifica la realización de una conducta sancionada penalmente, eximiendo de responsabilidad a su autor, y que en caso de no cumplirse todos sus requisitos, permite reducir la pena aplicable a este último. En otras palabras, es una situación que permite eximir, o eventualmente reducir, la sanción ante la realización de una conducta generalmente prohibida.
Una definición más concreta revela que la defensa propia es: El contra-ataque o repulsa de una agresión actual, inminente e inmediata con el fin de proteger bienes jurídicos propios o ajenos.

Doble instancia: La doble instancia judicial es un derecho consagrado por el Pacto de San José de Costa Rica,
el condenado posee, otro instrumento más de protección, contra la potestad punitiva del Estado, el derecho a que su sentencia sea revisada por un tribunal superior al que se la impuso, y por el otro, que ya no sea una facultad del procesado, sino por el contrario que sea un auténtico derecho a la ”doble conformidad” como condición de la ejecución de la condena.
La garantía de la doble instancia o el doble conforme
Un recurso que ataque una sentencia penal condenatoria, tal como ocurre contra las decisiones recurribles en la etapa de la instrucción, debe ser amplio.
Es decir, debe permitir el estudio de todas las cuestiones que merezcan revisión para garantizar el derecho de defensa y el debido proceso, sean ellas sobre el análisis de la prueba, de los hechos, o relacionadas con errores en la aplicación u observancia del derecho procesal o de fondo.

La garantía de la doble instancia fue incorporada a nuestro derecho sustantivo a través del juego de los arts. 8º, apartado 2º, inciso h) de la Convención Americana de Derechos Humanos, 14º, inciso 5º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y la obligatoriedad de los tratados internacionales incorporada a la Constitución Nacional mediante el artículo 75, inciso 22.

Esta garantía procesal debe conducir necesariamente a la exigencia de que para ejecutar una pena contra una persona, se necesite una doble conformidad judicial.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de interpretación de la Convención, en el caso ”Maqueda” , le ha dado un alcance aún más amplio a la garantía del doble conforme, considerando que el resguardo no era únicamente de un fallo condenatorio, sino que abarcaba, asimismo, ”todos los autos procesales importantes”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación informó que la opinión ”de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida que el Estado argentino reconoció la competencia de aquella para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana”

El recurso de Casación
Es un recurso que materializa un acto de voluntad del litigante, por el que solicita la revisión de la sentencia, amparándose en un error de derecho al juzgar (in iudicando) o en un error o vicio procesal que desnaturaliza la validez de la sentencia emitida (in procedendo). Como enseña el profesor Roxin:
“La casación es un recurso limitado. Permite únicamente el control in iure. Esto significa que la situación de hecho fijada en la sentencia es tomada como ya establecida y sólo se investiga si el tribunal inferior ha incurrido en una lesión al Derecho material o formal. Así, la casación es, en contraposición a la apelación, que ha sido designada como una “segunda primera instancia”, un auténtico procedimiento en segunda instancia.”
Por ello, el recurso de casación es considerado un medio de impugnación por el cual, por motivos de derecho específicamente previstos por la ley, una parte postula la revisión de los errores jurídicos atribuidos a la sentencia de mérito que la perjudica, reclamando la correcta aplicación de la ley sustantiva o la anulación de la sentencia, y una nueva edición, con o sin reenvío a nuevo juicio.
LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES:

HÁBEAS CORPUS, AMPARO Y HÁBEAS DATA (Citado en glosario)
CONSTITUCIONALIDAD DEL SISTEMA PENAL DE MENORES EN LA REPUBLICA ARGENTINA.
El actual sistema penal de menores, en la República Argentina, se encuentra conformado por: a) la ley del Patronato de Menores (10.903), b) el Régimen Penal de la Minoridad (leyes 22.278 y 22.803), y c) por el Código Procesal Penal de la Nación, en sus artículos arts. 28 (competencia del tribunal de menores para aquellos hechos que estén reprimidos con pena privativa de la libertad mayor de tres años), 29, inc, 1ero (competencia del Juez de menores de instrucción), y por todos los artículos que integran el Capítulo II, del Título II del Libro III (arts.410 al 414).
A lo largo de este capítulo, se expondrán los graves problemas de índole constitucional que trae aparejada la aplicación de un modelo de sistema penal tutelar o asistencial como el que actualmente todavía se encuentra vigente en nuestro país.
Veamos cuáles son:

a) principio de igualdad ante la ley (artículo 16 C.N.): Se le da un trato diferencial a niños y adolescentes, con la única finalidad de someterlos a un régimen penal en el que les son retaceados todos sus derechos y garantías constitucionales.
b) principio de legalidad (art. 18 C.N.): las leyes que rigen el sistema penal de menores en nuestro país incriminan, en algunos casos, estados y no conductas tipificadas en la ley penal que sirvan de antecedentes para la aplicación de una sanción.
Asimismo, siguiendo a Raúl Horacio Viñas, se puede afirmar que “La consecuencia inmediata del hecho delictivo, realizado por un menor entre 16 y 18 años, consiste en que el juez toma a su respecto una disposición provisoria que es una medida de neta índole tutelar. En primer lugar, de custodia obligada del menor por juez, que procurará su protección integral y, con ella, su adecuada formación(...)en segundo lugar, puede restringir los derechos propios de la patria potestad”.

Esta disposición provisoria (que puede durar hasta los 18 años sin que el imputado sepa aún si, finalmente, va a ser sancionado penalmente o no), se convierte en definitiva, cuando se determina a través de los estudios que se le realizan al joven, que éste se halla abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral, o presenta problemas de conducta. El juez, en estos casos, dispondrá definitivamente del joven por auto fundado, previa audiencia de los padres, tutor o guardador”.

Esa resolución no es apelable, por lo que también se estaría violando la garantía constitucional del “doble conforme” o de la “doble instancia” (art. 18 de la C.N.). Ello es así, ya que la asistencia técnica del joven no cuenta con otros mecanismos, para poner en crisis una medida de tamaña gravedad, debido a que la así llamada “disposición” constituye, sin lugar a dudas, la aplicación de una pena por parte del Estado.

c) principio de reserva (art. 19 C.N.):este principio entra claramente en conflicto con las leyes que integran el sistema penal de menores, pues éstas otorgan al juez -dentro del expediente tutelar- una absoluta discrecionalidad para la “disposición” (provisoria o definitiva) del menor, no sobre la base de lo que hizo sino de lo que es.

Por otra parte, la regla nº 4 del art. 413 del C.P.P.N. vulnera el derecho a la intimidad del menor, lo que también entra en colisión con aquel principio constitucional.

d) garantía de juicio previo: por vía de la llamada “disposición” (equivalente a una pena, tal como se explicara en los parágrafos que anteceden), se le aplica al “menor” una sanción punitiva, sin que exista un juicio previo de reprochabilidad, pasado en autoridad de cosa juzgada.

e) garantía del proceso legal previo: problema idéntico al visto en el punto anterior, pues este principio alude “al procedimiento previo a la sentencia, supuesto por la ley fundamental tal que, precisamente, le procure los elementos para la decisión del tribunal respecto a la imputación deducida, esto es, los elementos que le permitan construir, sobre todo, la premisa fáctica donde apoyar su resolución, aplicando la ley penal o prescindiendo de su actuación”.

f) garantía de defensa en juicio: es evidente que la defensa de un “menor”, en el proceso penal vigente, sufre un menoscabo absoluto, ya que no tiene la más mínima posibilidad de hacer valer sus derechos, frente a la excesiva discrecionalidad que tiene un juez de menores.

Por añadidura, se puede observar -en el artículo 412 del código ritual- una flagrante violación a este principio. En dicha norma, se hace una remisión al art. 76 según el cual, de acuerdo a las circunstancias, se puede disponer provisoriamente la internación del menor, en calidad de inimputable. De tal modo, se asimila la inimputabilidad, prevista en el art. 34, inc. 1ero. del Código Penal, con la particular configuración psicofísica del niño en razón de su edad, en su condición de “persona en estado especial de desarrollo” como lo llama la doctrina de la Protección Integral, de las Naciones Unidas.
El artículo 413, del mismo plexo normativo, también ofrece una sumatoria de reparos, en lo concerniente al debido respeto de la garantía en cuestión, que aparece violada en forma reiterada y flagrante.

Por empezar, su regla nº 2 determina que “el imputado sólo asistirá al debate cuando fuere imprescindible, y será alejado de él en cuanto se cumpla el objeto de su presencia”.
La regla nº 3, a su vez, impone la obligación de que asista al debate el asesor de menores – recuérdese que éste es quien no sólo aporta los informes socio-ambientales, sino quien también dictamina en el incidente tutelar sobre la conveniencia de que el joven sea internado o no - con facultades idénticas a las de un defensor técnico, pudiendo intervenir en la discusión incluso cuando el imputado tenga su propio patrocinio privado. No cabe ninguna duda, de que esta norma constituye otra ostensible violación del principio de la defensa técnica, al afectar directamente la garantía constitucional que estamos analizando, pues hace recaer en una misma persona – el asesor de menores - dos funciones totalmente contrapuestas: por un lado, “defiende” al acusado y, por el otro, dictamina si éste debe ser sometido a una medida de seguridad (equiparada a una pena).
Queda claro, entonces, que la obligada presencia –y consabida participación- del asesor de menores, cuando al joven acusado lo está asesorando un abogado defensor, debería lisa y llanamente ser eliminada.

Finalmente, el artículo 414 del C.P.P. señala que el tribunal, de oficio o a pedido de parte, puede reponer las medidas de seguridad y educación adoptadas con respecto al menor. A tal efecto, se “podrá” (facultativo del juez) practicar una información sumaria conveniente, debiéndose oír a los “interesados”, en una audiencia previa al dictado de la resolución. Esta norma, en donde se regula la reposición de una medida de seguridad, desconoce palmariamente no sólo la garantía puesta en estudio en estos parágrafos, sino hasta incluso las más básicas que posee cualquier persona en un estado de derecho.
g) principio de inocencia: a partir de lo expuesto en los párrafos precedentes, sea cual fuere el resultado final del proceso, aún puede el juez, si lo cree necesario, igualmente disponer del menor en forma definitiva.
h) principio de publicidad: la regla nro. 1º del artículo 413 hace prevalecer el derecho de intimidad del “menor” sobre la publicidad pero, tal como se ha señalado doctrinariamente, ambos principios no tienen el mismo rango normativo y, por lo tanto, siempre debe primar el principio de publicidad, pues éste emana de la forma republicana de gobierno.

Derecho de Familia

Régimen Legal Aplicable al Matrimonio

Las condiciones de validez intrínsecas y extrínsecas del matrimonio se rigen por el derecho del lugar de su celebración, aunque los contrayentes hubieren dejado su domicilio para sujetarse a las normas que en él rigen.
No se reconocerá ningún matrimonio celebrado en un país extranjero si mediaren algunos de los impedimentos de los incisos 1, 2, 3, 4, 6 o 7 del artículo 166.
La prueba del matrimonio celebrado en el extranjero se rige por el derecho del lugar de celebración. El matrimonio celebrado en la República cuya separación personal haya sido legalmente decretada en el extranjero, podrá ser disuelto en el país en las condiciones establecidas en el artículo 216, aunque el divorcio vincular no fuera aceptado por la ley del Estado donde se decretó la separación. Para ello cualquiera de los cónyuges deberá presentar ante el juez de su actual domicilio la documentación debidamente legalizada.
Las relaciones personales de los cónyuges serán regidas por la ley del domicilio efectivo, entendiéndose por tal el lugar donde los mismos viven de consuno. En caso de duda o desconocimiento de éste, se aplicará la ley de la última residencia. El derecho a percibir alimentos y la admisibilidad, permisibilidad, oportunidad y alcance del convenio alimentario, si lo hubiere, se regirán por el derecho del domicilio conyugal. El monto alimentario se regulará por el derecho del domicilio del demandado si fuera más favorable a la pretensión del acreedor alimentario. Las medidas urgentes se rigen por el derecho del país del juez que entiende en la causa.
Las convenciones matrimoniales y las relaciones de los esposos con respecto a los bienes se rigen por la ley del primer domicilio conyugal, en todo lo que, sobre materia de estricto carácter real, no esté prohibido por la ley del lugar de ubicación de los bienes. El cambio de domicilio no altera la ley aplicable para regir las relaciones de los esposos en cuanto a los bienes, ya sean adquiridos antes o después del cambio.

Derechos y Deberes de los Cónyuges

Los esposos se deben mutuamente fidelidad, asistencia y alimentos.
Los esposos deben convivir en una misma casa, a menos que por circunstancias excepcionales se vean obligados a mantener transitoriamente residencias separadas. Podrán ser relevados judicialmente del deber de convivencia cuando ésta ponga en peligro cierto la vida o la integridad física, psíquica o espiritual de uno de ellos, de ambos o de los hijos. Cualquiera de los cónyuges podrá requerir judicialmente se intime al otro a reanudar la convivencia interrumpida sin causa justificada bajo apercibimiento de negarle alimentos.
Los esposos fijarán de común acuerdo el lugar de residencia de la familia.

De la Separación Personal

La separación personal no disuelve el vínculo matrimonial.
Son causas de separación personal:
1. El adulterio;
2. La tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de los hijos, sean o no comunes, ya como autor principal, cómplice o instigador;
3. La instigación de uno de los cónyuges al otro a cometer delitos;
4. Las injurias graves. Para su apreciación el juez tomará en consideración la educación, posición social y demás circunstancias de hecho que puedan presentarse;
5. El abandono voluntario y malicioso.
Uno de los cónyuges puede pedir la separación personal en razón de alteraciones mentales graves de carácter permanente, alcoholismo o adicción a la droga del otro cónyuge, si tales afecciones provocan trastornos de conducta que impidan la vida en común o la del cónyuge enfermo con los hijos.
Podrá decretarse la separación personal, a petición de cualquiera de los cónyuges, cuando éstos hubieren interrumpido su cohabitación sin voluntad de unirse por un término mayor de dos años. Si alguno de ellos alega y prueba no haber dado causa a la separación, la sentencia dejará a salvo los derechos acordados al cónyuge inocente. Transcurridos dos años del matrimonio, los cónyuges, en presentación conjunta, podrán manifestar al juez competente que existen causas graves que hacen moralmente imposible la vida en común y pedir su separación personal conforme a lo dispuesto en el artículo 236.

De los Efectos de la Separación Personal

Separados por sentencia firme, cada uno de los cónyuges podrá fijar libremente su domicilio o residencia. Si tuviese hijos de ambos a su cargo se aplicarán las disposiciones relativas al régimen de patria potestad. Los hijos menores de 5 años quedarán a cargo de la madre, salvo causas graves que afecten el interés del menor. Los mayores de esa edad a falta de acuerdo de los cónyuges, quedarán a cargo de aquel a quien el juez considere mas idóneo. Los progenitores continuarán sujetos a todas las cargas y obligaciones respecto de sus hijos.
El cónyuge que hubiera dado causa a la separación personal en los casos del artículo 202, deberá contribuir a que el otro, si no dio también causa a la separación, mantenga el nivel económico del que gozaron durante su convivencia, teniendo en cuenta los recursos de ambos. Para la fijación de alimentos se tendrá en cuenta:
1. La edad y estado de salud de los cónyuges;
2. La dedicación al cuidado y educación de los hijos del progenitor a quien se otorgue la guardia de ellos;
3. La capacitación laboral y probabilidad de acceso a un empleo del alimentado;
4. La eventual pérdida de un derecho de pensión;
5. El patrimonio y las necesidades de cada uno de los cónyuges después de disuelta la sociedad conyugal. En la sentencia el juez fijará las bases para actualizar el monto alimentario.
Todo derecho alimentario cesará si el cónyuge que los percibe vive en concubinato o incurre en injurias graves contra el otro cónyuge.
Dictada la sentencia de separación personal el cónyuge a quien se atribuyó la vivienda durante el juicio, o que continuó ocupando el inmueble que fue asiento del hogar conyugal, podrá solicitar que dicho inmueble no sea liquidado ni partido como consecuencia de la disolución de la sociedad conyugal si ello le causa grave perjuicio, y no dió causa a la separación personal, o si ésta se declara en los casos del artículo 203 y el inmueble estuviese ocupado por el cónyuge enfermo. En iguales circunstancias, si el inmueble fuese propio del otro cónyuge, el juez podrá establecer en favor de éste una renta por el uso del inmueble en atención a las posibilidades económicas de los cónyuges y al interés familiar, fijando el plazo de duración de la locación. El derecho acordado cesará en los casos del artículo 210. También podrá declararse la cesación anticipada de la locación o de la indivisión si desaparecen las circunstancias que le dieron lugar.

De la Disolución del Vínculo

El vínculo matrimonial se disuelve:
1. Por la muerte de uno de los esposos;
2. Por el matrimonio que contrajere el cónyuge del declarado ausente con presunción de fallecimiento;
3. Por sentencia de divorcio vincular.

Del Divorcio Vincular

Son causas de divorcio vincular:
1. Las establecidas en el artículo 202;
2. La separación de hecho de los cónyuges sin voluntad de unirse por un tiempo continuo mayor de tres años, con los alcances y en la forma prevista en el artículo 204.
Transcurridos tres años del matrimonio, los cónyuges, en presentación conjunta podrán manifestar al juez competente que existen causas graves que hacen moralmente imposible la vida en común y pedir su divorcio vincular, conforme lo dispuesto en el artículo 236.
El divorcio vincular podrá decretarse por conversión de la sentencia firme de separación personal, en los plazos y formas establecidos en el artículo 238.

Contrato

Un contrato, en términos generales, es definido como un acuerdo privado, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser exigidas. Es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para las partes.1Por ello se señala que habrá contrato cuando varias partes se ponen de acuerdo sobre una manifestación de voluntad destinada a reglar sus derechos. las partes en un contrato son personas físicas o jurídicas. En un contrato hay dos polos o extremos de la relación jurídica obligacional, cada polo puede estar constituido por más de una persona revistiendo la calidad de parte. El contrato, en general, tiene una connotación patrimonial, y forma parte de la categoría más amplia de los negocios jurídicos. La función del contrato es originar efectos jurídicos.
Efectos del contrato

Los efectos de los contratos se extienden activa y pasivamente a los herederos y sucesores universales, a no ser que las obligaciones que nacieren de ellos fuesen inherentes a la persona, o que resultase lo contrario de una disposición expresa de la ley, de una cláusula del contrato, o de su naturaleza misma. Los contratos no pueden perjudicar a terceros.
Sin embargo los acreedores pueden ejercer todos los derechos y acciones de su deudor, con excepción de los que sean inherentes a su persona.
Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma.

Clasificación de los contratos

Contratos unilaterales y bilaterales

Contrato unilateral: es un acuerdo de voluntades que engendra solo obligaciones para una parte.
Contrato bilateral: es el acuerdo de voluntades que da nacimiento a obligaciones para ambas partes.
Esta clasificación tiene importancia, entre otros, para efectos de la teoría o problemas de los riesgos y la excepción de contrato no cumplido.
Cuando en un contrato unilateral existen obligaciones que impliquen la transferencia de una cosa, si está se destruye por caso fortuito o fuerza mayor es necesario poder establecer quién debe de sufrir la pérdida. La cosa siempre perece para el acreedor (en los contratos traslativos de dominio el acreedor es el dueño; mientras en los contratos traslativos de uso, el acreedor a la restitución es el dueño y la cosa perece para él).
Si el contrato fuere bilateral no habría posibilidad de plantear el problema, porque esta cuestión supone que siendo las obligaciones recíprocas, una parte no cumple entregando la cosa, por un caso de fuerza mayor y en atención a esto la otra parte debe cumplir, ya que no es imputable el incumplimiento del deudor.

Contratos onerosos y gratuitos
Contrato oneroso: es aquél en el que existen beneficios y gravámenes recíprocos, en éste hay un sacrificio equivalente que realizan las partes; por ejemplo, la compraventa, porque el vendedor recibe el provecho del precio y a la vez entrega la cosa, y viceversa, el comprador recibe el provecho de recibir la cosa y el gravamen de pagar.
Contrato gratuito: sólo tiene por objeto la utilidad de una de las dos partes, sufriendo la otra el gravamen. Es gratuito, por tanto, aquel contrato en el que el provecho es para una sola de las partes, como por ejemplo el comodato.

Contratos conmutativos y aleatorios

Contrato conmutativo: es aquel contrato en el cual las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde el momento que se celebra el acto jurídico, un ejemplo muy claro es el contrato de compraventa de una casa.

Contratos aleatorio: es aquel que surge cuando la prestación depende de un acontecimiento futuro e incierto y al momento de contratar, no se saben las ganancias o pérdidas hasta el momento que se realice este acontecimiento futuro. Ejemplos son el contrato decompraventa de cosecha llamado de "esperanza", apuestas, juegos, etc.
Contratos principales y accesorios

Contrato principal: es aquel que existe por sí mismo, en tanto que los accesorios son los que dependen de un contrato principal. Los accesorios siguen la suerte de lo principal porque la nulidad o la inexistencia de los primeros origina a su vez, la nulidad o la inexistencia del contrato accesorio.

Contratos accesorios: son también llamados "de garantía", porque generalmente se constituyen para garantizar el cumplimiento de una obligación que se reputa principal, y de esta forma de garantía puede ser personal, como la fianza, en que una persona se obliga a pagar por el deudor, si éste no lo hace; o real, como el de hipoteca, el de prenda, en que se constituye un derecho real sobre un bien enajenable, para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago.

Contratos instantáneos y de tracto sucesivo

Contrato instantáneo: son aquellos que se cumplen en el mismo momento en que se celebran, es decir, su cumplimiento se lleva a cabo en un solo acto.

Contrato de Tracto Sucesivo: es aquel en que el cumplimiento de las prestaciones se realiza en un periodo determinado, y que, por deseo de las partes se puede extender para satisfacer sus necesidades primordiales y éstos términos pueden ser:
Ejecución continuada: ejecución única pero sin interrupción.
Ejecución periódica: varias prestaciones que se ejecutan en fechas establecidas.
Ejecución intermitente: se da cuando lo solicita la otra parte.
Contrato consensual y real
Contrato consensual: por regla general, el consentimiento de las partes basta para formar el contrato; las obligaciones nacen tan pronto como las partes se han puesto de acuerdo. El consentimiento de las partes puede manifestarse de cualquier manera. No obstante, es necesario que la voluntad de contratar revista una forma particular, que permita por medio de ella conocer su existencia. No es la simple coexistencias de dos voluntades internas lo que constituye el contrato; es necesario que éstas se manifiesten al exterior, que sean cambiadas Ejemplos: mutuo, comodato y depósito.
Contrato real: queda concluido desde el momento en que una de las partes haya hecho a la otra la tradición o entrega de la cosa sobre la que versare el contrato.

Contrato formal, solemne o no solemne, y no formal
Contrato formal o solemne: es aquel en que la ley ordena que el consentimiento se manifieste por determinado medio para que el contrato sea válido. En la legislación se acepta un sistema ecléctico o mixto respecto a las formalidades, porque en principio, se considera que el contrato es consensual, y sólo cuando el legislador imponga determinada formalidad debe cumplirse con ella, porque de lo contrario el acto estará afectado de nulidad.
Contrato privado y público
Contrato privado: es el realizado por las personas intervinientes en un contrato con o sin asesoramiento profesional. Tendrá el mismo valor que la escritura pública entre las personas que los suscriben y sus causahabientes
Contrato público: son los contratos autorizados por los funcionarios o empleados públicos, siempre dentro del ámbito de sus competencias, tiene una mejor condición probatoria.Los documentos notariales son los que tienen una mayor importancia
y dentro de ellos principalmente las escrituras públicas.
Contrato nominado o típico e innominado o atípico
Contrato nominado o típico: es aquel contrato que se encuentra previsto y regulado en la ley. Por ello, en ausencia de acuerdo entre las partes, existen normas dispositivas a las que acudir. (Compraventa, Arrendamientos...)
Contrato innominado o atípico: es aquel para el que la ley no tiene previsto un nombre específico, debido a que sus características no se encuentran reguladas por ella. Puede ser un híbrido entre varios contratos o incluso uno completamente nuevo. Para completar las lagunas o situaciones no previstas por las partes en el contrato, es necesario acudir a la regulación de contratos similares o análogos.

Derecho de trabajo
El Derecho laboral (también llamado Derecho del trabajo o Derecho social) es una rama del Derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen por objeto la tutela del trabajo humano, productivo, libre y por cuenta ajena.
De esta manera, el concepto de trabajo al que presta atención el Derecho laboral es la actividad realizada por un humano que produce una modificación del mundo exterior, a través de la cual aquél se provee de los medios materiales o bienes económicos que precisa para su subsistencia (productividad), y cuyos frutos son atribuidos libre y directamente a un tercero.
El fenómeno social del trabajo genera unas relaciones asimétricas entre las partes contratantes, en las que existe una parte fuerte (el empleador) y una parte débil (el empleado). Por ello, el Derecho laboral tiene una función tuitiva con respecto al trabajador, tendiendo sus normas a restringir la libertad de empresa para proteger a la parte débil frente a la fuerte, y persiguiendo así fines de estructuración social tutelada.
Ley
La ley es la más importante de las fuentes del Derecho laboral. Es la expresión máxima del intervencionismo del Estado en esta materia.- La ley es la fuente más importante del derecho laboral, puesto que cada Estado dentro su legislación tendra su ordenamiento jurídico respecto del trabajo y dichas disposiciones tendrán que ser acatadas tanto por empleadores como empleados dentro de determinada jurisdicción.
Códigos laborales
Muchos ordenamiento jurídicos, especialmente en Latinoamérica, iniciaron la tendencia de separar la legislación laboral de la civil, y elaborar códigos especializados sobre la materia, muchos de ellos basados en los principios cristianos de justicia social de donde se extraen los principios tales como: salario mínimo, derecho de sindicalización y la negociación de convenciones colectivas.-El código laboral de cada estado es aquel que contendrá las disposiciones legales que regularan las relaciones laborales, puesto que contendrá todos aquellos derechos y obligaciones para empleadores y trabajadores, así como también estipulara todas aquellas sanciones en caso de infracciones a las normas legales.
Leyes especiales
En algunos ordenamientos existen leyes ordinarias especiales que rigen la materia laboral, como una ampliación de la normativa general encontrada en los códigos civiles o los códigos de trabajo.
También existen leyes que su naturaleza, vienen a añadirse a la legislación laboral en temas particulares y muy específicos.
Leyes no laborales
Un último eslabón de la legislación laboral se encuentran en las leyes no laborales, como por ejemplo, la legislación comercial o la legislación civil, que operan como Derecho común, supliendo sus vacíos o lagunas.

TRABAJO DE MUJERES Y MENORES

ARTICULO 58º Se prohíbe el trabajo de los menores de 14 años, salvo el caso de aprendices. Los menores de 1 8 años no podrán contratarse para trabajos superiores a sus fuerzas o que puedan retardar su desarrollo físico normal.

ARTICULO 59º Se prohíbe el trabajo de mujeres y de menores en labores peligrosas, insalubres o
pesadas, y en ocupaciones que perjudiquen su moralidad y buenas costumbres.

ARTICULO 60º Las mujeres y los menores de 18 años, sólo podrán trabajar durante el día exceptuando labores de enfermería, servicio doméstico y otras que se determinarán.

ARTICULO 61º Ley de 6 de diciembre de 1949.
Se modifica el Art. 61 de la Ley General del Trabajo en la siguiente forma: "Las mujeres embarazadas descansarán 30 días antes hasta 30 días después del alumbramiento, o hasta un tiempo mayor si como consecuencia sobrevinieren casos de enfermedad. Conservarán su derecho al cargo y percibirán el 100% de sus sueldos o salarios.
Durante la lactancia tendrán pequeños períodos de descanso al día no inferiores
en total a una hora.
ARTICULO 62º Las empresas que ocupen más de 50 obreros mantendrán salas cuna, conforme a los planes que se establezcan.
Conc. Arts. 56 y 57 del D. Reglamentario.
ARTICULO 63º Los patronos que tengan a su servicio mujeres y niños tomarán todas las medidas conducentes a garantizar su salud física y comodidad en el trabajo. Todas las disposiciones de este
Capítulo pueden ser definidas por acción pública y, particularmente, por las sociedades protectoras de la infancia y la maternidad.

Derecho de propiedad
En Derecho, la propiedad es el poder directo e inmediato sobre un objeto o bien, por la que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo, sin más limitaciones que las que imponga la ley. Es el derecho real que implica el ejercicio de las facultades jurídicas más amplias que el ordenamiento jurídico concede sobre un bien.1
El objeto del derecho de propiedad esta constituido por todos los bienes susceptibles de apropiación. Para que se cumpla tal condición, en general, se requieren tres condiciones: que el bien sea útil, ya que si no lo fuera, carecería de fin la apropiación; que el bien exista en cantidad limitada, y que sea susceptible de ocupación, porque de otro modo no podrá actuarse.
El derecho de propiedad es el más completo que se puede tener sobre una cosa: la cosa se halla sometida a la voluntad, exclusividad y a la acción de su propietario, sin más límites que los que marca la Ley o los provocados por "la concurrencia de varios derechos incompatibles en su ilimitado ejercicio"4 (limitaciones de carácter extrínseco). No obstante, el reconocimiento de que la propiedad, como institución, está orientada a una función social,5 implica que en la actualidad existan limitaciones intrínsecas o inherentes al derecho; así como obligaciones que se derivan de la propiedad en sí.
En doctrina jurídica, especialmente aquellos ordenamientos con importante influencia latina, se considera que el dominio o propiedad está integrado por tres facultades o derechos:
Ius utendi
El ius utendi es el derecho de uso sobre la cosa. El propietario tiene el derecho a servirse de la cosa para sus intereses y de acuerdo con la función social del derecho, siempre y cuando esas conductas no violen preceptos legales ya establecidos o causen lesiones a los derechos de otros propietarios.
Por ejemplo, bajo el principio del ius utendi no podría un propietario de un bien inmueble justificar la tenencia de una plantación de marihuana, al estar prohibida por la mayoría de los ordenamientos jurídicos. De la misma forma, un empresario no puede justificar bajo este principio ruidos excesivos típicos de una actividad industrial en una zona residencial, que hagan intolerable la vivencia de los demás vecinos.
Ius fruendi
El ius fruendi es el derecho de goce sobre la cosa. En su virtud, el propietario tiene el derecho de aprovechar y disponer los frutos o productos que genere el bien. La regla general es que el propietario de una cosa es también propietario de todo aquello que la cosa produzca, con o sin su intervención.
Los frutos pueden ser naturales o civiles. Los frutos naturales son aquellos que la cosa produce natural o artificialmente sin detrimento de su sustancias. En ese aspecto se distinguen de los denominados productos: así, tratándose de un manzanar, las manzanas son frutos naturales y la leña de los árboles son sus productos.
Los frutos civiles están constituidos por aquellas sumas de dinero que recibe el propietario por ceder a otro el uso o goce de la cosa. Usando el ejemplo anterior, el fruto civil que percibe el propietario del manzanar es la renta que le es pagada al darlo en arrendamiento. Tratándose de dinero, los frutos que percibe su propietario son los intereses.
Ius abutendi
El ius abutendi es el derecho de disposición sobre la cosa. El propietario, bajo la premisa de que la cosa está bajo su dominabilidad (poder de hecho y voluntad de posesión), puede hacer con ella lo que quiera, incluyendo dañarla o destruirla (disposición material), salvo que esto sea contrario a su función social: por ejemplo, el propietario de un bien integrante del patrimonio cultural no puede destruirlo y, de hecho, puede estar obligado a su conservación.
Del mismo modo, puede el propietario disponer de su derecho real (disposición jurídica): así, puede enajenar la cosa, venderla, donarla y, en general, desligarse de su derecho de propiedad y dárselo a otra persona; o incluso renunciar al derecho o abandonar la cosa, que pasaría a serres nullius. Son también actos de disposición aquellos en los que el propietario constituye en favor de otra persona un derecho real limitado, como el usufructo, la servidumbre, la prenda o la hipoteca.
Caracteres del Derecho de Propiedad
El derecho de propiedad es un poder moral, exclusivo y perfecto, pero con carácter de limitación y subordinación, así como también perpetuo.
• Es un poder moral porque la apropiación que se hace del bien es reflexiva y no instintiva, es decir, la destinación al fin se hace previo el conocimiento del fin que se acepta libremente.
• Es un derecho exclusivo, derivado de la limitación esencial de la utilidad en muchos objetos, que no puede aplicarse a remediar las necesidades de muchos individuos a la vez. Por esta razón, no son bienes apropiables los llamados de uso inagotable o bienes libres, que existen en cantidades sobrantes para todos, como el aire atmosférico, el mar o la luz solar.
• Es un derecho perfecto. El derecho de propiedad puede recaer sobre la sustancia misma de la cosa sobre su utilidad o sobre sus frutos: de aquí deriva el concepto de dominio imperfecto según que el dominio se ejerza sobre la sustancia (dominio radical) o sobre la utilidad (dominio de uso o sobre los frutos, dominio de usufructo). Estas tres clases de dominio, al hallarse en un solo sujeto, constituyen el dominio pleno o perfecto. El derecho de propiedad es un derecho perfecto, pues por él, todo propietario puede reclamar o defender la posesión de la cosa, incluso mediante un uso proporcionado de la fuerza, y disponer plenamente de su utilidad y aun de su substancia, con la posibilidad en determinados supuestos de destruir la cosa.
• Es un derecho limitado o restringido por las exigencias del bien común, por la necesidad ajena y por la ley, y subordinado, en todo caso, al deber moral.
• Es perpetuo, porque no existe un término establecido para dejar de ser propietario.
Se puede esquemáticamente presentar la división de varios tipos de propiedad, de acuerdo a lo siguiente:
Por sujeto
• Pública, si corresponde a la colectividad en general.
• Privada, cuando el derecho es o está asignado a determinada persona o grupo y las facultades del derecho se ejercitan con exclusión de otros individuos .
• Individual, si el derecho lo ejerce un solo individuo
• Colectiva privada, cuando el derecho es ejercido por varias personas
• Colectiva publica, si la propiedad corresponde a la colectividad y es ejercida por un ente u organísmo público.
Por naturaleza
• Propiedad mueble, si puede transportarse de un lugar a otro.
• Propiedad inmueble, o bienes raíces o fincas son las que no pueden transportarse de un lugar a otro
• Propiedad corporal, la que tiene un ser real y puede ser percibida por los sentidos, como una casa, un libro, entre otros
• Propiedad incorporal, si esta constituida por meros derechos, como un crédito, una servidumbre, entre otros
Por objeto
• Propiedad de bienes destinados al consumo
• Propiedad de bienes de producción

Los derechos políticos

En la estructura constitucional argentina, los derechos civiles le son reconocidos a todas las personas, nacionales y extranjeros. Los derechos políticos, en cambio, se reconocen sólo a los ciudadanos. A través del ejercicio de estos derechos se canaliza la participación política, es decir, la participación en el gobierno del Estado. Los ciudadanos pueden sufrir la pérdida o suspensión, excepcionalmente, del ejercicio de los derechos políticos como, por ejemplo en el caso de aceptar una nacionalidad extranjera (salvo que exista un tratado de doble nacionalidad, como es el caso de nuestro país con Italia y España, por ejemplo).

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 75 inc. 22
Constitución Nacional, incorporados por la Reforma de 1994)
"Artículo 25: Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones
mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes
derechos y oportunidades:
a. Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio
de representantes libremente elegidos.
b. Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la
voluntad de los electores.
c. Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas
de su país.
La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer (art. 75 inc. 22 Constitución
Nacional) dispone en su Parte 2, art. 7 lo siguiente:
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular,
garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres,
el derecho a:
a. Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos
los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;
b. Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución
de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas
en todos los planos gubernamentales;
c. Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen
de la vida pública y política del país."
Estatuto del Docente
1-De la Política Educativa-Estructura y Objetivos-Cap.1 al 8
TITULO II - DE LA POLITICA EDUCATIVA
Principios, Fines y Criterios de la Educación
Art. 4º - La educación en la provincia de Salta tiene como principios, fines y criterios los previstos en la Ley Federal de Educación, básicamente en su artículo 5º, y en el artículo 48 de la Constitución de Salta.
TITULO III - ESTRUCTURA Y OBJETIVOS
CAPITULO I
El Sistema Educativo Provincial
CAPITULO II
De la Estructura del Sistema Educativo Provincial
CAPITULO III
Educación Inicial
CAPITULO IV
Educación General Básica
CAPITULO V
Educación Polimodal
CAPITULO VI
Educación Superior No Universitaria
CAPITULO VII
Educación de Postgrado No Universitario
CAPITULO VIII
Educación Especial, de adultos y Regímenes Especiales
Gratitud y Asistencialidad
-Unidad Escolar, Comunidad Educativa y Autogestión-Cap.1 al 3
CAPITULO I
Unidad Escolar
CAPITULO II
Comunidad Educativa
CAPITULO III
Unidades Escolares Autogestionadas
-De la Calidad de la Educación y su Evaluación
Art. 4 - El estado docente se pierde:
a) Por renuncia aceptada, excepto para acogerse al régimen jubilatorio.
b) Por cesantía.
c) Por exoneración
CAPITULO II
De los Deberes y los Derechos de los Educadores
CAPITULO IV
Del escalafón
CAPITULO V
De las Juntas Calificadoras de Méritos y Disciplina
CAPITULO VI
De la Carrera Docente
CAPITULO VII
Del Ingreso
CAPITULO VIII
De las Designaciones
Espero que sea de su utilidad y gracias por comentar

5 comentarios - Taller del ejercicio del derecho.

Romilu24
Hola muy buen trabajo, me es de mucha utilidad, soy novata caso contrario de dejaria puntos.. te podria pedir El estatuto Docente de la provincia de Salta, si lo podrias agregar o pasarme el linck para verlo. desde ya muchas gracias por todo. romy
ger0063
hola !!! Muchisimas gracias... me va ayudar en Intro al Derecho, para completar el programa de la facu..
Un estudiante de D. Abog.
+10 puntos te dejaria pero no se como dejarlos en taringa!. germanelectro-cutado@hotmail.com