Comentario Fallo "P, J. O c. F, S. O"

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala F (CNCiv)(SalaF) ~ 2006/05/30 ~ P, J. O c. F, S. O
SUMARIO: I. El fallo. — II. La cuestión en debate. — III. Distintos criterios. — IV. Nuestra posición.


I. El fallo
La juez de primera instancia desestimó la petición de la accionada relativa a la subrogación real del 50% del valor del bien en cuestión, declarando que el mismo, de carácter ganancial, componía la sociedad ya disuelta. Asimismo, estableció la existencia de un derecho de recompensa a favor de uno de los cónyuges, por una suma equivalente al 25% del valor del inmueble de referencia y, en consecuencia, ordenó dividir el valor del bien que resulte de deducir la aludida recompensa a favor del cónyuge como crédito contra la sociedad conyugal, por partes iguales entre las partes.
De esta manera, si bien la juez de primera instancia no hizo lugar a la subrogación real del 50 % del valor del bien inmueble que perteneciera a la sociedad conyugal, otorgándole el carácter de ganancial, no lo es menos que admitió la existencia de una recompensa a favor de la esposa. En tal sentido, tuvo por acreditado que durante la vigencia de la sociedad conyugal la accionada aportó el dinero que le correspondió recibir en la sucesión de su madre (25%) del producido de la venta del bien.
Fundamentó el juzgador diciendo que, a tales efectos, el consumo total del bien propio sin reinversión hace nacer un crédito contra la comunidad y a favor de la masa por el total del valor consumido. En este entendimiento, interpretó que el actor no produjo ningún medio de convicción que estuviese dirigido a desvirtuar que el producido del bien hubiese sido invertido a favor de la comunidad, ya sea por la demostración de que el dinero fuera gastado en otros bienes o para saldar deudas propias.
La sala F, de la Cámara Nacional Civil — con el voto del doctor Fernando Posse Saguier, al que adhirieron los doctores Eduardo A. Zannoni y José L. Galmarini— , confirmó la sentencia recurrida. En efecto, resolvió que cabe presumir "iuris tantum" que el producido del bien propio de uno de los cónyuges redunda en beneficio de la sociedad conyugal, admitiendo el derecho de recompensa reclamado, pues, para que opere la presunción en tal sentido, sólo se requiere que el enajenante acredite la venta y recepción del precio, correspondiendo, en consecuencia, al otro cónyuge justificar que los fondos no fueron realmente empleados en beneficio de la comunidad, sea porque se reinvirtieron en la compra de otro bien propio o porque se destinaron a actos extraños a aquélla.
II. La cuestión en debate
Señala Vidal Taquini que la intangibilidad de las masas de bienes propios y de las masas gananciales de titularidad de cada cónyuge, dan lugar a la determinación de las recompensas por los créditos que surgen de cada masa contra las otras, a fin de evitar que el haber de cada masa aumente a expensas de las otras y que éstas disminuyan por el beneficio de la anterior (1).
La cuestión discutida, tanto en doctrina como en jurisprudencia, es en relación a la carga probatoria. En efecto, no está en discusión el derecho a la recompensa que corresponde a cada cónyuge por el aporte de bienes propios durante la vigencia del régimen patrimonial. El tema, en cambio, consiste en determinar si los fondos incorporados durante la vigencia del régimen patrimonial, provenientes de la venta de un bien propio, no habiendo reinversión, dan derecho a recompensa a favor del cónyuge aportante, presumiéndose que dichos fondos fueron gastados en beneficio de la sociedad conyugal, o si, por el contrario, será el cónyuge enajenante quien debe probar que dichos fondos han sido destinados a gastos de la sociedad conyugal para tener el correspondiente derecho al crédito.
Es decir, aun cuando no se discuta la admisibilidad del derecho al reintegro en tales situaciones, el problema consiste en determinar quién de los cónyuges tiene la carga de la prueba.
La dificultad de probar el destino de los fondos, convierte en trascendente dicha cuestión, pues, la carga de la prueba, en muchas oportunidades, define el resultado del mismo. La solución se encuentra controvertida.
III. Distintos criterios
a) Postura que considera que la recompensa se presume. El criterio prevaleciente entiende que la prueba se encuentra a cargo del cónyuge que no hizo el aporte de dichos fondos propios. Es, por otra parte, la posición que adoptó el fallo en análisis.
En este sentido, la postura mayoritaria reconoce el derecho de recompensa al cónyuge enajenante de un bien propio durante la sociedad conyugal y cuyo precio no se reinvirtió, con sólo acreditar que los fondos han ingresados durante la vigencia del régimen patrimonial. Por lo que si no se ha acreditado la inversión de los fondos en beneficio exclusivo del cónyuge, rige el principio favorable a la recompensa.
Por ello, se dijo que el cónyuge que ha incorporado fondos provenientes de bienes propios, tendrá derecho a solicitar el reintegro de dichos fondos, presumiéndose que la inversión de dichos fondos se hizo en beneficio de la comunidad (2).
En efecto, presúmese que, en principio, el producido de la enajenación de bienes propios benefició a la sociedad conyugal, y ésta deberá reintegrar el valor del mismo al momento de la disolución (3). De ahí que se haya juzgado que el consumo total de un bien propio sin reinversión hace nacer un crédito contra la sociedad conyugal y a favor de los bienes propios por el total del valor consumido (4).
Según esta interpretación, la falta de regla expresa que haga perder el carácter de propios a los bienes de tal clase que el marido enajenare no permite alterar la igualdad en la que se basa la sociedad conyugal (5).
Se sostuvo que para el reconocimiento de recompensa al cónyuge vendedor le basta con acreditar la venta y la recepción del precio, pues debe presumirse iuris tantum que éste, de no subsistir, se insumió en gastos que están a cargo de la sociedad conyugal, y al otro cónyuge incumbirá la prueba de justificar que los fondos no fueron realmente empleados en beneficio de aquélla, sea porque se reinvirtieron en la compra de otro bien propio, o se gastaron en beneficio exclusivo del enajenante, o bien, se destinaron a actos extraños a la comunidad (6), como por ejemplo, donaciones, legados (7), pago de deudas contraídas antes del matrimonio, o en el levantamiento de gravámenes que al tiempo del matrimonio pesaban sobre bienes propios (8).
En un precedente jurisprudencial, Belluscio — en un completo y esclarecedor voto— , expuso que hay derecho a recompensa a favor del cónyuge enajenante y en contra de la sociedad conyugal si el bien propio fue enajenado a título oneroso y el dinero o los bienes obtenidos en cambio se destinaron al pago de expensas que, conforme al art. 1275 C.C., tienen el carácter de cargas de la sociedad conyugal; a falta de pruebas sobre el destino de los fondos, ha de presumirse que fueron gastados a favor de la comunidad, pues lo normal es que los gastos realizados durante el matrimonio están a cargo de ella (9).
En el mismo sentido, sostiene Zannoni que la tesis contraria tiende a invertir la carga de la prueba y nada más. A su juicio, esa inversión se pretende a partir de la presunción de que los fondos obtenidos con la venta del bien propio del cónyuge titular fueron dilapidados en gastos personales, diversiones o juegos. Pero ¿es correcto a partir de esta presunción para presumir después que no hay derecho a compensación? Entiende el autor que no. Si ha existido dilapidación, lo perdido por su causa también carga sobre la sociedad conyugal (art. 1275 inc. 5°, C.C.), pero será a cargo del cónyuge demandado la prueba de aquélla, y no de quien pretende la recompensa demostrar que no despilfarró o agotó en satisfacciones personales los valores obtenidos. Por aplicación de la presunción de ganancialidad, se presume que los valores propios no invertidos han beneficiado a la comunidad, salvo prueba en contrario (10). Ello así, pues la presunción legal, favorable a la ganancialidad, opera en dos fases. La primera, refiere a las adquisiciones presumiéndose comunes; pero asimismo, y como correlato, la presunción también comprende las pérdidas sufridas y gastos o pagos efectuados durante la vigencia del régimen por uno u otro cónyuge. Esta segunda fase, tan importante como la primera, expresa la idea de que debe presumirse que todo pago o gasto realizado durante el matrimonio ha sido efectuado en beneficio de la comunidad, constituyendo, por ende, una carga común (11).
En este sentido, la jurisprudencia entendió que el consumo total de un bien propio sin reinversión hace nacer un crédito contra la comunidad y a favor de la masa propia por el total del valor consumido, y basta para el progreso de la pretensión acreditar el ingreso del dinero al constituirse la sociedad conyugal, o su recepción posterior a título gratuito o por subrogación real por la enajenación de un bien de carácter propio (12). En consecuencia, si al tiempo de la disolución de la sociedad conyugal se ha tornado imposible la recuperación de un bien propio, en virtud de su enajenación durante la vigencia de aquélla, sin que haya sido reinvertido el precio obtenido en la adquisición de otro bien propio o en el pago de una deuda de tal carácter, su valor lo reemplaza y el respectivo importe debe acreditarse en la cuenta particionaria a quien fuera su titular (13).
Así, la sociedad conyugal es deudora, tanto respecto de la mujer como del marido, del valor de los bienes propios que no se conservaren, o cuyo producido no se haya invertido también en bienes particulares, a la fecha de su disolución (14). De ahí que se haya resuelto que debe incluirse el monto de los gastos de la última enfermedad como crédito en los bienes propios y como deuda en los gananciales (15). Asimismo, si las haciendas de campo de propiedad de la esposa se vendieron durante la vigencia de la sociedad conyugal por haberse expropiado el inmueble, debe suponerse, a falta de prueba en contrario, que se consumió el importe de las mismas en gastos comunes del hogar. El que afirma lo contrario, debe probarlo (16).
Se fundamentó tal criterio, al decirse que el art. 1275, inc. 3° del Cód. Civil, pone a cargo de la sociedad conyugal las deudas y obligaciones contraídas durante el matrimonio por el marido o por la mujer, en los casos en que legalmente puede obligarse (es decir en todos los casos, ya que actualmente su capacidad es plena), sin distinguir entre que las obligaciones hayan sido contraídas en interés de la familia o no, de manera que cualquier gasto hecho con el dinero propio estaría a cargo de la comunidad (17).
Ello así, porque siendo cargas de la sociedad conyugal todas las deudas contraídas por los esposos durante la vigencia de la misma, incluso cuando hayan estado motivadas por gastos personales de uno de ellos, se presume que el dinero propio se ha destinado a expensas comprendidas en la enunciación del art. 1275 del Cód. Civil, pesando sobre el otro cónyuge la carga de demostrar que los fondos propios se invirtieron o se gastaron en obligaciones personales del cónyuge, pago de obligaciones con anterioridad a la celebración del matrimonio o vinculadas con la adquisición de bienes propios, como las resultantes de una herencia o la adquisición de una donación o — según otra doctrina— las obligaciones no contraídas convencionalmente sino impuestas por la ley o bien destinado a actos extraños a la comunidad, como donaciones o legados (18). O sea que al ser normal que los gastos hechos durante el matrimonio estén a cargo de la comunidad y lo excepcional que estén a cargo de uno de los cónyuges, sería ilógico exigir al cónyuge la prueba de que el dinero se insumió en beneficio de la primera, máxime cuando en el desarrollo normal de la vida conyugal esa prueba no podría ser proporcionada, ya que no es habitual que se tome la precaución de documentar todos los gastos hechos en beneficio de la familia (19).
b) Postura que entiende que la carga de la prueba está en cabeza del cónyuge enajenante. De acuerdo a esta interpretación, el cónyuge enajenante, para tener derecho al reintegro de dichos fondos, deberá probar que el dinero se invirtió en beneficio de la comunidad.
Esta interpretación ha tenido predicamento en el ámbito jurisprudencial (20), aunque constituye, ciertamente, la posición minoritaria.
Mazzinghi sostiene la postura. Entiende que si uno de los cónyuges enajena un bien propio y desaparece el rastro sobre el destino de los fondos obtenidos en la venta, no surge el derecho a recompensa a favor del enajenante. En primer lugar, porque no hay norma legal que exija que la enajenación del bien propio, aunque no conste la reinversión del precio obtenido, genere un derecho de recompensa a favor del cónyuge enajenante. Por otra parte, las consecuencias, que en los hechos, puede acarrear su aplicación son negativas. Bastaría que uno de los cónyuges probara haber vendido un bien propio y haber percibido el precio, para que naciera en su favor derecho a la recompensa. Ahora bien, cabe pensar que el enajenante tanto pudo haber vendido el bien para pagar la operación de un hijo, como para jugar a las carreras, o para invertir su precio en una cuenta en el exterior, desconocida por el otro cónyuge. Y si así fuera, es decir, si hubiese dilapidado el importe o si lo conservara en condiciones inalcanzables para el otro cónyuge, el enajenante cobraría dos veces el precio del bien vendido: la primera del comprador, y la segunda de la masa de gananciales a partir. Por ello, la enajenación de un bien propio no genera recompensa alguna, salvo que se acredite que el precio se ha aplicado a alguna inversión — y no a gastos— subsistentes a la hora de liquidar la sociedad conyugal (21). Ello así, porque si el fundamento principal de las recompensas es el principio del enriquecimiento sin causa, dicho principio no puede funcionar en este caso, no sólo porque falta el ente enriquecido, sino porque nadie se enriquece gastando. El consumo de dinero que no se aplica a la adquisición de nuevos bienes, jamás puede ser factor de enriquecimiento (22).
También Borda es de este parecer. Considera que el principio general es que no hay compensación, a menos que se pruebe que la inversión se hizo en beneficio de la comunidad. Se pregunta el autor si no sería preferible la inversión de esta regla: que se haga lugar a la compensación a menos que se pruebe que el dinero se invirtió en gastos personales o se dilapidó. El único fundamento legal que en esta hipótesis hace posible la compensación es la prohibición legal de las donaciones entre cónyuges: si hay donación encubierta debe admitirse la recompensa; de lo contrario, no. Por lo tanto el cónyuge que la pretende debe demostrar que el dinero se invirtió en beneficio de la comunidad, lo que importa una liberalidad a favor del otro cónyuge. Si, por el contrario, se hiciere de la compensación la regla, quedaría desvirtuado el régimen de separación de administraciones y responsabilidades creado por las leyes 11.357 y 17.711 (Adla, 1920-1940, 199; XXVIII-B, 1810). La mala administración de uno de los cónyuges vendría a pesar directamente sobre el otro, que tendría que reparar con el producto de su trabajo o de sus bienes, los desaciertos y dilapidaciones de aquél (23).
Se argumentó que no existe disposición alguna que establezca una presunción del empleo de los bienes propios del marido en provecho de la sociedad conyugal, para concluir que aquéllos son computables en el acervo hereditario (24). En tal sentido, no resulta aplicable lo dispuesto en los arts. 1786 y 1787 del Cód. Civil (25) y demás concordantes de dicho cuerpo normativo, porque no cabe asimilar esta situación a la del socio que hubiera aportado bienes muebles o inmuebles para ser usufructuados por la sociedad, o para ser vendidos (26).
Se dijo que si bien los bienes propios del marido fueron vendidos por éste, la ausencia de todo indicio que haga verosímil la pretensión de que lo producido ingresó a la comunidad matrimonial hace inaceptable todo pronunciamiento relacionado con el reconocimiento de un crédito a favor de aquél (27). En esta línea de pensamiento, se resolvió que en el caso de que la mujer venda sus bienes propios, el marido no está obligado a devolverle el precio — en el supuesto de liquidarse la sociedad conyugal— , si ella y sus herederos no prueban que se lo entregó a él o se invirtió en beneficio de la sociedad (28).
Asimismo, la esposa que demanda a la sucesión de su cónyuge por cobro del precio obtenido de la venta de un bien propio de ella, adquirido antes de casarse, y vendido durante el matrimonio, debe justificar que con dicho producido se atendió a las necesidades del hogar, o bien que en alguna otra forma lo que se reclama ingresó al patrimonio de la sociedad conyugal, cuando en la venta a la que alude la demandante compareció sola y personalmente, recibiendo el dinero de manos del escribano que intervino en la escrituración (29). En el mismo sentido, se juzgó que si el causante de una sucesión extrajo de una sociedad de la cual formaba parte la cantidad de $550.000, habiendo invertido en la compra de un campo $400.000 y se ignora el destino que dio a la diferencia entre ambas sumas, la misma no puede computarse a la liquidación del impuesto sucesorio, pues no existe ninguna disposición legal conforme a la cual deba presumirse que ese dinero se invirtió en beneficio de la sociedad conyugal, correspondiendo la prueba de ese extremo a la Dirección General de Escuelas que lo invoca para fundar su derecho (30).
Por lo tanto, la prueba está a cargo de quien alega esa inversión (31), fundándose en la aplicación de los principios generales (32).
IV. Nuestra posición
La última de las soluciones enunciadas es la correcta, a nuestro entender. Es decir, será el cónyuge que hizo el aporte de los fondos provenientes del producido de un bien propio, durante la vigencia de la sociedad conyugal, quien debe alegar y probar que los mismos se destinaron a gastos de la sociedad conyugal, para tener derecho a recompensa.
Llegamos a dicha conclusión aplicando el principio de las cargas probatorias dinámicas. En efecto, dada la situación de hecho, y ante la ausencia de una norma expresa en la materia, quien se encuentra en mejores condiciones de allegar las pruebas sobre el destino de los fondos es el cónyuge que hizo los aportes, pues es él quien ha tenido la administración y disposición de dichos fondos durante la vigencia del régimen patrimonial.
Sostener que los fondos han sido destinados a gastos de la sociedad conyugal implicaría un prejuzgamiento en tal sentido, en virtud de que las múltiples asignaciones diarias a las cuales puede haberse aplicado el dinero, impiden tener aquélla asignación como indiscutida.
La libre administración y disposición de los bienes propios y gananciales a nombre de cada uno de los cónyuges (art. 1276, Cód. Civil), como principio general, lleva a que lo gastado por cada uno de ellos durante la vigencia del régimen patrimonial no esté sujeto a rendición de cuentas, lo que resulta indiscutido en la economía del sistema legal vigente.
En tal sentido, cada uno de los cónyuges, durante la vigencia del régimen patrimonial, administra y dispone de los bienes sujetos a su titularidad — tanto bienes propios como gananciales— , decidiendo el destino que ha de darse a los mismos. Todo ello, sin perjuicio de las limitaciones impuestas por ley para realizar actos de disposición, exigiéndose el consentimiento (asentimiento) del cónyuge no administrador — conf. art. 1277 y 1807 inc. 2°, Cód. Civil— ; así como la acción de fraude cuando ha existido sustracción ilegítima del patrimonio del cónyuge titular.
Ahora bien, la circunstancia de que el cónyuge administrador no deba rendir cuentas de los actos realizados, no implica que el cónyuge no enajenante, entonces, deba probar el destino que aquél le ha dado a los fondos bajo su administración.
Lo razonable, en punto a este debate, es que el cónyuge que ha recibido los fondos -provenientes de la venta de sus bienes propios- sea quien tenga la carga probatoria del destino de los mismos; entonces, si lo hubiere asignado a gastos correspondientes a la sociedad conyugal, recién ahí tendrá derecho a pedir la respectiva recompensa.
Es él quien está en mejores condiciones de hacerlo, pues es quien ha tenido la administración y disposición de dichos fondos. De ahí que la aplicación de las cargas probatorias dinámicas resulte propicia para dirimir la cuestión.
Lo contrario sería absurdo, pues el otro cónyuge, que no ha tenido la administración y disposición de los referidos fondos, deberá tener que indagar y descubrir cuál ha sido el destino que su cónyuge le ha dado a esos fondos. Sería exigir demasiado.
En consecuencia, de lo dicho no puede derivarse que si el cónyuge administrador ha vendido un bien propio durante la vigencia del régimen patrimonial, y no ha reinvertido el producido del mismo, pueda pretender, al momento de la disolución del régimen patrimonial, una recompensa por dichos fondos, alegándose la presunción de ganancialidad, que no puede servir de fundamento en esta cuestión.
Aplicado el principio de las cargas probatorias dinámicas encontramos la justicia del caso en análisis, porque es el cónyuge que ha administrado esos fondos quien se encuentra en mejores condiciones para probar cuál ha sido el destino del dinero proveniente del producido de un propio. Lo que no significa imponerle una rendición de cuentas, sino probar un derecho que pretende como recompensa.
De ahí que exigir, como pretende la postura mayoritaria — a la que adhiere el fallo en análisis— , la prueba de parte del cónyuge no administrador, es invertir el sistema del régimen legal y su consecuente carga probatoria en la materia.
En consecuencia, el cónyuge no administrador nada debe probar. Es el cónyuge que administró dichos fondos quien, por decidir el destino de los bienes cuya administración ostenta durante la vigencia del régimen patrimonial y por estar en mejores condiciones de hacerlo — en virtud de que administró dichos fondos— , tiene que probar que lo ha gastado a favor de la comunidad. Recién allí nacerá su derecho a recompensa. Esta solución, por lo demás, no lesiona la presunción de ganancialidad, impuesta por la ley.

Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723)
(1) VIDAL TAQUINI, Carlos H., "Régimen de bienes en el matrimonio", p. 412, Astrea, 1999.
(2) CNCiv., sala B, 12/5/1994, "C., R. J.", ED, 160-310; CNCiv., sala B, 13/10/1981, "A., C. L. c. D. de A., N. B. y otros", LA LEY, 1982-B, 378; CNCiv., sala B, 26/12/1956, "Rufino Arnejo, Juan M., suc.", LA LEY, 87-244; CNCiv., sala C, 20/2/1975, "Constantino, Carlos E., suc.", ED, 63-364; CNCiv., sala C, 11/2/1977, "C. de F., I. R. c. F., O.", LA LEY, 1977-D, 620; CNCiv., sala D, 13/12/1963, "Ovin, Casimiro, suc.", ED, 6-799; CNCiv., sala D, 8/8/1966, "Petersen, Cristian S., suc.", ED, 16-635; CNCiv., sala D, 11/12/1970, "E. de B., M. E. c. B., C.", LA LEY, 143-517; CNCiv., sala F, 28/12/1984, "Y., R. E. c. S., S. V.", LA LEY, 1985-B, 223; C2ª CC. La Plata, 4/2/1941, "Unzué, Inés Dorrego de, suc.", JA, 75-999; CC1ª Cap., 13/7/1936, "Ramognino, Livio Antonio, suc.", JA, 55-127; del fallo de 1ª Instancia, a cargo del doctor Antonio Collazo, del 28/5/1956, en autos "Rufino, Arnejo, Juan M., suc.", LA LEY, 87-244.
(3) CNCiv., sala D, 8/8/1966, "Petersen, Cristian S., suc.", ED, 16-635.
(4) CNCiv., sala B, 13/10/1981, "A., C. L. c. D. de A., N. B. y otros", LA LEY, 1982-B, 378.
(5) DIAZ DE GUIJARRO, Enrique: "La restitución del valor de los bienes propios del marido, cuando no subsisten en especie al liquidarse la sociedad conyugal", JA, 75-1003.
(6) CNCiv., sala C, 20/2/1975, "Constantino, Carlos E., suc.", ED, 63-364; CNCiv., sala C, 11/2/1977, "C. de F., I. R. c. F., O.", LA LEY, 1977-D, 620; CNCiv., sala F, 28/12/1984, "Y., R. E. c. S., S. V.", LA LEY, 1985-B, 223.
(7) CNCiv., sala C, 11/2/1977, "C. de F., I. R. c. F., O.", LA LEY, 1977-D, 620.
(8) CNCiv., sala C, 20/2/1975, "Constantino, Carlos E., suc.", ED, 63-364.
(9) Del voto del doctor Augusto C. Belluscio, en autos "C. de F., I. R. c. F., O.", LA LEY, 1977-D, 630, fundando extensamente su postura (ver especialmente p. 629 en adelante).
(10) ZANNONI, Eduardo A., "Derecho de Familia", t. 1, p. 769, Astrea, 1998. De lo contrario, sostiene el autor, quedarían sin resolver múltiples situaciones que, en forma indirecta, validan liberalidades entre los cónyuges, proscriptas, según el art. 1807, inc. 1°, Cód. Civil.
(11) ZANNONI, Eduardo A., "La presunción de ganancialidad y tres aplicaciones en la liquidación de la sociedad conyugal", LA LEY, 1977-D, 621. Más adelante, señala el autor que probado que un cónyuge percibió dinero o valores de carácter propio — v. gr., sumas obtenidas por la venta de un bien propio, o percibidas por pago de honorarios devengados antes de la celebración del matrimonio, etc.— sin que, a la disolución de la sociedad conyugal existan constancia de su oportuna reinversión, debe presumirse que ese dinero o esos valores fueron consumidos en gastos que constituyen cargas de la sociedad conyugal (art. 1275, Cód. Civil). En consecuencia, el cónyuge tendrá derecho a que, a la liquidación, se le reconozca un crédito equivalente a aquéllos, ya que, con fondos de su patrimonio propio, solventó en beneficio de la comunidad, auténticas cargas que, al formarse el pasivo definitivo, se imputan sobre la masa ganancial.
(12) CNCiv., sala B, 12/5/1994, "C., R. J.", ED, 160-310.
(13) CNCiv., sala F, 28/12/1984, "Y., R. E. c. S., S. V.", LA LEY, 1985-B, 223.
(14) CNCiv., sala D, 8/8/1966, "Petersen, Cristian S., suc.", ED, 16-635.
(15) CNCiv., sala D, 13/12/1963, "Ovin, Casimiro, suc.", ED, 6-799.
(16) CNCiv., sala D, 11/12/1970, "E. de B., M. E. c. B., C.", LA LEY, 143-517.
(17) CNCiv., sala C, 20/2/1975, "Constantino, Carlos E., suc.", ED, 63-365; CNCiv., sala F, 28/12/1984, "Y., R. E. c. S., S. V.", LA LEY, 1985-B, 223.
(18) CNCiv., sala B, 12/5/1994, "C., R. J.", ED, 160-310.
(19) CNCiv., sala C, 20/2/1975, "Constantino, Carlos E., suc.", ED, 63-365; CNCiv., sala F, 28/12/1984, "Y., R. E. c. S., S. V.", LA LEY, 1985-B, 224.
(20) CNCiv., sala E, 28/4/1961, "C. de E. G. c. L., R. F.", LA LEY, 103-238; SC Buenos Aires, 2/5/1945, "Bedatou, Pedro P., suc.", LA LEY, 39-666 y en JA, 1945-III-209; CC1ª La Plata, 15/5/1936, "González Cáceres, Esmeralda Chueco de c. González Cáceres, Demetrio, A., suc.", JA, 54-627; voto en disidencia del doctor Gastón F. Tobal, en causa "Ramognino, Livio Antonio, suc.", JA, 55-130; del voto en disidencia del doctor Argentino G. Barraquero, en autos "Rufino Arnejo, Juan M., suc.", LA LEY, 87-244.
(21) MAZZINGHI, Jorge Adolfo, "Derecho de Familia", t. 2, p. 628 y sigtes., Ed. Abaco, 1996.
(22) MAZZINGHI, Jorge Adolfo, "Un cuestionable derecho a recompensa", LA LEY, 1982-B, 384.
(23) BORDA, Guillermo A., "Tratado de Derecho Civil. Familia", t. I, p. 389, Perrot, 1993. (24) SC Buenos Aires, 2/5/1945, "Bedatou, Pedro P., suc.", LA LEY, 39-666.
(25) Según el primero de los artículos: "Cuando la prestación de los socios hubiese sido de cosas muebles o inmuebles destinadas a ser vendidas por cuenta de la sociedad, sólo tendrán derecho a recibir el precio por el cual la cosa fue vendida. Si no hubiese sido vendida por la sociedad, tendrán derecho a recibir el precio de la cosa por lo que valía al tiempo en que la entregaron a la sociedad." Mientras que el art. 1787, dice: "Si la cosa mueble o raíz fue estimada en el contrato social, tendrá derecho al precio designado, valga más o menos, al tiempo de la disolución de la sociedad."
(26) Del voto del doctor Argañaraz, LA LEY, 39-667.
(27) CNCiv., sala E, 28/4/1961, "C. de E. G. c. L., R. F.", LA LEY, 103-238.
(28) Del voto del doctor Argentino G. Barraquero, en autos "Rufino Arnejo, Juan M., suc.", LA LEY, 87-244.
(29) CC1ª La Plata, 15/5/1936, "González Cáceres, Esmeralda Chueco c. González Cáceres, Demetrio A., suc.", JA, 54-627.
(30) SC Buenos Aires, 2/5/1945, "Bedatou, Pedro Pablo, suc.", JA, 1945-III-209 y en LA LEY, 39-666.
(31) SC Buenos Aires, 2/5/1945, "Bedatou, Pedro P., suc.", LA LEY, 39-666.
(32) Del voto del doctor Argañaraz, LA LEY, 39-667.

1 comentario - Comentario Fallo "P, J. O c. F, S. O"

@crbaradez
gracias por tu aporte, muy buena sentencia.