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Uruguayos - A Anular de ley de Caducidad

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¿Qué es la Ley de Caducidad?


Es la Ley 15848, del 22 de diciembre de 1986, que se aprobó durante el primer gobierno democrático y que establece que el Estado queda impedido de castigar los crímenes contra la sociedad cometidos por militares y policías durante la dictadura.

Fué sometida a referéndum en 1989, oportunidad en la que el 43% de la ciudadanía se pronunció contra la ley. Al no superarse el 50% requerido la ley quedó firme hasta el presente.


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Texto de la Ley de Caducidad (Ley 15848)


Ley Nº 15.848
FUNCIONARIOS MILITARES Y POLICIALES


SE RECONOCE QUE HA CADUCADO EL EJERCICIO DE LA PRETENSION PUNITIVA DEL
ESTADO RESPECTO DE LOS DELITOS COMETIDOS HASTA EL 1º DE MARZO DE 1985




El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:


CAPITULO I

Artículo 1º.- Reconócese que, como consecuencia de la lógica de los hechos originados por el acuerdo celebrado entre partidos políticos y las Fuerzas Armadas en agosto de 1984 y a efecto de concluir la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional, ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto.

Artículo 2º.- Lo dispuesto en el artículo anterior no comprende:
a) Las causas en las que, a la fecha de promulgación de esta ley, exista auto de procesamiento;
b) Los delitos que se hubieren cometido con el propósito de lograr, para su autor o para un tercero, un provecho
económico.

Artículo 3º.- A los efectos previstos en los artículos anteriores, el Juez interviniente en las denuncias correspondientes, requerirá al Poder Ejecutivo que informe, dentro del plazo perentorio de treinta días de recibida la comunicación, si el hecho investigado lo considera comprendido o no en el artículo 1º de la presente ley.

Si el Poder Ejecutivo así lo comunicare, el Juez dispondrá la clausura y el archivo de los antecedentes. Si en cambio, no contestare o informa que no se halla comprendido dispondrá continuar la indagatoria.

Desde la fecha de promulgación de esta ley hasta que el Juez reciba la comunicación del Poder Ejecutivo quedan suspendidas todas las diligencias presumariales en los procedimientos mencionados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 4º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes el Juez de la causa remitirá al Poder Ejecutivo testimonios de las denuncias presentadas hasta la fecha de promulgación de la presente ley referentes a actuaciones relativas a personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas así como de menores presuntamente secuestrados en similares condiciones.

El Poder Ejecutivo dispondrá de inmediato las investigaciones destinadas al esclarecimiento de estos hechos.

El Poder Ejecutivo dentro del plazo de ciento veinte días a contar de la comunicación judicial de la denuncia dará cuenta a los denunciantes del resultado de estas investigaciones y pondrá en su conocimiento la información recabada.


CAPITULO II


Artículo 5º.- Se reconoce a los Oficiales Generales y Superiores amparados por lo dispuesto en este Capítulo su lealtad a la República y se declara expresamente que en ningún caso su honor fue afectado por la aplicación del inciso G) del artículo 192 del decreto ley 14.157, de 21 de febrero de 1974.

Artículo 6º.- A los Oficiales Generales y Superiores que hubieran pasado a situación de retiro por aplicación del inciso G) del artículo 192 del decreto ley 14.157, de 21 de febrero de 1974, se les computará como de servicio activo el tiempo transcurrido desde su retiro hasta la fecha de vigencia de la presente ley, percibirán la asignación de retiro del grado inmediato superior y les será aplicable lo dispuesto por el artículo 210 del decreto ley 14.157.

Artículo 7º.- El Ministerio de Defensa Nacional comunicará al Servicio de Retiros y Pensiones Militares dentro de un plazo de quince días a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, la nómina de los Oficiales Generales y Superiores amparados por el artículo anterior. Dicho Servicio dispondrá de un plazo máximo de treinta días para actualizar los correspondientes haberes de retiro, a partir del 1º de marzo de 1985.

Artículo 8º.- Quedan exceptuados de las normas contenidas en este Capítulo:
a) Los que hubieran sido condenados por la Justicia Penal, Civil o Militar;
b) Aquellos a los que la aplicación del inciso G) del artículo 192 del citado decreto ley 14.157, obedeciera a razones disciplinarias a juicio del Poder Ejecutivo, previa consulta a la Fuerza correspondiente y de las cuales hubiera constancia fehaciente.

Artículo 9º.- Extiéndese a los causahabientes de los Oficiales Generales y Superiores retirados por aplicación del inciso G) del artículo 192 del decreto ley 14.157, fallecidos a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, los beneficios previstos en este Capítulo de la misma.


CAPITULO III

Artículo 10.- El Servicio de Información de las Fuerzas Armadas pasará a denominarse Dirección General de Información de Defensa. Dicho Servicio dependerá directamente del Ministerio de Defensa Nacional.

Tendrá por objetivo elaborar la inteligencia al más alto nivel nacional mediante la coordinación y planificación de todas las actividades de información y contra información que desarrollen los diversos organismos militares especializados existentes.

La Dirección será ejercida por un Oficial General o Superior debiéndose implementar la alternancia de las tres fuerzas en la dirección del Servicio por período de dos años.

Artículo 11.- Sustitúyese el texto del artículo 135 del decreto ley 15.688, de 30 de noviembre de 1984, por el siguiente:

"ARTICULO 135.- Todas las vacantes en el grado de General serán provistas por el sistema de selección a cuyo efecto el Poder Ejecutivo seleccionará los candidatos de entre los Coroneles que, estando en condiciones de ascenso se encuentren comprendidos en el tercio superior de la lista de méritos confeccionada por el Tribunal Superior de Ascensos y Recursos integrada a esos efectos además, por el Comandante en Jefe que lo presidirá y tendrá voto decisivo en caso de empate. Los Coroneles propuestos que sean elegidos por el Poder Ejecutivo serán ascendidos al grado de General, previa venia de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente en su caso.



La lista de méritos referida en el precedente inciso estará constituida por todos los Coroneles en condiciones de ascenso que hayan sido calificados de "muy apto" o "apto".

Artículo 12.- Para el ascenso a los grados de Brigadier General de la Fuerza Aérea y Contralmirante de la Armada Nacional, el Poder Ejecutivo seleccionará los candidatos de la totalidad de la lista correspondiente confeccionada por el Tribunal de Ascensos y Recursos integrado a esos efectos, además, por el Comandante en Jefe que lo presidirá y tendrá voto decisivo en caso de empate.

Artículo 13. (Transitorio).- Sustitúyese el numeral 3 del artículo 134 del decreto ley 15.688, de 30 de noviembre de 1984, por el siguiente texto:
"3) Las listas definitivas serán confeccionadas por el Tribunal Superior de Ascensos y Recursos del Ejército, integrado además y a estos efectos con el Presidente de la Comisión Calificadora del Tribunal Superior de las Armas del Ejército y los Inspectores de las Armas correspondientes para el personal combatiente y con el Presidente de la Comisión Calificadora del Personal Superior de los Servicios del Ejército para el Personal Superior de los Servicios.



El Comandante en Jefe elevará al Poder Ejecutivo dichas listas para que éste efectúe los ascensos por selección".

Artículo 14.- El Poder Ejecutivo elevará anualmente a la Asamblea General los programas de estudio de las escuelas e institutos de formación militar.

Artículo 15.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su cúmplase por el Poder Ejecutivo.

Artículo 16.- Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 22 de diciembre de 1986.

LUIS ITUÑO,
Presidente.

Héctor S. Clavijo,
Secretario.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
Montevideo, 22 de diciembre de 1986.

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos.
SANGUINETTI.

JUAN VICENTE CHIARINO.

ANTONIO MARCHESANO.

JULIO AGUIAR.



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¿Por qué votar SÍ en octubre?


El próximo 25 de octubre, conjuntamente con las Elecciones Nacionales los uruguayos tendremos la oportunidad de anular por fin la ley de caducidad.

Uruguayos - A Anular de ley de Caducidad



Marcha del Silencio

Esta ley fue aprobada en el año 1986 y luego fue sometida a referéndum en el año 1989. En aquel entonces,

muchos uruguayos votaron mantenerla por temor, cediendo a las amenazas de los militares. Otros creyeron que con esta ley se lograba pacificar el país. Unos y otros ignoraban en ese momento el verdadero alcance de los crímenes cometidos por la dictadura. Crímenes que en aquella época eran negados enfáticamente, acusando a quienes reclamaban verdad y justicia de vengativos y revanchistas. En los años siguientes, la ley fue aplicada de forma tal que obstaculizó avanzar en el conocimiento del pasado, amparando a los criminales e impidiendo a la justicia investigar sus crímenes.

A partir de la Comisión para la Paz durante el gobierno del Dr. Jorge Batlle, y de la política en materia de Derechos Humanos desarrollada por el actual gobierno del Frente Amplio, los uruguayos comenzamos a acercarnos al horror de aquellos años. Pudimos confirmar lo que durante mucho tiempo había sido ocultado o negado: el secuestro de niños, robándoles su identidad; la violación y la tortura como práctica sistemática en las cárceles; el asesinato y la desaparición como método de exterminio de opositores y de terror.

Con las excavaciones en los predios militares que llevaron a encontrar restos de algunos de los cientos de desaparecidos, y con el procesamiento de figuras emblemáticas de la represión, hoy asumimos nuevamente nuestra libertad para decidir en qué tipo de sociedad queremos vivir y tenemos una nueva oportunidad para decidir qué hacer con una ley injusta y vergonzosa. Pero ahora lo decidiremos sin presiones y con elementos suficientes de juicio para que esa decisión sea verdaderamente libre.

La anulación de la ley es necesaria ya que abre el camino para resolver tres conjuntos de problemas fundamentales:

El primero de ellos es el que tiene que ver con abrir las puertas para que pueda conocerse en profundidad la verdad de lo ocurrido en aquellos años, y el destino de quienes hoy continúan desaparecidos, identificando a los responsables.

Esta ley ha mantenido dividida a la sociedad al evitar que los responsables de violar los derechos humanos durante la dictadura fueran juzgados impidiendo además esclarecer los crímenes cometidos. Pretendió ser una ley de pacificación. Pero de una paz impuesta a la fuerza, no solo contra las víctimas de la dictadura sino contra toda una sociedad que sufrió el terrorismo de estado durante más de una década y a la cual en forma permanente se le negó el derecho a conocer la verdad de aquellos años. No podemos aceptar que aún hoy, decenas de ciudadanos continúen desaparecidos y los responsables sigan impunes y manteniendo silencio.

La anulación de la ley de caducidad tiene impacto en la forma en que resolvemos un problema que se ha mantenido abierto por décadas. Posibilita que se que se haga justicia con las víctimas -y con toda la sociedad- y que recuperemos la memoria colectiva del horror de aquellos años. Saber lo que sucedió en lugar de ocultarlo es la única manera de formar una ciudadanía crítica y responsable de sus actos.

El segundo conjunto de problemas que la anulación de la ley permite resolver tiene que ver con las responsabilidades del Estado frente a la comunidad internacional, la restauración del estado de derecho, restableciendo la separación de poderes y la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

La ley de caducidad es contraria a los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de Derechos Humanos. Diversos organismos internacionales le han reclamado al país reiteradamente que elimine esta ley por ser contraria al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Los crímenes cometidos en el país son equiparables a los crímenes de guerra nazis. Son crímenes de lesa humanidad y no pueden quedar amparados por ninguna ley de perdón, de amnistía o de caducidad.

La ley también es contraria a nuestros principios constitucionales porque viola el principio de separación de poderes y subordina al Poder Judicial, impidiéndole investigar y juzgar sin consentimiento del Poder Ejecutivo. Además viola el principio de igualdad de todos ante la ley. Por lo tanto anular la ley en octubre tiene que ver con la defensa de principios jurídicos que deben ordenar la convivencia social.

La anulación de la ley le restituye al Poder Judicial su capacidad jurisdiccional para investigar con independencia y aplicar el peso del poder del estado en esas investigaciones.

El tercer conjunto de problemas tiene que ver con el futuro del Uruguay como sociedad, es el relacionado con la construcción de valores culturales sobre los que se afirma la convivencia democrática.

Anular la ley de caducidad tiene una importancia fundamental también en lo relacionado con los valores que defendemos. En octubre estaremos decidiendo los valores de la sociedad del futuro. Deberemos decidir si optamos por la justicia u optamos por la impunidad. No es un tema partidario sin un tema de valores éticos y morales.

Mantener la ley de caducidad implica defender que bajo determinadas circunstancias el Estado pueda convertirse en un Estado terrorista, que viole impunemente los derechos de los ciudadanos y que luego mediante presión obtenga impunidad. Por la vía de explicar y defender la permanencia de la Ley de Caducidad estamos explicando y justificando la dictadura con todos sus horrores.

Votar SI en el plebiscito en cambio es optar por la vida, por la democracia, por el respeto irrestricto a los Derechos Humanos, por la independencia de Poderes. Es defender y promover la tolerancia y el respeto a la persona en todas sus dimensiones. Es afirmar el valor de la justicia, la importancia de la memoria como construcción colectiva de un pasado sobre el que todos debemos reflexionar y aprender. Es afirmar la indeclinable responsabilidad del Estado en el respeto a los derechos mas fundamentales. Es entender la defensa de los Derechos Humanos como una cuestión integral que no admite interpretaciones oportunistas y que trasciende fronteras partidarias y preferencias electorales porque afecta los valores más esenciales de nuestra cultura política.


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FUENTE 1
FUENTE 2
FUENTE 3




dictadura

2 comentarios - Uruguayos - A Anular de ley de Caducidad

@elova
uhh, ojala avance esto y tengan justicia...