Derechos de los discapacitados

I.- INTRODUCCIÓN - CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Antes de abordar la problemática de los discapacitados, conviene aclarar algunos conceptos fundamentales para su comprensión.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) distingue entre deficiencia (impairment), discapacidad (disability) y minusvalía (handicap); la comprensión de estas diferencias resulta trascendental debido a su aplicación en la terminología legal internacional:

Deficiencia: cualquier pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica.
Discapacidad: cualquier restricción o carencia de la capacidad de realizar una actividad de la misma forma que la que se considera normal para un ser humano.
Minusvalía: una desventaja para un determinado individuo como consecuencia de una deficiencia o discapacidad que limita o impide la realización de una función que es normal (de acuerdo con la edad, sexo y factores sociales y culturales) para tal individuo.
Preparar al hombre para el pleno desarrollo de sus potencialidades asumiendo la realidad de su destino, integrándose en la sociedad para actuar y transformar creativamente la misma, son posibilidades que la educación permanente no puede soslayar en la persona que presenta una problemática singular o limitante en alguna de las áreas de su personalidad.

Hablar de discapacidad, minusvalía en su sentido más amplio, es hacer referencia a limitaciones en el desarrollo humano.

Esta deficiencia o límite, ya sea física, psíquica o social, no está dada exclusivamente en función de los déficit del sujeto que la padece, sino también por el entorno social de pertenencia.

II.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Desde la antigüedad los discapacitados fueron indistintamente despreciados, adorados, compadecidos, aniquilados o temidos según las ideologías imperantes en el grupo social de pertenencia.

En las antiguas culturas primitivas se abandonaba y dejaba morir a los niños deformes o discapacitados. Si eran adultos se los apartaba de la comunidad: se los consideraba incapaces de sobrevivir una existencia acorde con las exigencias sociales establecidas. El mismo Aristóteles, en el siglo V a.c., describe como los espartanos eliminaban a sus discapacitados o deformes arrojándolos desde la cima del monte Taigueto.

Fue con el advenimiento del cristianismo que se inició un verdadero movimiento de asistencia y consideración hacia los minusválidos, los marginados, los desprotegidos.

En la Edad Media, los enfermos y deformes eran apartados y marginados.

En los tiempos modernos aparecen nombres precursores en el campo de la rehabilitación. Itard sienta las bases de una pedagogía médica. Posteriormente, Seguin y Esquirol inician científicamente el estudio de la discapacidad mental.

En 1881, en Leipzig, aparece la primera escuela pública destinada a la enseñanza de deficientes mentales.

En Argentina, la escuela primaria obligatoria y gratuita fundada en la ley 1420, hoy derogada por la Ley Federal de Educación 24.195/93, sentó las bases para una atención educativa básica sin barreras estructurales.

Así, se inicia un camino para encontrar soluciones alternativas a la atención del sujeto irregular en el ámbito educativo.

Muchos son los logros obtenidos en los últimos años, en los diversos campos (legal, educativo, médico, social) en favor de los discapacitados.

III.- MARCO LEGISLATIVO

En este apartado nos dedicaremos al análisis de la legislación nacional e internacional relativa al objeto de nuestro trabajo.

Comenzaremos con la Constitución Nacional, llave maestra para el análisis y aplicación del derecho y, seguidamente, desarrollaremos los planos internacional y nacional.

1º- PLANO CONSTITUCIONAL: La Constitución de la República Argentina (texto de la reforma de 1994) en el inciso 23 del artículo 75 expresa: "Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. (...)".

De la lectura de este inciso (art.75 - Atribuciones del Congreso) y con relación al tema que nos compete, se infiere:

La supremacía de la Constitución Nacional, como fuente de derechos;La superior jerarquía de los tratados internacionales frente a las leyes nacionales (conf. art.75,inc.22);La prioridad puesta por los constituyentes en cuanto al tema de discapacitados, designándolo específicamente;Se atribuye al Congreso la promoción de medidas de acción positiva para garantizar el goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Carta Magna, los tratados internacionales de la materia y las leyes nacionales dictadas al efecto.

2º- PLANO INTERNACIONAL: La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó, en 1971 los Derechos del Retrasado Mental y en 1975, los Derechos del Impedido. Como contribución al Año Internacional de 1981 se presentó, luego de un extenso trabajo realizado por un grupo de expertos en planificación de la rehabilitación, en el XIV Congreso Mundial de Rehabilitación (Winnipeg, Canadá), el 26 de junio de 1980, la llamada "Carta para los Años 80".

Estos documentos marcaron un hito en cuanto a declaraciones internacionales de derechos de discapacitados.

El 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 48º período de sesiones, mediante resolución 48/96 aprobó las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Dichas normas sostienen los siguientes requisitos para la igualdad de participación:

mayor toma de conciencia
atención médica
rehabilitación
servicios de apoyo
Asimismo, las esferas previstas para la igualdad de participación son:

posibilidades de acceso
educación
empleo
mantenimiento de los ingresos
seguridad social
vida en familia e integridad
cultura
actividades recreativas y deportivas
religión
El punto 14 de dichas Normas establece que las mismas no tienen carácter obligatorio, pero pueden adquirirlo cuando las aplique un gran número de Estados, convirtiéndose así en normas internacionales consuetudinarias.

Asimismo, el punto 15 define la finalidad de las Normas: "... garantizar que niñas y niños, mujeres y hombres con discapacidad, en su calidad de miembros de sus respectivas sociedades, puedan tener los mismos derechos y obligaciones que los demás. (...)".

Por otra parte, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, celebrada en Copenhague, Dinamarca del 6 al 12 de marzo de 1995, establece en su capítulo II, Acciones, apartado "D" (Aumento de la protección social y disminución de la vulnerabilidad) la protección de la pobreza de las personas que no pueden trabajar por diferentes razones, entre ellas, los discapacitados.

De igual forma, en el capítulo III (punto 62) se apunta a la problemática de las posibilidades de trabajo de las personas con discapacidad:

leyes y reglamentos no discriminatorios (inc. a)
adaptar edilicia y técnicamente los lugares de trabajo (inc. c)
establecer nuevas formas de empleo (inc. d)
eliminar estereotipos discriminatorios en cuanto a los discapacitados y el mundo laboral (inc. e)
Asimismo, el capítulo IV, apartado D hace hincapié en la atención de necesidades sociales especiales:políticas de integración de los grupos vulnerables (inc. a) legislación para promover los intereses de dichos grupos (inc. b) alentar el ingreso de los grupos vulnerables a cargos en la administración pública (inc d) promover las Normas Uniformes de la ONU sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y preparar estrategias para la aplicación de esas normas (inc. j).

De igual manera, la Cumbre, establece la necesidad de jerarquizar los derechos humanos, mejorar la calidad de vida, mejorar la educación, el socorro y la rehabilitación, para lo cual resulta procedente fomentar y apoyar el establecimiento de organizaciones no gubernamentales al efecto.

3º- PLANO REGIONAL: El 17 de noviembre de 1988 en San Salvador (El Salvador) fue suscripto el Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

Dicho protocolo, en su artículo 18, establece normas de protección de los discapacitados, de carácter netamente programático ("...los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas que sean necesarias para ese propósito...".

Los puntos principales de este artículo se pueden resumir en el compromiso de los gobiernos firmantes sobre:

A- ejecución de programas específicos destinados a la protección de los minusválidos, incluidos programas laborales.

B- proporcionar formación especial a familiares de minusválidos destinada a concretar la integración y la convivencia.

C- eliminación de barreras arquitectónicas.

D- estimular la formación de organizaciones sociales sobre el tema.

4º- PLANO LOCAL: La Ley Nacional 22.431 sobre Discapacitados tiene las siguientes características principales:

* calificación de discapacidades

* servicios de asistencia

* seguridad social

* educación y trabajo

* transporte y arquitectura

* asistencia social y salud

Según el art. 4º, el Estado deberá prestar a los discapacitados los siguientes servicios:

rehabilitación integral
formación laboral o profesional
préstamos o subsidios
regímenes diferenciales de seguridad social
escolarización, buscando la integración cuando sea posible
orientación y promoción individual, familiar y social
El art. 8º obliga a las reparticiones del Estado, entes públicos, etc. a ocupar a personas discapacitadas idóneas en proporción no inferior al 4 % del personal. Asimismo, el art. 10º establece que a dichas personas se les aplicará la misma legislación laboral que a los trabajadores normales.

El art. 14 bis duplica el monto de las asignaciones familiares cuando el hijo del trabajador fuere discapacitado y concurriera a un establecimiento educativo de cualquier nivel o modalidad.

Por otra parte, la ley 19.279, en su art. 12, acredita libre tránsito y estacionamiento a los vehículos propiedad de personas discapacitadas que exhiban en el mismo el distintivo pertinente.

En el año 1993 se sanciona la Ley Federal de Educación Nº 24.195. Algunos de los puntos más importantes de esta ley, en cuanto a discapacitados, son los siguientes:

el art. 5, inc. K establece como criterio "la integración de las personas con necesidades especiales mediante el pleno desarrollo de sus capacidades".
el art. 11 integra al sistema educativo los regímenes especiales que tienen como finalidad atender los requerimientos de educandos con particularidades y/o necesidades especiales.
el capitulo VII, apartado A, regula la Educación Especial.
El art. 27 se refiere a la detección temprana de niños con necesidades especiales.

El art. 29 establece las visitas de profesionales a las escuelas especiales para verificar la evolución de los alumnos y, en caso de que sea viable, la integración de los mismos a una escuela común. En tal caso, se deberán adoptar criterios particulares de curriculo, organización escolar, infraestructura y material didáctico.

El art. 28 enuncia los objetivos de la educación especial:

- garantizar la atención de las personas con necesidades educativas especiales desde el momento de su detección.

- brindar una formación individualizadora, normalizadora e integradora, orientada al desarrollo integral de la persona y a una capacitación laboral que le permita su incorporación al mundo del trabajo y la producción.

A fines del año 1994, la Provincia de Buenos Aires sanciona la Ley Provincial de Educación, de acuerdo con los principios rectores de la Ley Federal. Algunos de los puntos sobresalientes de dicha ley en la materia que nos compete son:

a- rechazo de todo tipo de discriminación.

b- integración de las personas con necesidades especiales mediante el pleno desarrollo de sus capacidades.

c- creación de regímenes específicos para que la población con necesidades especiales cumpla con la obligatoriedad de la enseñanza.

d- continuidad de las Ramas técnicas de Educación Especial y Psicología y Asistencia Social Escolar.

e- prevenir desigualdades físicas, psíquicas y sociales.

f- organizar planes asistenciales para los niños atendidos por la educación especial.

Por otra parte, cabe señalar que los objetivos de la educación especial esbozados por esta ley en su art. 11 coinciden con los ya explicados de la Ley Federal de Educación.

IV.- CONCLUSIONES

Si consideramos al discapacitado como una "persona" que comparte con el resto de los ciudadanos los mismos derechos y obligaciones, tendremos una actitud decidida de aceptación de las diferencias.

Muchas instituciones sociales detectan y tratan al discapacitado como diferente, segregándolo del ambiente "normal", es decir, quitándole la posibilidad de integrarse a la sociedad con igualdad de oportunidades.

Para facilitar la integración del discapacitado es imperativo implementar acciones con los padres y la comunidad, para que, a través de una toma de conciencia de la problemática, se esclarezcan los conceptos y se llegue a introyectar en su real dimensión. Este esclarecimiento lo vemos totalmente identificado con la revalorización de los sentimientos de solidaridad social, entendida, no como ayuda del que es o tiene más al que es o tiene menos, sino como el establecimiento de vínculos entre personas, en una interacción en que todos dan y todos reciben.

Como podemos observar después de abordar el tema normativo en el apartado anterior y el gran contraste visto, se perfilan a nuestro criterio, dos vías de solución:

- a nivel social: a través de la educación, entendida como integración y no sólo para los discapacitados, sino dirigida a la sociedad toda.

- a nivel normativo: a través de la implementación de cláusulas que sean la llave de la operatividad de las normas internacionales relativas al tema.

Este trabajo apunta a dar posibles enfoques a un problema social (no sólo nacional sino arraigado en el mundo entero) como lo es la falta de integración plena de las personas discapacitadas a la sociedad en la que están insertas.

No hay que recorrer demasiado para palpar esa ausencia de reconocimiento de los derechos humanos de los excluidos.

Tal vez resulte muy severo hablar de "falta de reconocimiento". Esto es porque son innumerables las normas legales estatales e interestatales que se encargan del tema en cuestión. Pero aún así, entre todas no llegan a formar un sistema efectivo que garantice el cumplimiento de su contenido. Entonces, una propuesta interesante consistiría en enfocar el tema "discapacidad" desde dos puntos de vista que constituyen los pilares primarios: el punto de vista social y el punto de vista legal.

1- Social: Si logramos que los grupos familiares y la comunidad en su conjunto desechen conductas de marginación hacia los discapacitados, los niños, como receptores de valores, adoptarán una actitud similar. Para favorecer este proceso, sería útil la creación de espacios de reflexión en los cuales los participantes se apropien de la realidad para transformarla y transformarse, con una responsabilidad compartida en la promoción de cambios significativos desarrollando una nueva conciencia de las posibilidades humanas.

Los participantes serían, entonces, los integrantes de la comunidad y uno de los espacios de reflexión podría ser la educación; pero no sólo de las personas con discapacidad, sino también, y con mayor acento, la educación de la comunidad.

A través de la educación de ambos grupos podría lograrse la integración, que es el principio por el cual toda persona, cualquiera sea su condición, ha de ser aceptada por los demás y por la sociedad entera para que pueda disfrutar de los recursos sociales de su entorno.

2- Legal: Como ya lo hemos expuesto, existen infinidad de normas. Nuestra legislación para personas con discapacidad es "casi perfecta". ¿Pero hasta qué punto es cumplida?: La respuesta es alarmante. ¿Qué vía nos queda entonces?.

Debemos recordar que nuestro país es parte signataria del Protocolo de San Salvador (anexo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que ahora tiene jerarquía constitucional) hace más de ocho años y aún no lo hemos ratificado. En su texto, se amparan notablemente los derechos de las personas con discapacidad, a través de disposiciones casi perfectas.

Es oportuno traer a la mente que nuestra "nueva" Constitución Nacional de 1994 brega por la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, en su artículo 75 inciso 23. En este sentido, no queda más que acotar el anhelo de cualquier argentino de sentirse amparado bajo su Ley Fundamental... La esperanza no está perdida.

IV.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

"Constitución de la República Argentina" (texto según la reforma de 1994).

"Carta para los años 80" (Naciones Unidas).

"Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas discapacitadas" (Naciones Unidas, diciembre de 1993).

"Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social" (Copenhague, marzo de1995).

"Declaración de Derechos de los Discapacitados" (Naciones Unidas, 1977).

"Protocolo de San Salvador", anexo al Pacto de San José de Costa Rica (Noviembre de 1988).

"Ley de discapacitados" (22.431).

"Ley Federal de Educación" (24.195).

"Ley Provincial de Educación" (Pcia. de Buenos Aires, 1994).Capacce, Norma y Lego, Nélida;

"Integración del Discapacitado", Ed. Humanitas, Buenos Aires.Travieso, Juan Antonio;

"La Corte Interamericana de Derechos Humanos", Ed. Abeledo-Perrot, 1996.


Fuente: http://www.abogarte.com.ar/ddhhydiscapacidad.htm

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