La Doctrina de Seguridad Nacional (II)

La Doctrina de Seguridad Nacional (II)

Un claro perfil ideológico y comercial

De una campaña de sesgo popular, en la que los espacios mayores fueron para la simpática socialcristiana Gabriela Michetti, la gestión de Mauricio Macri como gobernador porteño evidencia un claro giro hacia la influencia de un dirigente que demostró no mover las encuestas, como Horacio Rodriguez Larreta. Ya desde los primeros vetos se nota un favoritismo hacia los negocios de los llamados “desarrolladores”.

En sus últimos dias de vida, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) votó algunos proyectos que tenia en trámite desde hacia tiempo. En esas primeras jornadas de diciembre de 2007 y últimas para 30 de sus antiguos miembros, entre esos proyectos convirtió en ley a dos que tenian un claro sentido reivindicatorio de carácter histórico y social. Uno fue el relacionado con una reparación moral y monetaria para los viejos presos Conintes y otra un mecanismo de preservación de los bosques de Palermo que sufren una progresiva degradación en aras de negocios.

Quienes conocen los temas apuntan a la cabeza del jefe de Gabinete, el ex desarrollista devenido en peromenemista y ahora macrista Horacio Rodriguez Larreta. En el caso del Parque Tres de Febrero, como es la denominación oficial de los bosques de Palermo, también se carga contra Juan Pablo Piccardo, el ministro de Medio Ambiente y Espacio Público.

Ahumada.

Una presencia muy considerada por muchos santarroseños fue la de María Margarita Arentsen de Ahumada, esposa del peronista revolucionario y teniente Ciro Ahumada. Ahumada fue un oficial del Ejército mendocino que promovió varios golpes militares e insurreccionales peronistas durante la Resistencia junto con el general Miguel Iñíguez. En mayo de 1960 ordenó colocar explosivos en la casa de un general y en una compañía petrolera mendocina y partió hacia Uruguay. Trescientos integrantes de su red fueron perseguidos y acorralados, hasta su esposa. La mujer fue condenada en Mendoza a cuatro años de prisión junto a un grupo de hombres por un Tribunal de Guerra y estuvo desde el 22 de diciembre de 1960 hasta febrero de 1962, cuando se la indultó, recluida en la Cárcel de Encausados de Santa Rosa. Los cargos fueron asociación ilícita y encubrimiento, entre otros. Poco después de su llegada arribaron otros presos mendocinos detenidos en la misma intentona. El 11 de agosto del ‘61 llegaron ocho condenados entre 6 y 19 años por estar vinculados al golpe de Ahumada. Habían estado alojados desde su captura en la cárcel de la capital mendocina y pasaron por las prisiones militares de Magdalena, Viedma, Rawson, Penitenciaria Nacional y luego al anexo de Encausados de Santa Rosa. Eran Carlos Herbst, Leónidas Aveiro, José Merlo, Alejandro Barrose, Humberto Cinquegrano, Daniel Soloa, Silverio Sosa y Carlos Alberto Burgos. En su momento, se recordó la visita que le hicieron a Ahumada sus tres hijas de 11, 9 y 6 años. Finalmente, el 18 de febrero del ’62, la mujer recuperó su libertad. Herbst fue trasladados en julio a Mendoza por tren desde Catriló. El estudiante Burgos a Chaco en noviembre y Soloa a Buenos Aires en diciembre. Y Cinquegrano, Barrose, Merlo y Aveiro llevados al Penal de Magdalena en mayo del ’63.

El guerrillero.

En la mañana del 3 de febrero del ‘62 recuperó su libertad Henry Rodríguez, un preso Conintes que estaba en el anexo encausados desde el 17 de diciembre del ‘61. Pertenecía al grupo de guerrilleros Uturuncos que había intentado crear un foco insurgente en los montes de Tucumán y fue capturado el 10 de junio del ’60. Había sido condenado por un tribunal militar especial a la pena de 3 años de prisión a la que se le dio cumplida en forma condicional. En los meses siguientes apenas quedaría un puñado de diez condenados por tribunales militares por actos de sublevación en Mendoza.

La última.

Entre fines de octubre del ’62 y mayo del ’63 llegó la última tanda, casi todos comunistas que habían sido detenidos por “actividades contra la Seguridad Pública” por apoyar en actos públicos la revolución cubana. Los primeros 26 presos por causas gremiales y políticas fueron bajados el 31 de octubre del ’62 de un avión Bristol, unos por la mañana y otros por la tarde. Siete vehículos los trasladaron a la Colonia Penal. Algunos pocos recuperaron la libertad en diciembre. En noviembre del ’62 fueron trasladados el médico Carlos Abolsky de 38 años y el abogado santafesino Alfredo Dratman, de 36, entre otros. El 5 de enero del ‘63 llegó otra veintena desde la penitenciaría de Puerto Deseado, también capturados en octubre del ’62. Para enero había en el país 296 presos políticos y gremiales y 34 estaban en Santa Rosa –28 a disposición del PEN y 6 condenados del Conintes–.El 2 de mayo desde el destacamento Río Bamba en Buenos Aires fueron remitidos 16 detenidos a la U13. Entre ellos Ernesto Giúdice, periodista y apoderado del PC; otra vez Chiaranti, José Brandeburgo, Manuel Halperín, Héctor Manfredo, Elías Perelman, Miguel Wais, José Laureano Rojas, Gastón Redivo, Carlos Impinisi, Ricardo Soppo y David Halperín, todos capturados en noviembre del ’62. El 23 de mayo en avión llegaron otros 18 detenidos del PEN.El 11 de junio recuperaron su libertad cuatro presos políticos, entre ellos el obrero maderero Pedro Furer, de 54 años, que falleció dos días después. Chiaranti fue dejado en libertad el 22 de junio ya que su estado de salud era muy delicado. Quedaban todavía unos 41 alojados.A mediados de julio comenzaron a salir por tandas 32 de los detenidos PEN y el sábado 3 de agosto liberaron a los últimos ocho: Manuel y David Halperin, Brandeburgo, Jacobo y Elías Perelman, Jacobo Sufra, Abolsky y Drakman. A mediados de septiembre, luego que Arturo Illia ganara las elecciones y estuviera por asumir en octubre, fue dejado en libertad el último preso Conintes. Para entonces se había firmado el decreto 7.603 de amnistía para todos los delitos políticos y comunes conexos. El último en salir fue Silveiro Sosa el 14 de septiembre, que purgaba una condena de seis años de prisión desde diciembre del ’60 por una sublevación en Mendoza. No pasarían muchos años –durante el Cordobazo– en que los presos políticos volvieran a desfilar por los pabellones pampeanos.
Los vetos pasaron casi inadvertidos para el gran público en el marco de otras cuestiones nacionales y, en el caso de la CABA, a raiz de la virulenta suba de la tasa inmobiliaria, del despido de 2.500 empleados públicos a los que se calificó de ñoquis sin investigación previa alguna y la descomedida expulsión de cartoneros de predios ocupados en Belgrano.
La cuestión es que los grandes medios masivos no tuvieron, entonces, lugar para atender el problema de los viejos presos Conintes.

Los presos Conintes

El Plan Conintes (de Conmoción Interna del Estado) fue sancionado durante el segundo gobierno de Juan Domingo Perón pero nunca se llegó a instrumentar hasta su destitución en septiembre de 1955. Apuntaba a evitar la aparición de grandes protestas sociales, al punto de que se podian militarizar zonas y practicar allanamientos y detenciones sin órdenes judiciales. La norma daba al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) una enorme discrecionalidad represiva.
Perón, responsable de su sanción, no tuvo presos Conintes. Pero quienes lo derrocaron en nombre de la democracia, acusándolo de déspota y represor, no la derogaron.

Quedó en el arcón de la legislación no aplicada hasta que apareció como presidente Arturo Frondizi al frente de su Unión Civica Radical Intransigente (UCRI), que llegó al gobierno con los propios votos más los de los comunistas y, fundamentalmente, los de los peronistas, como resultado del muchas veces negado pero real Pacto Perón-Frondizi.

Frondizi, originario de la izquierda del histórico radicalismo, habia llegado con un programa popular del que rápidamente se alejó para llegar a tener ministros de Economia como Alvaro Alsogaray y Roberto Alemann, a lo largo de sus casi cuatro años de gestión. En ese giro a la derecha chocó rápidamente con la mayor parte de sus votantes en un cambio de clientela politica.

Asi fue como la mayor parte de los sindicatos, en manos del proscripto peronismo, como los 19 dirigidos por el Partido Comunista, pasaron a una dura oposición destacándose largas huelgas como las de bancarios, ferroviarios y personal del frigorifico nacional que habia sido creado por el presidente Marcelo T. de Alvear en 1923. Ante ello Frondizi desempolvó el Plan Conintes que fue aplicado con todo entusiasmo. Miles de trabajadores y de militantes politicos fueron a parar a la cárcel.
La gran mayoria de aquellos presos Conintes a lo largo de este casi medio siglo transcurrido ya no está en este mundo. Cuando el entonces legislador kirchnerista Francisco Miguel Talento lanzó su proyecto reparador, en toda la CABA se habian detectado apenas 15 sobrevivientes.

El extraño argumento para el veto impulsado por Rodriguez Larreta es lo oneroso que podia haber sido pagar tantas pensiones. ¡No más de 30.000 pesos al mes!, en el marco de las erogaciones del gobierno porteño, que ha incrementado fuertemente los salarios de sus funcionarios. Pero lo que subyace es una cuestión politica, mucho más cuando Rodriguez Larreta es de viejo cuño desarrollista.

Consultado el secretario de Derechos Humanos del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el ex diputado por el Frente para la Victoria (FPV), Helio Rebot, respondió: "La aplicación y decisión de implementar el Plan Conintes fue una repudiable instrumentación de nivel nacional. En tal sentido, desde nuestro gobierno no negamos ni ignoramos el sufrimiento y dolor de sus victimas. No obstante, cualquier politica de ayuda o subsidio debe sancionarse en el Congreso de la Nación, ante lo cual desde luego que el gobierno de Mauricio Macri se adheriria".

Los bosques de Palermo

Asi como los parientes de los viejos Conintes lograron la ley para sus mayores, la ONG de los “Amigos del Lago de Palermo” obtuvo algo que resulta espectacular para la Argentina y para muchos paises como el nuestro: que se creara un organismo descentralizado para administrar el parque y que ese cuerpo administrador estuviese integrado por gente de alto nivel que se ganara el lugar por concurso. Increiblemente fue votado y aprobado en esas jornadas de despedida.

Pero tampoco Macri y Rodriguez Larreta quisieron saber nada con dejar el manejo de los bosques a un grupo especializado que, seguramente, una vez que se hiciera cargo, no permitiria que atendiendo a razones de “negocios” continuara la apropiación de tierras por intereses de los más diversos, pero que se trata de intereses de unos pocos y no de los millones de porteños y de visitantes de esta urbe que pueden gozar de un paseo, o de un lugar para la práctica de ejercicios libremente.

Está claro que los negocios particulares quieren ir por más, ya que haber reducido el “Parque Tres de Febrero” en un 85 % no parece suficiente. Pero, además, se planteaba otro riesgo aún mayor. Que la administración independiente comenzase a hurgar entre las irregulares formas de apropiación que ha habido a lo largo de los años por parte de clubes deportivos, como Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, y hasta de simples negociantes. Y, en consecuencia, dar marcha atrás con algunas de esas apropiaciones.

Macri veta la ley que otorga un beneficio a las victimas del Plan Conintes (2007)

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley

Articulo 1°.- Las personas que hubieran estado detenidas, procesadas, condenadas y/o a disposición de la justicia o de los Consejos de Guerra, conforme lo establecido por el Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado), tendrán derecho a la percepción del beneficio establecido por la presente ley. Los beneficiarios deberán haber residido en el momento de la detención en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en la actualidad con al menos un (1) año de antigüedad, y no deberán percibir beneficio nacional o provincial alguno, por motivos similares.

Articulo 2°.- El beneficio que establece la presente ley se percibirá en forma mensual y será igual a una remuneración mensual no inferior al monto que percibe un agente categoria A1, del tramo y nivel profesional de la administración de la Ciudad.

Articulo 3°.- El beneficio tendrá el carácter de bien propio, será inembargable, no podrá ser cedido, ni transmitido por ningún acto juridico.

Articulo 4°.- Los beneficios establecidos en la presente ley no son incompatibles con sueldos, honorarios, jubilación o pensión que pudiere recibir el beneficiario por otras causas.

Articulo 5°.- El beneficio caduca automáticamente por cobro de otro subsidio, reparación o beneficio por idéntica causa que sea creado a nivel provincial o nacional.

Articulo 6°.- En caso de fallecimiento de las personas a las que les corresponde recibir el beneficio establecido en el articulo 2° de la presente ley, tendrán derecho a la percepción del mismo los siguientes derechohabientes en el orden de prelación descrito:

El/la cónyuge al momento de la detención del beneficiario fallecido.
Los/as hijos/as nacidos/as o por nacer al momento de la detención del beneficiario fallecido, que será dividido por partes iguales entre los mismos.

Articulo 7°.- El Poder Ejecutivo realizará las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar el cumplimiento de la presente ley desde el momento de su entrada en vigencia.

Articulo 8°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los treinta (30) dias de promulgada.

Articulo 9°.- Comuniquese, etc.

SANTIAGO DE ESTRADA
ALICIA BELLO

LEY N° 2.601

Sanción: 06/12/2007
Vetada: Decreto Nº 43/008 del 15/01/2008
Publicación: BOCBA N° 2852 del 17/01/2008
DECRETO N° 43/08

Buenos Aires, 15 de enero de 2008.

Visto el Proyecto de Ley N° 2.601 y el Expediente N° 95.515/07, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente citado en el visto tramita el Proyecto de Ley N° 2.601, sancionado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el dia 6 de diciembre de 2007, a través del cual se establece en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un beneficio remuneratorio mensual destinado a las personas que hubieran estado detenidas, procesadas, condenadas y/o a disposición de la justicia o de los Consejos de Guerra, conforme lo establecido por el Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado);

Que, si bien se estima loable el espiritu reparatorio del proyecto de ley de marras, cabe merituar que resulta confusa la naturaleza juridica del beneficio que se intenta establecer en el mentado texto;

Que, en este sentido, no es posible determinar fehacientemente si se trata de un subsidio u otro tipo de beneficio, o si el mismo tiene o no carácter vitalicio, todo lo cual acarreará inevitablemente dificultades operativas al momento de concretar la operatoria dirigida a la recepción del mismo;

Que, en este orden de cosas, resulta menester señalar que no ha sido contemplada en la legislación dictada a nivel nacional la reparación de las personas alcanzadas por el Plan CONINTES, siendo el Congreso de la Nación el ámbito natural de discusión de tales medidas por cuanto el referido plan tuvo alcance e instrumentación en todo el territorio nacional;

Que en virtud de ello, se torna inadecuada la instrumentación de legislaciones estaduales de alcance territorial acotado, tal cual se propicia en el proyecto de ley sub examine;

Que, asimismo, el proyecto en cuestión se dirige hacia aquellos beneficiarios que hubieran tenido su residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "…en el momento de la detención …o en la actualidad con al menos un (1) año de antigüedad…". Esta última circunstancia tendria la virtualidad de instrumentar un programa reparatorio de alcance nacional toda vez que basta con tener un solo año de residencia en nuestra ciudad para que ello genere derecho a la recepción de un beneficio, con presumible carácter vitalicio;

Que, por otra parte, no han sido acompañados con el referido proyecto de ley estudios técnicos de la especialidad que permitan tener una idea acabada tanto del número de beneficiarios potenciales del programa, como asi también del importe final que demandaria para el erario público su implementación, datos con los que -de manera imprescindible- debe contar previamente el Poder Ejecutivo de cara a la puesta en marcha de un programa de tan vasto alcance;

Que, en esta inteligencia, cabe señalar que el gasto que implicaria el inicio del programa en cuestión no fue oportunamente valuado ni ponderado, y actualmente se carece de recursos especificos para ser destinados a su implementación, no contándose en la actualidad con partidas para afrontarlo dentro del presupuesto de gastos y recursos para el corriente año;

Que, por los argumentos esgrimidos precedentemente, y sin perjuicio de que oportunamente se lleven adelante acciones de gobierno que permitan asistir particularizadamente a aquellas personas comprendidas dentro del universo de potenciales beneficiarios del mismo, corresponde hacer uso del mecanismo excepcional de veto, conforme lo prescripto en el articulo 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Por ello, en virtud de las facultades legales constitucionales que le son propias,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:

Articulo 1° - Vétase el Proyecto de Ley N° 2.601, sancionado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la sesión de fecha 6 de diciembre de 2007.

Articulo 2° - El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.

Articulo 3° - Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuniquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección General de Coordinación de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y pase para su conocimiento a la Subsecretaria de Derechos Humanos, dependiente de la Vice Jefatura de Gobierno. Cumplido, archivese. MACRI - Rodriguez Larreta

Frondizi y un plan de racionalización

El primer gran cambio del sistema ferroviario luego de la estatización del servicio dispuesta durante la presidencia de Juan Domingo Perón llegó de la mano de Arturo Frondizi, que ocupó el sillón de Rivadavia entre 1958 y 1962.

Frondizi decretó, en mayo de 1961, un plan de racionalización de trenes que desembocó en la privatización de servicios relacionados, en el congelamiento del déficit de explotación, en el levantamiento de vias y en una de las mayores huelgas de empleados del sector.

El objetivo del plan, según lo señala el primer mandatario en sus discursos, era mejorar el transporte en una Argentina que contaba con nuevos centros de producción y, al mismo tiempo, terminar con el déficit ferroviario, que representaba “casi el 80% del déficit total del presupuesto de la Nación”.

“Los ferrocarriles (en manos de la Empresa Ferrocarriles del Estado Argentino, EFEA) no cumplen su función porque su trazado en abanico converge hacia Buenos Aires y porque carecen del material indispensable para transportar los frutos del pais y las mercaderias, que se deterioran en largas esperas en las playas de depósitos”, explicó Frondizi en un discurso pronunciado en 1961.

“Para la Argentina agropecuaria del siglo pasado y a comienzos del siglo presente –agregó– bastaba una red de comunicaciones que conectara las praderas donde se cultivaba el cereal y crecia el ganado con el puerto de Buenos Aires. Pero la Argentina de hoy no es la misma que la de nuestros abuelos. Hoy se producen tabaco, arroz, té, yerba mate y centenares de productos agricolas y forestales en todo el pais, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego.”

Los cambios de la geografia económica representaban una buena justificación para el plan de racionalización. Pero igual de importantes fueron las razones estrictamente monetarias que Frondizi detalló sus discursos:

“Actuaremos drásticamente para mejorar el servicio ferroviario y suprimir el enorme déficit del orden de los 23.000 millones de pesos. Para valorar esta cifra conviene recordar que el presupuesto total de la Nación alcanza a 120.000 millones de pesos.”

“Cada argentino –dijo en otra oportunidad– contribuye con 1000 pesos anuales a enjugar las pérdidas de un sistema ferroviario que no sirve al pais ni a los sufridos usuarios del servicio.”

“Empeñado en racionalizar”

Según señala un estrecho colaborador del ex presidente, éste estaba “empeñado en racionalizar la parte ferroviaria”, y asi llegó en mayo el decreto 4061, que puso en marcha el plan.

A través del decreto se dispuso, por un lado, el congelamiento del déficit de explotación de los ferrocarriles nacionales y la prohibición de “nuevas inversiones para la adquisición de bienes o recuperación de los existentes”.

También trajo a escena un factor que hoy resulta familiar: la privatización. Pero en este caso se sancionó “la transferencia a la actividad privada de servicios o actividades complementarias que no integren la explotación ferroviaria especificamente considerada, comenzando por los servicios de confiteria, restaurantes y coches comedor”.

También se decretaron la intervención de EFEA y el levantamiento de 4000 kilómetros de vias. En conferencia de prensa, el entonces ministro de Obras Públicas, Arturo Acevedo, señaló que en la primera fase del plan serian levantados 800 kilómetros de vias de los ferrocarriles Mitre, Urquiza y Belgrano que pasaban por Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco.

Los sindicatos del sector, Unión Ferroviaria y La Fraternidad, se opusieron inmediatamente a las nuevas disposiciones. La resistencia fue tal que se llegó a constituir una comisión mixta para revisar las privatizaciones, pero no hubo acuerdo y el 26 de octubre se inició una huelga que finalizó recién el 11 de diciembre de 1961.


Negociación agotadora

La huelga poco tuvo de pacifica, y Frondizi firmó, el 1º de noviembre, un decreto que habilitó la intimación al personal ferroviario a la reanudación de sus tareas. Y lanzó también el Plan Conintes (Conmoción del Orden Interno del Estado) a través del cual se detuvo a los principales lideres ferroviarios para trasladarlos a diferentes presidios del pais.

“Habia mucha gente que se oponia fuertemente al plan y el presidente seguia con máximo detalle todo”, recuerda el colaborador de Frondizi. Luego de 42 dias de negociación, y con la mediación de monseñor Antonio Caggiano, gobierno y ferroviarios llegaron a un acuerdo que mantuvo el plan de racionalización a cambio de mejores salarios y la participación gremial en EFEA.

“Frondizi puso todo al servicio de un plan de desarrollo en el cual los ferrocarriles debian complementarse con la red caminera”, señala Albino Gómez, escritor, periodista y encargado de redactar los discursos del ex presidente. “El tema le demandó mucho tiempo y mucha energia a Frondizi”, agregó.

No sólo tiempo, también colaboradores. El primer mandatario perdió en medio de las negociaciones con los ferroviarios a sus ministros de Obras Públicas y Economia, Acevedo y Roberto Alemann, respectivamente. Pocos meses después perderia su cargo en el golpe de Estado de 1962.

La toma del Frigorífico Lisandro de la Torre

Hacia fines de 1958 el gobierno de Arturo Frondizi abandonó rápidamente su retórica de desarrollo industrial nacional para inclinarse hacia una industrialización dependiente del capital extranjero y del imperialismo.

La Argentina ingresaba a una crisis crónica de balanza de pagos y, a cambio de un préstamo del FMI, Frondizi se comprometía a la aplicación de un llamado Plan de Estabilización, basado esencialmente en la liberalización del mercado cambiario, la devaluación del peso y un enorme estímulo a la inversión extranjera mediante rebajas impositivas, permiso ilimitado para remesa de beneficios al exterior, reducción radical de tarifas aduaneras, suspensión de control de precios y restricciones comerciales.

Junto con esto, la congelación salarial, el aumento drástico de tarifas, la reducción del gasto mediante la paralización de la obra pública y el despido de la planta de empleados públicos de 40.000 agentes, además de privatizaciones en el sector petrolero, productivo y de servicios. Bah, la clásica receta del Fondo Monetario, pero que entonces sonaba novedosa...

La resistencia y la lucha contra ese plan alcanzó su pico más combativo a mediados de enero de 1959, tras la privatización del frigorífico Lisandro de la Torre.
El día 17 de enero el ejército, con tanques, desalojó a los obreros huelguistas de la planta. Cientos fueron encarcelados.

Una década antes que el Rosariazo y el Cordobazo, en una comuna de alcances, metodología y conciencia verdaderamente revolucionarios, el pueblo de la ciudad de Buenos Aires protagonizó una heroica gesta tras la toma por sus nueve mil obreros del frigorífico municipal Lisandro de la Torre para enfrentar a la privatización ordenada por el gobierno. Los objetivos, los métodos, y la organización propia de la clase trabajadora, arrastró tras de sí al barrio entero, Mataderos, que dependiente de la vida y funcionamiento de la gigantesca fábrica, se plegó en una insurrección popular inusitada, mientras millones de trabajadores participaron de la huelga general de solidaridad, impuesta por el ímpetu y la fuerza de los hechos, a la conducción vacilante de la CGT.

En el Lisandro se faenaban un millón y medio de kilos de carne vacuna por día, además de ovina y porcina. La importancia del Lisandro de la Torre para una política nacional de carnes era inmensa, pues regulaba a todos los demás, y permitía al Estado recuperar una gran cantidad de divisas provenientes de su cuota de exportación, a la vez que fijaba el precio al consumo.

Conocida la noticia de la privatización del frigorífico más grande de América latina, los trabajadores se organizaron para resistirla. La fábrica contaba con un sindicato autónomo ganado por una lista peronista de línea dura conducida por Sebastián Borro, y un poderoso y disciplinado cuerpo de delegados que funcionaba con andato democrático de asamblea. Los obreros se preparaban para rechazar la privatización.

Tenían un contraproyecto para aumentar la productividad y el rendimiento de la planta mediante la adquisición de maquinaria para la utilización y aprovechamiento del sebo, la cerda, la sangre, las pezuñas, etcétera.

Al decir de los trabajadores: -Lo único que no pudimos lograr fue una forma de industrializar el mugido.

Tenían además un argumento de hierro para justificar el mantenimiento del establecimiento en manos del Estado: el frigorífico había servido como un enorme freno contra las empresas monopólicas. El 14 de enero, sin embargo, se sanciona la ley de privatización. Una asamblea de los trabajadores decide la toma y el paro por tiempo indeterminado. Se pide a las 62 Organizaciones, además, que convoque a un paro general. Se forman grupos de obreros para cuidar la maquinaria, evitar sabotajes y atender a los animales.

Previendo la posible represión y basados en experiencias anteriores, organizan la defensa: mantener la caldera encendida para resistir con mangueras de agua caliente; apostar un grupo de obreros para largar la hacienda acumulada si entraban a desalojarlos. Otra comisión visita comercios y vecinos buscando ayuda solidaria. Dos horas después de tomado el frigorífico, decenas de miles de personas rodean la planta en señal solidaria. Durante toda la jornada la fábrica será el centro organizador: estudiantes, vecinos, familiares, comerciantes, todos participarán. La prensa nacional se apostaba en la entrada, ante el portón en el que se cuelga una bandera que reza -En defensa del patrimonio nacional.

Ante la proclama de la huelga, el Comando Nacional de la Resistencia peronista, a través de John William Cooke, declaraba: -Los agentes del imperialismo, desde los cargos oficiales, utilizan el monopolio de la propaganda para atribuir a la huela general los móviles más aviesos y las complicidades más absurdas.

(...) Esta huelga es política, en el sentido de que obedece a móviles más amplios y trascendentes que un aumento de salarios o una fijación de jornada laboral.
Aquí se lucha por el futuro de la clase trabajadora y por el futuro de la nación. Los obreros argentinos no desean ver a su patria sumida en la indignidad colonial, juguete de los designios de los imperialismos en lucha. (...) En un país sometido al capital foráneo, no hay posibilidades de desarrollo nacional. Tampoco puede existir una justa participación de la clase trabajadora en la conducción política, ni en el reparto del producto social. (...) Si los medios de lucha que ha usado no son del agrado de los personajes que detentan posiciones oficiales, les recordamos que los ciudadanos no tienen posibilidad de expresarse democráticamente y deben alternar entre persecuciones policiales y elecciones fraudulentas. No es posible proscribir al pueblo de los asuntos nacionales y luego pretender que acepte pasivamente el atropello de sus libertades, a sus intereses materiales y a la soberanía argentina. No sé si este movimiento de protesta es -subversivo-eso es cuestión de terminología, y en los países coloniales son las oligarquías las que manejan el diccionario.

(...) Por ello el pueblo está en su derecho de apelar a todos los recursos y a toda clase de lucha para impedir que siga adelante el siniestro plan entreguista.
Como representante de Frondizi, el jefe de la Policía Federal, el capitán Ezequiel Niceto, negocia con los obreros y les conmina a que reanuden el trabajo. Les sugería además que pensaran en hacer una cooperativa para arrendar el frigorífico. Los obreros rechazan la propuesta. Al día siguiente se comunica la decisión gubernamental: -Si se mantiene la huelga y la ocupación, el Poder Ejecutivo actuará con toda decisión y energía. Los representantes obreros responden: -(...) el gremio ha decretado la huelga en una asamblea, y nosotros, que somos los representantes del gremio, la haremos cumplir hasta que sea derogada la ley. A la medianoche del día 16, el Ministerio de Trabajo declara ilegal el paro y ordena desalojar el establecimiento a las 3 horas del día 17 de enero. Se desencadena la represión.

Los piquetes obreros colocados en cada esquina dan la alarma. A la madrugada, veintidós ómnibus cargados de agentes federales se aproximan al frigorífico.
La fuerza represiva sumaba 2.000 hombres. Un tanque militar atropella el portón de la entrada y comienzan los bombazos. Más de 6.000 obreros reunidos alrededor del mástil en el patio de la planta, comienzan a cantar el himno nacional. (-Si en ese momento la gente hubiera tenido algo en la mano no sé lo que hubiera sido capaz de hacer. ¡Realmente era un sentimiento de odio y de bronca! [...] Un ladrillo, cualquier cosa querían tirarle al tanque, cualquier cosa...). Algunos corren a refugiarse de las balas y gases policiales; otros, cuchillo en mano, se abalanzan contra la policía.
Quienes tenían la misión de largar la hacienda lo intentan en vano.

En la huelga de 1948 las largamos y fue una estampida de decenas de miles de cabezas que se llevaba todo por delante, no quedaba nadie, ni policías ni nosotros. En cambio en el 59 salieron, pero al trotecito, y se pusieron a comer el pasto de las veredas: parece que las vacas también habían hecho su experiencia.... Luego de largas horas de una heroica resistencia, los obreros finalmente serán desalojados.

Las 62 Organizaciones, al frente de la CGT, decretan el paro nacional.

Sin organizar la medida y sin tomar ninguna precaución, los dirigentes vuelven a sus respectivos sindicatos. Al llegar, uno a uno serán detenidos: la burocracia se quitaba así de encima la responsabilidad de garantizar el paro que había declarado.

La huelga quedó en manos de nuevos y jóvenes dirigentes. A pesar de la ausencia de dirigentes de primer nivel, el paro se siente fuerte en todo el país.
Fue la primera huelga general por tiempo indeterminado de la historia nacional. Los trabajadores de los frigoríficos privados Swift y Armour se pliegan a la huelga con una combatividad tal que el gobierno sólo pudo detenerla mediante una brutal militarización y represión en toda la zona.

El vicepresidente José María Guido, a cargo del Ejecutivo por ausencia del presidente, se dispone a movilizar a las Fuerzas Armadas mientras los medios de comunicación anunciaban la posible aplicación del Plan Conintes (mediante el cual el gobierno movilizaba al aparato represivo de las Fuerzas Armadas ante casos de CONmoción INterior del EStado, y determinaba el juicio a civiles por tribunales militares).

Tras el desalojo, el enfrentamiento se trasladó al corazón del barrio de Mataderos. Durante cinco días, militantes, obreros, vecinos y comerciantes se enfrentaron a la policía ¡y al ejército! en feroces batallas con características de insurrección urbana.

La clase obrera de la zona se transformó en el dirigente espiritual de la población vecina. Era la industria frigorífica predominante quien gobernaba y ordenaba la existencia misma de todo ese complejo urbano.

Los lazos informales de la familia, la vecindad y el lugar de trabajo adquirieron una potente homogeneidad, reforzada en su máxima expresión cuando el Estado y su aparato represivo se aprestó a atacarlos. Estos lazos primarios fueron los que comenzaron de entrada a proveer la seguridad y defensa a los obreros y activistas en un plano que ninguna organización formal podía igualar.

El barrio vivió una conmoción: en la calle, ¡con las manos!, se levantaron las vías del tranvía. Se hicieron barricadas arrancando el adoquinado, se derribaron árboles, se acumulaba madera, se prendía fuego. Participaba todo el mundo, los obreros, los militantes, los familiares y los vecinos. Inclusive los comercios se adhirieron, porque era una lucha que le pertenecía a todo Mataderos.

Durante la noche, los propios vecinos, junto a los obreros, cortaban la iluminación para impedir el ingreso de la policía. Los trabajadores de las inmensas fábricas vecinas, Pirelli y Federal, se unieron a los del frigorífico.

Finalmente, toda esta enorme energía será desarticulada.

El frigorífico será privatizado a mediados de 1960 y entregado a la CAP (Corporación Argentina de Productores de carne), que lo mantendría durante años con suculentos subsidios del Estado. (El complejo se le vendió a la CAP en 380 millones y se le dieron 500 millones para reconvertirlo; sin embargo, la CAP sólo terminó pagando en concepto de compra, de esos 500, 38 millones: todo una anticipación del modus operandi de los 90). Más de cinco mil obreros quedarían en la calle y sus dirigentes fueron detenidos.

El control que la organización obrera había ejercido sobre la producción fue progresivamente debilitado y nuevas condiciones de productividad fueron impuestas.

La represión, el aislamiento y el abandono de la conducción sindical debilitaron al movimiento huelguístico. La burocracia sindical peronista levantó la huelga replegada tras las espaldas del gobierno, temerosa de perder las tibias prebendas cedidas por Frondizi y de la energía con que la clase trabajadora, arrastrando a la mayoría de los sectores populares, tomaba en sus propias manos la lucha contra el plan de entrega reaccionario y la defensa de lo nacional.

A pesar de todo, el proyecto desarrollista de Frondizi quedó definitivamente en el basurero de la historia, pero la resistencia de los obreros del Lisandro de la Torre permanecerá por siempre en la memoria histórica de los trabajadores argentinos.

Cuando Santa Rosa fue “depósito de presos” Conintes

Entre 1959 y 1963 pasaron decenas de presos políticos y gremiales detenidos por el Plan Conintes por las cárceles de Santa Rosa. Hubo comunistas, peronistas, sindicalistas, tacuaras, guerrilleros y hasta anarquistas.

Entre fines de 1959 y 1963 Santa Rosa se convirtió en un virtual “depósito de presos” políticos y gremiales que fueron recluidos en la Unidad Penal 4 y otras instalaciones penitenciarias locales por orden del gobierno nacional. Desde que el presidente Arturo Frondizi implantó el Plan Conintes –sancionado por una ley de 1951– para contener un período de agitación social con paros y ocupaciones, hasta la salida de su reemplazante tras el golpe del ‘62, José María Guido, pasaron centenares de detenidos políticos de otros puntos del país por la capital pampeana. No es que con anterioridad no se hubieran utilizado esas dependencias para detenidos políticos. Durante el peronismo (1946-1955) fueron alojados los golpistas militares; después de la caída de Juan Perón fue usada para dirigentes peronistas, y más tarde para sindicalistas huelguistas como Rubens Iscaro.Pero desde la implementación del Estado de Sitio comenzaron a trasladar con asiduidad a los detenidos, tanto por la tranquilidad interna de la provincia como la disponibilidad de celdas que los podían albergar cuando saturaban otras unidades penitenciarias. Cada vez con mayor frecuencia, las cárceles santarroseñas tuvieron entre sus reclusos desde jóvenes de la ultraderecha de Tacuara, guerrilleros de Uturuncos, peronistas revolucionarios, gremialistas del comunismo y hasta anarquistas. Entre ellos hubo presos de renombre, como los sindicalistas Andrés Framini o José Rucci, o el folclorista paraguayo José Asunción Flores.

Van cayendo.

Los primeros nueve presos de esta etapa llegaron el 1º de octubre de 1959, tras una huelga de las 62 Organizaciones y el MUCS –de gremios comunistas–. Entre ellos estaba el secretario general de la Unión Obrera Textil, Andrés Framini, que había sido detenido en septiembre en Córdoba y pasado por Devoto. Al día siguiente se agregaron otros cuatro. El 3 ingresaron ocho más, entre ellos José Rucci –que sería secretario general de la UOM y asesinado en el ’73 por Montoneros–. Para el día 7 ya sumaban 29 los gremialistas confinados, en su mayoría metalúrgicos y textiles, alojados en el anexo encausados de la Colonia Penal, entre ellos Oscar Bidegain –futuro gobernador bonaerense en 1973–y Angel Hermida. El 8 de noviembre comenzaron a ser puestos en libertad algunos de los presos. La pronta liberación que se dio en muchos casos se debió a los hábeas corpus presentados por los abogados del comité pro-presos, Carlos Pérez y Manuel Cuadrillero y los dirigentes Omar Maraschini y León Nicanoff. Los recursos eran aceptados por el juez federal César Tarantino que pedía informes sobre la situación de los detenidos al Ministerio del Interior y si en 48 horas no había respuesta dictaminaba su libertad.A fines de enero del ’60 llegaron más obreros detenidos, gremialistas en huelga de la Federación de Obreros y Empleados de Correo y Telecomunicaciones (Foecyt) de la Capital Federal, que quedaron libres a los pocos días. En marzo la cárcel se colmó a poco de las elecciones del día 27. El 19 fueron alojadas en el Penal 61 personas que llegaron en tren desde Capital Federal, todas presas por el Plan Conintes. Se contaban peronistas, comunistas, tacuaras y anarquistas de Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Entre ellos, 44 que estaban en Caseros y fueron trasladados sorpresivamente, como Alberto Ottalagano –abogado ultraderechista que sería rector de la UBA en los ‘70–, Carlos Rovira, Alberto Iturbe, Federico Durruty, Idelfonso Cabagna Martínez –ministro de Relaciones Interiores de Perón–, Atilio Renzi, Miguel Unamuno, Gerónimo Izetta y Raúl Lagomarsino. Algunos de ellos denunciarían torturas y maltratos.La cárcel se llenó de trabajadores y militantes políticos. Hubo tres obreros marítimos, cuatro gastronómicos, ferroviarios, viajantes, comerciantes, empleados, ópticos, encuadernadores, obreros, etc. Pocas mujeres fueron confinadas en La Pampa, dos de ellas María Ignacia Delfina Moyano y Edelmira Giudice, alojadas en la cárcel de mujeres. Para el 27 de marzo del ’60 sumaron 106 los presos en Santa Rosa. Poco a poco fueron trasladados o liberados. El 9 de abril fue transferido Framini a Esquel junto con otros gremialistas. Algunos eran llevados a Caseros como Carlos Chiavone y Federico Durruty. El periplo que hicieron muchos presos fue kilométrico. Por ejemplo, dos paraguayos detenidos en El Dorado, Misiones, habían recorrido 1.600 kilómetros entre Bahía Blanca, Capital Federal y Santa Rosa en poco más de 48 horas, cuando fueron liberados en mayo por el juez local.

Los Tacuara.

Casi una decena de jóvenes llegó el 19 de marzo del ’60 desde Capital Federal y fue liberada el 31. Eran militantes de la agrupación ultraderechista Tacuara, como José Luis Nell, Marcelo Arturo Villa Mayor, Jorge Osvaldo Orus, Enrique Vicente Salvino, y Rodolfo Verona. Habían sido detenidos por personal de Coordinación Federal el 26 de febrero en la sede de la organización derechista en Matheu 185 y habían pasado por el Departamento Central de Policía y la cárcel de Caseros.Nell, entonces un estudiante de 18 años, militó en Tacuara para luego pasarse al peronismo revolucionario. Después se incorporó a las filas de las Fuerzas Armadas Peronistas y recibió un disparo durante la Masacre de Ezeiza que lo dejó inválido. Se suicidó meses después.

Plomeros anarquistas.

Entre los que llegaron en marzo del ’60 a Santa Rosa hubo también varios plomeros de la FORA anarquista; detenidos entre diciembre del año anterior y febrero en Capital Federal. El 2 de febrero el local del sindicato de plomeros, en Potosí 4.156, fue asaltado por efectivos de la sección Orden Gremial de la Federal y cayeron cincuenta trabajadores. José Elizondo, Manuel Correa, Antonio Herrera y Marcelino Carabajal fueron parte de los capturados que llegaron a Santa Rosa. El 4 de diciembre a la madrugada fueron puestos en libertad en el anexo de Encausados de la Colonia Penal los primeros: eran nueve obreros plomeros y un panadero. El sábado 17 de diciembre quedó libre Carlos Valentini, otro del grupo que estaba a la sombra hacía casi un año.

Fiestas del ’60.

Para las fiestas del ’60 se contó una decena de presos políticos en Santa Rosa. En noviembre y diciembre llegaron transferidos desde Viedma y Rawson varios comunistas que originarían a fines de enero del ’61 un movimiento a favor de detener sus traslados. Entre ellos los miembros de la Comisión de Solidaridad a la Revolución de Cuba, Jacobo Perelman y Emiliano González. El primero había sido capturado el 15 de julio junto a otras 30 personas en una cena ofrecida a un diplomático cubano y el segundo el 20 luego de un acto en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales junto a Fernando Nadra. Además, Pedro Chiaranti, de 62 años, fundador y secretario general de la UOCRA durante 8 años y militante del Comité Central del PC y detenido en un acto solidario con Cuba en octubre; Carlos Imizcoz, bancario llegado de Capital donde había dirigido la mítica huelga del ’59 y que había estado un año prófugo –era su novena detención–; y Pascual Mazzitelli, del sindicato argentino de músicos detenido mientras realizaba tareas gremiales en Capital Federal y llegado en febrero. El 7 de marzo fueron liberados Perelman y González, y el 8 Chiaranti, a raíz de su estado de salud. El 30 fue liberado Imizcoz y se completó la liberación de todos los detenidos de ese grupo.Paraguayos.El 13 de febrero del ‘61 ingresaron encarcelados los paraguayos Carlos Garcete, Fernando Pucciarelli, Benito Filemón Torres, Teresito Ruiz González, Gumersindo Espínola, Wilberto Acosta, Sergio Martínez y Antonio Casco. Los paraguayos habían sido detenidos el 30 de noviembre del ’60 en Posadas, Misiones, donde residían desde hacía años. Eran opositores al gobierno del dictador Alfredo Stroessner. Habían sido alojados en el Regimiento 11 de Ingenieros, luego llevados a la cárcel de Posadas y de allí vía aérea a Capital Federal en enero. Luego por ferrocarril trasladados a Viedma y finalmente conducidos en tren a La Pampa.Durante 1961 también estuvo durante seis meses detenido el músico paraguayo José Asunción Flores, creador de la guarania. A las 2.55 del 14 de marzo fueron liberados, junto a Mazzitelli, los siete paraguayos del anexo de encausados: Fernando Pucciarelli, Benito Filemón Torres, Teresio Ruiz González, Gumersindo Espíndola, Wilberto Acosta, Sergio Martínez y Antonio Julián Casco.


Ahumada.

Una presencia muy considerada por muchos santarroseños fue la de María Margarita Arentsen de Ahumada, esposa del peronista revolucionario y teniente Ciro Ahumada. Ahumada fue un oficial del Ejército mendocino que promovió varios golpes militares e insurreccionales peronistas durante la Resistencia junto con el general Miguel Iñíguez. En mayo de 1960 ordenó colocar explosivos en la casa de un general y en una compañía petrolera mendocina y partió hacia Uruguay. Trescientos integrantes de su red fueron perseguidos y acorralados, hasta su esposa. La mujer fue condenada en Mendoza a cuatro años de prisión junto a un grupo de hombres por un Tribunal de Guerra y estuvo desde el 22 de diciembre de 1960 hasta febrero de 1962, cuando se la indultó, recluida en la Cárcel de Encausados de Santa Rosa. Los cargos fueron asociación ilícita y encubrimiento, entre otros. Poco después de su llegada arribaron otros presos mendocinos detenidos en la misma intentona. El 11 de agosto del ‘61 llegaron ocho condenados entre 6 y 19 años por estar vinculados al golpe de Ahumada. Habían estado alojados desde su captura en la cárcel de la capital mendocina y pasaron por las prisiones militares de Magdalena, Viedma, Rawson, Penitenciaria Nacional y luego al anexo de Encausados de Santa Rosa. Eran Carlos Herbst, Leónidas Aveiro, José Merlo, Alejandro Barrose, Humberto Cinquegrano, Daniel Soloa, Silverio Sosa y Carlos Alberto Burgos. En su momento, se recordó la visita que le hicieron a Ahumada sus tres hijas de 11, 9 y 6 años. Finalmente, el 18 de febrero del ’62, la mujer recuperó su libertad. Herbst fue trasladados en julio a Mendoza por tren desde Catriló. El estudiante Burgos a Chaco en noviembre y Soloa a Buenos Aires en diciembre. Y Cinquegrano, Barrose, Merlo y Aveiro llevados al Penal de Magdalena en mayo del ’63.

El guerrillero.

En la mañana del 3 de febrero del ‘62 recuperó su libertad Henry Rodríguez, un preso Conintes que estaba en el anexo encausados desde el 17 de diciembre del ‘61. Pertenecía al grupo de guerrilleros Uturuncos que había intentado crear un foco insurgente en los montes de Tucumán y fue capturado el 10 de junio del ’60. Había sido condenado por un tribunal militar especial a la pena de 3 años de prisión a la que se le dio cumplida en forma condicional. En los meses siguientes apenas quedaría un puñado de diez condenados por tribunales militares por actos de sublevación en Mendoza.

La última.

Entre fines de octubre del ’62 y mayo del ’63 llegó la última tanda, casi todos comunistas que habían sido detenidos por “actividades contra la Seguridad Pública” por apoyar en actos públicos la revolución cubana. Los primeros 26 presos por causas gremiales y políticas fueron bajados el 31 de octubre del ’62 de un avión Bristol, unos por la mañana y otros por la tarde. Siete vehículos los trasladaron a la Colonia Penal. Algunos pocos recuperaron la libertad en diciembre. En noviembre del ’62 fueron trasladados el médico Carlos Abolsky de 38 años y el abogado santafesino Alfredo Dratman, de 36, entre otros. El 5 de enero del ‘63 llegó otra veintena desde la penitenciaría de Puerto Deseado, también capturados en octubre del ’62. Para enero había en el país 296 presos políticos y gremiales y 34 estaban en Santa Rosa –28 a disposición del PEN y 6 condenados del Conintes–.El 2 de mayo desde el destacamento Río Bamba en Buenos Aires fueron remitidos 16 detenidos a la U13. Entre ellos Ernesto Giúdice, periodista y apoderado del PC; otra vez Chiaranti, José Brandeburgo, Manuel Halperín, Héctor Manfredo, Elías Perelman, Miguel Wais, José Laureano Rojas, Gastón Redivo, Carlos Impinisi, Ricardo Soppo y David Halperín, todos capturados en noviembre del ’62. El 23 de mayo en avión llegaron otros 18 detenidos del PEN.El 11 de junio recuperaron su libertad cuatro presos políticos, entre ellos el obrero maderero Pedro Furer, de 54 años, que falleció dos días después. Chiaranti fue dejado en libertad el 22 de junio ya que su estado de salud era muy delicado. Quedaban todavía unos 41 alojados.A mediados de julio comenzaron a salir por tandas 32 de los detenidos PEN y el sábado 3 de agosto liberaron a los últimos ocho: Manuel y David Halperin, Brandeburgo, Jacobo y Elías Perelman, Jacobo Sufra, Abolsky y Drakman. A mediados de septiembre, luego que Arturo Illia ganara las elecciones y estuviera por asumir en octubre, fue dejado en libertad el último preso Conintes. Para entonces se había firmado el decreto 7.603 de amnistía para todos los delitos políticos y comunes conexos. El último en salir fue Silveiro Sosa el 14 de septiembre, que purgaba una condena de seis años de prisión desde diciembre del ’60 por una sublevación en Mendoza. No pasarían muchos años –durante el Cordobazo– en que los presos políticos volvieran a desfilar por los pabellones pampeanos.

FUENTE:
doctrina
plan
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