La dictadura militar y la redistribución de los ingresos
Por Mario Rapoport
La política económica de la dictadura militar modificó drásticamente la distribución de los ingresos en la economía argentina. Los sectores dominantes establecieron un profundo replanteo de las relaciones entre el capital y el trabajo. El “sinceramiento” de precios fue acompañado por el congelamiento y control de los salarios nominales. En 1976, el salario real bajó un 37% respecto a los valores vigentes en 1974-1975, situándose en niveles apenas superiores a los de 1945. Consecuentemente, se redujo la participación de los salarios en el ingreso nacional desde el 45% en 1974 al 27% en 1983. En tanto, en la distribución personal de los ingresos, los sectores ubicados en la escala más alta obtenían un incremento en su participación porcentual del 28,0% en 1976 al 35,1% en 1981, mientras que los ingresos más bajos descendían del 12,1% en 1976 al 10,5% en 1981.
Por otro lado, la reestructuración económica tuvo un marcado impacto en el sector manufacturero, con repercusiones notorias sobre los trabajadores. Entre 1976 y 1983, el producto bruto del sector cayó cerca de un 20% y la incidencia de la actividad manufacturera en la economía se redujo de un 28% a un 22% en el mismo período. Con el reemplazo de la producción de bienes industriales por la valorización financiera como núcleo central del proceso económico, el salario dejó de ser un factor clave para asegurar el nivel de demanda, pasando a ser un costo de producción que debía ser reducido. Además, se fueron perdiendo derechos laborales adquiridos a lo largo de muchas décadas. El deterioro del poder adquisitivo de los salarios afectó el consumo del conjunto de la población trabajadora. Los gastos básicos se incrementaron significativamente en términos relativos (a pesar del estancamiento de la demanda de ciertos bienes de consumo popular), al mismo tiempo que se produjo un notable retroceso del consumo de bienes durables por parte de los trabajadores.
Entre 1976 y 1983, se acentuó la tendencia negativa en la evolución del gasto social. El gobierno militar procuró transferir al sector privado las prestaciones sociales de los asalariados, reservando el sector público para la asistencia de los estratos sociales en situación crítica. Se estableció el arancelamiento de los hospitales públicos, del que fueron exceptuados quienes pudieran justificar su condición de pobreza. Al mismo tiempo, se concretó la transferencia de escuelas y hospitales nacionales hacia las jurisdicciones locales.
La liberación del precio de los alquileres constituyó otra contribución al incremento de la regresividad en la distribución del ingreso. Luego de treinta años de control estatal, entre 1976 y 1980 dicho precio fue librado a los vaivenes del mercado, incluyendo un sistema de indexaciones que operó como una trampa mortal para los locatarios. La consecuencia inmediata fue el incremento en los valores de los alquileres y la multiplicación de los desalojos.
Si bien el principal factor que generó la reversión de la distribución del ingreso fue la reducción del salario real, el papel que cumplió la desocupación en el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores no puede descartarse. Como consecuencia, se registró un notable incremento de los sectores de la población en condiciones de “pobreza crítica”, pasando del 3,2% en 1974 al 28% en 1982. Junto con el terrorismo de Estado y el endeudamiento externo, ésta fue una parte sustancial de la herencia de una dictadura que paradójicamente suprimió el impuesto a la Herencia.
Por Mario Rapoport, Economista e historiador. Investigador superior del Conicet
http://www.diariohoy.net/accion-verNota-id-130993-fecha-2011.03.22
Por Mario Rapoport
La política económica de la dictadura militar modificó drásticamente la distribución de los ingresos en la economía argentina. Los sectores dominantes establecieron un profundo replanteo de las relaciones entre el capital y el trabajo. El “sinceramiento” de precios fue acompañado por el congelamiento y control de los salarios nominales. En 1976, el salario real bajó un 37% respecto a los valores vigentes en 1974-1975, situándose en niveles apenas superiores a los de 1945. Consecuentemente, se redujo la participación de los salarios en el ingreso nacional desde el 45% en 1974 al 27% en 1983. En tanto, en la distribución personal de los ingresos, los sectores ubicados en la escala más alta obtenían un incremento en su participación porcentual del 28,0% en 1976 al 35,1% en 1981, mientras que los ingresos más bajos descendían del 12,1% en 1976 al 10,5% en 1981.
Por otro lado, la reestructuración económica tuvo un marcado impacto en el sector manufacturero, con repercusiones notorias sobre los trabajadores. Entre 1976 y 1983, el producto bruto del sector cayó cerca de un 20% y la incidencia de la actividad manufacturera en la economía se redujo de un 28% a un 22% en el mismo período. Con el reemplazo de la producción de bienes industriales por la valorización financiera como núcleo central del proceso económico, el salario dejó de ser un factor clave para asegurar el nivel de demanda, pasando a ser un costo de producción que debía ser reducido. Además, se fueron perdiendo derechos laborales adquiridos a lo largo de muchas décadas. El deterioro del poder adquisitivo de los salarios afectó el consumo del conjunto de la población trabajadora. Los gastos básicos se incrementaron significativamente en términos relativos (a pesar del estancamiento de la demanda de ciertos bienes de consumo popular), al mismo tiempo que se produjo un notable retroceso del consumo de bienes durables por parte de los trabajadores.
Entre 1976 y 1983, se acentuó la tendencia negativa en la evolución del gasto social. El gobierno militar procuró transferir al sector privado las prestaciones sociales de los asalariados, reservando el sector público para la asistencia de los estratos sociales en situación crítica. Se estableció el arancelamiento de los hospitales públicos, del que fueron exceptuados quienes pudieran justificar su condición de pobreza. Al mismo tiempo, se concretó la transferencia de escuelas y hospitales nacionales hacia las jurisdicciones locales.
La liberación del precio de los alquileres constituyó otra contribución al incremento de la regresividad en la distribución del ingreso. Luego de treinta años de control estatal, entre 1976 y 1980 dicho precio fue librado a los vaivenes del mercado, incluyendo un sistema de indexaciones que operó como una trampa mortal para los locatarios. La consecuencia inmediata fue el incremento en los valores de los alquileres y la multiplicación de los desalojos.
Si bien el principal factor que generó la reversión de la distribución del ingreso fue la reducción del salario real, el papel que cumplió la desocupación en el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores no puede descartarse. Como consecuencia, se registró un notable incremento de los sectores de la población en condiciones de “pobreza crítica”, pasando del 3,2% en 1974 al 28% en 1982. Junto con el terrorismo de Estado y el endeudamiento externo, ésta fue una parte sustancial de la herencia de una dictadura que paradójicamente suprimió el impuesto a la Herencia.
Por Mario Rapoport, Economista e historiador. Investigador superior del Conicet
http://www.diariohoy.net/accion-verNota-id-130993-fecha-2011.03.22