Resistencia y olor a derrota







¿Corporaciones o políticas? ¿Mercado o Estado?







Lo que está en discusión es si la política puede limitar la arbitrariedad de los poderosos o si el Estado debe rendirse alegremente como lo hizo en los ’90, blanqueando impúdicamente al poder real.








Gobierno







En el fondo, la cuestión es siempre la misma: ¿Corporaciones o políticas? ¿Mercado o Estado? Ese es el meollo de la disputa entre el gobierno y Techint, al igual que con Clarín o con la corporación sojera. Lo que se discute es si la política puede limitar la arbitrariedad del poder económico o si debe rendirse alegremente como lo hizo en los ’90. Si debe enfrentar a los poderes fácticos o rendirse impúdicamente.





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En medio de la disputa por la 125, algunos sojeros poderosos se preguntaban muy sueltos de cuerpo “¿Quién es esta señora para meterme la mano en el bolsillo?”. El grosero interrogante conlleva obviamente la presunción de que el estado no tiene por qué meter las narices en los negocios privados. Que no tiene derecho a capturar una porción de una renta para redistribuirla de acuerdo a lo que considera el bien común. No es muy distinto de lo que discute hoy Techint. Y tiene el mismo fundamento falaz que esgrimieron los liberales cuando el gobierno decidió pagar deuda externa con las reservas acumuladas por la acción de una política de Estado, a la cual las corporaciones y sus portavoces condenan por intervencionista. Para ellos, el Banco Central debe ser tan intocable como la sacrosanta propiedad privada.



Aunque parezca una respuesta de Educación Democrática de primer año, es preciso recordar que el Estado somos todos y que “esta señora” es la elegida por los argentinos para que lo conduzca.



Cristina Fernández admitió el miércoles en un Luna Park colmado de pequeños productores rurales que el conflicto por la 125 le deparó los “momentos más difíciles” a su gobierno por su duración y la agresividad que desarrollaron “poderosos intereses concentrados”. En el bautismo de CANPO, la entidad que intenta reunir adhesiones agrarias al kirchnerismo, reiteró su pedido para que el Congreso trate el nuevo régimen para trabajadores rurales, ya que el actual mantiene normas del siglo XIX. Los vergonzosos “descubrimientos” de trabajo esclavo, no son vinculados jamás por las corporaciones y sus lenguaraces liberales con la inseguridad jurídica que denuncian.
También con similares argumentos a los esgrimidos por los sojeros, el grupo Techint pretende negarle al gobierno la potestad de opinar si las ganancias de los dineros de los jubilados invertidos en la empresa Siderar deben ser distribuidas o reinvertidas en la Argentina o Brasil.




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Para los ejecutivos del grupo, la pretensión estatal de contar con una cantidad de directores acorde con la porción de capital accionario, constituye una intromisión inaceptable que viola el derecho de propiedad. Rechazaron de entrada al director elegido por el Estado, Axel Kicillof, con argumentos macartistas y pretenden imponer su propio candidato, lo cual sería poner al lobo a cuidar el gallinero. Sostienen que el decreto es inconstitucional y piden que lo trate el Congreso, como si no fuera a correr ese trámite de rigor
Cristina Fernández es la mandataria que menos decretos de necesidad y urgencia firmó desde 1983; apenas una docena en tres años.

Si el Congreso no discutió todos los plumazos presidenciales es porque la oposición no reúne el número necesario para su consideración y el oficialismo se resguarda entonces en la posibilidad de la sanción ficta, que considera al silencio parlamentario como aprobación.


“Si las corporaciones quieren definir políticas de Estado, que vayan a elecciones”, disparó Cristina Fernández. Pero esos grupos tienen en realidad quién los defienda institucionalmente, tal como lo hizo Mauricio Macri al firmar un decreto que pretendió sancionar con multas y prisión a quienes obstruyan la distribución de medios de prensa, luego del conflicto en Clarín. El juez Roberto Gallardo suspendió la vigencia del decretazo por considerar que el jefe de gobierno se excedió en sus facultades. Pero el intento fue agradecido con amplio espacio periodístico para la fallida propuesta de Macri de liderar la oposición.


Tampoco fue la primera vez que un dirigente opositor apareció impúdicamente rendido ante una corporación. La funcionalidad entre unos y otros se vio claramente durante el conflicto sojero. En el Congreso, los legisladores del llamado “Grupo A”, cumplieron puntualmente con la agenda dictada por las corporaciones. Favor con favor se paga.





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La bandera de Techint fue generosamente agitada por los medios más poderosos que expresan linealmente al establishment. Desde 1983, nunca hubo una sinergia tan evidente. Seguramente esperaban levantar adhesiones como lo hicieron con el conflicto con el campo, pero pese al intento de horrorizar a la clase media con el cuco chavista, el sentido común mayoritario considera que el Estado debe resguardar los intereses de los jubilados. En realidad, Chávez no exigió en Venezuela que el Estado tuviera una representación adecuada en el directorio de Siderar, sino que la nacionalizó.




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Del mismo modo que Techint desconoce normas legales, Magnetto resiste el avance de la Ley de Medios, las disposiciones oficiales para incorporar a Cablevisión el Canal 23 y el infantil Pakapaka, y la investigación sobre Papel Prensa. Pero el poderoso entramado de las corporaciones aparece claramente en las vacilaciones de la justicia para esclarecer el origen de los hijos adoptivos de Laura Herrera de Noble. Por mucho menos, cualquier mortal estaría preso hace años.




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Tras el ordenamiento inicial del desbarajuste heredado, el kirchnerismo estuvo cruzado por la disputa permanente con algunas de las corporaciones que gobernaron el país sin sobresaltos en los ’90 y que no se resignan a perder el poder discrecional que tuvieron. Cada vez que la política intenta disciplinar esos intereses concentrados, los grandes medios salen a cacarear la defensa de la sacrosanta propiedad privada. Por estos días, cuentan con la ayuda de prestigiosos portavoces del liberalismo como Mario Vargas Llosa y Fernando Savater. El peruano se queja porque se vincule a esas ideas con la dictadura militar, pero omite que fue entonces cuando comenzó a aplicarse el modelo económico neoliberal en un marco de represión política despiadada. El salvajismo autoritario fue funcional a las ideas neoliberales que después profundizó un gobierno de origen peronista que escupió en sus mejores tradiciones. Y el filósofo vasco desprecia al peronismo porque lo vincula con el franquismo, pero omite que el movimiento fundado por Perón nunca accedió al poder por un golpe de Estado. Ambos creen que el populismo es propio de la ignorancia, pero quienes sumieron a la Argentina en el atraso que deplora Vargas Llosa no fueron los eruditos liberales, que aplicaron las ideas brillantes acuñadas en el primer mundo. Por el contrario, el país salió de la postración con la denostada propuesta populista que impuso el imperio de la política sobre la ortodoxia económica defendida por las corporaciones. Hoy esos sectores que en los ’90 sostuvieron el pensamiento único intuyen que se juegan la vida en las próximas elecciones

El elenco estable del establishment huele la derrota y se resiste. Sabe que un nuevo mandato de cuatro años le dará a Cristina Fernández la posibilidad de terminar la tarea inconclusa
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Fuente:http://tiempo.elargentino.com/notas/resistencia-y-olor-derrota