Corrientes: el gobierno bloqueó la construcción de la represa Ayuí

Lo hizo por medio de una resolución de la Secretaría de Ambiente. La medida desconoce un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Detrás del emprendimiento productivo está uno de los máximos directivos del Grupo Clarín.
25.08.2011 | 10:48:37 - Última actualización: 26.08.2011 | 08:45:18

El gobierno bloqueó la construcción de la represa Ayuí

El gobierno nacional desconoció un fallo de la Corte Suprema de Justicia y bloqueó la construcción de la Represa Ayuí Grande por medio de una resolución.

La semana pasada el gobernador de Corrientes Ricardo Colombi había dicho, al visitar una exposición organizada por la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, que “hemos dado la autorización para que la obra avance: va a significar inversión, mano de obra, fuentes de trabajo”.

El proyecto de la represa contó desde siempre con apoyo de Colombi: de hecho el ministro de la Producción de Corrientes, Jorge Vara, antes de asumir ese cargo se desempeñaba como presidente de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz.

Todo comenzó a fines de agosto de 2010, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a una acción de amparo presentada por el gobierno nacional contra la provincia de Corrientes para que las autoridades de dicha provincia entregasen en el término de 90 días toda la documentación sobre impacto ambiental referida al proyecto de la represa Ayuí Grande con el propósito de determinar si el mismo incumplía alguna norma vigente.

El 14 de junio de 2011 la Corte Suprema de Justicia, por medio de un fallo firmado por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Higthon de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique S. Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen M. Argibay, decidió “rechazar el pedido de intervención como terceros y declarar extinguido el proceso” por el cual el gobierno nacional pretendía interceder ante la voluntad del gobierno de Corrientes de llevar delante la obra.

De esta manera, el pasado 23 de agosto el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) indicó que, a partir del fallo de la Corte Suprema, estaban dadas las condiciones legales para dar curso a la construcción de la represa.

Hoy jueves 25 de agosto se publicó en el Boletín Oficial la resolución 1238/11 de la Secretaría de Ambiente por medio de la cual el gobierno establece que “las obras concernientes al Proyecto Productivo Ayuí Grande resultan incompatibles con las obligaciones asumidas por la República Argentina en el Estatuto del Río Uruguay de 1975 y otras normas y acuerdos internacionales vigentes en materia de derecho internacional del medio ambiente a los que el mismo reenvía, pudiendo su ejecución comprometer la responsabilidad internacional del Estado por tratarse de una obra que causará perjuicio sensible al Río Uruguay al afectar la calidad de sus aguas”.

A pesar del fallo de la Corte Suprema, la resolución 1238/11 también señala que “el Proyecto Productivo Ayuí Grande resulta incompatible con las disposiciones de la Ley General de Ambiente Nº 25.675 y de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos Nº 26.331, contrariando de ese modo los objetivos de la política ambiental nacional”.

El Proyecto Ayuí Grande tiene como finalidad la producción de alimentos, –principalmente arroz, además de otros granos y carne– por medio de la construcción de una represa, ubicada sobre el Arroyo Ayuí Grande, que permita la conformación de un lago de unas 7900 hectáreas.

El emprendimiento aspira a aprovechar unas 77.000 hectáreas de suelos productivos, localizados en el departamento correntino de Mercedes, para generar alrededor de 450 empleos directos y 1200 indirectos, según estimaciones de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que lidera la iniciativa.

Las empresas conforman la UTE “Proyecto Productivo Represa Ayuí Grande” son Copra S.A., Pilagá S.R.L., Tupantuva S.A., Santa Clara y Yuquerí S.A. y Ea. Ñú Verá.

Vale recordar que Copra S.A. es propiedad de José Aranda, vicepresidente del Grupo Grupo Clarín (número dos, detrás de Héctor Magnetto), una empresa que mantiene una intensa rivalidad con el gobierno nacional desde 2008. En tanto, Pilagá SRL es propiedad de Adecoagro.

El investigador encargado del estudio de impacto ambiental del Proyecto Ayuí Grande fue Jorge Adámoli, quien se desempeña como profesor asociado del Departamento de Ecología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y fue uno de los autores del Programa de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Formosa.

Por decreto provincial 2353/09, el Poder Ejecutivo de Corrientes homologó la resolución N° 794 del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA), a través de la cual se había aprobado el proyecto Ayuí Grande tras haber efectuado la correspondiente evaluación del estudio de impacto ambiental y el análisis de las obras hidráulicas contempladas en el mismo.



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