México ocupa último lugar en seguridad informática de laO

México ocupa el último lugar en seguridad informática de la OCDE
México ocupa último lugar en seguridad informática de laO
Juli Alejandro Téllez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dio a conocer en un comunicado que México ocupa el último lugar en ciberseguridad entre los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El problema de la seguridad informática en México abarca la tipificación en los códigos penales de los delitos informáticos y la carencia de recursos humanos especializados en el combate de conductas ilícitas tales como la clonación de tarjetas, robo y tráfico de bases de datos, bloqueo de páginas web, robo de contraseñas e información de cuentas de correo electrónico, etcétera.
El problema de fondo es que una buena parte de los delitos informáticos permanecen en la impunidad.Hasta el momento, fue tipificado en el código penal del Distrito Federal, el Estado de México y en Colima la usurpación de identidad.
Según Téllez, los delitos más graves que se registran en el país son la pornografía infantil asociada al sexting, que es el envío de contenido erótico o sexualmente explícito. También se encuentran el ciberbullying o acoso así como el grooming, que es cuando un adulto se hace pasar como un menor de edad para citar a otro menor para concertar una cita para cometer una conducta delictiva.
Otras formas delictivas son el envío de spam o mensajes no deseados que pueden derivarse en phisingpharmingo el acceso no autorizado a la información de una PC sin que el usuario tenga conocimiento para el envío de programas maliciosos, un fenómeno conocido como “computadora zombi”.
En el caso del phishing, al usuario se le solicita información con el pretexto de actualizar una base de datos y para el pharming, se simula un portal bancario. En ambos casos, con el propósito de vaciar las cuentas de las víctimas o efectuar compras no autorizadas. Cuando se trata del lavado de dinero, las nuevas tecnologías han ofrecido métodos alternativos para esa actividad ilícita, aunque las autoridades financieras han intentado restringir su proliferación.
Téllez propone que se “realicen reformas legislativas así como destinar más recursos tecnológicos para la indagatoria forense, la formación de policías investigadores, agentes del ministerio público y jueces especializados para poder enfrentar esta nueva forma de delincuencia”. Y el problema no sólo es una cuestión que abarca una jurisdicción o leyes locales, sino que es también a nivel global.

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