Insólito: la AFIP quiso iniciarle un juicio penal a un contribuyente por haber pagado facturas en efectivo
En una reciente causa, el Tribunal Fiscal de la Nación puso un freno al organismo de recaudación en su afán de considerar como evasión una operación cancelada en dinero, sin considerar las pruebas presentadas por el acusado que demostraban la veracidad de las transacciones

En una reciente causa, el Tribunal Fiscal de la Nación (TFN) puso un freno a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que intentó llevar a juicio penal a un contribuyente por abonar sus facturas en efectivo.

Ocurre que, tras una inspección, los funcionarios del fisco anularon las deducciones que realizó Eliseo Arraras por los comprobantes que fueron entregados por sus proveedores. Según argumentaron, los mismos fueron cancelados con medios de pago no autorizados por la Ley 25.345 (Ley Antievasión).

En efecto, el artículo 2 de esa norma prohíbe computar en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en Ganancias los créditos fiscales y los gastos de las operaciones que fueran abonadas en efectivo, aún cuando se pudiese acreditar la veracidad de las transacciones, y siempre que su valor supere los 1.000 pesos.

Vale aclarar que si algunas erogaciones no pueden restarse de la base imponible a la hora de calcular los gravámenes -como en el caso-, se engrosaría este valor y sería mayor la carga tributaria que debería afrontar el obligado.

Sin embargo, esta norma colisiona con el artículo 34 de la Ley 11.683 (de Procedimiento Tributario) que permite computar esos créditos y gastos cancelados en efectivo, siempre que se acredite la veracidad de las operaciones.

Lo llamativo del caso es que los inspectores hicieron "caso omiso" a lo allí establecido e ignoraron que todas las facturas eran válidas, así como también que los proveedores que intervinieron afirmaron que habían trabajado con el acusado y mostraron la documentación que lo probaba.

Y lo peor es que, debido a que el monto involucrado superaba los $197.000, el contribuyente fue acusado penalmente por el delito de evasión.

No obstante, los vocales del TFN avalaron la postura del acusado, dando prioridad a la Ley 11.683 por sobre la 25.345, y revocando la determinación realizada por el fisco.

Los expertos consultados por iProfesional.com destacaron que es "irrazonable" que la AFIP impute por evasión fiscal a un contribuyente por una diferencia de impuesto resultante de la impugnación de una operación.

También consideraron erróneo impedir la deducción de los gastos sin poner en tela de juicio la existencia de las transacciones.

El caso por dentro
Todo comenzó cuando la AFIP determinó de oficio una deuda de $197.123,39 en Ganancias al contribuyente Arraras, por deducir en su declaración jurada facturas de más de $1.000 abonadas en efectivo. Además, los funcionarios presentaron una denuncia penal por evasión.

Ante esto, el acusado se presentó ante el TFN y alegó que, debido a que realizaba obras de ingeniería civil para el sector agropecuario y que allí no había cajeros automáticos ni bancos donde operar, se vio obligado a utilizar ese medio de pago.

Indicó, además, que la Ley de Procedimientos le permitía presentar pruebas para demostrar la veracidad de las operaciones y que esta norma debe primar por sobre lo establecido en la Ley Antievasión.

A ojos de los vocales, el actuar del fisco no fue el correcto, por lo que determinó avalar la postura del contribuyente.

El consultor tributario Ricardo Fisch explicó que, para decidir así, el TFN revocó la determinación "por las objeciones constitucionales que produce la Ley 25.345".

Los vocales argumentaron que "la garantía constitucional de la defensa en juicio incluye, no solamente el derecho a ser oído, sino el de ofrecer y producir prueba y obtener una decisión fundada. No podría hablarse de orden jurídico alguno si la prueba no es reconocida como uno de los derechos inherentes a las personas", señaló el experto.

Fisch destacó que el TFN consideró que se vio "afectado el principio constitucional de la capacidad contributiva al impedirse la deducción de los gastos objetados, con lo que ello conducirá a un incremento de la tasa efectiva del impuesto".

"Además, los vocales expresaron que el fisco no formuló ninguna objeción con respecto a que los gastos fueron efectivamente realizados", explicó el especialista.

En efecto, en la causa consta que fueron debidamente contabilizados y facturados, que existen recibos o comprobantes válidos y que ellos coinciden con los requeridos por el organismo de recaudación a los proveedores.

También está justificada la procedencia de los fondos y, además, no se da ninguna otra circunstancia que permita poner en duda la veracidad de las operaciones.

"En tales condiciones, la prohibición de deducir los gastos correspondiente a las facturas pagadas por medios distintos de los previstos por la Ley 25.345, no se circunscribe a imponer al responsable el cumplimiento de un deber meramente formal, sino que se desnaturaliza el hecho imponible definido en Ganancias, alterando el modo de medir la base imponible fijada", indicó Fisch.

Asimismo, el consultor tributario explicó que los vocales dieron primacía a la Ley 11.683 por sobre esta última norma debido a que "la `ley especial´ es la Ley de Procedimiento, cuyo artículo 34 prevalece por sobre lo establecido en la `ley general´ de prevención de la evasión".

Para ello, el TFN tuvo en cuenta también que "el originario artículo 34 fue modificado con posterioridad a la Ley 25.345, que permite interpretar que la voluntad del legislador fue que se sigan las prescripciones de la Ley 11.683 en el tratamiento del tema por ella considerado", concluyó Fisch.

Voces
Juan Pablo Scalone, socio del estudio Enrique Scalone & Asociados, remarcó que "es irrazonable impedir la deducción del gasto y el cómputo del crédito fiscal si no se pone en tela de juicio la existencia de la operación".

"No se discute que sea útil a los fines de la lucha contra la evasión limitar los pagos en efectivo, pero la determinación del tributo debe basarse en la realidad económica, en virtud de la cual no cabe prescindir de operaciones reales, no controvertidas", sostuvo el especialista.

Y disparó: "En este contexto, más irrazonable es imputar evasión fiscal a un contribuyente por la diferencia de Ganancias resultante de la impugnación de una operación (gasto) cuya existencia no se discute, sino que ha sido cancelada en efectivo".

"Para que exista evasión el tributo debe haber sido ingresado de menos y, además, debe mediar intención por parte del responsable. En el supuesto bajo análisis, ni siquiera hay tributo ingresado de menos. Mucho menos puede hablarse de intención de evadir", concluyó Scalone.

En el mismo sentido, la abogada especialista Karina Larrañaga, sostuvo que "resulta totalmente irrazonable supeditar la existencia del impuesto y la calificación de una conducta como `dolosa´ al cumplimiento de una formalidad como es el medio de pago escogido por el contribuyente".

"Resalto aquí la importancia de los deberes formales establecidos por la administración y el debido cumplimiento que deben observar los contribuyentes, ahora bien, la transgresión a estos deberes formales no puede bajo ningún punto de vista llegar al extremo de violar principios constitucionales fundamentales como son los involucrados en este fallo", remarcó.

Y agregó: "Para que proceda la comisión del delito de evasión fiscal el responsable debe actuar de forma dolosa, es decir con intención y voluntad, desplegando un ardid tendiente a engañar a la AFIP en relación a la cuantía de la obligación fiscal debida, siendo ese ardid suficiente y provocando el error del fisco y superando la operación involucrada la suma de $100.000. Ardid que bajo ningún punto esta presente si la única transgresión imputable es la utilización de un medio de pago diferente al previsto formalmente".

"El fallo coloca las cosas en su lugar, dando primacía a la obligación tributaria y debido resguardo a los principios de la tributación como son el de capacidad contributiva y legalidad en materia fiscal por sobre el cumplimiento de deberes formales, como son los establecidos por la Ley 25.345", concluyó Larrañaga.

En tanto, María Belén Murillo y Gabriel Hermida, gerente y socio del Goldemberg & Asociados consideraron como "alentador" el precedente ya que, una vez más, se hace prevalecer la Ley 11.683 por sobre la denominada Ley Antievasión.

Para los especialistas, lo interesante es que el TFN se remitió, para decidir de esta manera, al pronunciamiento dictado por la Cámara en la causa `Mera Miguel Ángel´, donde "se había sostenido que el artículo 2 de la Ley Antievasión desnaturaliza los hechos imponibles definidos en Ganancias y en el IVA".

"De esta manera el Tribunal Fiscal ratifica que la AFIP no se encuentra habilitada para impugnar los créditos fiscales o las deducciones, en la medida que efectivamente se haya probado la existencia de las operaciones involucradas", destacaron Murillo y Hermida.

Y concluyeron: "Ahora la palabra final, en relación a este asunto, está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".