Nilsa González tiene 21 años y viajaba en el tren que chocó en Once. Cuando estaba internada en el hospital, un abogado le ofreció firmar un documento en el que renunciaba a sus derechos a cambio de hasta 20 mil pesos. El negocio de los liquidadores.

Como todos los días, Nilsa González (21) salió muy temprano de su casa del barrio Indaburu, en Moreno. Caminó más de 30 cuadras por calles de barro hasta la estación de trenes. Esperó en el andén y a las 7.15 tomó la línea Sarmiento. Iba hasta Once.


No sabe por qué ese día no subió a los primeros vagones de la formación “como de costumbre” y viajó en el furgón “sentada en una especie de banquito” amurado al piso, entre fierros cruzados, bicicletas, vidrios rotos y la típica masa de la hora pico. Tampoco sabía que ese tren en el que siempre “va como ganado” iba a terminar con 51 muertos y más de 700 heridos. Nilsa, uno de ellos.


Mucho menos imaginó que, en medio de la tragedia y el horror, y mientras se recuperaba en el Hospital Ramos Mejía de las lesiones leves en su pierna izquierda, aparecería otra pesadilla: un abogado que desde ese entonces la acosaría con llamados para que no le hiciera juicio a la empresa TBA. Todo, a cambio de entre 10 mil y 20 mil pesos “en mano”.


“Salí de la estación. Fui a mi trabajo. No aguantaba el dolor de cabeza y me dolía mucho la pierna. Me llamó mi mamá y me dijo que fuera a Once así me revisaban los médicos del SAME. Ahí, me derivaron al Ramos Mejía”, contó la joven que tras el choque siguió hasta una casa de Almagro en la que trabajaba como empleada doméstica. Su jefa la echó el mismo día del accidente. “Necesito a alguien que esté en la casa y no en el hospital”, le dijo.


Casi doce horas después de la catástrofe y mientras a Nilsa la revisaban los médicos, un hombre –“el abogado Miguel”- le ofreció a Brígida, su mamá, una “solución rápida”. Repitió una y otra vez la cifra. “Entre 10 mil y 20 mil pesos” y el tiempo: “pocos días”. A cambio, Nilsa tenía que comprometerse por escrito a no hacerle juicio a TBA, la concesionaria del tren. Le dio su tarjeta personal y le arrancó de los labios el número de teléfono de su hija.


Desde ese momento, Nilsa no paró de recibir llamados del “abogado Miguel”. Nunca le dio el apellido. “Me decía que en mi situación yo no podía agarrar mucha plata. Me citó en su oficina. Me pidió que llevara el DNI, el certificado del hospital, radiografías y tomografías, pero me negué a ir. Nunca le vi la cara. Me mandaba sms y me llegó a llamar 5 veces por hora durante más de cuatro días”, recuerda.


“Por favor atendeme. Vas a necesitar de mí. Esto es más rápido. Te vas a facilitar muchas cosas. Vas a tener rápido lo que vos pedís. Si llegamos a un acuerdo, te cobro el 15 por ciento de honorarios”, decían los mensajes de texto.


Liquidadores. Así se llama a este tipo de abogados en el ambiente judicial. A diferencia de los “caranchos”, trabajan solos, son discretos y antes de elegir, estudian muy bien a sus presas: buscan víctimas de bajos ingresos y que, en lo posible, desconozcan sus derechos. Les dicen que tienen que “agarrar ese número ahora porque si no el juicio se les va a hacer muy largo”, explicó el abogado Gregorio Dalbón que representa legalmente a más de cien víctimas de Once.


A cambio, les hacen firmar un documento donde renuncian a hacerle juicio al responsable de los daños. Luego, “venden” esos documentos a las compañías de seguros de la empresa involucrada -en este caso LIDERAR, Allianz Seguros, Protección mutual y TBA Grupo Plaza- y les ahorran juicios millonarios.


“Van a los hospitales y les ofrecen dinero en el acto a los más humildes. Por tanta gente que liquidan (en términos de futuros juicios), las empresas los premian. Un pasajero que no sufrió heridas físicas en el accidente puede demandarle a TBA hasta 5 millones de pesos sólo por daños morales y psicológicos. Imagínate el dinero que les hacen ahorrar a las compañías”, alertó Dalbón.


“Los que firman estos documentos a cambio de dinero quedan inhibidos de poder reclamar algo en una acción comunitaria –llegada la instancia de juicio- porque el abogado de la empresa ferroviaria puede presentar esos convenios y decir que esos casos ya fueron resueltos”, agregó.


El 2 de marzo Clarín llamó al “abogado Miguel” y simuló ser una víctima de la tragedia de Once. Cuando se le consultó por los daños físicos y psicológicos, el abogado dijo que ya tenía casos similares y “contacto directo con el seguro”. Intentó arreglar con esta periodista una cita en su despacho de Diagonal Sur al 1100 para explicar “los pasos a seguir”.


El 3 de marzo, esta cronista recibió el llamado de otro abogado, que se identificó como Coria. Días después, Miguel volvió a contactarse y al sospechar que estaba siendo grabado, se retractó de todo lo que había dicho. Hasta confesó ser estudiante de abogacía y asistente de Coria. Nuevamente, intentó derivarle el caso a otro profesional.