Fuerte advertencia del gobierno español por YPF:

"La hostilidad traerá consecuencias"


Ante el posible anuncio de una estatización de la petrolera, el ministro de Industria dijo hoy que los ataques contra empresas españolas serán considerados "como gestos de hostilidad hacia España".

El ministro de Industria de España, José Manuel Soria, respondió hoy duramente ante lo que considera un ataque del Gobierno contra la petrolera hispano-argentina Repsol YPF: "El Gobierno de España defiende los intereses de todas las empresas españolas, dentro y fuera. Si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad hacia esos intereses, el Gobierno los interpreta como gestos de hostilidad hacia España y hacia el Gobierno de España. El Gobierno lo que sí dice es que si hay gestos de hostilidad estos traerán consecuencias".

Soria lanzó su advertencia desde Varsovia, donde acompaña al presidente Mariano Rajoy en la VIII cumbre bilateral entre España y Polonia. En marzo, el ministro español adelantó que su gobierno defendería los intereses de la petrolera pero destacó la disposición de "mantener las mejores relaciones bilaterales posibles". En su mensaje de hoy no quedó espacio para la conciliación.

Frente a una posible estatización de YPF que se anunciaría hoy, la prensa española hablaba esta mañana del que podría ser el "peor día de la historia de Repsol en mucho tiempo". La Presidenta convocó para hoy a los gobernadores de las provincias petroleras para realizar un anuncio sobre el futuro de YPF. Los mandatarios tienen entendido que Cristina Fernández utilizará la cadena nacional a las siete de la tarde para definir el futuro de la actividad petrolera.

Desde el Gobierno nadie salió a desmentir a Jorge Sapag, el gobernador neuquino que el martes habló de una sociedad mixta en YPF, donde confluirán capitales públicos y privados. YPF, que factura $ 63.500 millones anuales, será "una empresa testigo, con capacidad para formar precios", según el neuquino, que avizora una YPF con mayoría estatal, que "el Estado (nacional) va a querer gobernar".

La versión más firme que circulaba anoche en el Ministerio de Planificación señalaba que el Gobierno enviaría al Congreso un proyecto de ley para declarar de "interés público" a la actividad industrial petrolera. Esa legislación habilitará al Estado nacional a fijar metas de producción, inversión y abastecimiento a las compañías o las cuencas que operan. También el Estado recuperaría la potestad sancionatoria, que hoy está en manos de las provincias.

Ayer, el gobierno de Santa Cruz avisó que revertirá concesiones que representan un 11% de la producción nacional de YPF. Aunque la compañía presentó un proyecto de inversiones, el gobernador Daniel Peralta lo desestimó. YPF irá a la justicia. Algunos gobernadores creen que pueden quitarle concesiones a la "vieja" YPF (con su actual composición accionaria) para luego devolvérsela a la "nueva" YPF, que sea una sociedad mixta. A cambio, recibirían acciones de la empresa o sillas en el nuevo directorio, que tendrá 25 representantes, según el gobernador Sapag. En el nuevo escenario petrolero, según Sapag, el Gobierno nacional deberá "establecer una política de valores de boca de pozo, un régimen de distribución de ganancia y de repatriación de divisas".