La nacionalización de YPF costaría a Argentina 18.000 millones de dólares



La nacionalización de YPF costaría a Argentina 18.000 millones de dólares. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, junto alministro de Planificación, Julio de Vido, en la reunión que mantuvo el jueves con gobernadores argentinos de provincias productoras de petróleo. - EFE




Una expropiación de YPF dentro de la legalidad costaría a Argentina 18.000 millones de dólares, que es el precio que se derivaría de aplicar los estatutos y los acuerdos bilaterales hispano-argentinos. La medida no podrá ser discriminatoria, de lo contrario Argentina se enfrentaría a un alud de reclamaciones.


Carmen Monforte - Madrid - 16/04/2012 - 07:00

Los despachos de abogados especializados en arbitrajes internacionales se están frotando las manos ante una posible nacionalización de la filial argentina de Repsol, YPF, por parte del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, los propios juristas reconocen las enormes dificultades que tendrá Argentina para abordar la que sería la expropiación más grande de la historia.

Frente a la creencia de que, para pagar menos por la petrolera, la estrategia del Gobierno argentino es laminar el valor de sus acciones (lo que se conoce como expropiación rampante), lo cierto es que dicho valor está tasado, pese a haberse depreciado más de un 30% este año. En estos momentos (a 31 de marzo), el valor de YPF, a efectos de una transacción, se cifra en 18.000 millones de dólares (más de 13.600 millones de euros) o 47,18 dólares por acción. Ninguna broma si se tiene en cuenta que la deuda del país con el Club de París es de 5.000 millones.

Esta tasación es el resultado de aplicar el artículo 7 de los estatutos de YPF, que reproduce a su vez la Ley de Privatización de YPF. En él se establece que la contraprestación en el caso de una opa (a lo que está obligado cualquiera que quiera hacerse con más del 14,9% del capital) será el precio más elevado que resulte de varios supuestos, como, por ejemplo, el valor promedio de los dos últimos años o el precio mayor pagado en los últimos 30 días.

Más allá de los estatutos de YPF, que fueron consensuados con el propio Gobierno en 1993 durante su proceso de privatización para dar seguridad a los inversores, también existen normas internacionales, que están muy claras en el caso de países como Argentina y España, que mantienen un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (Appri). Según fuentes jurídicas, el Gobierno argentino "está en su derecho a expropiar YPF por razones estratégicas", pero debe pagar por ella el precio de mercado "anterior a que se desataran los rumores que provocan que su cotización se derrumbe". Y en este caso de Repsol, que tiene un 57%, debe pagar una compensación por la prima de control.

Además, y no es menos importante, el acuerdo exige que la nacionalización no sea discriminatoria. Una condición esta que incumple claramente el proyecto de ley de nacionalización que, en múltiples versiones, ha circulado sin que el Gobierno argentino haya reconocido su autoría. En él, el Estado argentino pretende hacerse con el 50,01% del capital de YPF, que correspondería al paquete del grupo del empresario Enrique Eskenazi, que tiene algo más del 25%, y otro 25% de la participación en manos de Repsol. "Esto sería claramente confiscatorio y no justificaría la declaración de servicio público de YPF que fija el proyecto de ley", señalan fuentes empresariales. Y es que, de dar crédito al borrador, la valoración, que podría durar tres años, la haría el Tribunal de Tasaciones en colaboración con la Secretaría de Energía.

Es probable que sean estas dificultades de las que han alertado los abogados argentinos, cuya habilidad es reconocida, las que estén haciendo que Kirchner demore su decisión.