Anulan el sobreseimiento de policías y apartan al juez Otero

Los 33 efectivos de la Policía Metropolitana y los 12 de la Federal a quienes el fiscal Sandro Abraldes responsabilizó por las muertes que ensangrentaron la toma del Parque Indoamericano en diciembre de 2010 quedaron nuevamente bajo la lupa de la justicia. La Cámara del Crimen porteña anuló el sobreseimiento que dictó en febrero pasado el juez de instrucción Eliseo Otero.
Así, los uniformados (entre ellos el ex comisario Hugo Lompizano, quien en las próximas semanas comparecerá en juicio oral acusado de haber “liberado la zona” en la que fue asesinado el militante del PO Mariano Ferreyra supuestamente a manos de una patota ferroviaria) volvieron al centro de la escena. Sobre ellos pesa la acusación del fiscal Abraldes: la responsabilidad por los asesinatos de Bernardo Salgueiro –paraguayo, de 22 años, de un tiro en el estómago– y Rosemarie Chura Puña –boliviana, de 28 años, por herida de bala en el tórax– durante el intento de desalojo del Indoamericano, en Villa Soldati.

Otero, quien intervino hasta ahora, es un juez de la vieja guardia del fuero penal de la Capital Federal. Próximo a jubilarse, tiene una foja insospechada de corrupción, se lo reconoce como trabajador y habitualmente malhumorado, y con estrechos lazos de colaboración funcional con la policía. Pero con el fiscal Abraldes mantuvo casi desde el inicio del expediente una situación tensa que trepó rápidamente a niveles de enemistad. Los camaristas Luis María Bunge Campos y Jorge Rimondi entendieron que Otero pudo haber sufrido “algún tipo de menoscabo en la imparcialidad” que retacee “la confianza necesaria a las partes en el caso”. Y lo apartaron del caso.
Los camaristas sostuvieron que, en su decisión, el magistrado “se manifiesta en términos por demás vagos e imprecisos al reprochar al fiscal que no haya solicitado allanamientos ni registros ‘a las fincas ubicadas dentro de la Villa 20, en las que, eventualmente pudieran haberse hallado elementos de interés’”. “Este marco sólo podría motivar, a lo sumo, un rechazo del requerimiento fiscal de legitimación pasiva de los imputados, pero no resulta una fundamentación razonable para su desvinculación definitiva”, sostiene el fallo, en una indisimulada crítica al criterio del magistrado Otero. Además, le reprochó que “se ha extralimitado en su función al disponer la intervención de la Prefectura Naval Argentina a fin de individualizar a los autores de los hechos”. El fiscal Abraldes había elaborado toda su acusación sobre la base del trabajo y las pericias de la Gendarmería Nacional.
El Tribunal, en cambio, confirmó el sobreseimiento a favor de la jueza penal y contravencional de la Capital Federal María Cristina Nazar, a quien Abraldes le había imputado supuestas irregularidades en el operativo de desalojo del paseo público.




Cómo fueron los hechos el 7 de diciembre del 2010???


El 7 de diciembre de 2010 un desalojo solicitado por el gobierno de la ciudad y ordenado por la justicia contravencional porteña en el Parque Indoamericano, ubicado entre Villa Lugano y Soldati, terminó con dos muertos de 24 y 28 años y un herido en la cabeza.La persecución fue realizada, en conjunto por la Policía Federal y Metropolitana luego de cumplir con el operativo ordenado por la magistrada María Cristina Nazar.
La medida fue dispuesta a partir de una denuncia realizada por la Corporación Buenos Aires Sur, luego de que más de 350 familias organizaran una toma pacífica del terreno ubicado en Castañares y Lacarra, cerca del barrio Los Piletones.
La ocupación comenzó en la madrugada del viernes y fue protagonizada en su totalidad por inquilinos de piezas y pensiones provenientes de las villas y barrios de la zona sur porteña, como la villa 1-11-14 del Bajo Flores, Cildañez, Ciudad Oculta y 20 de Lugano.
Declaraba en ese momento una de las personas afectadas: "Este martes, cuando la toma estaba por cumplir su quinto día, primero llegó un funcionario del gobierno porteño que nos censó y una hora después vino un subcomisario de la Policía Federal que nos insultó, nos dijo que éramos unos bolivianos de mierda, y que nos teníamos que ir de inmediato porque si no, nos iban a desalojar en pocos minutos", contó bañada en sudor Ana Miranda, una de las madres de la 1-11-14 que desde las 19:30 de ayer comenzó a correr junto a sus siete hijos, cargada de un colchón y mantas para armar construir su propio techo.



Pasadas las 19:40, los efectivos de la Guardia de Infantería de la Policía Federal y los oficiales de la Metropolitana comenzaron a disparar gases, balas de goma y de pintura sobre una mayoría compuesta por mujeres y niños. De inmediato, en medio de corridas y gritos, gran parte de las 350 familias que ocupaban el terreno huyeron en una decena de grupos para eludir los disparos. Uno de los grupos, que cinco días antes había salido de la Villa 20 para formar parte de la toma, se replegó a su barrio, pero el retorno resultó trágico. "Cuando volvimos al barrio, entramos por la Avenida Escalada, a la altura de su cruce con las vías del tren Belgrano Sur", contó Diosnel Pérez, referente del Frente Darío Santillán en la Villa 20 de Lugano. La zona es la parte trasera de la villa y linda con la Escuela de la Federal Ramón Falcón. Detrás de los vecinos en plena huida, llegó la guardia de Infantería que se apostó sobre el puente de Escalada que cruza las vías y que desemboca en Fernández de la Cruz, frente al Parque de la Ciudad. "Desde ahí nos dispararon", señala Diosnel.

Según las denuncias, Bernardo Salgueiro de 24 años, recibió un balazo en el abdomen y fue trasladado a un centro de la zona y murió allí. Rosemarie Puja, de 28 años, habría recibido un disparo en el pecho. La lista provisoria se completa con Wilson Fernández, que recibió un disparo en la cabeza y una nena de 3 años herida de gravedad por un disparo de goma en la garganta. El operativo fue supervisado por los ministros del gobierno porteño: Diego Santilli, de Espacio Público y Guillermo Montenegro, ministro de Justicia y Seguridad, que había considerado "un éxito" el operativo.

En un fallo de 12 páginas, la Sala Primera de la Cámara dispuso no sólo que los policías vuelvan a ser investigados sino que, además, lo haga otro juez.